El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, que la semana pasada anunció una cumbre con el Ejecutivo valenciano para abordar algunos de los motivos de enfrentamiento entre las dos administraciones -como los chiringuitos o el Cabanyal- afirmó ayer que es «triste» que algunos Gobiernos, y en concreto los de la Comunitat Valenciana y Murcia, utilicen el agua «desde una posición victimista y de agravio comparativo».

Chaves señaló que el Gobierno central siempre estará abierto a un Pacto nacional sobre el agua, pero también subrayó que el Estado es el garante de su reparto solidario y aseguró que «a nadie le ha faltado agua».

En un acto informativo en el Foro Cinco Días, Chaves señaló que no se siente frustrado porque las Cortes de Castilla-La Mancha acordaran el lunes solicitar al Congreso la retirada del Estatuto de autonomía de esta Comunidad, si bien reconoció que le hubiera gustado que se hubiera llegado a un acuerdo.

A juicio del vicepresidente tercero, se hicieron «esfuerzos considerables» para llegar a un acuerdo y a un entendimiento y puntualizó, como ya hizo hace sólo unos días, que la idea de incluir una «especie de reserva» en el preámbulo del Estatuto manchego, era una fórmula «que no dañaba a nadie, equilibrada y que, además, garantizaba agua a todo el mundo».

El también ministro de Política Territorial añadió que la planificación de los recursos hidráulicos es una competencia del Estado, y eso «lo tienen claro todos los estatutos de autonomía».

El secretario provincial del PSOE de Albacete, Francisco Pardo, y presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, aseguró que este lunes «en las Cortes de Castilla-La Mancha empezó una nueva lucha por el agua en nuestra región». Una lucha en la que «ya sabemos que no contamos con el apoyo de Cospedal pero sí con la mayoría de la sociedad castellano-manchega», mencionando que la decisión de retirar el proyecto de Estatuto se tomó «con el apoyo mayoritario de la Mesa del Agua».
En rueda de prensa en la sede del PSOE en Albacete capital, lamentó que un proceso de reforma estatutaria que comenzó con el acuerdo unánime en las Cortes de Castilla-La Mancha «terminó con el voto en contra del PP en el Congreso de los Diputados». Explicó Pardo que, al ser una Ley Orgánica, necesitaba de la mayoría absoluta en el Congreso para salir adelante y «al votar en contra el PP en la Comisión, se puso a las claras lo que iba a pasar».
El secretario general de los socialistas albaceteños dijo que, entre ambos momentos, ocurrió un «hecho relevante» que «es bueno que analicemos». Según Pardo, «ese hecho fue la elección de la señora De Cospedal como secretaria general del PP, algo que le llevó a hacer algo que me parece muy rechazable y que es que decía una cosa en Castilla-La Mancha y hacía otra distinta en Madrid». Añadió, además, que «cuando tuvo que elegir entre defender su puesto o los intereses de Castilla-La Mancha, optó por traicionar los intereses de Castilla-La Mancha».

HECHA POR MURCIA. Respecto a la enmienda del PP, Francisco Pardo aseguró que «esa propuesta fue redactada por el presidente de Murcia, por el señor Valcárcel, utilizando como correo de transmisión a la señora Cospedal», y que, entre otras cosas, señaló «Cospedal eliminaba el concepto de reserva hídrica, negaba el derecho a que Castilla-La Mancha estuviera presente en los órganos de gestión y de control del trasvase Tajo-Segura, eliminaba la posibilidad de mantener el cauce ecológico del Tajo, permitía que se perdiera el derecho de la prioridad del tajo como cuenca cedente y la posibilidad de revisión de los volúmenes trasvasables de agua y, algo también fundamental, cambiaba el derecho a la información previa, por parte de nuestra comunidad autónoma, a cualquier trasvase, cesión o transferencia de agua». Pero, «lo más relevante» es que «un asunto medular, como es el del agua, en nuestro estatuto de Autonomía, hay que decidirlo desde Castilla-La Mancha y no desde la Comunidad de Murcia, como fue la decisión del PP».
Pardo concluyó dando a conocer que ayer mismo por la mañana se comunicó al Congreso y al Senado la decisión y «en un año no se puede volver a presentar otra propuesta estatutaria».

SEGUNDA TRAICIÓN. El secretario general del PSOE albaceteño, Francisco Pardo, subrayó que la dirigente del PP en Castilla-La Mancha «ha traicionado a los ciudadanos de nuestra tierra» y señaló que «ya lo hizo con Albacete, antes de aterrizar como secretaria general, oponiéndose a que Eurocopter se instalara aquí, porque trabajó para que estuviera en Getafe». En ese sentido, planteó que «mucha gente opina que Cospedal ha pagado con agua de Castilla-La Mancha el apoyo que Camps y Valcárcel le dieron para que fuera secretaria general en el Congreso de Valencia».
«Estoy esperanzado -dijo- con esa nueva lucha por el agua en nuestra región y con que en el PP alguna vez pongan al frente a un dirigente que esté a la altura de sus votantes y que defienda a Castilla-La Mancha y no a Murcia» porque será entonces, manifestó Francisco Pardo, «cuando consigamos eso, cuando seamos capaces de acordar un Estatuto».    

El Estatuto será retirado del Congreso, pero las organizaciones agrarias y los agentes sociales de la Región no se dan por vencidos. Dicen que lucharán «cueste lo que cueste» para conseguir el agua que Castilla-La Mancha necesita para su desarrollo, porque «es evidente que por el camino del diálogo jamás vamos a conseguirlo». Éstas fueron las palabras del secretario general de Asaja en la Región, José María Fresneda, refrendadas por el resto de organizaciones agrarias y los agentes sociales de la Región que culparon a Cospedal de haber acabado ayer con el Estatuto de Autonomía.
Fresneda confirmó que su organización, junto a COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, no van a dudar en emplear todos los instrumentos necesarios para que la Comunidad disponga del agua necesaria en cantidad y calidad. Recordó que el Gobierno de Barreda comprendió desde el principio «nuestro mensaje» y «nosotros no somos los abajo firmantes, sino que somos libres y no nos sentimos presionados por nada ni por nadie».
Por la sala de prensa de las Cortes pasaron un sinfín de representantes de organizaciones agrarias, sociales, empresariales y políticas. Minutos antes de comparecer Fresneda, lo hacían el secretario general de UPA, Julián Morcillo, y el representante en materia de agua de COAG, José María Oñate. Morcillo confirmó las palabras del presidente regional durante una de sus intervenciones en el pleno, aludiendo a que las organizaciones agrarias y los agentes sociales le habían pedido que no rebajara ni una coma más el Estatuto. Tras ratificar que eso ha sido así, dijo no saber hasta dónde alcanza «el desprecio de Cospedal» por la Región, pero lo que ha quedado claro «es que el texto no sale por culpa de ella».
Oñate, por su parte, lamentó que la oposición no haya apoyado «este acuerdo de mínimos», pero «haremos todo lo posible por informar a la sociedad de lo sucedido para que salga a la calle a defender sus intereses». El presidente de las Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca, consideró que la crispación surgida entre PSOE y PP alude al inicio de la precampaña electoral, por lo que insistió en que lo que necesita ahora la Región es continuar trabajando para garantizar un futuro mejor a los ciudadanos.
Por otro lado, el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, Julián Rebollo, justificó la retirada del Estatuto aseverando que todo aquello que conseguía el texto del PSOE, «en la enmienda del PP no está». Recordó que su reivindicación era fijar una lámina estable del 40 por ciento de agua embalsada, que se garantizaba con esa reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos. Por ello, criticó que los alcaldes del PP en municipios de la cabecera del Tajo estén entrando en «tan graves contradicciones», al estar en contra de la retirada. Contradicciones en las que Rebollo no está dispuesto a caer, por lo que mostró su «apoyo y respaldo» a la decisión adoptada por el Parlamento.

El humo del PP.
UGT ha sido el único sindicato de clase en acudir a la sala de prensa para valorar lo acontecido en el pleno de las Cortes. Su secretario general, Carlos Pedrosa, denunció que mientras el PSOE «pide agua para Castilla-La Mancha, el PP lo que nos vende es humo», en alusión a los 4.000 hm3 que recogía la propuesta socialista y las «estimaciones» de las que hablaba el PP.
Asimismo, respondió a las declaraciones que Cospedal hizo el domingo y en las insinuaba que los manifestantes agolpados a las puertas de un conocido hotel de Toledo, concentrados para ‘pitarla’ por su ‘no’ al Estatuto, eran «sindicalistas pagados por Barreda». Al respecto, le recordó que los agricultores también se han manifestado en Murcia a favor del trasvase y «no voy diciendo que Valcárcel les paga porque me merecen todo mi respeto».
En representación de los empresarios, acudieron Ángel Nicolás y Fernando Jerez, quienes aseguraron que estarán al lado del presidente regional, el único que ha defendido los intereses de la Comunidad, dijeron, tras opinar que es preferible la retirada del texto cuando éste perjudica los intereses de Castilla-La Mancha. Nicolás confirmó que Barreda sí se ha dejado asesorar por las OPAs y por los agentes sociales y si «se ha equivocado, nos hemos equivocado todos». Por último, censuró que sea Murcia la región encargada de decir cuánta agua puede consumir Castilla-La Mancha, y más después de haber demostrado «nuestra solidaridad» en muchas ocasiones. «Seremos nosotros quienes aquí decidamos qué cantidad de agua consumimosy vamos a consumir».    

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Albacete, Ramón Sotos, mostró su asombro por la petición que ha presentado el Grupo Parlamentario de Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR, denominado Compromís, para que sea votada mañana miércoles, en el Pleno de las Cortes Valencianas, y que, básicamente, demanda que se inste al Ministerio a que obligue al Ayuntamiento a pagar a la USUJ la «deuda» que tiene con ella, «de más de un millón de euros, más los intereses de demora, en un plazo no superior a tres meses». La petición la realizan «en vista del incumplimiento del convenio (de Alarcón) y de la falta de autoridad de la Confederación Hidrográfica del Júcar por hacer cumplir los acuerdos firmados».
Así reza en la proposición no de ley que este Grupo ha presentado y que se votará mañana en la institución valenciana, algo que al Consistorio albaceteño, en palabras de Ramón Sotos, «nos sorprende enormemente que en un asunto que sólo compete a la USUJ (Unión Sindical de Usuarios del Júcar), que no es ningún grupo político sino que son los regantes de Valencia, y que compete al Ministerio, se interfiera por la vía parlamentaria, cuando, además, está en la vía judicial».
Sotos recordó que hubo una primera sentencia -que es la que condena al Consistorio al pago de no llega a 1,1 millones de euros- y el Ayuntamiento la va a recurrir, para lo que tiene un plazo de dos meses. «La estamos terminando y a punto de presentar» y «en tanto no se resuelva en el Supremo, este Grupo no es el órgano competente en decirle al Ayuntamiento de Albacete que no recurra y que pague o no pague».
El concejal de Medio Ambiente destacó que la Confederación «ha hecho ya su papel, papel con el que nosotros estamos absolutamente en desacuerdo, y que ha sido pasarnos el pago», lo que ha motivado la decisión de recurrir.
En ese sentido, Sotos criticó que los grupos políticos valencianos «no sólo no están de acuerdo con determinados planteamientos como Estatuto, sino que también quieren que el Ayuntamiento de Albacete, la única capital de provincia que tiene ahora mismo abastecimiento del Júcar, pague por ello» cuando es un derecho que le corresponde. Insistió en que Albacete es la capital más importante de este río «porque Valencia es del Turia, aunque nunca le negaremos el agua para beber a nadie», dijo, pero insistió en que existen prioridades.
«Creemos que tenemos razón, lo estamos tratando de demostrar, pero acataremos lo que salga del Supremo», aseguró.
«Ya nos hubiera gustado a nosotros que la Comunidad Autónoma de Valencia hubiera aceptado en 2004, y lo hubieran asumido el Parlamento y el Gobierno Valenciano, la sentencia del Supremo que daba preferencia a las cuencas intracomunitarias pero estamos en 2010 y aún no lo han hecho».  

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que la retirada de la reforma del Estatuto de Autonomía del Congreso será el «fracaso personal» de José María Barreda, a quien animó a, «por dignidad», dimitir como presidente de la comunidad autónoma. Cospedal se pronunció así en su intervención en el pleno de las Cortes castellano-manchegas en el que se debate la propuesta del PSOE de retirar el texto, iniciativa que la dirigente del PP achaca a la voluntad de Barreda de convertir el clima político castellano-manchego en una «ciénaga repleta de mentiras». A juicio de la líder de la oposición, Barreda «ha mentido, miente y va a seguir mintiendo» sobre la reforma y sobre el agua, pues ha preferido «prender fuego al Estatuto» y rechazar una propuesta del PP que garantizaba «agua en cantidad y calidad» a la comunidad autónoma con tal de obtener rédito electoral. Según Cospedal, si algo no ha cambiado en España desde los tiempos de Indalecio Prieto es la tendencia del PSOE a «tensar la convivencia cuando se siente perdedor de las elecciones» y eso hace ahora Barreda, a quien ha acusado de no querer resolver el problema del agua, sino seguir «viviendo políticamente» de él, como en los últimos treinta años». «Tres décadas de engaño, de mentira en mentira, de hablar del agua cuando llegan las elecciones, de meterse debajo del agua para evitar que se hable de otras cosas», agregó Cospedal.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, dijo ayer que, aunque no se haya aprobado la reforma del Estatuto por el voto en contra del PP, va a seguir dando la batalla, y cuando el PP «tenga líderes que piensen en Castilla-La Mancha», ésta tendrá un Estatuto que defienda sus intereses. Barreda intervino con estas palabras ante el pleno de las Cortes regionales, recordando todo el proceso de reforma del Estatuto y que «se pidió la Luna para conseguir la Tierra», esto es, se pidió el fin del trasvase Tajo-Segura para conseguir una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos, con los que se cubren las necesidades presentes y futuras de la región. Tras criticar que el Estatuto no haya recibido el apoyo del Partido Popular porque su presidenta regional en Castilla-La Mancha y secretaria general nacional, María Dolores de Cospedal, ha defendido a «Valcárcel, a los regantes de Murcia y los campos de golf» en vez de defender a Castilla-La Mancha, aseguró que las cosas «ya nunca van a ser igual» y se va a seguir dando la batalla río a río y cuenca a cuenca. Castilla-La Mancha, ha continuado, va a reclamar lo que le corresponde por la vía política, judicial y de las movilizaciones; ya no va a haber más silencio y pasividad puesto que «ha despertado» la conciencia de los ciudadanos. «Hemos ganado la causa de la información y la verdad», afirmó Barreda, quien añadió que también ha ganado la «batalla de la dignidad».

– El responsable de Agua de Coag-Ir, José María Oñate, ha avisado de que las organizaciones agrarias se plantean iniciar movilizaciones ante el fracaso del Estatuto y ha lamentado que el PP no apoyara el texto "de mínimos" propuesto por el PSOE, pues no se podía rebajar más el texto.

– El secretario regional de Asaja, José María Fresneda, ha considerado una "vergüenza" que en Castilla-La Mancha no ocurra lo mismo que otras comunidades autónomas y ha avanzado que, como es evidente "que por las buenas y por la vía del diálogo" no se va a conseguir "jamás" agua, habrá que usar "otros instrumentos".

– Ángel Villafranca, de Cooperativas Agroalimentarias, ha dicho no entender por qué no se ha mantenido el consenso que hubo en las Cortes regionales, aunque ha indicado que no le gustaría que, a más de un año, se entrara en campaña pre electoral porque lo que hay que hacer es seguir luchando, ya que se necesitan soluciones.

– El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha mostrado su disgusto por la situación que se presenta, porque el agua, ha dicho, "es el futuro"; ha criticado que una región vecina decida qué agua recibe esta y ha manifestado que seguirán apoyando al Gobierno de Castilla-La Mancha en materia de agua, que es "la única forma de garantizar el futuro".

– El presidente del Consejo Regional de Cámaras de Comercio, Fernando Jerez, ha señalado que seguirán al lado del presidente regional, José María Barreda, en la defensa del agua y de los intereses de la región, y que la retirada del texto es mejor que apoyar algo que no sirva para el progreso y el desarrollo.

– El secretario regional de UGT, Carlos Pedrosa, ha dicho que "mientras Castilla-La Mancha pide agua, el PP vende humo" y, por tanto, ha lamentado la retirada del Estatuto porque, aunque el texto es más que agua, sin agua es "una burla para esta región" en comparación con lo que se ha aprobado para otras comunidades.

– Antonio Román, presidente del PP de Guadalajara y alcalde de la capital, ha lamentado que Barreda haya dado la espalda a esta provincia, de la que principalmente sale el agua del trasvase y en la que no ha revertido apenas el dinero que se cobra por esta cesión.

– Julián Rebollo, presidente de la Asociación de Pueblos Ribereños de Entrepeñas y Buendía, ha dicho que defiende que en los pantanos haya una lámina de agua estable del 40 por ciento de la capacidad total y que no se puede defender esto sin apoyar, a su vez, una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos.

– Francisco Pulido, alcalde de Cuenca, ha manifestado su pesar y desilusión por la retirada de la reforma del Estatuto, razón por la cual ha calificado a Barreda como "el presidente del fracaso"; además, se ha quejado de que, junto con el alcalde de Guadalajara, ambos del PP, no tuvieran un sitio reservado para asistir al pleno.

– La presidenta de la Diputación de Guadalajara, María Antonia Pérez León (PSOE), ha criticado a Cospedal por dejar tirada a esta provincia e impedir así el desarrollo y el progreso, aunque ha asegurado que "los hombres y mujeres de Guadalajara no se venden" ni con el ATC ni con el agua; ha reprochado a la líder del PP su "traición", pero en el pecado, ha dicho, lleva la penitencia.

– Antonio Lucas, por el PP de Ciudad Real, ha manifestado su tristeza por que Barreda "ha decepcionado" a los regantes y agricultores que "están pagando multas" y se ven "perseguidos" por el gobierno socialista.

– José Luis Martínez Guijarro, secretario general del PSOE de Cuenca y consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, ha dicho que Cospedal "ha pagado con dinero de los castellano-manchegos" y vendiendo los intereses de esta región el "favor que le hizo Valcárcel" para que fuera nombrada secretaria general del PP y ha añadido que, por tanto, debería renunciar a su escaño en Castilla-La Mancha y presentarse por Murcia.

– La alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver (PSOE), ha dado las gracias a Barreda y ha lamentado la actitud de los representantes del PP, y la "traición" de Cospedal, por intentar desviar la atención y porque, a la hora de trabajar, han dejado sólo al presidente de la Junta que, ha asegurado, no obstante, no está sólo ni en la defensa del agua ni el en Pacto por Castilla-La Mancha.

– José Díaz del Campo, alcalde de Daimiel (Ciudad Real), del PSOE, ha mostrado su "apoyo incondicional" a Barreda quien, en la defensa del agua, tomó el rumbo correcto, mientras que ha dicho a Cospedal que "así no se defiende a Castilla-La Mancha" porque este Estatuto era necesario para garantizar que no se tenga que "mirar al cielo" para que el parque nacional de las Tablas de Daimiel tenga vida.

– El vicepresidente de la FEMP de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas (PP), ha puesto en duda que José María Barreda quisiera que se aprobase el Estatuto y ha subrayado que "quienes agitan ahora la bandera del agua" son "los mismos" que rechazaron el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y que "multan a los agricultores".

– El alcalde de Pedro Muñoz y presidente de la Asociación ‘Salvemos el Campo’, Ángel Exojo (PP), ha acusado a Barreda de traicionar a la región al optar por usar el asunto del agua con fines electorales y enfrentarse a otras comunidades autónomas.

– Arturo García-Tizón, presidente del PP de Toledo y ponente del PP en la negociación, ha asegurado que Barreda nunca ha querido el Estatuto y había decidido la retirada del texto antes incluso de que se reuniera la comisión Constitucional del Congreso, por lo que lo que debería hacer es "retirarse a sí mismo".

– El presidente del PP de Albacete, Marcial Marín, ha opinado que Barreda "ha quebrado un acuerdo que podría haber sido histórico" en un debate en el que Cospedal ha defendido el interés general y el presidente regional sólo el suyo particular.

– El alcalde de Alcázar de San Juan, José Fernando Sánchez Bódalo (PSOE), ha acusado a Cospedal de actuar para "ahogar" la dignidad de los castellanomanchegos, defendiendo los intereses de Murcia y Valencia.

– Francisco Núñez, presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) en la región, ha acusado a Barreda de traicionar a los jóvenes de la comunidad, porque sigue anclado en el pasado. EFE

El diputado del grupo parlamentario Compromís y secretario general del Bloc, Enric Morera  ha preguntado a la alcaldesa de Alzira ¿cómo defiende que no se esquilme el agua del Xúquer, estando a favor de enviar agua de boca al Vinalopó?, tras considerar que «aquí en la Ribera no se puede beber el agua del Xúquer».

El dirigente nacionalista, que dio ayer en Alzira una conferencia de prensa junto con el diputado autonómico, Josep Mª Pañella y los ediles de Alzira y Sueca, Carles Aranda y Dolors Pérez, advirtió sobre el derecho de los valencianos «a tener un río vivo» y a usar sus aguas «de forma sostenible».  

Compromís ha presentado una proposición no de ley ante las Cortes Valencianas para que insten al Ministerio de Medio Ambiente a que «mediante la Confederación Hidrográfica del Júcar se obligue al Ayuntamiento de Albacete a liquidar la deuda que tiene con la Unió Sindical d’Usuaris del Xúquer y que pasa la cantidad de un millón de euros, más los intereses de demora, en un plazo no superior a los tres meses».

Morera recordó que los gobiernos central, valenciano y castellano-manchego firmaron junto con los regantes valencianos en el año 2001, el Convenio de Alarcón, por medio del cual se fijaron unas reservas mínimas para los usuarios valencianos. El convenio contempla que en el supuesto de ceder agua de estas reservas,» se debería indemnizar económicamente, caso que no ha sucedido hasta el momento y por ello el ayuntamiento de Albacete debe más de un millón de euros a la Unió Sindical d’Usuaris del Xúquer».

El Bloc propone un acuerdo entre promotores

 y familias para alquilar viviendas

Los dirigentes del BLOC han iniciado conversaciones con promotores y constructores para que las viviendas   que no tienen salida, a causa de la crisis económica, puedan ser alquiladas, a bajo precio, a las familias con escasos recursos económicos.

La edil de Sueca, Dolors Pérez explicó que los ayuntamientos «podrían gestionar la solicitud de las viviendas mientras llegan las ayudas», fórmula ésta que «facilitaría a los promotores la salida de las viviendas vacías».

Pérez aprovechó la ocasión para denunciar «la grave situación de las comunicaciones de la Ribera» tras necesitar «más de media hora» para realizar el recorrido entre Sueca y Alzira. 

Barreda culpa a Cospedal y la líder del PP le exige que dimita en un pleno tenso a cara de perro

Los socialistas aprobaron en las Cortes la retirada del Estatuto de Castilla-La Mancha

Cuenca Hidrográfica del Júcar: 28.000 hectáreas en la zona regable del canal de Albacete; 12.780 hectáreas en la zona regable de La Manchuela conquense; 800 hectáreas en la zona regable de la vega del Picazo;

Cuenca Hidrográfica del Guadiana: 3.200 hectáreas en la zona regable de la margen derecha de la Torre de Abraham.

Cuenca Hidrográfica del Tajo: 1.567 hectáreas en Illana-Leganiel; 2.000 hectáreas de regadío en la zona del Tajuña.

Cuenca Hidrográfica del Segura: 823 hectáreas de la ampliación de la zona regable de Hellín y las zonas regables de alta cabecera del Segura, 4.000 hectáreas.

Barreda aseguró que el objetivo del Gobierno que preside es «garantizar el agua para seguir consolidando y transformando las zonas regables de la Región», mencionando la zona regable de Cogolludo (Guadalajara); la de Fuenteálamo, Albatana, Hellín, Tobarra, Balazote-La Herrera (Albacete); la del estrecho de Peñarroya, de la Torre de Abraham (Ciudad Real) o los regadíos de Barajas de Melo, en la zona del río Calvache, o los de Priego (Cuenca).

Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron este lunes, con los 26 votos socialistas a favor y los 20 populares en contra, una resolución en la que se solicita la retirada de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de esta comunidad que tramitaba el Congreso de los Diputados.

La pugna política entre PP y PSOE, a un año vista de las elecciones locales, ha condenado al nuevo Estatuto y lo ha devuelto al cajón. Una decisión de retirar el texto que se tomó una semana después de que el PSOE y el PP no se pusieran de acuerdo en la Comisión Constitucional del Congreso a la hora de fijar los derechos y necesidades de agua de Castilla-La Mancha.

La ausencia de consenso entre el PSOE y el PP echa por tierra el trabajo de los tres últimos años, pero también está siendo aprovechada por los dos partidos para hacerse todo el daño posible.

La negativa del PP castellano-manchego de sumarse a la propuesta del PSOE de establecer una «reserva estratégica» de agua de 4.000 hectómetros cúbicos para Castilla-La Mancha en el nuevo Estatuto ya frustrado ha servido a los socialistas para arremeter con dureza contra María Dolores de Cospedal, presidenta regional del PP y secretaria general de este partido.

El presidente de las Cortes, Francisco Pardo, anunció tras la votación que informará inmediatamente de esta decisión tanto al Congreso de los Diputados como al Senado. Se convierte así en el segundo estatuto de los denominados de ‘segunda generación’, tras el de Canarias, que regresa a su comunidad autónoma sin haberse aprobado, sin contar el denominado ‘Plan Ibarretxe’, que no llegó a tomarse en consideración.

Fin de trayecto

Termina también de esta forma el periplo de un texto cuyo origen se remonta a octubre de 2005 con el denominado Acuerdo de Fuensalida firmado entonces entre Barreda y el que fuera presidente regional del PP, José Manuel Molina, y en el que se recogía la voluntad de ambas partes de poner en marcha la reforma estatutaria en la región.

Tras numerosos trabajos del grupo de ponentes, socialistas y ‘populares’ se pusieron de acuerdo sobre un texto que fue aprobado por unanimidad en las Cortes regionales en febrero de 2007, donde se recogía la cuestión más polémica del texto, la caducidad del trasvase Tajo-Segura en el año 2015.

La reforma entró posteriormente en el Congreso de los Diputados donde fue tomada en consideración en octubre de 2008. A partir de ese momento, comenzó un proceso de negociación entre los diputados nacionales ponentes, que llevó a ir proponiendo la modificación de su articulado a través de las enmiendas, cuyo plazo de presentación se alargó en numerosas ocasiones.

Dos horas

El debate sobre la retirada del texto se prolongó por espacio de dos horas y en el mismo intervinieron tanto Barreda como Cospedal, que protagonizaron un intenso ‘cara a cara’ parlamentario con ovaciones y abucheos desde las bancadas tanto de socialistas como de ‘populares’, y algunas llamadas al orden por parte del presidente de las Cortes. El presidente manchego, el socialista José María Barreda, repitió este lunes el argumento que su partido viene utilizando desde hace tiempo: «Cospedal vive en una contradicción con sus dos cargos porque en Toledo dice una cosa y en Madrid otra».

«Cospedal, en vez de defender a nuestros empresarios, a nuestros agricultores y ganaderos y a nuestra población ha defendido al presidente de Murcia, a los regantes murcianos y a sus campos de golf», indicó. Palabras a las que respondió Cospedal con la afirmación de que el PP también proponía otra fórmula de consenso en materia de agua en el nuevo estatuto, pero que «Barreda no quiere resolver el problema del agua sino vivir políticamente a su costa». «¿Qué es lo que han hecho en casi treinta años para resolver este problema?», se preguntó. «Nada», fue su respuesta.

Ganar en la Región

El nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, muerto oficialmente este lunes, ha servido de campo de batalla al PSOE y al PP. El primero trata de desgastar la imagen de Cospedal, que el año que viene podría arrebatar el Gobierno de Castilla-La Mancha al PSOE después de treinta años. El PP, por su parte, intenta evitar este posible desgaste y calcula qué efectos puede tener esta guerra del agua en una región que simboliza el poder socialista. En este sentido, los populares estiman que el debate sobre el agua y el nuevo Estatuto de Autonomía no es lo que más preocupa a los castellano-manchegos y en cambio asegura el voto fiel de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia.

En cuanto a las próximas elecciones generales, como en Valencia y Murcia hay más escaños en juego que en Castilla-La Mancha, el PP estaría dispuesto a sacrificar votos en la Región donde, por otro lado, ha cosechado éxitos en los últimos comicios.

En esta clave se interpreta lo dicho ayer por Barreda y Cospedal: el presidente del Ejecutivo acusó a la número dos del PP de tener un comportamiento «inspirado nada más que en hacer fracasar al Gobierno de esta Región, aunque eso signifique perjudicar a Castilla-La Mancha». Cospedal aseguró, por su parte, que «el PSOE ha convertido el clima político de la Región en una verdadera ciénaga repleta de mentiras» y que este partido ha gobernado durante «tres décadas de engaño, de mentira en mentira, de apelar al agua cuando las elecciones llegan y de meterse en el agua para tapar sus vergüenzas».

Víctimas políticas

Los resultados de las elecciones autonómicas de mayo de 2011 revelarán si la guerra del agua está viviéndose entre los ciudadanos con la misma intensidad y tensión que entre los partidos y si se cobra alguna víctima política.

Por eso, el debate, lejos de agotarse ayer, seguirá vivo. Barreda ya advirtió desde la tribuna que «la batalla continuará» y que elevará «el tono» de sus reivindicaciones, mientras que la presidenta del PP pidió la dimisión de Barreda, consideró la retirada su «fracaso personal» y anunció que su partido llevará en su programa electoral paras las elecciones autonómicas la aprobación del Estatuto.

¿POR QUÉ 4.000 HM3 DE AGUA?

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, explicó ayer que 4.000 hectómetros cúbicos es el volumen de agua que resulta, río a río, de la suma de las necesidades para los distintos usos de agua en cada cuenca, considerando el abastecimiento, el regadío, la industria y la energía y los caudales ecológicos de los ríos Tajo, Júcar, Segura, Guadiana, Guadalquivir, Ebro y Duero. Además, indicó que esa reserva de agua podría servir para garantizar la puesta en macha de nuevos proyectos de regadío:

Barreda anuncia un nuevo frente en la guerra del agua. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, abrió ayer la caja de los truenos y tras ver cómo el Pleno de las Cortes castellano-manchegas daba carpetazo al Estatuto -con los votos socialistas y, paradójicamente, el rechazo de los populares de De Cospedal-, avanzó que a partir de ahora, una vez que el texto sea retirado oficialmente del Congreso, su Gobierno planteará la batalla del agua «río a río, plan a plan, cuenca a cuenca y trasvase a trasvase».
Un guiño a la bancada socialista, a sus votantes, y a la mayoría de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, muchos de los cuales están convencidos de que el caudal que llega a Alicante y Murcia se malgasta. Las palabras del «derrotado» Barreda confirman el anuncio hecho por los regantes alicantinos la semana pasada nada más conocerse que el Estatuto no saldría adelante tras el voto negativo del PP en la Comisión Constitucional.
El fracaso de la vía política (reserva de 4.000 hm3 en el preámbulo del Estatuto) trasladará los intentos de blindar el agua del Tajo y del Júcar (en ambas cuencas tiene voz y voto el gobierno de Barreda) a los nuevos planes de cuenca de los ríos, donde el ejército de juristas y expertos contratados por Barreda pondrán toda la carne en el asador. Agricultores, empresarios y expertos del Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante advierten de que cualquier reserva hídrica en los planes de cuenca para suministrar agua del Tajo o del Júcar a comunidades como Castilla-La Mancha o Madrid tendría efectos letales para la llegada de caudales al Segura.
Por otro lado, el acuerdo del pleno castellano-manchego para reclamar la retirada del proyecto de Estatuto aprobado en 2007 se producía justo en el día en el que la reserva en los embalses de Entrepeñas y Buendía rozaba los 1.100 hm3, lo que genera un colchón de 860 hm3 trasvasables a Alicante y a Murcia. La mejor demostración del empeño que ha tenido siempre el gobierno de Castilla-La Mancha por cerrar el trasvase son los recursos contra la transferencia presentados trimestralmente desde hace 28 años, justo cuando Castilla-La Mancha se constituyó como autonomía.
Las Cortes de Castilla-La Mancha dieron ayer el paso definitivo para enterrar la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad treinta y nueve meses después de que ese mismo parlamento fuera el primero que impulsara una modificación estatutaria por unanimidad.
La asamblea regional solicitó, con los votos del PSOE y el rechazo del PP, la retirada de la reforma estatutaria, un asunto central en el sexenio de José María Barreda como presidente de la Comunidad y en los casi cuatro años de María Dolores de Cospedal (PP) como jefa de la oposición.
Fue el 20 de octubre de 2004, en su primer debate sobre el estado de la región como presidente, cuando Barreda propuso la reforma del Estatuto para que Castilla-La Mancha pudiera decidir en la gestión del agua, con su incorporación a las Confederaciones Hidrográficas y a la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura. El 31 de mayo de 2005, en el Día de Castilla-La Mancha, Barreda reclamó la constitución de una ponencia en las Cortes regionales para adaptar el Estatuto de la región al siglo XXI.
El 6 de octubre de ese mismo año, Barreda, el entonces presidente de PP de Castilla-La Mancha, José Manuel Molina; y Patrocino Gómez, en nombre del PSOE, suscribieron un manifiesto, conocido como Acuerdo de Fuensalida, en el que se sentaron las bases para la reforma. El primer borrador vio la luz en junio de 2006, coincidiendo con la elección de María Dolores de Cospedal como presidenta del Partido Popular en la región. El 26 octubre de 2006 se alcanzó un principio de acuerdo sobre la reforma. Así siguió hasta la semana pasada y, ayer, el Estatuto quedaba fulminado.

Cotino pide «justicia distributiva» y Blasco ve deriva socialista

El vicepresidente tercero del gobierno valenciano, Juan Cotino, acusó ayer a José María Barreda de engañar «a su electorado», al «igual» que la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, porque, en su opinión, hay «agua para todos si se reparte con justicia».
Cotino calificó de «mentira» y de «vergüenza» la argumentación expuesta por Barreda en las Cortes castellano-manchegas, porque a su juicio «hay agua para todos si se reparte con justicia distributiva».
Según el vicepresidente, Pajín «dio instrucciones para que los diputados socialistas votaran en contra del Tajo-Segura», y el PP ha hecho «exactamente la misma defensa del agua en Castilla-La Mancha y en la Comunidad, en favor del Tajo-Segura y del trasvase del Ebro». Cotino pidió, además, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero que «no mienta más a los alicantinos», porque, en su opinión, «si es posible que el agua del Ebro llegue a Barcelona, que también pueda llegar a Castellón, Valencia, Alicante y Murcia».
Por su parte, el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, manifestó que la retirada del Estatuto es un «fracaso» de José María Barreda y «un síntoma de la cuesta abajo generalizada del PSOE». A su juicio, según expuso en un comunicado, la «deriva» de los socialistas «está extendida por todos los rincones, empezando en la Moncloa y pasando por todas las comunidades autónomas». Según Blasco, el PSOE «se cerró en banda a la propuesta de negociación del PP y ahora opta por la retirada de un Estatuto».