El Tribunal Supremo ha reprochado al Gobierno de Castilla-La Mancha que utilice motivaciones «exclusivamente políticas» para oponerse sistemáticamente a los desembalses de agua del Tajo para los regadíos del Segura. Por ello, aconseja que ese tipo de razones queden al margen de los tribunales.

Así figura expresamente en la última sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Supremo, sobre uno de los habituales recursos de Castilla-La Mancha contra los desembalses. En este caso se trata de un envío de socorro de 11 hectómetros autorizado por el Consejo de Ministros en febrero de 2007, en plena sequía. Otros 11 hectómetros se enviaron para dar de beber a la población.

La sentencia -difundida ayer por el Gobierno murciano- sostiene que el Consejo de Ministros autorizó ese pequeño desembalse para evitar pérdidas irreparables en la agricultura. Asimismo, indica que ese volumen era «legalmente excedentario», a la vista del agua que había en ese momento almacenada en Entrepeñas y Buendía, que era de 306 hectómetros. El Tribunal Supremo lanza asimismo una velada reprimenda al Ejecutivo de Castilla-La Mancha. Indica que el recurso contencioso administrativo «está inspirado en razones exclusivamente políticas, como las que han movido a la Administración autonómica» a recurrir «sistemáticamente todas las decisiones de trasvase para riego acordadas desde hace unos años sin entender que esas razones deberían quedar al margen de los tribunales».

Mientras, la realidad de las cifras sigue avalando la continuidad del Tajo-Segura: la cuenca cedente, cuyos embalses se hallan al 78,1% de su capacidad, ha ganado 205 hectómetros cúbicos en una semana, hasta rozar los 8.600. Un volumen que supone once veces y media el del Segura. El jefe del Consell, Francisco Camps, y su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel, se reúnen hoy en Orihuela tras el éxito de su frente común contra la reserva del Estatuto castellano-manchego.

El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso interpuesto por Castilla-La Mancha contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 2 de febrero de 2007 por el que se autorizó un desembalse de 22 hectómetros cúbicos (11 para abastecimiento y 11 para regadío). El alto tribunal considera que «no es sostenible» el informe de la Universidad regional que aporta el Gobierno regional al indicar que no existe necesidad de agua en el sureste español cuando estaba pasando por un periodo de «emergencia» durante una sequía que comenzó en marzo de 2005.

El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la tramitación para la aprobación de los estatutos de la nueva Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, un órgano encargado del agua en la región cuya creación estaba prevista en el proyecto de reforma del Estatuto.

La Ley de Creación de la Agencia del Agua, que entró en vigor el pasado 20 de enero, fijaba el mes de junio como fecha para que el Ejecutivo regional elaborara y aprobara los estatutos de este nuevo órgano administrativo.

Según el informe hidrológico del ministerio del Medio Ambiente, la cantidad de agua almacenada en la Cuenca del Júcar es un 82,1 por ciento mayor que la media registrada durante los últimos diez años, lo que supone el tercer mayor incremento de toda España, únicamente superada por la Cuenca Mediterránea Andaluza y la del Segura.

Actualmente, dispone de 49 hectómetros cúbicos más que la semana pasada y de 523 más que en la misma fecha del año anterior.

El pasado año, en estas mismas fechas, había un 39,6 por ciento de reservas de agua, y ahora un 55,2 por ciento, lo que son 15,6 puntos porcentuales más.

El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, que la semana pasada anunció una cumbre con el Ejecutivo valenciano para abordar algunos de los motivos de enfrentamiento entre las dos administraciones -como los chiringuitos o el Cabanyal- afirmó ayer que es «triste» que algunos Gobiernos, y en concreto los de la Comunitat Valenciana y Murcia, utilicen el agua «desde una posición victimista y de agravio comparativo».

Chaves señaló que el Gobierno central siempre estará abierto a un Pacto nacional sobre el agua, pero también subrayó que el Estado es el garante de su reparto solidario y aseguró que «a nadie le ha faltado agua».

En un acto informativo en el Foro Cinco Días, Chaves señaló que no se siente frustrado porque las Cortes de Castilla-La Mancha acordaran el lunes solicitar al Congreso la retirada del Estatuto de autonomía de esta Comunidad, si bien reconoció que le hubiera gustado que se hubiera llegado a un acuerdo.

A juicio del vicepresidente tercero, se hicieron «esfuerzos considerables» para llegar a un acuerdo y a un entendimiento y puntualizó, como ya hizo hace sólo unos días, que la idea de incluir una «especie de reserva» en el preámbulo del Estatuto manchego, era una fórmula «que no dañaba a nadie, equilibrada y que, además, garantizaba agua a todo el mundo».

El también ministro de Política Territorial añadió que la planificación de los recursos hidráulicos es una competencia del Estado, y eso «lo tienen claro todos los estatutos de autonomía».

El secretario provincial del PSOE de Albacete, Francisco Pardo, y presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, aseguró que este lunes «en las Cortes de Castilla-La Mancha empezó una nueva lucha por el agua en nuestra región». Una lucha en la que «ya sabemos que no contamos con el apoyo de Cospedal pero sí con la mayoría de la sociedad castellano-manchega», mencionando que la decisión de retirar el proyecto de Estatuto se tomó «con el apoyo mayoritario de la Mesa del Agua».
En rueda de prensa en la sede del PSOE en Albacete capital, lamentó que un proceso de reforma estatutaria que comenzó con el acuerdo unánime en las Cortes de Castilla-La Mancha «terminó con el voto en contra del PP en el Congreso de los Diputados». Explicó Pardo que, al ser una Ley Orgánica, necesitaba de la mayoría absoluta en el Congreso para salir adelante y «al votar en contra el PP en la Comisión, se puso a las claras lo que iba a pasar».
El secretario general de los socialistas albaceteños dijo que, entre ambos momentos, ocurrió un «hecho relevante» que «es bueno que analicemos». Según Pardo, «ese hecho fue la elección de la señora De Cospedal como secretaria general del PP, algo que le llevó a hacer algo que me parece muy rechazable y que es que decía una cosa en Castilla-La Mancha y hacía otra distinta en Madrid». Añadió, además, que «cuando tuvo que elegir entre defender su puesto o los intereses de Castilla-La Mancha, optó por traicionar los intereses de Castilla-La Mancha».

HECHA POR MURCIA. Respecto a la enmienda del PP, Francisco Pardo aseguró que «esa propuesta fue redactada por el presidente de Murcia, por el señor Valcárcel, utilizando como correo de transmisión a la señora Cospedal», y que, entre otras cosas, señaló «Cospedal eliminaba el concepto de reserva hídrica, negaba el derecho a que Castilla-La Mancha estuviera presente en los órganos de gestión y de control del trasvase Tajo-Segura, eliminaba la posibilidad de mantener el cauce ecológico del Tajo, permitía que se perdiera el derecho de la prioridad del tajo como cuenca cedente y la posibilidad de revisión de los volúmenes trasvasables de agua y, algo también fundamental, cambiaba el derecho a la información previa, por parte de nuestra comunidad autónoma, a cualquier trasvase, cesión o transferencia de agua». Pero, «lo más relevante» es que «un asunto medular, como es el del agua, en nuestro estatuto de Autonomía, hay que decidirlo desde Castilla-La Mancha y no desde la Comunidad de Murcia, como fue la decisión del PP».
Pardo concluyó dando a conocer que ayer mismo por la mañana se comunicó al Congreso y al Senado la decisión y «en un año no se puede volver a presentar otra propuesta estatutaria».

SEGUNDA TRAICIÓN. El secretario general del PSOE albaceteño, Francisco Pardo, subrayó que la dirigente del PP en Castilla-La Mancha «ha traicionado a los ciudadanos de nuestra tierra» y señaló que «ya lo hizo con Albacete, antes de aterrizar como secretaria general, oponiéndose a que Eurocopter se instalara aquí, porque trabajó para que estuviera en Getafe». En ese sentido, planteó que «mucha gente opina que Cospedal ha pagado con agua de Castilla-La Mancha el apoyo que Camps y Valcárcel le dieron para que fuera secretaria general en el Congreso de Valencia».
«Estoy esperanzado -dijo- con esa nueva lucha por el agua en nuestra región y con que en el PP alguna vez pongan al frente a un dirigente que esté a la altura de sus votantes y que defienda a Castilla-La Mancha y no a Murcia» porque será entonces, manifestó Francisco Pardo, «cuando consigamos eso, cuando seamos capaces de acordar un Estatuto».    

El Estatuto será retirado del Congreso, pero las organizaciones agrarias y los agentes sociales de la Región no se dan por vencidos. Dicen que lucharán «cueste lo que cueste» para conseguir el agua que Castilla-La Mancha necesita para su desarrollo, porque «es evidente que por el camino del diálogo jamás vamos a conseguirlo». Éstas fueron las palabras del secretario general de Asaja en la Región, José María Fresneda, refrendadas por el resto de organizaciones agrarias y los agentes sociales de la Región que culparon a Cospedal de haber acabado ayer con el Estatuto de Autonomía.
Fresneda confirmó que su organización, junto a COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, no van a dudar en emplear todos los instrumentos necesarios para que la Comunidad disponga del agua necesaria en cantidad y calidad. Recordó que el Gobierno de Barreda comprendió desde el principio «nuestro mensaje» y «nosotros no somos los abajo firmantes, sino que somos libres y no nos sentimos presionados por nada ni por nadie».
Por la sala de prensa de las Cortes pasaron un sinfín de representantes de organizaciones agrarias, sociales, empresariales y políticas. Minutos antes de comparecer Fresneda, lo hacían el secretario general de UPA, Julián Morcillo, y el representante en materia de agua de COAG, José María Oñate. Morcillo confirmó las palabras del presidente regional durante una de sus intervenciones en el pleno, aludiendo a que las organizaciones agrarias y los agentes sociales le habían pedido que no rebajara ni una coma más el Estatuto. Tras ratificar que eso ha sido así, dijo no saber hasta dónde alcanza «el desprecio de Cospedal» por la Región, pero lo que ha quedado claro «es que el texto no sale por culpa de ella».
Oñate, por su parte, lamentó que la oposición no haya apoyado «este acuerdo de mínimos», pero «haremos todo lo posible por informar a la sociedad de lo sucedido para que salga a la calle a defender sus intereses». El presidente de las Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca, consideró que la crispación surgida entre PSOE y PP alude al inicio de la precampaña electoral, por lo que insistió en que lo que necesita ahora la Región es continuar trabajando para garantizar un futuro mejor a los ciudadanos.
Por otro lado, el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, Julián Rebollo, justificó la retirada del Estatuto aseverando que todo aquello que conseguía el texto del PSOE, «en la enmienda del PP no está». Recordó que su reivindicación era fijar una lámina estable del 40 por ciento de agua embalsada, que se garantizaba con esa reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos. Por ello, criticó que los alcaldes del PP en municipios de la cabecera del Tajo estén entrando en «tan graves contradicciones», al estar en contra de la retirada. Contradicciones en las que Rebollo no está dispuesto a caer, por lo que mostró su «apoyo y respaldo» a la decisión adoptada por el Parlamento.

El humo del PP.
UGT ha sido el único sindicato de clase en acudir a la sala de prensa para valorar lo acontecido en el pleno de las Cortes. Su secretario general, Carlos Pedrosa, denunció que mientras el PSOE «pide agua para Castilla-La Mancha, el PP lo que nos vende es humo», en alusión a los 4.000 hm3 que recogía la propuesta socialista y las «estimaciones» de las que hablaba el PP.
Asimismo, respondió a las declaraciones que Cospedal hizo el domingo y en las insinuaba que los manifestantes agolpados a las puertas de un conocido hotel de Toledo, concentrados para ‘pitarla’ por su ‘no’ al Estatuto, eran «sindicalistas pagados por Barreda». Al respecto, le recordó que los agricultores también se han manifestado en Murcia a favor del trasvase y «no voy diciendo que Valcárcel les paga porque me merecen todo mi respeto».
En representación de los empresarios, acudieron Ángel Nicolás y Fernando Jerez, quienes aseguraron que estarán al lado del presidente regional, el único que ha defendido los intereses de la Comunidad, dijeron, tras opinar que es preferible la retirada del texto cuando éste perjudica los intereses de Castilla-La Mancha. Nicolás confirmó que Barreda sí se ha dejado asesorar por las OPAs y por los agentes sociales y si «se ha equivocado, nos hemos equivocado todos». Por último, censuró que sea Murcia la región encargada de decir cuánta agua puede consumir Castilla-La Mancha, y más después de haber demostrado «nuestra solidaridad» en muchas ocasiones. «Seremos nosotros quienes aquí decidamos qué cantidad de agua consumimosy vamos a consumir».    

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Albacete, Ramón Sotos, mostró su asombro por la petición que ha presentado el Grupo Parlamentario de Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR, denominado Compromís, para que sea votada mañana miércoles, en el Pleno de las Cortes Valencianas, y que, básicamente, demanda que se inste al Ministerio a que obligue al Ayuntamiento a pagar a la USUJ la «deuda» que tiene con ella, «de más de un millón de euros, más los intereses de demora, en un plazo no superior a tres meses». La petición la realizan «en vista del incumplimiento del convenio (de Alarcón) y de la falta de autoridad de la Confederación Hidrográfica del Júcar por hacer cumplir los acuerdos firmados».
Así reza en la proposición no de ley que este Grupo ha presentado y que se votará mañana en la institución valenciana, algo que al Consistorio albaceteño, en palabras de Ramón Sotos, «nos sorprende enormemente que en un asunto que sólo compete a la USUJ (Unión Sindical de Usuarios del Júcar), que no es ningún grupo político sino que son los regantes de Valencia, y que compete al Ministerio, se interfiera por la vía parlamentaria, cuando, además, está en la vía judicial».
Sotos recordó que hubo una primera sentencia -que es la que condena al Consistorio al pago de no llega a 1,1 millones de euros- y el Ayuntamiento la va a recurrir, para lo que tiene un plazo de dos meses. «La estamos terminando y a punto de presentar» y «en tanto no se resuelva en el Supremo, este Grupo no es el órgano competente en decirle al Ayuntamiento de Albacete que no recurra y que pague o no pague».
El concejal de Medio Ambiente destacó que la Confederación «ha hecho ya su papel, papel con el que nosotros estamos absolutamente en desacuerdo, y que ha sido pasarnos el pago», lo que ha motivado la decisión de recurrir.
En ese sentido, Sotos criticó que los grupos políticos valencianos «no sólo no están de acuerdo con determinados planteamientos como Estatuto, sino que también quieren que el Ayuntamiento de Albacete, la única capital de provincia que tiene ahora mismo abastecimiento del Júcar, pague por ello» cuando es un derecho que le corresponde. Insistió en que Albacete es la capital más importante de este río «porque Valencia es del Turia, aunque nunca le negaremos el agua para beber a nadie», dijo, pero insistió en que existen prioridades.
«Creemos que tenemos razón, lo estamos tratando de demostrar, pero acataremos lo que salga del Supremo», aseguró.
«Ya nos hubiera gustado a nosotros que la Comunidad Autónoma de Valencia hubiera aceptado en 2004, y lo hubieran asumido el Parlamento y el Gobierno Valenciano, la sentencia del Supremo que daba preferencia a las cuencas intracomunitarias pero estamos en 2010 y aún no lo han hecho».  

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que la retirada de la reforma del Estatuto de Autonomía del Congreso será el «fracaso personal» de José María Barreda, a quien animó a, «por dignidad», dimitir como presidente de la comunidad autónoma. Cospedal se pronunció así en su intervención en el pleno de las Cortes castellano-manchegas en el que se debate la propuesta del PSOE de retirar el texto, iniciativa que la dirigente del PP achaca a la voluntad de Barreda de convertir el clima político castellano-manchego en una «ciénaga repleta de mentiras». A juicio de la líder de la oposición, Barreda «ha mentido, miente y va a seguir mintiendo» sobre la reforma y sobre el agua, pues ha preferido «prender fuego al Estatuto» y rechazar una propuesta del PP que garantizaba «agua en cantidad y calidad» a la comunidad autónoma con tal de obtener rédito electoral. Según Cospedal, si algo no ha cambiado en España desde los tiempos de Indalecio Prieto es la tendencia del PSOE a «tensar la convivencia cuando se siente perdedor de las elecciones» y eso hace ahora Barreda, a quien ha acusado de no querer resolver el problema del agua, sino seguir «viviendo políticamente» de él, como en los últimos treinta años». «Tres décadas de engaño, de mentira en mentira, de hablar del agua cuando llegan las elecciones, de meterse debajo del agua para evitar que se hable de otras cosas», agregó Cospedal.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, dijo ayer que, aunque no se haya aprobado la reforma del Estatuto por el voto en contra del PP, va a seguir dando la batalla, y cuando el PP «tenga líderes que piensen en Castilla-La Mancha», ésta tendrá un Estatuto que defienda sus intereses. Barreda intervino con estas palabras ante el pleno de las Cortes regionales, recordando todo el proceso de reforma del Estatuto y que «se pidió la Luna para conseguir la Tierra», esto es, se pidió el fin del trasvase Tajo-Segura para conseguir una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos, con los que se cubren las necesidades presentes y futuras de la región. Tras criticar que el Estatuto no haya recibido el apoyo del Partido Popular porque su presidenta regional en Castilla-La Mancha y secretaria general nacional, María Dolores de Cospedal, ha defendido a «Valcárcel, a los regantes de Murcia y los campos de golf» en vez de defender a Castilla-La Mancha, aseguró que las cosas «ya nunca van a ser igual» y se va a seguir dando la batalla río a río y cuenca a cuenca. Castilla-La Mancha, ha continuado, va a reclamar lo que le corresponde por la vía política, judicial y de las movilizaciones; ya no va a haber más silencio y pasividad puesto que «ha despertado» la conciencia de los ciudadanos. «Hemos ganado la causa de la información y la verdad», afirmó Barreda, quien añadió que también ha ganado la «batalla de la dignidad».