La senadora del Partido Popular por Albacete, Encarnación Naharro, realizó ayer una rueda de prensa para denuncia la mala situación de sector agrícola en la provincia y la región. Naharro calificó como «penosa» la situación que atraviesan los agricultores y ganaderos, «como consecuencia de la nefasta política de Barreda y la oportunidad perdida de Zapatero durante los seis meses de presidencia europea».
En tal sentido, la senadora popular señaló que la ministra Espinosa no tiene un modelo claro para la negociación del nuevo modelo de la PAC que pueda garantizar la viabilidad del sector agrario español tal y como se ha pedido mayoritariamente desde el Senado, «ya que el primer documento conocido del PSOE era muy perjudicial para los intereses españoles». Asimismo, Naharro recordó que ha presentado iniciativas para que el Gobierno de Zapatero concrete cómo van a afectar los recortes de Medio Ambiente a las inversiones previstas para la provincia, «ya que este departamento es el más afectado, junto a Fomento. Hay muchas carencias en materia de abastecimiento de agua potable, de depuración de aguas, de la planta ósmosis en Albacete, de regadíos, de sustitución de bombeos que se van a frenar por el recorte, y que no quieren explicar», puntualizó la parlamentaria.

Trámites eternos. Por otro lado, Encarnación Naharro también lamentó que los trámites y resoluciones con los agricultores, y más concretamente con los viticultores, «se ralentizan eternamente, en tanto que no se agilizan las subvenciones pendientes». Asimismo, recordó que los agricultores tienen muchos problemas para pasar la ITV de los tractores tras una modificación de la norma, «Actualmente hay 1.500 tractores que no han podido pasar la ITV y eso implica pérdidas para los agricultores», además, comentó que este año hay ausencia de las ayudas para este trámite obligado.
Otro punto importante que denunció la senadora popular, es la destilación para uso de boca que propuso al Gobierno, «que ha sido otro fracaso ya que no ha llegado ha desaparecer ni el 50% de los dos millones de hectolitros previstos, como también han resultado decepcionantes medidas estrella como el Plan de Apoyo al Viñedo de Secano o el Plan de Ayuda a la Ganadería anunciado en 2008 y 2009». Por último, Naharro exige la relación de las obras a nivel nacional para llevar un control de las acciones acometidas.  

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, firmó ayer un convenio de colaboración con el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), organismo dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha, para la realización de un estudio sobre el estado ecológico de los ríos que atraviesan Castilla-La Mancha y la determinación de los caudales ecológicos de tramos de ríos de interés regional.
El proyecto, que comienza ahora tendrá una duración de 24 meses, aunque según adelantó Sánchez Pingarrón, desde el Centro Regional de Estudios del Agua se han comprometido a tener un primer avance de dicho estudio para el mes de septiembre.
El importe global de este proyecto se eleva a 410.500 euros, cantidad de la cual el Gobierno regional aportar el 53%, en torno a 223.000 euros, mientras que el resto corre a cargo de la Universidad de Castilla-La Mancha.
El convenio suscrito ayer viene a sumarse a la colaboración que mantienen ambas instituciones, tal y como indicó el director del CREA, José María Tarjuelo, que precisó que «desde la Universidad nos sentimos orgullosos de poder seguir ayudando al Gobierno regional con estudios técnicos a la toma de decisiones, a la planificación y a la conservación del medio natural».
Sánchez Pingarrón destacó que el resultado de estos estudios de investigación que se van a realizar ahora desde el CREA «van a ser muy importantes para todo el proceso de planificación hidrológica en el que ahora estamos inmersos todas las comunidades autónomas, con la revisión de sus planes de cuenca».
El titular de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda insistió en que «queremos que nuestros ríos corran limpios, que den la garantía del abastecimiento y de los recursos que se requieren para otros usos como la agricultura y el desarrollo industrial de la región», pero también que «queramos conservar nuestros ríos y tenerlos en buen estado y de ahí que la información exhaustiva que nos facilitará este estudio será muy importante».
El estudio se plantea tres objetivos clave: el establecimiento de cuales deben ser los caudales ecológicos de los ríos en los tramos que atraviesan la región; otro es contar con una amplia red de estaciones de referencia, de puntos de control de la calidad del agua, siendo 22 los puntos de control que ya hay en marcha en los ríos de la región en colaboración con la UCLM; y realizar estudios, que afectan sobre todo al Tajo, sobre cómo el trasvase afecta a este río.
Precisamente, Sánchez Pingarrón confirmó que el Tajo está en una situación deficitaria.

NO A OTRO TRASVASE. El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, se refirió a la nueva petición del Sindicato Central de Regantes del Gobierno de Murcia de un nuevo trasvase del Tajo-Segura de 230 hectómetros cúbicos, una cantidad señaló que «se corresponde con el 25% de lo que hay en los pantanos de cabecera», por lo que anunció que el Gobierno regional se opondrá al mismo.
Si bien, Sánchez Pingarrón indicó que «es cierto que hemos tenido un buen año hidrológico», también en estos casos apuntó «la buena gestión y administración hidráulica lo que aconseja es que no dilapidemos ese agua, porque este año o cualquier año futuro puede ser complicado, y para eso están las reservas, para poder regular y utilizar los recursos en cualquier momento».
No obstante, el consejero afirmó que «lo sorprendente de esta petición es que ahora mismo en el Segura hay embalsados 740 hectómetros cúbicos, es decir, que los pantanos del Segura están al 64%, y por tanto, tienen recursos suficientes para cubrir todas sus necesidades presentes y futuras de abastecimiento y regadío, no existiendo por tanto justificación alguna para autorizar un nuevo trasvase a una cuenca que en la actualidad tiene recursos para funcionar de manera autónoma».
Todo esto, en su opinión «pone de manifiesto la caducidad de las normas de explotación del acueducto Tajo-Segura». Además, insistió en que «el caudal del Tajo a su paso por Toledo no reúne las condiciones para garantizar la vida de la flora y la fauna».    

Las cuencas de los dos principales ríos de la Comunidad Valenciana, el Júcar y el Segura, cerraron el ejercicio 2009 en estado de prealerta por riesgo de restricciones, según el informe «El medio ambiente y el medio rural y marino en España 2009» elaborado por el Ministerio que dirige Elena Espinosa.

No obstante, las lluvias caídas durante esta primavera han permitido corregir parcialmente la situación. Según el último Informe Hidrológico redactado por el Ministerio, la semana pasada el Júcar alcanzó un caudal de 1.222 hectómetros cúbicos, más del doble que en las mismas fechas de 2009 (cuando la reserva era de 579 hectómetros cúbicos).

Del mismo modo, el caudal actual del Segura alcanza los 685 hectómetros cúbicos, más del doble que el año pasado en estas fechas, cuando sus reservas eran de 326 hectómetros. No obstante, se trata de una situación coyuntural provocada por las abundantes precipitaciones que han descargado sobre la Comunidad Valenciana en los últimos meses y que en junio llegaron a causar inundaciones en la provincia de Alicante.

Inversiones amenazadas

Unos chaparrones que, en cualquier caso, no resuelven el déficit hídrico de la región a largo plazo. Mientras tanto, seis años después de la derogación del trasvase del Ebro, la Comunidad Valenciana carece aún de una solución definitiva para alejar la amenaza de sequía estructural.

El Gobierno anunció el Plan AGUA del Ministerio de Medio Ambiente como alternativa a los recursos hídricos que iban a llegar desde el Ebro, pero ahora las inversiones de este programa también se están viendo afectadas por el tijeretazo decretado al presupuesto público.

En la actualidad, se está ejecutando las obras de la desaladora de Torrevieja y el trasvase Júcar-Vinalopó, que deberían entrar en funcionamiento este mismo año. En cambio, están pendientes de iniciarse las plantas de Guardamar del Segura y Denia, así como las obras complementarias de la desaladora de Muchamiel-El Campello.

En el caso de Denia, el cambio de ubicación de la desaladora —el emplazamiento anunciado inicialmente por el Ministerio de Medio Ambiente provocó un gran rechazo social— ha obligado a reiniciar el proceso y adaptar el proyecto. Fuentes del Ministerio han admitido la posibilidad de que se retrase la licitación de las obras que aún no se han iniciado, a causa del recorte presupuestario impuesto a todos los departamentos del Gobierno.

La desaladora de Muchamiel, que empezó a construirse hace ya más de un año —en junio de 2009—, debería entrar en funcionamiento en la primavera de 2011, aunque el retraso en las obras complementarias, como los colectores, podría demorar aún más la fecha de puesta en servicio.

De esta forma, siguen en el aire los 73,5 hectómetros anuales que debían generar las tres plantas que aún están pendientes de construcción: 17,5 la de Muchamiel, 40 la de Guardamar, y 16 la de Denia.

Sin agua del Ebro

La negativa del Ejecutivo a trasvasar caudales del Ebro a las tierras del sur, mientras sí acepta trasvases temporales a varias locales de Cataluña, ha llevado a que al río Ebro vierta más de seis mil hectómetros cúbicos al mar en tan sólo en los cinco primeros meses de 2010, una cantidad equivalente a diecisiete trasvases anuales a la Comunidad Valenciana. Todo ello, seis años después de que el Gobierno decidiera anular el proyecto del trasvase del Ebro en 2005, en el comienzo de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Gobierno no ha resuelto todavía el conflicto abierto entre Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana por la delimitación geográfica de la Demarcación del Júcar, lo que mantiene paralizado el Plan Hidrológico del Júcar, cuyo notorio retraso amenaza con provocar sanciones europeas.
Según la Directiva Marco del Agua, los planes hidrológicos deberían haber sido sometidos a información pública antes de diciembre de 2008 y presentados a Bruselas antes del 22 de marzo pasado.
La Confederación Hidrográfica del Júcar ha elaborado el Esquema de Temas Importantes, ETI, y lo ha sometido a consultas entre los afectados, aunque este documento es sólo el embrión de lo que debería ser el plan de cuenca. Fuentes de la CHJ aseguraron que están procesando toda la información recibida y sistematizándola, aunque no hay fecha para cerrar el documento.
Castilla-La Mancha acusa a la Generalitat Valenciana de no querer asumir sus competencias sobre las cuencas internas valencianas, pese a que lo contempla la reforma del Estatut de Autonomía y la sentencia del Tribunal Supremo. Mientras, el Gobierno valenciano considera una «barbaridad» las divisiones establecidas en algunos sistemas de explotación, en especial en el del Vinalopó-L’Alacantí, actualmente juntos, y que el Gobierno quiere desgajar.
Tampoco se acepta del lado valenciano que Castilla-La Mancha niegue la existencia de una conexión natural entre el Júcar y La Albufera, a la que en algún documento de la comunidad vecina se le califica de «trasvase».
Además, la Generalitat Valenciana pretende que el Gobierno reconozca la existencia de «Cuencas Internas Endorreícas» -amplias zonas sin salida por cauce definido para el agua superficial-, mientras oficialmente en Castilla-La Mancha no se quiere activar la competencia sobre estas zonas que consideran «irrelevantes» y que tendría que gestionar desgajándolas del Júcar.
La Confederación Hidrográfica del Júcar podría dar luz verde técnicamente al ETI, elaborado sobre los mismos sistemas de explotación que contempla el actual Plan Hidrológico del Júcar, aunque su aprobación definitiva requiere del dictamen de un inexistente Consejo de Cuenca que no se puede formar en tanto no esté delimitada la cuenca y sus representantes.
En este contexto no existe, según fuentes consultadas por este periódico una negociación «de fondo» para aproximar posturas entre los gobiernos regionales y el gobierno central. El Ministerio de Medio Ambiente puede aprobar por decreto la delimitación de la cuenca y, aunque sería recurrible en los tribunales, permitiría crear los órganos consultivos y de gobierno de la demarcación del Júcar y aprobar el contenido del plan de acuerdo a los planteamientos insinuados en el ETI.
Respecto a la negativa de Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana a asumir competencias hídricas sobre sus cuencas internas, no habría ningún obstáculo legal a que la CHJ siguiera con la gestión en tanto no se produzca el traspaso de competencias.
La Comisión Europea ha enviado un primer apercibimiento a España, por no haber presentado en plazo los planes hidrológicos de Cuenca. Además de España han sido apercibidos Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Irlanda, Lituania, Malta, Polonia, Portugal y Rumanía.

Representantes de los grupos ecologistas de toda España han entregado este jueves en el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino una carta dirigida a la ministra Elena Espinosa, con peticiones relacionadas con la planificación hidrológica y consensuadas con más de 30 colectivos ecologistas.
Los grupos, entre ellos WWF, Ecologistas en Acción y la Coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases (COAGRET), también han exigido, a través de este documento, la defensa de los ríos.
Entre sus peticiones, destaca la revisión y racionalización de todos los proyectos de embalses y trasvases «porque la mayoría o han quedado desfasados dada la antigüedad de estos proyectos o tienen un insostenible impacto ambiental».
A su juicio, éste es el caso del recrecimiento del embalse de Yesa, «por riesgo geológico»; el embalse de Biscarrués (Huesca), «por la destrucción de la actividad económica de turismo de río»; y el embalse de Mularroya (Zaragoza), «anulado en proyecto y estudio de impacto ambiental por sentencia de la Audiencia Nacional y aun así en obras».
Asimismo, mencionan los trasvases del Tajo medio, Xerta-Senia (Valencia) y Segarra-Garrigues (Lérida) y los proyectos de recrecimiento de Las Torcas (Zaragoza) y el embalse de Korrosparri (Vitoria).
Los grupos ecologistas piden también la aplicación de la racionalidad económica en la planificación de estas «costosas» infraestructuras hidráulicas, haciendo cumplir la exigencia de la Directiva Marco de Agua respecto a «la recuperación de costes».
Además, reclaman el reconocimiento de los afectados por los embalses y trasvases «como parte decisoria imprescindible» y afirman que la participación pública en la planificación hidráulica «debe ser transparente, realista y sobre todo previa a elaborar los proyectos». Por último, solicitan la incorporación de los afectados a los principales órganos de participación de la cuenca, como el Consejo del Agua.

Primero fue Iberdrola y este miércoles fue la patronal eléctrica UNESA quien se sumó al recurso contra la congelación de las tarifas. En primer lugar, porque se ha sobrepasado el déficit tarifario establecido legalmente. Fue un candado impuesto por Solbes que el Gobierno ha decidido desoír porque le ha dado la gana. Pero es que además, desde el punto de vista formal, la decisión debería haber sido estudiada e informada por la CNE. Tampoco ocurrió porque el Gobierno utiliza los organismos reguladores como si fueran clínex.

Así las cosas, el ambiente en el sector eléctrico está más que caliente. Y el resto de las compañías no descartan sumarse al recurso. El problema es que el Supremo está plagado de recursos. Siempre les dan la razón. Pero ya se sabe la maldición del gitano: juicios tengas y los ganes… dentro de una década.

La frecuencia de las subidas del recibo de la luz están a punto de multiplicars, al menos, por dos. El Ministerio de Industria reconocía ayer que ha enviado a la Comisión Nacional de la Energía una propuesta de real decreto que le permitirá revisar la tarifa de la luz «cuando las circunstancias especiales así lo aconsejen», esto es, en cualquier momento, como adelantó ayer ABC. No obstante, intentó enviar un mensaje tranquilizador a los indignados consumidores asegurando que, aunque se reserva tal potestad, en realidad sólo pretende revisar la factura eléctrica cada tres meses, en lugar de cada seis meses como sucede ahora, con lo que, al menos, se duplicará la frecuencia de actualización del recibo. En esta línea, el cambio normativo abre la puerta a que el Gobierno aplique una subida de la luz el próximo 1 de octubre.

Las revisiones se realizarán en el tramo del recibo que corresponde a las tarifas o peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de la electricidad. Este capítulo supone el 50% de la factura para los casi 27 millones de hogares y pequeñas empresas que pueden acogerse a ella. La última propuesta de Industria, paralizada por el acuerdo entre el Gobierno y el PP, hubiera supuesto un incremento de casi el 10% para los hogares en este tramo. En el trasfondo de la medida se sitúa el déficit de tarifa —la diferencia entre lo que pagan los consumidores y lo que cuesta la energía— que existe en el sistema eléctrico español y que acumula una deuda de 20.000 millones con las compañías del sector. La medida estaría encaminada a rebajar el agujero ajustando los costes a los ingresos, es decir, a la factura de la luz.

Consumidores encendidos

Un punto que se contradice con las negociaciones que mantiene Industria con el Partido Popular y que tienen el objetivo de «hacer una revisión profunda del sistema eléctrico» para eliminar los gastos superfluos, de tal forma que lo que pagan las familias por la luz sea

suficiente para cubrir los costes de generación y transporte.

La tramitación de este real decreto, que ya espera el informe preceptivo de la CNE, ha quedado al margen de las reuniones que Sebastián mantiene con los populares para intentar llegar a un Pacto de estado de Energía. Fuentes del PP reconocían que no conocen el texto ni tienen constancia de él, pero que siguen en conversaciones con el Gobierno «al que han pedido que haga el esfuerzo de tomar medidas para que no se incremente el recibo de la luz».

Tampoco tenían conocimiento del texto las asociaciones de consumidores. La portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Iliana Izverniceanu, declaraba a este periódico que «la medida refleja que la política energética del Gobierno es un despropósito». La OCU se mostró en desacuerdo con el contenido porque «primero dicen que van a congelar la subida de la luz y poco después descubrimos que sólo la aplazan hasta octubre, o sea que le dan dos meses a los usuarios. Esto demuestra que el pacto está hecho de cara a la galería y que hay una improvisación total en un servicio básico para los hogares».

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general de esta formación a nivel nacional, María Dolores de Cospedal, considera que es muy importante que exista un proyecto «ambicioso» para el mundo rural de la Comunidad autónoma y lamenta que «desde que José María Barreda es presidente de Castilla-La Mancha 9.000 explotaciones agrícolas y ganaderas han desaparecido en la región».

«No nos lo podemos permitir», aseguró ayer Cospedal en Manzanares (Ciudad Real) durante la visita a la Feria Regional del Campo y de Muestras de Castilla-La Mancha (Fercam), al tiempo que manifestó que Castilla-La Mancha no puede quedar reducida a ser una tierra desértica de sólo grandes urbes. «Tenemos que cuidar de lo nuestro, tenemos que ser una región productora, cuidar de nuestra industria agroalimentaria tradicional, y tenemos que fomentar que cada vez haya más puestos de trabajo también en el campo y en el mundo rural», señaló.

Cospedal considera «necesario buscar alternativas de empleo para todas aquellas personas que quieren vivir en pequeños municipios de la región o vivir en el mundo rural y a veces no saben cómo hacerlo porque los servicios no llegan a todas partes», concluyó.

Asimismo, destacó que desde el Gobierno regional se tienen que desarrollar «programas ambiciosos para agricultores y ganaderos» y se debe «cuidar de que las jóvenes generaciones que quieren tomar el relevo al frente de las explotaciones agrarias y ganaderas lo puedan hacer». Del mismo modo, defendió, hay que posibilitar que las mujeres que quieren vivir en el mundo rural y montar y llevar adelante pequeñas industrias agroalimentarias lo puedan hacer.

Por último, Cospedal hizo referencia a la prodecendia del campo de los castellano-manchegos. «En Castilla-La Mancha, para bien, y de esos estamos muy orgullosos, todos venimos del campo, todos tenemos un padre, una madre, un abuelo, una abuela, un tío o un primo que se dedican o están en el campo o que fueron agricultores o

ganaderos, y son nuestras raíces y es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro sentido y de nuestra forma de ser», declaró.

Plan del Alto Guadiana

Del mismo modo, la presidenta regional del PP considera que el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) es «un engaño más de los gobiernos nacional y autonómico» y cree que lo que está ocurriendo con él es «escandaloso». Cospedal subrayó que «es hora de que Barreda dé explicaciones de ese famoso plan que iba a traer mucho dinero a Ciudad Real y a Castilla-

La Mancha y que, al final, ni trae dinero ni agua y lo que hace es quitar hectáreas de regadío y que los agricultores no cobren por sus derechos de agua».

La presidenta regional del PP respondió así a las declaraciones del comisario de Aguas de la Confederación del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, quien ha manifestado que el PEAG no se detendrá, aunque podrían ralentizarse algunas medidas como el programa de derechos de agua, que dependerá de la asignación presupuestaria que se consigne en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, ha respondido de forma tajante que no habrá un trasvase desde el Tajo pese a la inquietud en Talavera de la Reina por la ampliación de capacidad del embalse de Rosarito como primer paso para un trasvase futuro.

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha licitado, a través de la Dirección General del Agua, la contratación de servicios para la redacción del proyecto de nuevos diques laterales para aumentar el volumen embalsado y la capacidad de laminación del embalse de Rosarito, ubicado entre las provincias de Toledo y Ávila.

La Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche rechaza este proyecto por el daño a una zona de gran valor natural y porque pueda ser el inicio para plantear un nuevo trasvase desde el tramo medio del Tajo.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado, en declaraciones a los periodistas, que la Junta «va a impedir que exista un trasvase desde el Tajo medio» y ha añadido: «nos gustaría escuchar a todos los dirigentes políticos de la región en la misma línea».

Isabel Rodríguez ha destacado los logros recientes en relación al Tajo, entre ellos el compromiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo para establecer un caudal ecológico en el río y la próxima instalación una estación de aforo para medir el caudal del Tajo a su paso por Talavera de la Reina. EFE