Antes de 2015, todos y cada uno de los acuíferos subterráneos de la provincia de Albacete y, en general, de toda España, deberán tener en vigor un plan para la prevención y/o reducción de la contaminación, y acreditar un buen estado químico, especialmente en lo tocante a los niveles de presticidas y de nitratos.
Este será el propósito básico del proyecto de Real Decreto sobre protección de aguas subterráneas que el el Ministerio de Medio Ambiente presentó, el pasado lunes, ante el Consejo Nacional del Agua que, en realidad, es la aplicación o transposición de la Directiva 2006/118/CE de la UE, sobre protección de las aguas subterráneas contra la contaminación.
En Albacete, esta Directiva tendrá un gran impacto, porque buena parte de su suministro de aguas, tanto para el consumo humano como para el uso agrícola o industrial, dependen de los acuóferos subterráneos.
La zona centro y nordeste de la provincia forma parte de uno de los mayores acuíferos subterráneos de Europa, la unidad hidrogeológica 08.29 o acuífero de la Mancha Oriental.
Este acuífero tiene unos 7.500 kilómetros de extensión, y dos terrcios del mismo corresponden a la provincia de Albacete. En la actualidad, se subdivide en tres niveles, que son Mioceno (el más superficial), Cretácico y Jurásico.
De este acuífero, dependen el regadío de la provincia de Albacete, uno de los pilares de su economía, y el abastecimiento a numerosos núcleos del centro y nordeste. Hasta hace bien poco, entre ellos estaban los casi 170.000 habitantes de la capital provincial, que aún cuenta con una red de pozos para casos de emergencia en el suministro de aguas.
Hacia el Sur, la situación se torna mucho más compleja. Enesa zona, hay muchos pequeños acuíferos, que en algunos casos saltan los límites, no siempre precisos, entre unas cuencas y otras.
Por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Segura tiene identificados hasta medio centenar de estos acuíferos subterráneos, como parte del proceso de revisión de su Plan Hidrológico de Cuenca.
Estos acuíferos se verán afectados, en breve, por la Directiva Marco de Aguas Subterráneas (DMAS). Se promulgó en 2006, y marca estándares de calidad del agua y para prevenir o limitar la entrada de sustancias contaminantes en las aguas subterráneas.
Para ello, define criterios de calidad generales y, a partir de ellos, los estados miembros deberán establecer los estándares más adecuados para sus masas subterráneas de agua, teniendo en cuenta las condiciones locales.
El problema es que, en esto, como en muchas otras cosas relacionadas con el agua, España lleva un retraso considerable. Por ejemplo, los estándares básicos de calidad debíanestar establecidos a finales de 2008. Y estamos en 2009.
Definir estos parámetros, así como muchos otros requerimientos establecidos en la DMASes el objetivo del borrador de Real Decreto que se vio en el Consejo Nacional del Agua. Un borrador que, por el momento, ha pasado totalmente desapercibido.    

La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) ha mostrado su «preocupación» por la intención del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de aprobar una demarcación hidrográfica del Júcar «que no excluye de su ámbito todas las cuencas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana», un hecho que contraviene lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Supremo de 2004 y cuyo cumplimiento insisten en reivindicar desde la entidad.

La JCRMO ha mantenido esta semana un encuentro con el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, al que le han trasladado, como usuarios, su «desconfianza» por la gestión del agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar, debido al «incumplimiento sistemático» de los acuerdos contenidos en el Plan Hidrológico del año 1997.

A juicio de los regantes albaceteños, «el convenio de Alarcón no permite que, de forma pacífica, se realice la gestión unitaria de todo el sistema Júcar», y de cara al nuevo Plan Hidrológico que se está debatiendo, cuyo principal escollo para su aprobación es la demarcación territorial, la JCRMO propone que, mientras este asunto «se soluciona en los tribunales», se siga avanzando en el desarrollo de la futura planificación respetando «cada cuenca por separado».

Y es que, según recordó el secretario de la entidad albaceteña, Herminio Molina, la nueva demarcación «ya ha suscitado la oposición de cuatro comunidades autónomas: Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha», por lo que a su juicio «va a ser imposible llegar a un consenso, de forma que el tema acabará en los tribunales».

Abastecimiento

Por esa razón, explicó que «si se hace un Plan Hidrológico con un estudio de cada cuenca perfectamente definida, si una se desgaja porque se resulve que no entra en la demarcación, esta situación no afectaría a las demás», entendiendo como cuenca, por ejemplo, la de la Albufera de Valencia, que se ha abastecido del Júcar, al igual que la capital valenciana, sin que ello se considerase un trasvase.

«En el Plan de 1997 se admitía la posibilidad de efectuar trasvases desde las cuencas hidrográficas excendentarias, concretamente el Júcar, para el Turia, Palancia, Vinalopó y la propia Albufera, con unas normas de explotación que garantizaran los usos preferentes de la cuenca cedente», pero estas normas de explotación, según comentó la JCRMO, «no se han desarrollado», al igual que tampoco «se han podido otorgar las concesiones de la Mancha Oriental», ni se ha producido «la modernización de los regadíos tradicionales de Valencia ni se dispone de agua para la sustitución de bombeos».

Plazos

En cuanto a los plazos para la aprobación del nuevo Plan del Júcar, que según las directrices de la UE debería ser una realidad a finales de 2009, los representantes de la JCRMO señalaron que «van a ser imposibles de cumplir», entre otras razones porque «las cosas no se han estado haciendo de acuerdo a la sentencia de 2004». Así, explicaron que presumiblemente, hasta dentro de un año y medio o dos, no se resolverá este asunto.

«Se trata de hacer un Plan lo más adecuado posible que responda al interés general y al ordenamiento jurídico», subrayó Molina, añadiendo que lo más importante, más allá de los plazos, es «evitar inseguridades jurídicas» y que se cumpla luego con lo previsto en la planificación.

Hace algo más de cuatro meses, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental denunciaba la existencia de un borrador de la futura Demarcación Hidrográfica del Júcar que, simplemente, ignoraba la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2004.
Ayer, esta propuesta se hizo oficial durante la celebración del Consejo Nacional del Agua (CNA), presidido por la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa. Consta en el borrador de Real Decreto sobre el ámbito territorial de las Demarcaciones Hidrográficas.
En vez de segregar una decena de cuencas internas y hacer que las gestione la Comunidad Valenciana, tal y como marcan dicha sentencia y la propia Constitución, lo que se propone es, simplemente, segregar las esquinas superior e inferior del mapa y, en cuanto al resto de sistemas, dejarlo todo tal y como está.
De esta forma, al norte, el sistema Cenia pasaría a formar parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y, al sur, un pequeño grupo de sistemas, como el Alacantí, quedaría bajo el control de la Generalitat Valenciana, ya que se considerarían cuencas internas.
Al Júcar aún se le colgarían los grandes sistemas, esto es, el Turia, el Palancia y el Mijares. Sin embargo, aún queda partido por jugar, porque la propuesta no ha gustado a ninguna de las partes y, porque tal y como se cuidó de remarcar la ministra, Elena Espinosa, el CNA es un órgano consultivo, sin poder de decisión.
De hecho, sus primeras palabras ante los medios fueron para dejar bien claro que éste «es un consejo consultivo del Ministerio» por lo que «sus conclusiones no son vinculantes con la administración» pero tienen el valor de «intentar aunar y coordinar posturas» en torno al agua.
SENTENCIA INEXISTENTE. Las declaraciones de la ministra destacaron tanto por lo que se dijo como por lo que no se dijo, pues Espinosa pasó por alto, en sus declaraciones, toda alusión pública a la sentencia del Supremo que anuló la mayor parte de la distribución territorial del Júcar hace ya más de cuatro años.
Así, señaló que, dentro del orden del día iban «temas de transposición de directivas comunitarias» sobre aguas subterránea y «temas de carácter administrativo» como las demarcaciones, que si bien tienen carácter administrativo, tienen por detrás «los nuevos estatutos de autonomía» y «cambios que se han dado en las comunidades autónomas».
De hecho, vinculó los cambios en los estatutos de autonomía con los dos años que han pasado desde que se celebró la última sesión del CNA. «Tienen que pensar que, por el medio, se han constituido nuevas confederaciones hidrográficas y se han aprobado determinados estatutos -indicó- y pretendíamos que se aprobasen definitivamente para poder traer la normativa sobre demarcaciones porque, de lo contrario, tendríamos que modificarla prácticamente a los pocos meses de haber sido aprobada o consensuada».
Durante la sesión, el Ministerio presentó, tal y como se esperaba, su borrador de Real Decreto que, además de fijar la nueva Demarcación del Júcar, sus límites con el Segura y la exclusión de algunos sistemas menores, como el Cenia, también incluía cambios en otras cuencas, como la del Guadiana, con la transferencia a Andalucía de tres cuencas internas, en este caso, sin polémica.
CONSENSO AUSENTE. Pero el caso del Júcar, la voluntad de consenso de la ministra cayó en saco roto. Ya que, a la salida del Consejo Nacional del Agua, las posturas de la Generalitat Valenciana y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha seguían sin moverse ni un milímetro.
A los primeros, la propuesta les parecía excesiva: «No compartimos que se separe el Vinalopó de L’Alacantí» aseguró su consejero de Aguas, José Ramón García Antón, quien explicó que «son dos subsistemas que desde hace más de 100 años están viviendo conjuntamente la problemática del agua, compartiendo los acuíferos, las instalaciones, los sistemas de depuración, de reutilización que se pueden utilizar indistintamente en una zona u otra».
García Antón señaló que, si produjese esta segregación, habría infraestructuras que se quedarían «sin cobertura legal» ya que se quedarían a caballo de dos demarcaciones distintas. Sí se dijo a favor del cambio propuesto para el Río Cénia que pasaría de la Demarcación del Júcar a la Demarcación del Ebro, ya que lo consideró «conforme a lo previsto en la Directiva Marco del Agua» de la UE.
En cuanto a la postura de la delegación manchega, encabezada por el consejero Julián Sánchez Pingarrón, la misma quedó patente con su voto en contra a la propuesta del Ministerio. Fuentes de la Consejería de Ordenación del Territorio indicaban ayer que, para la Junta, las garantías que se dan para el cumplimiento de la sentencia del Supremo de 2004 son «insuficientes».
A juicio de los representantes manchego en el CNA, el borrador de Real Decreto no excluye de una manera efectiva todas las cuencas hidrográficas internas del Júcar, aun que dicha propuesta recoja expresamente que «la revisión de la Demarcación Hidrográfica del Júcar deberá respetar, en todo caso, lo resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004».    

La Junta de Castilla-La Mancha ha anunciado su intención de oponerse en el Consejo Nacional del Agua de hoy al proyecto del Gobierno que fija los límites de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, según recoge Europa Press. El Ejecutivo manchego pretende que quede claro que el Tribunal Supremo ha vetado el envío de agua del Júcar a otras cuencas, como la del Turia o el Vinalopó.

La decisión amenaza con recruceder la guerra del agua. El Consejo, órgano asesor del Ministerio Ambiente, es el primero que se celebra desde que Elena Espinosa sustituyó a Cristina Narbona al frente del Ministerio de Medio Ambiente. Está previsto que se presente el borrador del decreto que fija el ámbito de las demarcaciones hidrográficas (antiguas confederaciones).

La reunión supondrá una auténtica prueba de fuego para la política hídrica que ha impulsado Elena Espinosa de intentar separar el agua del terreno político, consciente del daño que ha supuesto para el PSOE en algunas comunidades autónomas.

Para ello ha suavizado las posiciones antitrasvasistas y buscado el consenso con la Generalitat y Murcia. Hoy todo el entramado puede saltar por los aires.

El documento que el Ejecutivo somete a la consideración de este órgano asesor, el primero que se celebra desde octubre de 2006, recoge expresamente que la Demarcación Hidrográfica del Júcar «deberá respetar» la sentencia del Tribunal Supremo de 2004 que anula los trasvases del Júcar al Turia y al Vinalopó en la revisión que aparecen en el Plan Hidrológico de Cuenca.

La garantía de Espinosa no parece suficiente para el Ejecutivo manchego que considera que el Gobierno está incumpliendo el ordenamiento jurídico.

Sentencia
La sentencia del Supremo ordena la gestión separada de los ríos que nacen fuera de la Comunitat y mueren en territorio valenciano (cuencas intercomunitarias) de los que sólo discurren por territorio autonómico (definidos como intracomunitarios). Los primeros (como el Júcar, el Segura y el Turia, entre otros) son competencia del Estado, mientras que los segundos, de la Generalitat.

Desde la Junta de Castilla-La Mancha consideran que la aplicación de la sentencia supone la prohibición expresa de llevar agua del Júcar al Vinalopó y al Turia y así debe aparecer reflejado claramente en el decreto que establecerá los límites de la Demarcación del Júcar.

De hecho, la Fundación para el Progreso de Albacete, impulsora del recurso que acabó en la sentencia del Supremo, ha anunciado que acudirá de nuevo a los tribunales si el Gobierno no recoge esta posición.

Castilla-La Mancha quiere, por ello, que el Gobierno lo deje bien claro en el decreto para contentar a los regantes de Albacete, directamente beneficiados, ya que verán aumentado el volumen del caudal disponible.

El Consell, por su lado, al igual que Murcia, acata la sentencia pero defiende la unidad de la gestión de la cuenca.

El Gobierno no lo tiene fácil. Mientras Castilla-La Mancha ya ha anunciado su oposición al decreto si no contempla la delimitación de cuencas, el Consell prefiere esperar a que sea el Ejecutivo el que dé el primer paso.

El departamento de Elena Espinosa tiene que encontrar una solución que contente a ambas partes, pero que garantice la llegada del agua al Vinalopó y al Turia. En caso contrario, se corre el riesgo de que se reabra la guerra del agua entre el Ejecutivo, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha. Una vuelta a los tiempos de Narbona.

Los ecologistas, por su lado, tampoco piensan poner las cosas fáciles al Ejecutivo. Han anunciado que en la reunión de hoy criticarán la política de hídrica de Espinosa, que califican como la más «nefasta» que se ha realizado desde 1992. Las diferentes asociaciones denuncian que en este año de gestión Espinosa únicamente se ha dedicado a «reabrir temas que estaban zanjados, como los trasvases» y a hacer una «política populista».

El borrador de real decreto de la nueva demarcación de la cuenca del Júcar, presentado ayer en el Consejo Nacional del Agua, no ha gustado nada a la Generalitat. El Gobierno valenciano, que se ha resistido a gestionar sus ríos internos a pesar de que lo prevé el Estatut y lo exige una sentencia desde 2004, manifestó su oposición a la delimitación propuesta por el Ministerio de Medio Ambiente y que quedará reflejada en el nuevo plan del Júcar, donde sólo se incluirán los cauces que atraviesan más de una autonomía.

El borrador asigna a la Generalitat los ríos costeros del norte de Castellón, como el Sèrvol, las cuencas del Serpis, de las dos Marinas y de L’Alacantí. El consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, rechazó que se separen los acuíferos de L’Alacantí de los del Vinalopó, que quedaría integrado en la cuenca del Júcar. La separación del Vinalopó dejaría el trasvase del Júcar fuera del ámbito de abastecimiento de L’Alacantí, a lo que se opone el Consell, que abogado por mantener al máximo la unidad de la cuenca del Júcar. García Antón auguró problemas de gestión en Las Marinas y en L’Alacantí. Sí vio razonable que el río Sénia, en el límite con Cataluña, pase a la cuenca del Ebro.

La Generalitat también critica su nueva representación en los órganos del Júcar, donde perderá peso frente a Castilla-La Mancha, aunque tendrá una mayoría relativa.

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino presentó ayer al Consejo Nacional del Agua el nuevo real decreto que modifica las demarcaciones hidrográficas. El texto, que ahora debe ser debatido en la Comisión Permanente de este organismo, provocó ayer el rechazo unánime de los representantes de Aragón, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana. La delimitación de las nuevas demarcaciones territoriales es un instrumento básico para la futura gestión del agua en España y viene obligada, en parte, por la normativa europea.
En la Comunitat esta exigencia se complica por una sentencia del Tribunal Supremo de 2004 que anuló algunos preceptos del Plan del Júcar sin que la Generalitat se personara en la causa. Ayer García Antón admitía que la nueva demarcación es una «respuesta» a la citada sentencia y cargaba contra el Gobierno por la división del actual sistema Vinalopó-Alacantí, recordando que ambos subsistemas mantienen conexiones desde hace más de 80 años.
Sin embargo, esta nueva demarcación territorial y en especial la entrega de L´Alacantí a la Generalitat, es una exigencia del Estatut de Autonomía . En ese sentido, no parece lógico reivindicar las competencias sobre los ríos valencianos y rechazarlas después cuando se reciben y las reacciones de la Generalitat ayer parecer estar dirigidas de nuevo a tensar la cuerda de las relaciones con el Gobierno.
Sin embargo, el decreto incluye, según la Generalitat Valenciana, un reparto en la composición del Consejo del Agua -responsable de la futura gestión del Júcar- donde se ha optado por primar con un 80% el peso del territorio y solo un 20% para la población, lo que incrementa la representación de Castilla-La Mancha en estos órganos. La Generalitat ha amenazado con recurrir la norma que tampoco gusta en Castilla-La Mancha.

En materia de aguas, casi todas las reuniones son cruciales y casi todas las negociaciones son de peso, pero algunas más que otras. Hoy es uno de esos días más que cruciales, con la celebración del primer Consejo Nacional del Agua (CNA) que debatirá una batería de cuestiones que cogen de lleno a los regantes y usuarios de la Mancha Oriental.
En el orden del día de la primera sesión del CNA que tiene lugar desde el relevo de la ministra Narbona por la actual titular, Elena Espinosa, están el borrador del Real Decreto sobre el ámbito territorial de las futuras demarcaciones hidrográficas, así como el del RD que regulará la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y su deterioro.
Ambas normas cogen de lleno a los cerca de 1.000 socios de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo) que usan las aguas del acuífero 18 para atender las necesidades de una superficie de 100.000 hectáreas en la que se encuentra, además de numerosas explotaciones de riego, la ciudad de Albacete, el principal núcleo de población de Castilla-La Mancha.
El ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas es una cuestión crucial desde octubre de 2004, cuando el Tribunal Supremo anuló con una sentencia la inclusión en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar de una decena de sistemas internos de la Comunidad Valenciana -y uno de Castilla-La Mancha- que, conforme a la Constitución, deben estar gestionados por las comunidades autónomas, no por el gobierno central.
Esta sentencia, dictada a instancias de un recurso de la Fundación para el Progreso de Albacete, obligaría a reducir, de forma significativa, el ámbito de la futura Demarcación Hidrográfica del Jñucar, la figura que, en aplicación de la Directiva Marco del Agua de la UE del año 2000, debería sustituir a las actuales confederaciones.

el gran escollo. Pero, además, este fallo o, mejor dicho, su aplicación, se ha convertido en el gran escollo para llegar a un acuerdo que permita desbloquear la revisión del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, que acumula un notable retraso.
La regulación del Real Decreto sobre las aguas subterráneas también cogerá de lleno a la Mancha Oriental porque, pese al programa de sustitución bombeos, esta zona sigue utilizando, en lo esencial, recursos hídricos que extrae del acuífero 18.
Pero, en el orden del día del CNA de hoy, habrá más borradores que no sólo afectarán a Albacete y Cuenca, sino a toda Castilla-La Mancha, y que afectan a puntos cruciales de la política de aguas defendida desde la administración regional como, por ejemplo, la composición de varios órganos.
Entre ellos, estará la composición del propio CNA, así como la composición de los Consejos del Agua de las diferentes demarcaciones hidrográficas intercomunitarias, entre las que se encuentran las más importantes para Castilla- La Mancha, como Tajo, Guadiana, Júcar o Segura, por poner algunos ejemplos significativos.
Por si fuesen pocas las novedades, en este Consejo Nacional del Agua, se verán muchas caras nuevas desde la última sesión, como la de la propia ministra, Elena Espinosa, la directora general del Agua del MARM, María Moren, o la directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Verónica Montero Robles.

la ley de aguas. De hecho, la última sesión del Consejo Nacional del Agua fue la reunión en la que la ex ministra Narbona presentó su propuesta para reformar la Ley de Aguas, que finalmente quedó aparcada para esta legislatura y que no está presente en el orden del día de hoy.
Al término del CNA, y ya por la tarde, está previsto que representantes del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino reciban en la sede del MARM a los miembros de la directiva de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental.    

La Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural está trabajando en una propuesta al Plan Nacional de Regadíos, que se denomina Plan de Sostenibilidad de los Regadíos castellano-manchegos cuyo objetivo fundamental, de cara a futuro, será reducir el consumo de agua en el regadío, mediante la modernización y la introducción de nuevas tecnologías.

De esta forma lo manifestó el director general de Mejora de Explotaciones Agrarias, Miguel Chillaron, en la inauguración de las Jornadas sobre uso eficiente del agua y la energía en el regadío, organizadas por el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), en colaboración con la Agencia de la Energía de Castilla-La Mancha y la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, que se han celebrado hoy en Cuenca.

El objetivo de la Consejería, como indicó, es “mantener el peso del regadío en la agricultura de la región que prácticamente llega al 50% de la producción final agraria”. Para ello, “queremos aumentar la eficiencia del riego y del uso del agua y trabajar de forma conjunta con las comunidades de regantes para que apuesten por unos cultivos menos consumidores o con una mayor tasa de productividad por metro cúbico de agua utilizada”.

Chillarón resaltó la importancia de realizar en el sector agrario un uso eficiente del agua y de la energía en los regadíos de la región “por la situación en la que nos encontramos” teniendo en cuenta que en el año 2008 ha finalizado el periodo de programación 2000-2006, a efectos de ejecución de obras, y también ha terminado el primer horizonte del Plan Nacional de Regadíos.

En este sentido, indicó que en Castilla-La Mancha en este periodo se han modernizado 130.000 hectáreas, lo que ha supuesto un ahorro estimado de 1.200 metros cúbicos por hectárea y año, lo que representaría unos 150 hectómetros cúbicos al año, “que en la región tenemos disponibles tanto para uso agrario, como para consolidar otras superficies agotadas y otros usos emergentes como pueden ser el abastecimiento a poblaciones o atender necesidades del desarrollo industrial”.

También se refirió a la importancia que se dará en este Plan al uso de las energías renovables en esta materia, en línea de lo que promueve la reforma de la PAC, “ya que pueden contribuir a mejorar la situación medioambiental” pues, como manifestó, “los regantes son grandes consumidores de energía, ya que los regadíos castellano-manchegos están basados sobre todo en aguas subterráneas necesitan bombas para las extracciones de agua”.

En palabras del director general, “ahora es fundamental la concienciación de todo el sector agrario para el uso eficiente del agua y de la energía, pues no solo es un derecho para todos, sino también un deber de hacerlo con responsabilidad”.

La Junta de Castilla-La Mancha ha anunciado su intención de oponerse en el Consejo Nacional del Agua de hoy al proyecto del Gobierno que fija los límites de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, según recoge Europa Press. El Ejecutivo manchego pretende que quede claro que el Tribunal Supremo ha vetado el envío de agua del Júcar a otras cuencas, como la del Turia o el Vinalopó.

La decisión amenaza con recruceder la guerra del agua. El Consejo, órgano asesor del Ministerio Ambiente, es el primero que se celebra desde que Elena Espinosa sustituyó a Cristina Narbona al frente del Ministerio de Medio Ambiente. Está previsto que se presente el borrador del decreto que fija el ámbito de las demarcaciones hidrográficas (antiguas confederaciones).

La reunión supondrá una auténtica prueba de fuego para la política hídrica que ha impulsado Elena Espinosa de intentar separar el agua del terreno político, consciente del daño que ha supuesto para el PSOE en algunas comunidades autónomas.

Para ello ha suavizado las posiciones antitrasvasistas y buscado el consenso con la Generalitat y Murcia. Hoy todo el entramado puede saltar por los aires.

El documento que el Ejecutivo somete a la consideración de este órgano asesor, el primero que se celebra desde octubre de 2006, recoge expresamente que la Demarcación Hidrográfica del Júcar «deberá respetar» la sentencia del Tribunal Supremo de 2004 que anula los trasvases del Júcar al Turia y al Vinalopó en la revisión que aparecen en el Plan Hidrológico de Cuenca.

La garantía de Espinosa no parece suficiente para el Ejecutivo manchego que considera que el Gobierno está incumpliendo el ordenamiento jurídico.

Sentencia
La sentencia del Supremo ordena la gestión separada de los ríos que nacen fuera de la Comunitat y mueren en territorio valenciano (cuencas intercomunitarias) de los que sólo discurren por territorio autonómico (definidos como intracomunitarios). Los primeros (como el Júcar, el Segura y el Turia, entre otros) son competencia del Estado, mientras que los segundos, de la Generalitat.

Desde la Junta de Castilla-La Mancha consideran que la aplicación de la sentencia supone la prohibición expresa de llevar agua del Júcar al Vinalopó y al Turia y así debe aparecer reflejado claramente en el decreto que establecerá los límites de la Demarcación del Júcar.

De hecho, la Fundación para el Progreso de Albacete, impulsora del recurso que acabó en la sentencia del Supremo, ha anunciado que acudirá de nuevo a los tribunales si el Gobierno no recoge esta posición.

Castilla-La Mancha quiere, por ello, que el Gobierno lo deje bien claro en el decreto para contentar a los regantes de Albacete, directamente beneficiados, ya que verán aumentado el volumen del caudal disponible.

El Consell, por su lado, al igual que Murcia, acata la sentencia pero defiende la unidad de la gestión de la cuenca.

El Gobierno no lo tiene fácil. Mientras Castilla-La Mancha ya ha anunciado su oposición al decreto si no contempla la delimitación de cuencas, el Consell prefiere esperar a que sea el Ejecutivo el que dé el primer paso.

El departamento de Elena Espinosa tiene que encontrar una solución que contente a ambas partes, pero que garantice la llegada del agua al Vinalopó y al Turia. En caso contrario, se corre el riesgo de que se reabra la guerra del agua entre el Ejecutivo, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha. Una vuelta a los tiempos de Narbona.

Los ecologistas, por su lado, tampoco piensan poner las cosas fáciles al Ejecutivo. Han anunciado que en la reunión de hoy criticarán la política de hídrica de Espinosa, que califican como la más «nefasta» que se ha realizado desde 1992. Las diferentes asociaciones denuncian que en este año de gestión Espinosa únicamente se ha dedicado a «reabrir temas que estaban zanjados, como los trasvases» y a hacer una «política populista».

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