Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han aumentado en 16,80 hectómetros cúbicos (hm3) durante la pasada semana y se han situado en los 846,28 hectómetros, lo que supone el 25,29% de los 3.346,6 hectómetros de su capacidad total.

Según informaron ayer fuentes de la CHJ, de los veintisiete embalses adscritos a la Confederación, dieciséis han aumentado el nivel de agua almacenada, siete lo han disminuido y otros cuatro han mantenido el mismo caudal. El embalse que ha registrado el mayor incremento de agua ha sido el de Benageber, que ha recibido 4,79 hm3 y alcanza los 110,67 hm3, que suponen el 50% de los 221,3 hectómetros de su capacidad.

El embalse de Arenós ha aumentado sus reservas en 3,43 hm3 y está al 54,30% de su capacidad, con 74,36 hm3 almacenados del total de 136,9 que podría albergar.

También el embalse de Contreras ha aumentado su reserva hídrica al recibir 3,16 hm3, por lo que cuenta con 84,95 hectómetros cúbicos, al 9,97% de su capacidad.

Otros embalses que han incrementado sus reservas han sido los de Alarcón, con un aumento del 2,79 hm3, lo que le sitúa al 9,32% de su capacidad; el de El Molinar, con una subida de 0,94 hectómetros cúbicos; o el de El Naranjero, que ha ganado 0,81 hm3.

Por su parte, el embalse que ha sufrido el mayor descenso en las reservas hídricas ha sido el de La Muela, que almacena 11,33 hectómetros cúbicos, 3,59 menos que la semana anterior, lo que lo sitúa al 56,69% de su capacidad.

A continuación se sitúa el embalse de Sichar, que ha perdido 1,15 hectómetros, por lo que su actual reserva es de 44,83 hm3 de una capacidad total de 49,3.

Otro embalse que han visto reducidas sus reservas ha sido el de La Toba, con un descenso de 0,28 hm3.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural ha autorizado al Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura la compra de 31,5 hectómetros cúbicos de agua a la comunidad de regantes madrileña de Estremera después de que las lluvias de las últimas semanas hayan permitido la recuperación de los embalses del alto Tajo. La comunidad de Riegos de Levante anunció ayer que los recursos se pondrá a la venta a razón de 10 minutos por tahúlla.
Los 31,5 hectómetros en origen se convertirán en 30 en destino una vez descontadas las mermas que se producen durante el transporte desde los pantanos de Entrepeñas y Buendía. Riegos de Levante recibirá una cuarta parte del caudal.
La operación de compra estaba acordada entre las partes desde finales del año pasado, pero no se había podido llevar a cabo debido a las escasas reservas de los embalses del Alto Tajo, en donde almacena el agua la comunidad de regantes madrileña.
La legislación impide enviar caudales a las zonas dependientes de esta infraestructura por debajo de los 240 hectómetros de reservas en estos pantanos. Además, el abastecimiento es prioritario sobre la agricultura, lo que viene complicando en los últimos años de sequía el envío de agua a los regadíos dependientes del trasvase de Alicante, Murcia y Almería.
El portavoz de Riegos de Levante, Ángel Urbina, explicó que la cuarta parte de los caudales que recibe el sindicato corresponden a esta comunidad. Sus responsables anunciaron ayer un reparto de 10 minutos por tahúlla cuando un riego completo equivale a una hora. Para llegar a los 10 minutos se suma el agua de Estremera, los caudales procedentes de Estremera y un hipotético trasvase desde el Alto Tajo que el Gobierno debería de aprobar antes de octubre.
Los regantes confían en que el Consejo de Ministros autorice un desembalse para este verano, aunque las actuales reservas de Entrepeñas y Buendía no garantizan a día de hoy una decisión de este tipo.
El Sindicato Central de Regantes va a pagar seis millones de euros a la comunidad de Estremera por la compra de estos 31,5 hectómetros. El precio del metro cúbico sale a 18 céntimos de euro (30 pesetas) a los que hay que añadir el gasto derivado del transporte.
Urbina reconoció que este precio es más alto que el que se pagará por los caudales procedentes de los pozos de sequía del Segura y del que se paga por el agua trasvasada habitualmente desde el alto Tajo. Aún así, el portavoz de la comunidad de regantes anunció que los precios de venta al agricultor se van a mantener para no castigar más la economía de los regantes.
El agua se podrá adquirir a partir de hoy en las ventas programadas con anterioridad por las comunidades de base. La distribución podrá comenzar antes de que el agua esté físicamente aquí puesto que se utilizarán los recursos del pasado año hidrológico que muchos agricultores guardan para este verano.

La ponencia económica que se presentará a debate en el XVI Congreso del PP de junio defiende los trasvases de agua entre cuencas y la recuperación de la política hidráulica del Gobierno de Aznar, informó el PP de Murcia.

Según el portavoz de la ejecutiva regional, Pedro Antonio Sánchez, el PP ha asumido «íntegramente» las propuestas realizadas desde Murcia y considera, así, los trasvases como «oportunidad de progreso para todos».

Sánchez explicó que la ponencia económica que se presentará al congreso de Valencia defiende la construcción de trasvases de cuencas excedentarias a deficitarias, una vez cubiertas las necesidades de las cedentes, y considera estas infraestructuras como un «instrumento eficaz para la mejora del medio ambiente hídrico, y un elemento de seguridad frente a posibles efectos del cambio climático». El texto argumenta, según Sánchez, que «es plenamente posible el empleo en una cuenca de recursos sobrantes disponibles de otras, siempre de forma no prioritaria y subordinada a las necesidades de la cuenca de origen y cumpliendo obligatoriamente estrictos requisitos de orden técnico, jurídico-administrativo, ecológico y económico».

Hasta 22 litros por metro cuadrado se sumaron ayer al espectacular balance de precipitaciones de este mes en la Comunitat Valenciana. El último domingo de mayo de 2008 dejó lluvias generalizadas, de carácter moderado en la mayor parte de las comarcas valencianas, pero con registros que superaron los 20 litros en la provincia de Castelló, donde Catí acumuló 22 litros y Fredes otros 20. En las provincias de Valencia y Alicante, las lluvias de ayer fueron más débiles, con valores de entre 5 y 10 litros por metro cuadrado, aunque se extendieron por la mayor parte de las comarcas, de acuerdo con los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Con las lluvias y tormentas de este fin de semana han aumentado notablemente los puntos de la Comunitat en los que se superan este mes los 100 litros por metro cuadrado y, lo que es más importante, el balance es extensivo a la cabecera de la cuenca hidrográfica del Júcar. Los datos de las diferentes cuencas corroboran que el aumento de las reservas es generalizado en toda España, incluida Cataluña, donde los embalses alcanzaban durante este fin de semana más del 35% de su capacidad.
Las temperaturas de ayer, domingo, fueron claramente inferiores a las normales: en la mayor parte de la Comunitat no se superaron los 20 grados, algo impropio de finales de mayo. En Valencia, por ejemplo, el termómetro se quedó en 18 grados de máxima.
Persiste la inestabilidad
Las previsiones meteorológicas no dan por zanjada la situación de inestabilidad y la mantienen para esta última semana de mayo. Según la Aemet, con mayor o menos intensidad, una borrasca mantendrá su influencia sobre la mayor parte de España en estos próximos días, por lo que el balance final de lluvias de mayo aún puede aumentar apreciablemente, tanto en la Comunitat Valenciana como en la cabeceras del Júcar.
En el caso de nuestra comunidad, para hoy y mañana se espera el predominio de cielos nubosos con riesgo de chubascos tormentosos de intensidad entre débil y moderada.
Como ya adelantó Levante-EMV, este mes de mayo es el segundo más lluvioso de las últimas décadas tras el de 2002 para numerosas comarcas de la Comunitat Valenciana.

La reserva de agua de la Península ya está por encima de la de 2006 por estas mismas fechas. Aunque los embalses registran un 57% de su capacidad, siete puntos por debajo del año pasado, la lluvia ha dado un respiro a la alarmante sequía de los últimos meses. Cataluña, la comunidad más necesitada, es también una de las más beneficiadas: sus reservas ya superan el 35%, cuando hace tan sólo 40 días rozaban el 20%.

El crecimiento de reservas que muestra el último boletín hidrológico -del pasado martes- se extiende a todas las cuencas excepto dos andaluzas: la del Guadiana y la Atlántica. Y las previsiones son optimistas. La Agencia Estatal de Meteorología augura lluvias en prácticamente toda la Península durante, al menos, los próximos cuatro días.

La depresión que cruzará la Península este fin de semana aportará precipitaciones especialmente abundantes sobre Cataluña. «Serán chaparrones que caerán de forma muy irregular pero sin descanso», señaló ayer el Meteocat, servicio meteorológico catalán. Las previsiones señalan que el frente beneficiará sobre todo el noroeste del territorio, donde se concentran las cabeceras de los ríos que alimentan el área barcelonesa. La horquilla que maneja el Meteocat estima que esta zona recaudará entre 50 y 70 litros por metro cuadrado. La última vez que se auguró la misma intensidad, a principios de mayo, las reservas de los embalses catalanes aumentaron cinco puntos en una semana.

Es probable que la tónica de chubascos intensos se puedan mantener en Cataluña hasta el próximo viernes. De cumplirse este pronóstico, las lluvias cerrarían un mes pasado por agua en Cataluña. A falta del balance definitivo, el Meteocat lo define como el mayo más húmedo desde el año 1977.

La unidad de los regantes se resquebraja por momentos. La figura de Andrés Martínez, que durante los últimos años ha ejercido como líder indiscutible de los agricultores del Vinalopó, está siendo cuestionada por parte de algunas comunidades desde que se conociera el interés de la multinacional Danone en embotellar agua procedente de los acuíferos de Villena.

Precisamente, los 200 millones de litros de agua al año -que podrían ampliarse hasta los 700 millones- que la firma Font Vella, filial de Danone, utilizaría para el envasado y posterior explotación comercial se extraerían de uno de los pozos que son propiedad de la Comunidad de Regantes de Villena, cuyo presidente es Andrés Martínez.

La asamblea de dicha entidad decidió aprobar la cesión a la mercantil de una cantidad mínima de 0,2 hectómetros cúbicos y máxima de 0,7 hectómetros cúbicos del caudal que, hasta la fecha, ha servido para regar hortalizas. Para compensar el volumen de extracción y no saturar todavía más los esquilmados acuíferos del Vinalopó, los agricultores de Villena están dispuestos a sacrificar un total de 200 hectáreas de cultivo. Ello supondría, según cálculos de la entidad, el ahorro de casi 1 millón de litros de agua al año.

Además, la Comunidad de Regantes de Villena obtendría unos ingresos anuales de 150.000 euros en concepto de canon de explotación que vendrían muy bien para solventar la deuda millonaria que la entidad contrajo con la Sociedad Estatal de Infraestructuras de la Meseta Sur (Seiasa) a causa de las obras de modernización de los regadíos.

Pese a que la asamblea de la Comunidad de Regantes de Villena dio su visto bueno a la operación por amplia mayoría de los socios asistentes, su presidente no ha podido evitar que, a lo largo de los últimos días, surjan algunas voces discrepantes con la idoneidad la planta embotelladora y, sobre todo, con la implicación particular de Andrés Martínez en la gestión del proyecto. No hay que olvidar que parte de la parcela donde se prevé la instalación del complejo es propiedad de la empresa Horfres, regentada por el propio Andrés Martínez.

Malestar en el Consell
Por otro lado, cabe reseñar el malestar que ha generado el proyecto en el seno del Consell, al ser presentado pocas horas después de celebrarse en Orihuela un acto reivindicativo para exigir el trasvase del Ebro, en el que se dieron cita 300 alcaldes acompañando al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

El propio Andrés Martínez ha admitido su error al escoger ese día para aprobar la venta de agua a la multinacional Danone. Sin embargo, este propósito de enmienda no le ha valido para evitar el cisma en el seno de la Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó que preside su paisano y delfín, Pedro Menor.

El pasado jueves, este organismo que aglutina a las comunidades de regantes y ayuntamientos del Alto y Medio Vinalopó, celebró una junta extraordinaria para abordar la petición de dimisión de Andrés Martínez como presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’Alacantí y la Marina Baixa. Dicha solicitud fue cursada de manera oficial por la comunidad Montagud de Novelda, la comunidad de Beneixama, las comunidades de San Cristóbal y Pinar Alto de Villena, así como por el Ayuntamiento de Sax, gobernado por la socialista Ana Barceló.

Los representantes de estas entidades consideran que, en estos momentos y dado los acontecimientos, la figura de Andrés Martínez significa un obstáculo para los intereses de los regantes del Vinalopó al estar enfrentado tanto a organismos estatales como a comunidades de regantes del Júcar.

Andrés Martínez se defiende
Martínez, sin embargo, replica a este argumento afirmando que la polémica está orquestada por el PSOE, que trata de dividir a los regantes para sacar rédito político. No obstante, para curarse en salud, el, todavía hoy, presidente de la Junta Central de Usuarios ha preferido promover la creación de una comisión dentro de la propia entidad que se encargará de llevar las negociaciones con la Administración estatal.

Con esta fórmula, Andrés Martínez pretende pasar a un segundo plano y, de esta forma, rebajar la tensión generada en las últimas semanas en torno a su persona tras su gestión en el proyecto de la planta embotelladora de Villena.

WILLIAM COLOM El intento de la Comunidad de Regantes de Villena de vender su agua proveniente, además, de un acuífero declarado sobreexplotado no ha hecho más que poner sobre la mesa lo que no era más que una evidencia a voces: la falacia del «déficit hídrico estructural» que atenaza el desarrollo de esas tierras, no es tal. Bien al contrario, se trata de un claro ejemplo de uso insostenible de un recurso, muy por encima de la capacidad de ese territorio. Y no es el único en la cuenca del Júcar, ni mucho menos. En realidad, el tan manido déficit de esta cuenca no es, ni mucho menos, cierto. Y así lo afirmaba también hace poco en una entrevista el propio presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y también saben perfectamente que es así aquellas personas que han hecho de ese discurso victimista, materia de fe y de confrontación permanente. Confrontación que obstaculiza (cabe preguntarse si consciente e interesadamente) cualquier reflexión y estudio serio al respecto.
Independientemente de este nuevo y último hecho, ya son muchas las veces que desde Acció Ecologista-Agró hemos solicitado (se puede comprobar consultando tanto las actas de los órganos correspondientes en los que participamos, como comunicados o notas de prensa anteriores) la sistemática revisión de las concesiones, adaptándolas a las situaciones y necesidades reales, y recuperando, de forma prioritaria, los caudales liberados para satisfacer las incumplidas demandas y objetivos ambientales de nuestros acuíferos, masas de agua, ecosistemas y hábitats acuáticos. Recuperando, en definitiva, el dominio público de este recurso. Garantizando de ese modo que, tal como establecen nuestras leyes, las necesidades ambientales dejen de ser papel mojado y alcancen a ser las restricciones que se imponen con carácter general a los sistemas de explotación.
En tanto en cuanto no se recuperen y garanticen esas demandas y objetivos ambientales mediante, como hemos dicho, las oportunas revisiones de concesiones, no deberían, ni tan siquiera, plantearse nuevos usos adicionales a los ahora existentes, ni tampoco cesiones de derechos de usos como el pretendido por la Comunidad de Regantes de Villena. Cesiones de derechos que, caso de serlo, deben tener carácter temporal y están sometidas a previa autorización administrativa.
Por otra parte, y aprovechando el mismo hecho con el que iniciábamos este artículo, es conveniente recordar, ya que parece que algunos lo han olvidado, que las concesiones de agua son eso, concesiones hidráulicas, con lo que eso implica respecto a la precariedad de las mismas, al estar supeditadas a la disponibilidad o no de recurso. Y es que esas concesiones se otorgan debiendo tener en cuenta la explotación racional conjunta de los recursos superficiales y subterráneos, sin que el título concesional garantice la disponibilidad de los caudales concedidos. Razón por la cual no se entiende el empecinamiento de algunos en hablar del derecho que tienen a disponer de esos caudales, independientemente del estado de los acuíferos o ecosistemas acuáticos asociados. Y mucho menos si, además, tenemos en cuenta que la asunción real de las obligaciones ambientales marcadas por la Directiva Marco del Agua implicaría, necesariamente, la revisión de las concesiones y autorizaciones para poder cumplir con esas obligaciones. Co-mo tampoco se entiende que la administración competente conceda indemnizaciones (vía ofertas públicas de adquisición de derechos) cuando, por razones de afecciones ambientales o de falta de recurso debido a un período de sequía severa como el actual, se deben restringir las extracciones.
Si a lo dicho le añadimos que, de acuerdo a la normativa de aguas, el agua que se conceda quedará adscrita a los usos indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplicada a otros distintos, ni a terrenos diferentes si se tratase de riegos, con la excepción de lo previsto en el caso de cesiones de derechos. O que toda modificación de las características de una concesión requerirá previa autorización administrativa del mismo órgano otorgante. Es más que evidente, entonces, que la comunidad de regantes antes citada, ha hecho de su capa un sayo y, tirando por la calle de en medio, ha decidido adjudicarse algún derecho que, obviamente, no le corresponde.
Y es que, tanto en este caso como en otros similares, el hecho de que agua concedida para regadío pase a ser agua de uso industrial (la venta de agua embotellada vendría a ser eso y no abastecimiento) o de suministro para urbanizaciones, constituye una clara modificación de las características y condiciones de la concesión. O es eso o, peor aún, se trata de un incumplimiento de las condiciones esenciales de la concesión, con lo que podría implicar la declaración de caducidad del derecho concesional del cedente.
*Biólogo. Consultor ambiental. Acció Ecologista-Agró.

Un 47% de las riberas de los principales ríos valencianos presenta un deficiente grado de conservación hasta el punto de que la recuperación y regeneración de los mismos es «inviable», «difícil» o «muy difícil» en un 42% de los tramos incluidos en un estudio encargado por la Confederación Hidrográfica del Júcar a un equipo de la Universitat de Valencia del que forma parte, entre otros, el director del Jardín Botánico de Valencia Antoni Aguilella.
El estudio, denominado «Bases para un plan de conservación de riberas de la Confederación Hidrográfica del Júcar» pretende, además de hacer un diagnóstico de situación, establecer distintas tipologías de zonas para una acción posterior «que garantice una adecuada protección y gestión de las riberas en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar».
Sin embargo, la situación de partida no es, en muchos casos, la idónea para pensar en una recuperación de las riberas de los ríos, un espacio que en los últimos años «han cobrado un protagonismo especial» a la hora de precisar el estado ecológico de los ecosistemas acuáticos, un factor esencial en la gestión hídrica en la directiva marco del Agua de la Unión Europea.
El estudio afecta a los diez cauces principales de los ríos mas importantes e la cuenca hidrográfica del Júcar en los que se han delimitado 239 tramos que abarcan 1.741 km de cauce y a los que se han otorgado un valor de calidad (estado de conservación) basado en el índice denominado QBR.
Los resultados del trabajo indican que casi la mitad de los tramos estudiados (47%), presentan un deficiente estado de conservación, con calidades «pésima» o «mala», y solo un 33% se conservan bien (categorías «buena» y «óptima».
Entre los ríos estudiados el Cabriel destaca por su estado de conservación, con un 26,3% de sus tramos con calidad «óptima» un 66% de calidad «buena».
En el polo opuesto se encuentra el río de la Sénia, en el límite con Cataluña, sin tramos con calidad «óptima», al igual que ocurre con el Vinalopó, donde no hay calidad «optima» y solo un 4,2% de calidad «buena».

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, aseguró hoy que velará por que los consumidores sufran «el menor impacto posible» con las subidas de la tarifa de la luz, y adelantó que las empresas eléctricas también van a tener que contribuir a corregir el desajuste del sector.

En una interpelación parlamentaria, el ministro afirmó que «las empresas deben y van a afrontar parte del desajuste necesario para ajustar los precios» de la luz a sus costes reales. Junto a esto, la Administración también deberá contribuir trasladando a los Presupuestos Generales del Estado algunas de las partidas de la tarifa.

Sebastián anunció que las próximas semanas el Gobierno presentará una estrategia en la que «cada uno de los actores asuma su parte de responsabilidad», y señalo que el actual déficit tarifario genera «beneficios artificiales a las empresas», que reciben ingresos procedentes de una mayor demanda provocada por precios de electricidad más bajos de los reales.

El ministro reiteró que el Gobierno creará una nueva «tarifa social» para «reducir los incrementos en los precios sobre los consumidores más desfavorecidos» y «velará por que los consumidores sufran el menor impacto posible y por que los que tienen menos recursos no se vean perjudicados».

En su comparecencia, Sebastián enfatizó además el problema del déficit de tarifa y advirtió de que sólo puede reducirse de dos formas: reduciendo los costes de suministro y subiendo el precio de la electricidad.

«Se puede discutir si la diferencia (entre la tarifa y el precio real de mercado) es de un 5% o un 10% o un 15%, pero lo que no se puede discutir es que la diferencia existe y genera problemas», afirmó el ministro.

BENEFICIOS DE LAS ELECTRICAS Uno de estos problemas del déficit tarifario y el desajuste entre el precio de la luz y el coste real de la energía es que «las eléctricas se benefician de niveles de demanda artificialmente elevados y eso provoca beneficios artificialmente elevados», señaló.

Junto a esto, el déficit genera un «espejismo de precios» que «obliga a los consumidores a endeudarse sin ser conscientes de ello» y provoca «inseguridad intergeneracional», al trasladar la deuda actual a generaciones futuras.

«No podemos responsabilizar a los consumidores del problema, pero es bueno que sean conscientes» de la situación, señaló antes de destacar la importancia de que se transmitan «señales» a los usuarios para que ahorren.

Junto a esto, advirtió de que la liberalización de las tarifas no podrá acometerse hasta que no se acabe con el déficit y recordó, como argumento para las subidas, que la legislación establece el «principio de aditividad», por el que se reflejan en el precio final los costes asociados con la energía para transmitir un «escenario» lo más real posible.

CNE Y TARIFA NOCTURNA El ministro señaló además que el Ejecutivo «no puede ignorar» algunas de las recomendaciones de la CNE, entre ellas la de contemplar el fuerte incremento de los carburantes, la de acoger algunos aspectos de la tarifa en los Presupuestos Generales del Estado y la de corregir algunas «deficiencias» en los mercados eléctricos.

En cuanto a la tarifa nocturna, aseguró que la nueva modalidad de discriminación horaria ampliará en cuatro el número de horas de coste reducido y reducirá «entre un 2% y un 3% el coste para la mayoría de los consumidores».

Las asociaciones de consumidores denuncian que cerca de un millón de familias acogidas a la actual tarifa nocturna tendrán que pagar hasta un 80% más por la electricidad con el nuevo sistema, que les obliga a contratar potencia máxima y a soportar mayores penalizaciones por consumir en «horas punta».

15.000 MILLONES DE PLANIFICACION ENERGETICA Sebastián repasó las líneas maestras del Gobierno en materia energética y dijo que la nueva planificación energética para el gas y la electricidad tendrá un presupuesto en materia de inversión de más de 15.000 millones hasta 2016.

La planificación «representará inversiones empresariales que van a superar los 15.000 millones entre 2008 y 2016», señaló el ministro sin hacer más precisiones. Durante la anterior legislatura, el Ministerio de Industria dijo que este plan, aún pendiente de aprobación, incluiría inversiones de unos 18.000 millones.

Esta estrategia englobará los proyectos de interconexiones internacionales con Franca y Portugal, así como el desarrollo del segundo gasoducto con Argelia, construido por el consorcio Medgaz.

En este sentido, Sebastián dijo que «antes del verano» podría alcanzarse un «acuerdo histórico» acerca del desarrollo de la nueva interconexión con Francia.