El secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, mantuvo ayer un maratón de conversaciones y reuniones para afrontar el estado crítico que atraviesa el parque nacional de las Tablas de Daimiel. Conclusión: el Ministerio de Medio Ambiente acelerará las obras para poder trasvasar agua de forma efectiva desde el Tajo al parque, en la cuenca del Guadiana, para inundarlo y sofocar así el incendio subterráneo de turba que desde agosto corroe el paraje. El Gobierno admite que, en cualquier caso, el agua no llegará antes de enero.

El ministerio descarta usar hidroaviones para empapar el parque

Puxeu se mostró moderadamente optimista sobre el futuro del parque y negó que su degradación sea «irreversible». Así lo afirmó el director del espacio, Carlos Ruiz, en una reunión interna del patronato del parque a principios de 2007 en la que señaló que el incendio de la turba supone «un punto de no retorno en su conservación».

Tras analizar alternativas inviables como empapar el suelo mediante hidroaviones -la cantidad necesaria es tan elevada que la propuesta fue inmediatamente desechada-, el Gobierno ha decidido acelerar en todo lo posible las obras de la tubería de la llanura manchega y el recubrimiento de los tramos más permeables del río Cigüela. Con estas dos alternativas, prevé tener a principios de 2010 forma de enviar agua desde el Tajo al parque con pocas pérdidas.

En mayo pasado, Medio Ambiente aprobó un trasvase de 20 hectómetros cúbicos (cada uno equivale a un volumen como el del estadio Santiago Bernabéu) a través del Cigüela pero llegó menos de uno. La inmensa mayoría se infiltró por el camino.

Ahora, para sofocar el incendio de turba, hacen falta más de 15 hectómetros para inundar la zona de las turberas, situada en el extremo opuesto de la entrada del Cigüela. «En la próxima comisión de desembalse propondré un trasvase a las Tablas. Y espero que sea lo antes posible pero con rendimientos de más del 70% y eso espero que sea en enero», explicó Puxeu. El anuncio llegó 48 horas después de que EL PAÍS informara sobre el fuego de turbas en el corazón del parque.

El Ejecutivo completará también con una obra provisional los tramos que faltan de la tubería de la llanura manchega -prevista sólo para abastecimiento- y que están paralizados por la aparición de restos arqueológicos. El Gobierno considera que al utilizar una obra que no está terminada no necesita modificar la ley.

Puxeu consideró que «la bajada de las temperaturas juega a favor de las Tablas». Mientras tanto, «la opción es seguir compactando la turba».

El secretario de Estado explicó que el ministerio mantiene la política de compra de fincas adyacentes al parque. Y de los pozos que haya en ellas se lanzarán tuberías para mojar la turba.

Medio Ambiente ve con preocupación el deterioro del humedal, entre otras cosas, porque la Unesco está vigilante para retirarle la calificación de reserva de la biosfera a La Mancha Húmeda en 2011. Y lo peor que le podía pasar antes de ese examen era un incendio de turba.

Este carbón vegetal formado durante 300.000 años en ausencia de oxígeno está tan seco por falta de agua que pierde volumen y agrieta el terreno. Por esas grietas entra el aire que oxigena la turba y eleva la temperatura. A partir de cierto nivel de calentamiento las turberas entran en combustión. En 1986 ya ardió la turba en el parque nacional, pero fue por un incendio de rastrojos que pasó al subsuelo. Entonces había más agua que hoy para sofocarlo. El 26 de agosto pasado, el parque detectó el primer caso de autocombustión por la sequía, tras cuatro años sin agua.

El anuncio de trasvase previsiblemente generará rechazo en Murcia y Almería, la zona que vive y riega con agua de la cabecera del Tajo. El director general del Agua de Murcia, Miguel Ángel Ródenas, anunció que «las turberas se incendian de forma espontánea». «Es un fenómeno natural», dijo. «Inundar el parque es algo artificial», informa Servimedia.

Aunque los trasvases de emergencia logren inundar Daimiel el problema persistirá. Decenas de miles de pozos ilegales han hundido el nivel del acuífero 23, el que hasta los años 80 rebosaba en los Ojos del Guadiana. Y los efectos de esa sobreexplotación, que comenzó hace décadas, se notarán durante años.

El alcalde de Daimiel, José Díaz del Campo, afirmó ayer que «ha llegado el momento de actuar con todas las de la ley» y que el ministerio «no puede dilatar más su responsabilidad». Aunque la comunidad autónoma tiene competencias en Agricultura, el Gobierno es competente en agua y en el parque nacional. El Tribunal Constitucional falló en 2004 que los parques nacionales debían ser competencia autonómica. Uno de los pocos que queda por traspasara es el de las Tablas de Daimiel, debido a su mal estado.

Los ecologistas ven alarmados el fuego de turba. Miguel Ángel Soto, de la campaña de bosques de Greenpeace, advirtió de que cuando se habla de las emisiones de gases de efecto invernadero «no sólo hay que tener en cuenta las fábricas sino que por el abuso los humedales están pasando de ser sumideros de dióxido de carbono a emisores».

En el periódico Levante del 15 de septiembre de 2009 se recogía un artículo que, bajo el título de «Los nuevos dueños del Júcar» planteaba una de las cuestiones fundamentales que deben de resolverse dentro de la redacción del nuevo Plan de Cuenca del Júcar el próximo año 2010: la relativa a la distribución de derechos en todos los tramos del río. Simultáneamente, el portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha anunciaba su propuesta de acelerar la tramitación del Proyecto de Estatuto de Autonomía en las Cortes Generales, mediante la renuncia a que ni en su articulado ni en su preámbulo figurara la caducidad del Trasvase Tajo-Segura. ¿Qué está ocurriendo en el ámbito de los recursos hídricos que provoca estas reacciones y noticias? ¿Nos afectan en algo a los valencianos y especialmente a los alicantinos?
Es obvio que sí.
Muchas veces, entregados a discusiones locales y a reflexiones maximalistas, perdemos de vista las claves de los procesos de decisión que van a condicionar nuestro futuro. La cuestión es la siguiente: durante el año 2010 va a tener lugar la redacción y aprobación de los Planes de Cuenca de los ríos Júcar y Tajo, entre otros, y las determinaciones que en los mismos se fijen, van a ser claves en los aprovechamientos de sus recursos en el futuro.
Es lógico que los castellano-manchegos traten de influir en el aprovechamientos de los ríos que pasan o nacen sobre su territorio y que traten de maximizar los recursos disponibles para los mismos, con independencia de que esto lo traten de fijar en el Estatuto de Autonomía o, más hábilmente, en los Planes de Cuenca. Como sabemos, los ríos no son sistemas jurídicos estables y, a pesar de que existan derechos sobre los mismos desde tiempo inmemorial, su propia naturaleza hace que tanto los nuevos usuarios como los territorios por los que discurren traten de hacer valer cualquier derecho sobre sus aprovechamientos.
Es obvio que las Comunidades valenciana y murciana, situadas a la cola en el caso del Júcar y receptoras del río Tajo merced al trasvase, sean las más afectadas por estos posibles cambios de sistemas de aprovechamiento, por lo que, cuestiones como la delimitación definitiva de la demarcación del Júcar, con la inclusión o no de las zonas costeras de Alicante, o la determinación de las zonas regables con derechos en los nuevos regadíos de la demarcación del Segura, sean claves en esta discusión.
Lo cierto es que estas cuestiones están siendo tratadas desde un enfoque fundamentalmente político (el «agua para todos») o económico (destacando la alta rentabilidad comparativa del regadío en las zonas costeras en relación con el de Castilla La Mancha), que, con independencia de su mayor o menor certeza, difícilmente pueden ser aceptados por otros territorios.
La explicación es elemental, esos mayores rendimientos se dan en las zonas costeras benefician a los regantes de dichas zonas y, aunque esos mismos rendimientos sean inferiores en Castilla La Mancha, a quienes benefician son a sus propios regantes castellano-manchegos.
Esta situación hace que se tenga que argumentar con mucha mayor consistencia la defensa de los derechos de las zonas costeras que lo que se ha hecho hasta ahora si se pretende que, a escala nacional, se reconozca el valor de nuestras producciones como de interés para toda la nación. Y desde luego, esa batalla debe ganarse con transparencia en la información, como así lo ha entendido la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental que permite conocer sus actuaciones en su página web, mientras que en nuestro territorio apenas se dispone de información detallada de la extensión de nuestros regadíos, las inversiones de mejora realizadas, los ahorros de agua o los Presupuestos de las Comunidades de Regantes. ¿De qué se tiene miedo?

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través del Presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias SEIASA de la Meseta Sur, Francisco Rodríguez Mulero y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de su Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luís Martínez Guijarro, han firmado hoy un Protocolo de colaboración para la financiación y ejecución entre ambas administraciones y junto con los regantes, de futuras obras de modernización de regadíos que serán contempladas en el marco de la nueva Estrategia Nacional para la modernización sostenible de los Regadíos Horizonte 2015.

Ambas administraciones han manifestado su máxima disposición para cooperar en la financiación conjunta de los proyectos, lo que permitirá reforzar y dar un mayor alcance al desarrollo de inversiones que completen las acciones ejecutadas hasta la fecha.

Las actuaciones en materia de modernización y consolidación de regadíos que se lleven a cabo en base a este acuerdo deberán haber sido declaradas como obras de interés general por parte del Gobierno de España.

Con la modernización de las instalaciones se pretende mejorar la utilización de agua en calidad y cantidad, consiguiendo una optimización del riego y la reducción del consumo y costes en las explotaciones.

Las futuras infraestructuras contribuirán además a evitar la contaminación de acuíferos por nitratos al disminuir la cantidad de fertilizantes aplicados por una distribución controlada del abono a través del agua de riego.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de SEIASA de la Meseta Sur, ha acometido ya obras de modernización de regadíos por valor de 45,6 millones de euros en Castilla-La Mancha, modernizando una superficie de 6.422 hectáreas y beneficiando a más de 1.782 regantes. Estas actuaciones permiten un ahorro de agua estimado en 6 Hm3 al año.

El vicepresidente tercero del Consell y Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino ha informado, esta mañana, que su departamento ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar un aporte de caudales superficiales desde las cuencas del Xúquer y del Turia hacia la Albufera.

Estas declaraciones las ha realizado el Vicepresidente tercero tras la reunión de expertos de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en la que se han analizado los principales temas de interés medioambientales, urbanísticos, de vivienda y, especialmente, hídricos.

“El objetivo de esta medida –ha explicado Cotino- es posibilitar la renovación de las aguas evitando que queden estancadas. Las intensas lluvias del pasado mes de septiembre han provocado la inundación de los campos lo que favorece que la paja del arroz inicie un proceso de descomposición que provoca el deterioro de la calidad hídrica de la Albufera”.

Hay que recordar que desde 2008 se ha hecho efectiva la aplicación del compromiso de no quemar los rastrojos de paja tras la recopilación del cereal en medida del cumplimiento de la Medida Agroambiental del Cultivo sostenible del arroz.

De esta manera, tras quedar inundados los campos de arroz, y en especial después de las intensas precipitaciones, la descomposición de los rastrojos que quedan sumergidos da lugar al deterioro de la calidad de las aguas que ocasiona graves molestias en las poblaciones del entorno por los malos olores y provoca episodios de mortandad de peces en las zonas donde el agua queda estancada.

“Para evitar esta situación, la solución pasa por recibir más agua de las acequias que vierten a la Albufera y así se lo hemos solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar”, ha manifestado el Vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Otras medidas

Igualmente desde la Conselleria de Medio Ambiente se ha instado a las entidades agrarias correspondientes a que inicien los trabajos de fangueo y roturación de los campos de arroz. El objetivo de esta medida es favorecer la incorporación de los restos vegetales en el suelo y acelerar así su mineralización.

Asimismo –ha asegurado el Vicepresidente Juan Cotino- se han iniciado las acciones necesarias para garantizar la salida del agua hacia el mar, a través de las diferentes golas, y favorecer la recirculación de las aguas mediante la puesta en marcha de motores agrícolas, evitando así la retención de las aguas y su deterioro al quedar estancadas.

Los embalses de la cuenca del río Júcar están al 29,8 por ciento de su capacidad total, lo que supone 994 hectómetros cúbicos según un informe hecho público hoy por la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Además, la reserva ha aumentado en 8,8 puntos respecto al mismo periodo de 2008, cuando los embalses se situaban al 21 por ciento de su capacidad total.

Los embalses del Júcar disponen de un 9,5 por ciento más de agua que la media de los últimos cinco años y un 9,9 por ciento más que en la media de los últimos diez años.

Hace un año, las reservas hídricas almacenaban 703 hectómetros cúbicos y ahora son 994, es decir un 41,4% más.

Nuevo varapalo, esta vez judicial, a la construcción de la macrourbanización de la Losilla. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número de 2 de Albacete ha anulado el plan de reparcelación aprobado por el Ayuntamiento de Chinchilla por considerar que no están garantizados los recursos hídricos para la construcción de esta macrourbanización. Lo que anula el juzgado es la resolución de alcaldía, aprobada el 27 de noviembre del 2007, en la que se aprobaba definitivamente el proyecto de reparcelación del área de reparto número 1 (APR-1, La Losilla) del Plan de Ordenación Municipal de Chinchilla, tras la denuncia interpuesta por Izquierda Unida en abril del 2008.

La Comisión Provincial de Urbanismo emitió en febrero del 2006 el informe favorable al plan de la Losilla, aunque lo condicionó a la resolución de varios factores, entre ellos a que contara con un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el que se expresara claramente si existían recursos hídricos suficientes para atender las necesidades de una macrourbanización de más de 1.800 chalés.

Pero según la resolución judicial, el Ayuntamiento de Chinchilla desoyó los requerimientos de la Comisión Provincial de Urbanismo y aprobó en el pleno municipal el 30 de mayo del 2006 el Plan de Actuación Urbanizadora (PAU) con los votos del equipo de gobierno socialista y del PP en la oposición «ignorando la existencia de recursos hídricos suficientes para garantizar el abastecimiento a todo el área de reparto». Entonces el Ayuntamiento aportó una escritura con una opción de compra de la Finca de la Morena con dos pozos que aseguraban que garantizarían el suministro de agua, «obviando de manera incomprensible la condición que para tal aprobación le venía impuesta de manera vinculante».

En la sentencia, el juez incluso se muestra irritado con el Ayuntamiento porque «a pesar de los intentos por sostener lo contrario no existe hasta la fecha ningún informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar dando cumplimiento a lo interesado por la Comisión Provincial de Urbanismo». Explica además que el único informe que se presenta por parte del Ayuntamiento chinchillano es uno del 12 de abril del 2007 en el que la Confederación asegura que no se puede pronunciar sobre la existencia de recursos hídricos para La Losilla porque los pozos de la Finca de la Morena pertenecían al término municipal de Albacete y no al de Chinchilla.

Ilegalidad de todo el PAU

Lo que anula el juez es el decreto del Ayuntamiento que aprueba definitivamente el proyecto de reparcelación pero considera que toda la aprobación del PAU debe ser considerada nula, ya que no se habían solventado los problemas remarcados por la Comisión Provincial de Urbanismo.

Para ello, como reconoce que no tiene competencias para hacerlo, plantea elevar, cuando la actual resolución sea firme, una cuestión de ilegalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para que se declare la nulidad de todo el PAU.

Izquierda Unida se opuso desde el principio a la construcción de La Losilla «porque suponía una modificación encubierta de Plan de Ordenación Municipal de Albacete», tal y como recordó ayer durante la valoración de la sentencia la portavoz izquierdista en el Ayuntamiento de Albacete, Rosario Gualda.

La edil de IU recordó que en un principio el Ayuntamiento de Albacete también se opuso a la construcción de esta macrourbanización «por los graves perjuicios que tendría para la ciudad» en la fase de consulta interadministrativa que era obligatoria ya que La Losilla se ubicaba en el límite con el término municipal de Albacete, pero poco a poco esa oposición desaparición según IU porque la urbanización «estaba amparada e impulsada» por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por el entonces consejero de Urbanismo, Alejandro Gil «y financiada por CCM, que por actuaciones como esta fue intervenida por el Banco de España», aseguró el coordinador provincial de IU.

Esta urbanización supondría triplicar la población de Chinchilla que sumaría más de 7.000 nuevos vecinos a los apenas 2.300 habitantes con que contaba cuando se inició su tramitación allá por el 2003.

La portavoz izquierdista en el Ayuntamiento de Albacete recordó que su formación siempre había considerado La Losilla como un «pelotazo urbanístico» porque «se había ahí para evitar la construcción de viviendas de protección oficial» (la normativa regional sólo obligaba a construirlas en localidades mayores de 10.000 habitantes).

Amparado por la Junta

El coordinador provincial de la formación izquierdista mostró ayer «una doble satisfacción» tras conocer la sentencia porque se «ha conseguido frenar el modelo de desarrollo impulsado por la Junta que busca beneficiar a unos pocos promotores, aunque sea a costa de perjudicar al medio ambiente» por un lado y por otro «que conseguimos que se cumplan las leyes».

Aguilar anunció que su formación estudiará en los próximos días si inicia un proceso para pedir responsabilidades de tipo político y penal «por una supuesta prevaricación, ya que se aprobó el proyecto a sabiendas de que no había recursos hídricos».

Se da la circunstancia de que el proyecto se encuentra paralizado por la actual situación económica ya que, como admitió uno de los promotores, Sebastián Moreno, a este diario hacía falta un crédito de 60 millones de euros para llevarla a cabo y no encontraban una entidad que lo financiara.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ya rechazó en marzo del 2009 el recurso presentado por IU a todo el PAU «por defectos de forma, sin entrar al fondo del asunto».

La sentencia ha provocado «sorpresa y extrañeza en el Ayuntamiento de Chinchilla» que recuerda que la Confederación Hidrográfica del Júcar ya ha tramitado el cambio de uso del agua, de uso agrícola a uso residencial, de unos derechos que tenía el agente urbanizador.

Así lo explicó ayer a este diario el concejal de Urbanismo chinchillano que aseguró que la resolución incluso está publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 12 de agosto de este mismo año. Ballesteros aclaró que lo que se ha hecho es un cambio de uso de las aguas cuyos derechos ostentaba el agente urbanizador por 985.000 metros cúbicos de agua, «aunque para La Losilla sólo harían falta 655.000». Además, recordó que el agente urbanizador ha renunciado incluso al 15% que tiene que ceder al Estado.

«Alguien nos tendrá que explicar esto», argumentó Ballesteros que aseguró estar «muy tranquilo» porque «desde el principio hemos actuado con mucho rigor».

La queja no es nueva, ni mucho menos, aunque cada vez se escucha con más fuerza. El sector agrario asegura que no puede hacer frente a los elevados costes de producción, especialmente a la factura eléctrica de riegos que se ha disparado en los últimos tiempos.

«El problema ya no es que llueva o no, que dispongamos de más o menos agua. Ya no podemos extraerla al coste que nos supone», se lamenta el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental.

De hecho a la hora de elaborar el mapa de cultivos hoy por hoy las condiciones climatológicas han dejado de ser decisivas frente a los costes de producción que se han convertido en un factor clave para decidir qué se cultiva y qué deja de cultivarse. La situación es tal, que según relata Francisco Belmonte, este año los riegos se han visto reducidos drásticamente en la Mancha Oriental. Así a la reducción que se autoimpusieron de un 5% en el Plan de Explotación correspondiente al año pasado, los agricultores han sumado otra mucho mayor.

Ahorro

«Globalmente hemos ahorrado más de un 25% de agua», señala Belmonte añadiendo que los agricultores de la Mancha Oriental han optado, para reducir gastos, por regar por debajo de las recomendaciones que les han hecho desde el Servicio Integral de Asesoramiento al Regante (SIAR).

De cara al nuevo Plan de Explotación, que aprobarán en la asamblea que celebrarán el próximo sábado día 17 de octubre, Belmonte afirma que no se plantean ninguna restricción. ¿Los motivos?

«Hay más agua en los embalses y el acuífero está igual o mejor», argumenta el responsable de los regantes de la Mancha Oriental sin olvidar que los costes de producción por si solos ya obligan a cada uno de los agricultores a apretarse de forma drástica el cinturón y a reducir cualquier aporte de agua que puedan evitar.

Los principales objetivos de este real decreto, propuesto por el MARM, son prevenir o limitar la contaminación de las aguas subterráneas y establecer los criterios y procedimientos para evaluar su estado químico.
Mediante este real decreto se incorpora la Directiva 2006/188/CE sobre protección de aguas subterráneas, así como algunos apartados relativos a su estado químico del Anexo V de la Directiva Marco del Agua.
El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión de hoy, el Real Decreto por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. Las aguas subterráneas en España constituyen un recurso natural dotado de un significativo valor estratégico, cuya protección reviste especial interés para el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos de ellas dependientes y para el abastecimiento de agua potable.
Este real decreto, propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), tiene como principales objetivos prevenir o limitar la contaminación de las aguas subterráneas y establecer los criterios y los procedimientos para evaluar su estado químico. España cuenta con 699 masas de agua subterránea.
En ese sentido, el real decreto establece criterios y medidas específicos para prevenir y controlar la contaminación de las aguas subterráneas, entre los que se incluyen los siguientes:

– Criterios y procedimiento para evaluar el estado químico de las aguas subterráneas y para el establecimiento de valores de umbral.

– Criterios para determinar toda tendencia significativa y sostenida al aumento de las concentraciones de los contaminantes, grupos de contaminantes o indicadores de contaminación detectados en masas de agua subterránea y para definir los puntos de partida de las inversiones de tendencia

– Medidas destinadas a prevenir o limitar las entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua.

Mediante este real decreto se incorpora al Derecho español la Directiva 2006/118/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. Asimismo, se incorporan los apartados 2.3, 2.4 y 2.5 del anexo V de la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario en el ámbito de la política de aguas.

La Comunitat Valenciana es la primera autonomía con más superficie de regadío en relación con la SAU (superficie agraria utilizada), con un 41,7 por ciento, seguida por País Vasco (40,3 por ciento); y la Región de Murcia (37,1 por ciento).

   A continuación, se sitúa Canarias (32,6 por ciento), Cataluña (23,9 por ciento), Andalucía (19,6 por ciento), Aragón (18,2 por ciento), Navarra (14,3 por ciento), y La Rioja (14,3 por ciento).

   Por contra, Cantabria es la comunidad autónoma con menor superficie de regadío en relación a la SAU en la región, el 0,1 por ciento del total, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

   Según dicho informe, consultado por Europa Press, a continuación se sitúa Asturias (1,1 por ciento) y en tercer y cuarto lugar, aunque con bastante mayor porcentaje, si bien por debajo de la media de España (13,6 por ciento), están Baleares (6,2 por ciento) y Extremadura (6,6 por ciento).

   También por debajo de la media nacional se encuentran Madrid (7,2 por ciento); Castilla y León (8,4 por ciento); y Castilla-La Mancha (10,6 por ciento).

   Atendiendo a la superficie total nacional, el primer puesto en cuanto al uso de agua de regadío lo ocupa Andalucía (23,8 por ciento); seguida de Aragón (14,2 por ciento); Castilla y León (13,5 por ciento); y Castilla-La Mancha (10,9 por ciento), situándose a continuación la Comunitat Valenciana (9,8 por ciento).

   Según los datos del INE, en el año 2006 la superficie dedicada al regadío en España ascendió a 3.278.906 hectáreas, lo que supone el 13,6 por ciento de la superficie agraria utilizada, y el 7 por ciento de la superficie nacional.

   Por tipo de cultivo, los herbáceos acaparan el 44,7 por ciento del total. En cuanto a técnicas, el que se realiza por gravedad es el menos sostenible y concentra el 45,2 por ciento del total.

A pesar del seco verano que ha sufrido la provincia, Albacete acaba de cerrar uno de sus mejores años hidrológicos. De hecho en este ejercicio, que abarca desde el 1 de octubre de 2008 al 30 de septiembre de 2009, se han registrado un 11% más de precipitaciones que en la media histórica de prácticamente las últimas tres décadas.

La media de lluvias computada en la provincia entre los años hidrológicos que abarcan el periodo de 1980 a 2008 se sitúa en 347,9 litros por metro cuadrado. En este último año hidrológico la estación agroclimática ubicada en Albacete ha registrado un total de 387,10 litros por metro cuadrado.

«Ha sido un año hidrológico normal, aunque es cierto que el verano ha sido muy largo y muy seco. Algo que aquí también es bastante habitual», explica el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte.

Distribución

De hecho durante los meses de junio, julio y agosto, en Albacete sólo cayeron 9,7 litros por metro cuadrado. Por el contrario los meses más lluviosos fueron octubre de 2008 con 94,8 litros por metro cuadrado, y marzo de 2009 con un total de 78 litros por metro cuadrado.

Y es que el año hidrológico que acaba de concluir ha sido el tercero más lluvioso en lo que va de siglo. Tan sólo en 2003-2004 y en 2001-2002 se registraron más precipitaciones, con 462,8 y 426,4 litros por metro cuadrado respectivamente.

Por comarcas, según los datos del Centro Regional de Estudios del Agua, durante el último año hidrológico han sido las zonas de Hellín, con 401,4 litros por metro cuadrado, y Almansa, con 400,2 litros, donde más agua ha caído.

Más secas

En el extremo contrario se han situado las comarcas de Villarrobledo y Ontur, donde los cielos descargaron las menores cantidades de lluvia de toda la provincia. Así en Villarrobledo las precipitaciones registradas fueron de 287 litros por metro cuadrado, y en Ontur de 299,4 litros.

En el resto de comarcas los datos son bastante uniformes. En este sentido en la estación agroclimática de Tarazona de La Mancha se contabilizaron entre octubre de 2008 y septiembre de 2009 un total de 357,2 litros por metro cuadrado.

En el caso de Pozo Cañada las precipitaciones alcanzaron los 381 litros por metro cuadrado, mientras que en La Gineta cayeron 335,6 litros. En la comarca de Motilleja las lluvias registraron los 357 litros por metro cuadrado, y en la zona de Caudete los 378 litros por metro cuadrado.

LOS DATOS

Precipitación media registrada en el año hidrológico entre 1980 y 2008 en Albacete: 347,9 litros por metro cuadrado.

En el último año hidrológico (octubre 2008- septiembre 2009): 387,10 litros por metro cuadrado.

Años más lluviosos: 2003-2004 con 462,8 litros por metro cuadrado y 2001-2002 con 426,4 litros.

Meses más lluviosos en Albacete en el pasado ejercicio hidrológico: Octubre de 2008 con 94,8 litros por metro cuadrado y marzo de 2009 con 78 litros.

Meses menos lluviosos en Albacete en el pasado ejercicio hidrológico: Julio, agosto, y junio, con cero litros, 2,10 litros y 7,6 litros por metro cuadrado respectivamente.

Comarcas más lluviosas en el pasado ejercicio hidrológico: Hellín, con 401,4 litros por metro cuadrado, y Almansa, con 400,2 litros por metro cuadrado.

Comarcas menos lluviosas en el pasado ejercicio hidrológico: Villarrobledo, con 287 litros por metro cuadrado, y Ontur, con 299,4 litros por metro cuadrado.

ue el año hidrológico que acaba de cerrarse ha sido bueno. El estado de los embalses de las cuencas del Júcar y del Segura que afectan a la provincia de Albacete también lo corroboran.

Así, a finales de septiembre el Alarcón tenía embalsados 208,26 hectómetros cúbicos, es decir el 18,63% de su capacidad. El año pasado en el mismo periodo se encontraba al 8,81% de su capacidad con 98,54 hectómetros embalsados. En el caso de Contreras cuenta con 184,24 hectómetros, un 21,61%, mientras que el año pasado disponía de 112,36 hectómetros, es decir un 13,18% de su capacidad.

En cuanto al Segura, en el embalse de Fuensanta a finales de septiembre las reservas eran de 11,9 hectómetros, un 6% de su capacidad, mientras que en 2008 contaba con 7,7 hectómetros lo que suponía un 4% de su capacidad. El pantano del Talave acumula este año 7,2 hectómetros, un 21% frente a los 4,5 hectómetros del año anterior. En el caso del Cenajo se encuentra al 34% de su capacidad mientras que el año pasado estaba sólo al 10%.