El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, ha dicho hoy que no espera una «resolución total» en la política sobre el agua y ha asegurado que se «seguirá avanzado» en los planes de cuencas «uno a uno», aunque no ha querido concretar fechas.

Así se ha referido Puxeu en una comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde ha respondido a varias preguntas de los senadores sobre cuestiones autonómicas como el Pacto del Agua de Aragón, las inundaciones en la comarca de Benavente y Los Valles (Zamora) y el Plan Hidrológico del Miño-Sil (Galicia).

Puxeu ha explicado que la «realidad territorial» de España «hace compleja» la toma de decisiones pero no va a impedir que las soluciones se hagan «efectivas», aunque también ha reconocido que «algunos ríos» se encuentran en una situación de «bloque político».

«Nunca se va a acabar un plan general de todas las cuencas por unanimidad», ha dicho Puxeu, por lo que «hay que llevar la solución en cada una de las cuencas» En respuesta al impulso para el Pacto del Agua en Aragón que ha solicitado el senador popular Roberto Bermúdez, Puxeu ha mostrado su preocupación por «cumplir los compromisos» y ha afirmado que este tema es una «prioridad» para su Departamento.

El portavoz de Medio Ambiente ha expresado su confianza en «seguir avanzado» y «dar pronto buenas noticias» sobre la presa de Yesa, aunque se ha negado a concretar fechas.

Asímismo, frente a la acusación del senador popular de «lentitud» en el pantano de Montearagón, Puxeu se ha limitado a decir que «hemos acabado de jugar y vamos a regar».

Puxeu ha insistido a lo largo de su comparecencia en la «paciencia, moderación y el diálogo» en la política referente a temas de agua, así como en la búsqueda de la máxima participación, aunque ha admitido la dificultad de «consenso» en este ámbito.

También, ha afirmado que la «voluntad» del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino es «mantener la ejecución de las obras, los programas previstos y la necesaria atención a las demandas».

Respecto al plan de la cuenca de Miño-Sil, Puxeu lo ha calificado de «muy avanzado» y ha dicho que, en la actualidad, falta la versión definitiva del borrador para que pueda ser publicado.

El senador del BNG José Manuel Pérez Bouza ha recordado al secretario que el plan «debería estar realizado y totalmente aprobado» y ha mostrado su interés en que se publique en «breves fechas».

Pérez Bouza también ha planteado en la Comisión la «sobreexplotación de estos ríos» y ha considerado que están «desprotegidos» porque «hay empresas que pueden secar el cauce del río en quince días sin ninguna consecuencia administrativa».

Por el contrario, Puxeu ha estimado que «no tener un plan de cuencas no ha supuesto una medida de desprotección», ya que, según el portavoz de Medio Ambiente, «existen controles a lo largo del cauce».

En cuanto a las inundaciones a finales de febrero en la comarca de Benavente y Los Valles, cuestión planteada por la senadora del grupo popular Elvira Velasco, el secretario de Estado ha asegurado que «encima de su mesa» está la «necesidad» de mantener un caudal constante y que no se va a dejar de invertir en ello. EFE

La ETSIA despide las titulaciones actuales de Ingeniería tradicional y quiere hacer un reconocimiento a los Titulados y a las Empresas e instituciones que han colaborado en su formación.

En este sentido, ha decidido que la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, merece ese reconocimiento por su colaboración y apoyo, poniendo a  disposición de la Escuela su experiencia y actividad profesional.

El Acto de Graduación de Titulados se desarrollará el próximo jueves, 20 de mayo, a las 18:00 en  el Paraninfo del campus de Albacete.

ENTREVISTA A PACO BELMONTE EXPOVICAMAN 2010. CARTEL JCRMO.pdf

Castilla-La Mancha cuenta desde hoy, con su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con un plan de emergencia ante el riesgo de inundaciones que recoge la estructura organizativa, contempla los procedimientos de coordinación con el plan estatal y los planes interiores y detalla los sistemas de actuación con las administraciones locales.
Además, el PRICAM define los procedimientos de información a la población y especifica los medios y recursos para hacer frente a las emergencias ante las inundaciones, informó la Junta en nota de prensa.
«El plan ha sido muy meditado para que sea eficaz a la ciudadanía y se convierta en una herramienta útil para seguir incrementando la seguridad en Castilla-La Mancha», resaltó la consejera de Administraciones Públicas y Justicia, Magdalena Valerio.
La consejera añadió que «con la aprobación del PRICAM, Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades más avanzadas en el desarrollo de planes para prevenir los riesgos y actuar coordinadamente ante las catástrofes».
«Desde el Gobierno del presidente Barreda, estamos trabajando, y este plan es un ejemplo de ello, para seguir incrementando y disponiendo de unos servicios que ofrezcan una atención eficiente y de calidad ante las emergencias», señaló Magdalena Valerio.

ANÁLISIS DE RIESGOS

El PRICAM, que fue homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil el día 24 de marzo de 2010, analiza los riesgos ante las avenidas de agua e inundaciones, fenómenos naturales que pueden producir daños personales, materiales y en el medio ambiente.
En su elaboración, se han analizado 1.486 núcleos de población de los 919 municipios de la región, atendiendo a diferentes factores como la peligrosidad (desbordamiento de corrientes fluviales, precipitaciones o rotura de presas), la exposición social (población expuesta, densidad de población, sectores de edad o instalaciones educativas y sanitarias) y la vulnerabilidad (menores de cinco años o mayores de sesenta y cinco años, personas con discapacidad, vías de comunicación o existencia de zonas adecuadas para la evacuación).
Como consecuencia del análisis, el Plan establece zonas de clasificación por riesgos de inundación. Así, establece la zona A-1, como zona de riesgo alto frecuente, donde las avenidas de agua de 50 años produciría graves daños a núcleos urbanos; la zona A-2, de riesgo alto ocasional, donde las avenidas de agua de cien años produciría graves daños a núcleos urbanos; y la zona A-3, donde las avenidas de aguas de quinientos años produciría graves daños a núcleos urbanos.
También, se fija la zona B, de riesgo significativo, en la que la avenida de cien años produciría impactos en viviendas aisladas; y la zona C, de riesgo bajo, en la que la avenida de agua de quinientos años produciría impactos en viviendas aisladas.
En la Zona A-1 (zona de riesgo alto frecuente), se encuentran 46 núcleos de población en Castilla-La Mancha. Por provincias: en Albacete hay 7; en Ciudad Real, 16; en Cuenca, 5; en Guadalajara, 4; y en Toledo, 14.
En la Zona A-2 (zona de riesgo alto ocasional), se hallan 371 núcleos de población. Por provincias: en Albacete hay 74; en Ciudad Real, 63; en Cuenca, 61; en Guadalajara, 85; y en Toledo, 88.
En la Zona A-3 (zona de riesgo alto excepcional), se encuadran 605 núcleos de población. Por provincias: en Albacete hay 153; en Ciudad Real, 55; en Cuenca, 144; en Guadalajara, 136; y en Toledo, 117.
En la Zona B (zona de riesgo significativo), están incluidos 417 núcleos. Por provincias: en Albacete hay 36; en Ciudad Real, 28; en Cuenca, 109; en Guadalajara, 195; y en Toledo, 49.
En la Zona C (zona de riesgo bajo), hay 47. Por provincias: en Albacete hay 1; en Cuenca, 5; en Guadalajara, 40; y en Toledo, 1.
En el PRICAM, también se establece la estructura, organización y funciones en caso de emergencia por inundaciones: la persona directora del Plan, el Comité Asesor, los centros de coordinación y los distintos grupos de acción (de intervención, de orden, sanitario, logístico y de apoyo técnico.
Asimismo, se recogen las fases y los procedimientos de activación del plan en función del riesgo. Así, se establecen las fases de alerta y emergencia.
La fase de alerta implica el seguimiento específico de la situación y la información tanto de los responsables municipales como de la población.
La fase de emergencia que, en función de la situación, fija tres niveles. En el primero se produce la inundación en zonas localizadas y se emplean medios y recursos disponibles. En el segundo, las inundaciones superan la capacidad de atención de los medios locales o las previsiones de la situación son de agravamiento. En el tercero, se trata de emergencias que, debido a que afectan al interés nacional, son declaradas así por el Ministerio del Interior.
A partir de la aprobación del PRICAM, se procederá a su implantación, promoviendo su contenido entre los municipios de la región para la correspondiente elaboración de los planes municipales de actuación en materia de inundaciones. Asimismo, el plan recoge consejos de autoprotección ante estos riesgos.

OTROS PLANES DE EMERGENCIA

El Plan de emergencia ante el riesgo por inundaciones se suma a otros planes elaborados por el Gobierno regional, y que se encuadran dentro del Sistema Regional de Protección Civil, para hacer frente a las situaciones de riesgo y garantizar la seguridad de personas, bienes y el medio ambiente ante la eventualidad de catástrofes y circunstancias adversas .
Estos planes son: el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM), que establece la organización y procedimientos de actuación en la emergencia con carácter general; el Plan ante el riesgo de Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM); El Plan de Emergencia Exterior de Puertollano (PEEP); los Planes Especiales de Emergencia Exterior por Riesgo Químico; el Plan Especial ante el riesgo de accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril (PETCAM), y el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.
Además, también se participa en Planes de Emergencia Nuclear, en el grupo de apoyo logístico, y en Planes de Emergencia de Presas, en el comité de implantación.

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Elena Espinosa, ha negado hoy en el Congreso de los Diputados que el plan de choque acordado a finales de 2009 por el Gobierno y las organizaciones agrarias para apoyar al sector agroalimentario haya sido un fracaso.

Espinosa ha respondido así a una pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Popular José Ignacio Llorens, quien ha interrogado a la ministra sobre los motivos que han frustrado el Plan de Choque Agrario al que se comprometió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

La ministra ha defendido los avances conseguidos en estos primeros meses de 2010, como «el amplio plan de financiación a las explotaciones agrarias, que está inyectando más de 1.400 millones de euros al sector».

«Acordamos trabajar con el centro de promoción de exportaciones (Cepex), se ha hecho y ha sido reconocido por las organizaciones agrarias», ha resaltado Espinosa.

También ha recordado la creación de un grupo interministerial, el cierre del proyecto de Real Decreto sobre «representatividad», así como la inclusión de la Política Agraria Común en la llamada «Estrategia 2020».

Por su parte, Llorens ha incidido en que la reunión del presidente del Ejecutivo con las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, y Cooperativas Agro-alimentarias se produjo por «la masiva manifestación» llevada a cabo por el sector en Madrid, y que los compromisos anunciados entonces han dado paso «a los fracasos y a los incumplimientos».

El diputado popular ha asegurado, además, que la reunión prevista para finales de febrero entre el sector y Zapatero con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los compromisos «todavía no se ha producido».

Ha resaltado que el Ejecutivo tuvo que reunirse dos meses después de la puesta en marcha del programa con los directores de las entidades financieras para que facilitaran los créditos a los agricultores, tal y como habían pactado previamente.

A este respecto, Espinosa ha explicado que dicha reunión se produjo después de que las organizaciones agrarias advirtieran que en «algunas zonas concretas de España no había la suficiente cooperación» por parte de las sucursales bancarias, por lo que se trató de «un refuerzo» y no de «un incumplimiento».

En cuanto al incremento de las tarifas eléctricas para regadío -que según Llorens se ha situado entre un 70 y un 150 por ciento, y ha provocado que los regantes paguen «por lo que consumen y por lo que no»-, la ministra ha destacado que el Ministerio de Industria presentó un borrador del Real Decreto que regulará estas tarifas, y que actualmente se estudian las alegaciones del sector.

El diputado popular ha considerado insuficiente las medidas fiscales adoptadas para apoyar a los agricultores, concretamente la reducción del coeficiente de los módulos de las flores cortadas, el tabaco y la uva de mesa, así como la eliminación de las deducciones en gasóleo y fertilizantes.

Llorens ha recordado que «en julio llega el aumento del IVA» y que «el riesgo por impago de las exportaciones» ha seguido aumentando pese al acuerdo alcanzado con el Gobierno.

«En dos meses no se puede arreglar la inoperancia de seis años, tal y como reflejan todos los indicadores de la actividad agrícola en renta, paro o deuda», ha recalcado.

Por su parte, Espinosa ha subrayado que el Gobierno ha cumplido con sus compromisos y que si sigue hablando con los representantes del sector agrícola es porque atiende «a sus demandas».

«Quizá usted sea hoy más feliz que ayer, porque de nuevo intenta confundir a esta Cámara», ha reprochado la ministra a Llorens, en referencia a la expresión que usó ayer el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en relación con la situación del «Caso Gürtel».

La jornada de presentación del Esquema provisional de Temas Importantes en el Vinalopó-Alacantí celebrada ayer en Elche, dentro del proceso de planificación hidrológica de la cuenca del Júcar, sirvió para seguir avanzando en la búsqueda del consenso con los agentes implicados. Para el presidente dela Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, «hay una información muy válida para tomar decisiones con garantías».

El objetivo del nuevo plan de cuenca es garantizar los usos con sostenibilidad medioambiental, y en el caso del Vinalopó-Alacantí, entre otros aspectos, evitar extracciones excesivas de acuíferos. Según los datos facilitados por el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación, Javier Ferrer, hay 16 en mal estado, como el de la Sierra de Crevillente. Por eso se trata de garantizar su estabilidad, «cuando no su recuperación», manteniendo de manera adecuada los ecosistemas».

Según Juan José Moragues, la sequía de años anteriores «nos ha ayudado mucho a tener un mejor conocimiento de las cuencas e información de extracciones, de usos, caudales ecológicos posibles, superficies a atender, o necesidades de abastecimiento». Insistió en que hay un consenso bastante importante, si bien «otra cosa es lo que el plan en su momento, terminado el proceso de participación y viendo el futuro que queremos, recoja. Son temas de debate que habrá que consensuar en la medida de lo posible».

Lo que sí está claro es que el nuevo plan, a diferencia del de 1998, reconoce que la cuenca comprende 19.000 hectáreas de Riegos de Levante que abarcan Elche, San Juan, Campello o Mutxamel. Ahora se trata, como explicó el presidente de la comunidad, Manuel Serrano, en una de las mesas redondas organizadas durante la jornada, de que el plan garantice el suministro para las mismas.

Además, Riegos de Levante ha solicitado oficialmente una concesión de las depuradoras de Santa Pola, Arenales del Sol y el Rincón del León, que propiciarían una aportación adicional.

Desde la comunidad de regantes el reconocimiento de la Confederación supone un paso adelante, después de haber estado gestionándolo durante años.

Cómo quedarán las asignaciones de caudales está por ver. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar aseguró que «los recursos que existen son suficientes para garantizar los usos». El abastecimiento es prioritario, y entre los derechos de los usuarios «hay unos regadíos preferentes a otros por su marcado carácter histórico, y dentro de las preferencias de esos usso tenemos recursos suficientes incluyendo los superficiales, los subterráneos, los no convencionales, para poder hacer frente», dijo.

Evitar las extracciones excesivas de acuíferos, mantener los ecosistemas de los cauces y humedales y garantizar los distintos usos del agua van a ser los retos principales del nuevo plan de cuenca del Júcar en la provincia que se ha empezado a elaborar desde hace seis meses.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, así lo indicó ayer en Elche coincidiendo con la celebración de una jornada con el objetivo de tratar, entre todas las partes implicadas -técnicos, empresarios, universidades, agricultores, etcétera-, un análisis de los problemas que afectan a esta cuenca en el Vinalopó y en l’Alacantí así como sus posibles soluciones.
La CHJ cuenta en la provincia con un ámbito de influencia que abarca unos 3.000 kilómetros cuadrados, lo que supone también unas 30.000 hectáreas de regadíos y, según Moragues, los recursos que existen en la cuenca del Júcar son totalmente suficientes para garantizar los distintos usos y compatibilizarlos con el respeto medioambiental.
En este sentido, el presidente del organismo destacó que estos últimos tres años han sido de los peores en cuando a aportaciones hídricas -aunque «la sequía nos ha permitido tener un mejor conocimiento de cuenca»-, pero que el actual es un año histórico, donde los aportes no se daban desde los años 70 y en donde prácticamente todos los embalses en el conjunto de la demarcación están llenos.
Ante estos datos mostró su convencimiento de que, ni para este verano ni para el año que viene, se van a dar problemas de suministro en lo que se conoce como territorio Júcar, que contempla 43.000 kilómetros en el conjunto de su demarcación. En cualquier caso llamó a la «cautela, porque el Mediterráneo y el Júcar son cíclicos», de ahí que señalara que «los embalses hay que usarlos siempre con rigor» y por tanto instara a que «no haya barra libre».
De entre los distintos problemas que se plantean en la provincia, y entre los que también se incluye tender a la mejora de la calidad del agua emanada de las depuradoras, modernización de los regadíos, reubicación de pozos, buscar la regularización de los aprovechamientos, incremento de la salinización o paliar la infradotación de algunas zonas de regadío, el jefe de Planificación Hidrológica de la CHJ, Javier Ferrer, precisó que de los 25 acuíferos localizados en el Alto y Medio Vinalopó, 16 se encuentran actualmente en seria sobreexplotación.
Hacia dónde tiene que ir la planificación hídrica fue por tanto el tema central de la sesión de participación pública celebrada ayer en el Centro de Congresos de Elche y en la que se recogieron sugerencias e iniciativas para conformar el nuevo plan hidrológico de la cuenca del Júcar que pasará a sustituir al elaborado en el año 1998.

El proyecto para construir una planta embotelladora de agua en Villena, cuyo primer abanderado es Andrés Martínez, presidente de la Junta de Regantes del Vinalopó, llegará hasta la Unión Europea (UE). La plataforma Xúquer Viu anunció ayer que presentará dos denuncias sobre esta industria ante las direcciones generales de Política Regional y Medioambiental de la UE para que frene la iniciativa que, a su juicio, esquilmaría aún más los sobreexplotados acuíferos de la comarca alicantina.

La iniciativa de Xúquer Viu surge a raíz de la solicitud que la multinacional Danone (firma que promueve la planta) ha presentado en la Consejería de Industria para que se declare agua de uso mineral-natural el caudal del pozo del que pretende extraer, el acuífero Morrón IV de Villena.

Esta solicitud de la multinacional francesa supone activar el proyecto que surgió a mediados de 2008 en plena polémica por el cambio de toma del trasvase Júcar-Vinalopó, de Cortes de Pallás al azud de la Marquesa. El mencionado acuífero es propiedad de la junta de regantes de Villena, que también preside Andrés Martínez. Esta entidad aprobó en mayo de 2008 ceder a la firma Danone un caudal de entre 0,2 y 0,7 hectómetros al año para poner en marcha la planta embotelladora a cambio de 240.000 euros. La industria está previsto que se ubique en unos terrenos en el extrarradio de Villena, donde Martínez es propietario de algunas parcelas.

Para Xúquer Viu, la reactivación del proyecto de la embotelladora de Villena demuestra «el negocio que se quiere hacer con el agua del Júcar en Alicante». Este colectivo señala que el trasvase tendrá un coste de 220 millones de euros, de los cuales 120 serán aportados por la Unión Europea y que los objetivos oficiales son «la recuperación de los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó y la agricultura de esta zona que teóricamente pasará a regarse con agua del Júcar». Según este colectivo de La Ribera, «con iniciativas como esta [la planta embotelladora] es indudable que no se cumplirán esos objetivos, sino que se agravará la sobreexplotación de estos acuíferos incorporando las aguas del Júcar al negocio especulativo».

Xúquer Viu señala que este proyecto se une a la intención del Ministerio de Medio Ambiente de potabilizar el agua del Júcar destinada al abastecimiento de las comarcas alicantinas del Vinalopó y L’Alacantí.

El conseller de Medio Ambiente y vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, ha amenazado al Gobierno autonómico catalán con denunciarlo si continúa con su intención de blindar el Ebro contra un trasvase con la excusa de modificar el actual Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de Cataluña, o si aprueba cualquier disposición sobre territorio valenciano del Ebro o del Júcar.

El Plan de Gestión de Agua de Cataluña, elaborado por la Agencia Catalana del Agua, en teoría sólo debería afectar a los ríos de las llamadas Cuencas Internas. Pero lejos de quedarse en su estricto ámbito de competencia, el Ejecutivo catalán incluye, como uno de los objetivos del documento, establecer un caudal ecológico mínimo en el Ebro de 7.305 hectómetros cúbicos anuales en los años de sequía. En los de abundancia hídrica, como el actual, ese caudal sería de 12.783 hectómetros anuales.

Las cifras, según entiende la Generalitat Valenciana, condicionan la posibilidad de que en un futuro se pueda construir un trasvase de aguas del Ebro.

La alegación que ha remitido la Conselleria de Medio Ambiente a la Agencia Catalana del Agua está firmada por José Benlliure, director general del Agua. Reconoce que la Generalitat de Cataluña tiene capacidad plena para exponer su postura sobre la gestión y planificación hidrológica del Ebro. Pero señala que esa postura debe expresarse «dentro del proceso de planificación hidrológica del Ebro, que está en curso y que tiene un procedimiento reglado».

Por ese motivo Benlliure asegura que la Generalitat Valenciana «muestra su disconformidad» a que se incorporen propuestas correspondientes al río Ebro en un documento de planificación de las Cuencas Internas de Cataluña.

Benlliure advierte que la Generalitat «recurrirá a los tribunales cualquier disposición aprobada en este documento (el Plan de Gestión de Agua de Cataluña) que afecte a ámbitos territoriales o competenciales ajenos a las cuencas internas de Cataluña y, específicamente, los referidos a la Demarcación Hidrográfica del Ebro o a la del Júcar».

El Defensor del Pueblo de España ha convocado esta mañana a técnicos y representantes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y al portavoz de la gestora de Rus-Valdelobos, Francisco López Collado, como representante de los regantes afectados por las restricciones en esta masa de agua y la ampliación de los límites del acuífero 23. Tanto el Defensor del Pueblo de España como su homónimo en Castilla-La Mancha han actuado en condición de mediadores para acercar posturas entre Confederación y regantes, ya que es un problema que desde esta institución no pueden solucionar al no tener competencias en esta materia aunque comprenden la situación por la que están pasando los regantes afectados en municipios como Villarrobledo, San Clemente, Las Pedroñeras o El Provencio. Rufino Alarcón, adjunto del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha.

Por su parte, los regantes mantienen que aunque Rus-Valdelobos está dentro del Guadiana, sus aguas subterráneas vierten al Júcar, por lo que piden los mismos derechos que los regantes de esa zona. El portavoz de la gestora de Rus-Valdelobos, Francisco López, ha hecho un llamamiento a la unión de los agricultores afectados para encontrar soluciones.

Será el Defensor del Pueblo de España el que a través de la documentación que ha recibido por las dos partes del conflicto decida si finalmente realiza alguna sugerencia para, según Rufino Alarcón, que “la Confederación pueda reconducir las decisiones que hasta el momento ha tomado”.