El portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Moreno, dijo ayer que su grupo no se opone a que el futuro Pacto Nacional del Agua contemple trasvases, aunque sólo para dar de beber en las zonas donde sea necesario y no para otros usos, algo que cree que debe quedar recogido explícitamente en ese pacto.

Moreno respondía así a preguntas de los periodistas sobre ese gran pacto nacional del agua que la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, anunció ayer que quiere hacer el Gobierno de España y en el que no se descartarían los trasvases.

Manifestó que «lo que dice la ministra nos satisface», pues no sólo debe haber «soluciones bilaterales» para resolver el programa del agua, que recordó «es un problema nacional, que afecta a todos los españoles y debe afrontarse desde un gran pacto nacional».

El portavoz socialista afirmó que desde Castilla-La Mancha no se ha descartado nunca el trasvase de agua de una cuenca a otra para beber.

La presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, opinó ayer en Albacete que este anunciado Pacto Nacional del Agua «se van a negar todo tipo de trasvases menos el Tajo-Segura que, según la ministra, se va a mantener tal y como está». Cospedal apostilló que no entiende «por qué, en este sentido, Aragón o Cataluña tienen un trato preferencial por parte del PSOE y a Castilla-La Mancha se la perjudica a la hora de hablar de trasvases sí o trasvases no».

Por su parte, la diputada regional del Partido Popular, Carmen Casero dijo ayer que la postura de su partido en la región en materia hidráulica sigue siendo la recogida en el proyecto de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, favorable al fin del trasvase Tajo-Segura, y que no puede valorar el pacto nacional sobre el agua que ahora ofrece el Gobierno de España porque «no está escrito».

Carmen Casero recordó que el PP de Castilla-La Mancha ya pactó en su día una postura con el Gobierno regional en la reforma del Estatuto. «Esa es nuestra postura y está clara», añadió finalmente.

Otras posturas

Por otro lado, los gobiernos de la Comunitat Valenciana y de Murcia mostraron ayer su disposición a trabajar con el Gobierno central y con el resto de comunidades autónomas para alcanzar un gran pacto del agua, pero avanzaron que no aceptarán que se deje fuera «una parte de la solución», como es el trasvase del Ebro.

Por último, el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, afirmó ayer que el titular del Congreso de los Diputados, José Bono, «a lo que tiene que dedicarse es a presidir el Congreso, que de la consolidación del trasvase Tajo-Segura ya se encarga el Gobierno de España», en relación a la felicitación que Bono hizo al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, por haberse «cargado» el trasvase.

La presidenta regional del Partido Popular, Mª Dolores Cospedal, ha mantenido una reunión de trabajo con los representantes de las asociaciones de comerciantes de Albacete –integrados en FEDA- para escuchar las reivindicaciones y problemas del sector y para desgranar las propuestas que el Partido Popular ofrece como solución.

Cospedal pidió ayuda para el sector servicios y comercio tradicional, con una serie de medidas que abarcan desde aumentar las dotaciones de efectivos de Cuerpos de Fuerzas de Seguridad del Estado, reformas en el código penal “para que delinquir en España no salga barato”, e incentivos fiscales que ayuden a pequeños y medianos empresarios a mantener los puestos de trabajo.

Aseguró la presidenta regional del Partido Popular que es especialmente importante ayudar al comercio tradicional de nuestra comunidad en el contexto de una crisis económica como lo demuestran los datos del desempleo conocidos este martes: “Es la primera vez en 12 años que sube el paro en el mes de mayo, a lo que hay que añadir el 20% de incremento de desempleados en Castilla-La Mancha durante el último año”.

Incoherencia del gobierno socialista de la región en materia de agua

Asimismo, Cospedal ha mantenido, posteriormente, una reunión con los agricultores de la Junta Central de Regantes Mancha Oriental, donde apostó por “un Plan Nacional del Agua donde no exista un trato preferencial hacia determinadas Comunidades Autónomas en detrimento de Castilla-La Mancha” y criticó que se hayan derogado todos los trasvases mientras se mantiene el acueducto Tajo-Segura.

La presidenta regional del PP lamentó que los diputados de Castilla-La Mancha del PSOE derogaran el anterior Plan Hidrológico Nacional “después de haberlo aprobado en nuestra región, donde se dijo que era el mejor Plan que se podía tener. Espero que si se llega a un gran acuerdo, la Junta no cambie de opinión a los pocos días”.

Añadió Cospedal, en este sentido, que “el PP tiene las cosas claras y nos dedicamos a defender los intereses de nuestra tierra”. Por su parte, los regantes expresaron su postura ante una redacción del Plan de Cuenca del Júcar, destacando el esfuerzo realizado por estos regantes para ahorro en el consumo de agua procedente del propio Júcar.

Las reacciones de las distintas comunidades autónomas implicadas en la «guerra del agua» al anuncio de un pacto nacional lanzado por la ministra de medio Ambiente, Elena Espinosa, no se han hecho esperar. Mientras las cuencas potencialmente receptoras aplaudieron el principio de «cambio» en las tesis del Ejecutivo, las que se convertirían en cedentes mostraron una vez más su oposición frontal.

Las dos regiones que comparten la cuenca hidrográfica del Segura -la más deficitaria de España-, la Comunidad Valenciana y Murcia, se felicitaron ayer por la intención del Gobierno de alcanzar un «gran Pacto del Agua», como lo definió Espinosa el pasado lunes.

Tanto el consejero de Agua valenciano, José Ramón García Antón, como su homólogo en la Región de Murcia, Antonio Cerdá, aplaudieron el cambio de postura del Ejecutivo -que durante la pasada legislatura vetó la posibilidad de debatir la interconexión de cuencas-. No obstante, se mostraron poco optimistas sobre las posibilidades del citado pacto, dado que Espinosa «ha excluido de entrada» el trasvase del Ebro al Levante.

Antes de participar en Alicante en unas jornadas sobre gestión de aguas organizadas por una asociación empresarial, García Antón admitió que la salida de Cristina Narbona del Ministerio dibuja un nuevo escenario tras la «etapa antitrasvasista», acentuado por el debate en torno a la derogada transferencia a Barcelona, y dijo que «gobiernan según la climatología».

«Criterios técnicos»

El consejero valenciano, que la pasada semana se reunió con el secretario de Estado de Agua, José Puxeu, confió en que la relación entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno «cambie» tras ese encuentro, en el que se limaron asperezas. En cualquier caso, recordó que la «radical» política de Medio Ambiente en los últimos cuatro años será difícil de cambiar «de golpe», por lo que se mostró cauto sobre su verdadero alcance.

En este sentido, afirmó -en relación a la negativa de Espinosa a debatir sobre el trasvase del Ebro original- que «si se veta algo, es que no hay un sincero deseo de pacto». Por ello, advirtió que «aunque estamos dispuestos» a formar parte de dicho acuerdo, «si empiezan con exclusiones, no podemos estar».

El consejero de Agua de la Generalitat Valenciana incluso retó a la ministra de Medio Ambiente: «Estamos dispuestos a admitir, si nos lo demuestran, que no tenemos razón al pedir el trasvase», dijo. Eso sí, pidió que el debate se centre en aspectos «técnicos, y no políticos». Así, consideró que el Ebro «nos recuerda cada dos meses -en relación a las crecidas del río- que tiene agua suficiente» para acometer la transferencia.

El consejero murciano, por su parte, se sumó al análisis de su homólogo. Cerdá dio la «bienvenida» al Pacto del Agua propuesto por la ministra, aunque advirtió que el trasvase del Ebro al Levante «tiene que estar sobre la mesa». El consejero advirtió que el Ebro «no es un río sagrado», y por tanto se trata de una opción a contemplar «como el resto».

Aragón, entre tanto, no quiere que se siga hablando de trasvase. La coalición PSOE-PAR ha estado a punto de tener que digerir un trasvase a Barcelona después de años arremetiendo contra el PP por el defendido para la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.

«Vacuna» contra el trasvase

A toro pasado, con el trasvase a Barcelona descartado gracias a las lluvias, el líder del PAR y vicepresidente del Gobierno aragonés, José Ángel Biel, exigió ayer que se le otorgue a esta Comunidad la gestión de 6.550 hectómetros cúbicos. Es el volumen que el Pacto del Agua de 1992 reconoce como necesaria para cubrir las necesidades hídricas de esta Comunidad, la misma cifra que incluyó el PHN del gobierno Aznar y la que, eso sí, sigue sin poder hacerse efectiva porque no hay embalses en los que guardar el agua. Embalses que fijaba en 1992 el mismo Pacto del Agua de Aragón.

Desde 1999, los esfuerzos institucionales de esta región han dado prioridad a luchar contra el trasvase del Ebro. Ahora, la coalición PSOE-PAR subraya que esos embalses son imprescindibles para abastecer a Aragón, pero también como «vacuna» contra futuros intentos de trasvases, porque con 6.550 hectómetros cúbicos a gestionar, será más difícil que haya excedentes en el Ebro.

Para que esos embalses lleguen de una vez, Biel defiende que sea Aragón la que gestione la ejecución de las obras, que en cualquier caso han de ser financiadas con los presupuestos del Estado. Biel avanzó que así lo pedirán el próximo 7 de julio, en la comisión bilateral de coordinación Estado-Aragón. El vicepresidente aragonés afirmó que si esta Comunidad gestiona esa reserva estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos y los embalses se hacen de una vez por todas, se habrá acabado con la «amenaza del trasvase para los próximos cien años».

El consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, dijo ayer en rueda de prensa que las declaraciones del presidente del Congreso, José Bono, en el día de Castilla-La Mancha, fueron «reprobables, desafortunadas e inadecuadas» porque las ha hecho una persona que representa la soberanía nacional.

El presidente del Congreso, José Bono, felicitó el sábado en Las Pedroñeras (Cuenca) al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, porque se había «cargado» el trasvase Tajo-Segura «ideado por la dictadura» que llevaba el agua del Tajo a Levante sin dejar una gota en el camino.

Cerdá afirmó que «son falsas» las declaraciones de Bono, ya que el trasvase se inició con un gobierno socialista, en la República, y se terminó con un gobierno democrático, y añadió que a diferencia de lo que afirmó de que el trasvase se hizo «cuando el silencio se imponía con la violencia», ese acueducto «no se hizo en silencio».

Socialistas murcianos

Por su parte, el portavoz del PSOE de Murcia, José Ramón Jara, afirmó que la «felicitación pública» de Bono a Barreda sólo fue para «ponerse la venda ante la herida que les va a venir, que es el rechazo de las Cortes a la reforma del Estatuto de esta comunidad».

Para el Gobierno de Castilla-La Mancha, con el trasvase Tajo-Segura «debe ocurrir algo parecido» a lo que ha pasado con el minitrasvase del Ebro a Barcelona, de forma que, cuando con los recursos de las propias cuencas del Levante y las desaladoras haya ya agua bastante, no sea necesario transferir agua desde el Tajo para abastecer a poblaciones.

Así lo indicó el vicepresidente de la Junta, Fernando Lamata, quien, antes de inaugurar en Toledo la I Escuela de Pensamiento Feminista Unas & Otras, fue preguntado por la reunión entre la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, con el Comité de Crisis de los Regantes del Tajo-Segura.

Los sistemas de Alicante (Marina Baixa y Serpis) se encuentran al 85,91% de su capacidad y los de Castelló (Palancia, Millars y Sénia) al 62,88, mientras que el del Júcar está al 19,04% y el del Túria al 45,55%.

EFE Las reservas hídricas de los embalses pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han aumentado en 11,19 hectómetros cúbicos tras las precipitaciones caídas en la Comunitat Valenciana durante la última semana, lo que supone el mejor registro desde verano de 2005.

Según los datos de la CHJ, de los 3.346 hectómetros cúbicos que tienen de capacidad los pantanos valencianos hay embalsados 857,46 hectómetros cúbicos, lo que representa el 25,62 por ciento.

Éste es el mejor dato desde el 18 de julio del año 2005, cuando las reservas se situaron al 25,87 por ciento de la capacidad con 859,25 hectómetros cúbicos de agua embalsados.

En la última semana, los mayores incrementos se han registrado en los pantanos de Alarcón, Benagéber y Tous-La Ribera.

Los sistemas de Alicante (Marina Baja y Serpis) se encuentran al 85,91 por ciento de su capacidad y los de Castellón (Palancia, Mijares y Cenia) al 62,88 por ciento, mientras que el del Júcar está al 19,04 por ciento y el del Túria al 45,55 por ciento.

El Gobierno se ha comprometido hoy a alcanzar un gran pacto de Estado con las comunidades autónomas, partidos políticos, organizaciones agrarias, de usuarios sindicales y empresariales, así como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para encontrar solución a los problemas hídricos y garantizar el «agua para siempre».

Así lo ha anunciado la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, tras una reunión de casi tres horas de duración con el Comité de Crisis de los Regantes del Tajo-Segura a la que también ha asistido la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

En la rueda de prensa posterior a esta reunión, la ministra ha asegurado que el Ejecutivo «pondrá sobre la mesa todos los recursos disponibles para satisfacer la demanda» de agua. Para empezar, el Gobierno quiere un diagnóstico del déficit estructural de cada una de las cuencas españolas, después evaluar las necesidades de cada zona y cuantificar la oferta con todos los recursos disponibles, sin descartar trasvases si fuera preciso.

Espinosa también ha declarado que los embalses que abastecen a Barcelona «se han recuperado», por lo que considera que «no tienen ningún sentido» las obras de la conducción para llevar agua a la capital catalana.

Un estudio realizado por el colegio de Geógrafos de España encargado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino revela que la cuenca del Segura ha registrado en 10 años un aumento de suelo de regadío superior a 55.000 hectáreas, equivalente a más del doble de la superficie de huerta tradicional del Bajo Segura.
El estudio «Análisis de los procesos relacionados con la agricultura en la demarcación del Segura», hecho público recientemente, señala que la superficie de regadío de la cuenca del Segura en 1990 era de 224.468 hectáreas, mientras que diez años después era de 279.468 hectáreas. De este aumento de 55.000 hectáreas 36.000 se han producido en la Región de Murcia, según el estudio, una de las comunidades que con más insistencia está reclamando caudales procedentes del Ebro.
El documento hace alusión por otra parte a los datos oficiales de la consejería de Agricultura de Murcia que señalan que la superficie regada se situaba en 2005 «incluso 200 hectáreas por debajo de la existente en 1990 cuando era de 193.907 hectáreas».
Los años analizados por el Colegio de Geógrafos coinciden con el periodo donde más protestas y manifestaciones se han producido por la gestión de la cuenca del Segura y por la agricultura murciana, y donde más denuncias se han presentado ante la roturación de nuevos terrenos para ser transformados en regadíos y por el robo de caudales en la cuenca del Segura, calificado en algunas instrucciones judiciales como «mafia del agua».
El texto incide en que en apenas 10 años se ha incrementado los cultivos con aportes artificiales de agua entorno a un 25%, incorporándose un promedio de más de 5.000 hectáreas anuales de regadío. «La última década del siglo XX ha registrado por tanto un intenso ritmo de transformación de los espacios agrarios y de incorporación de nuevas superficies regadas» se explica.
El aumento del regadío constatado se produce en uno de los periodos más secos del sureste español y se ha situado principalmente sobre suelo de secano aunque también «es significativa» la superficie de matorrales de diversa densidad y composición específica que han sido roturados y convertidos en aprovechamientos agrícolas intensivos.
Se señala que no resulta posible determinar con precisión la superficie de dominante natural que ha sido roturada, aunque se puede estimar en más de 5.000 hectáreas «sumando matorrales y pastizales, ríos, cauces y humedales, terrenos arbolados y un porcentaje de terrenos principalmente agrícolas con importantes espacios de vegetación natural»
Las comarcas en las que el avance del regadío ha tenido un ritmo más intenso son el campo de Cartagena, el noroeste murciano y la comarca albaceteña de Hellín. Por contra la Vega Baja ha sido la que el regadío ha tenido un menor avance.
El documento señala que nos encontramos ante una situación «paradójica» en la que coexiste una creciente escasez de recursos hídricos con un significativo avance de los regadíos y un aumento muy notable de los consumos hídricos de los abastecimientos urbanos y turísticos.
Tanto desde colectivos conservacionistas como desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha venido denunciado de manera continua el aumento de regadíos en la cuenca del Segura «de manera ilegal», en unos casos debido al robo de agua y en otros a la sobreexplotación de acuíferos.