El rechazo a que Zarra albergue un macrovertedero de basura ha rebasado las fronteras de la Comunitat Valenciana. Dos poblaciones de Castilla la Mancha, las albaceteñas de Carcelén y Alpera, se han unido a la Coordinadora y al Valle de Ayora en su oposición a la ubicación de esta planta de residuos.

Los alcaldes de ambas localidades aseguran que la infraestructura que se pretende ubicar iría directamente sobre el acuífero que abastece a las dos poblaciones y, por lo tanto, resultarían perjudicadas.

La primera autoridad de Carcelén, Ildefonso Vera, era uno de los más molestos con la situación. Esta población manchega solamente puede abastecerse de agua del acuífero de Zarra, «puesto que nuestra única forma de captación es la subterránea, si nos la quitan tendremos muchos problemas para el suministro».

Y es que el tratamiento de basuras sobre el acuífero podría provocar filtraciones (algo que se producirá con total seguridad según los detractores del proyecto) que perjudicarían gravemente a las poblaciones que se nutren de estas aguas como las dos citadas de Albacete y todo el Valle de Ayora.

Lazos de unión
Vera afirmó que ya hace varios años que se produjo el primer contacto con los representantes de la Coordinadora, incluso Ayora no tenía el mismo alcalde. Las reuniones y la cercanía es tanta que la primera autoridad de Carcelén llegó a asegurar que entre las poblaciones «existen unos lazos de unión muy estrechos».

Una prueba de esta unión es que hace aproximadamente un año cuando se produjeron varias manifestaciones en contra de la planta, «en los balcones de Carcelén muchas personas colgaron pancartas apoyando el rechazo a esta instalación».

Otro de los inconvenientes que, según el alcalde, se produciría por la instalación de este macrovertedero «son los problemas que generaría en el turismo rural». Estos municipios «están claramente enfocados a este sector, si a la central nuclear de Cofrentes se le suma esta planta de basuras, los puntos negativos de la zona serán más que los atractivos que se puedan ofrecer para intentar atraer a personas y que nos visiten».

Vera cree que en este problema «debería de actuar la Confederación Hidrográfica del Júcar puesto que es una construcción que afectaría al acuífero, pero no soy yo quien debe de decidir esto». Además, apostilló que si el tema se politiza «seguiremos apoyando el rechazo pero no nos meteremos».

La otra población afectada de Castilla la Mancha es Alpera. La alcaldesa, Catalina Rubio, se mostró muy contrariada con la posibilidad de que se construya este gran vertedero en Zarra.

El principal motivo es el mismo que sus vecinos de Carcelén, el agua. «Me parece un auténtico disparate que se coloque una infraestructura de esas características sobre el acuífero del que se abastecen tantas poblaciones», señaló.

Sin embargo, la problemática no es exactamente igual ya que al contrario que Carcelén, en Alpera «tenemos otro lugar del que captar agua», aunque perder este punto de abastecimiento sería negativo para la población, según añadió la alcaldesa.

Los perjuicios al turismo son otro de los motivos del rechazo. «Llevamos varios años luchando por el medio ambiente y potenciando nuestros atractivos turísticos. Todo se iría al traste si nos ponen el vertedero, no solamente esa zona sino también todo el entorno», explicó la primera autoridad.

La cercanía, tanto a nivel municipal como físicamente, entre estas poblaciones es tal que ya se han producido el respaldo de unas a otras en varias ocasiones. Rubio recordó el apoyo del Valle de Ayora cuando se consiguió que se construyera el hospital de Almansa.

Por este motivo, aseguró que apoyarán en todo lo que sea necesario y puedan a las poblaciones de esta comarca valenciana para evitar que la planta de basuras proyectada se ubique en Zarra.

Los regantes valencianos de área del Júcar no han utilizado nunca en su totalidad los pozos y los caudales subterráneos que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)y la conselleria de Agricultura pone a su disposición para paliar el recorte de caudales procedentes de los ríos Júcar y Turia como consecuencia de la sequía.

J. Sierra, Valencia

Fuentes de la CHJ obviaron este espinoso asunto y justificaron la existencia de un teórico «excedente» en los costes que genera la explotación de cada uno de estos pozos.
Generalmente -recordaron- el coste de perforar el pozo y la conexión con una red general de riego lo asume el Estado (120 pozos y 23 rebombeos desde 1994) o la Generalitat Valenciana. Sin embargo, el coste del gasóleo o la energía eléctrica utilizada para extraer el agua corre a cargo de los usuarios y supone, a veces, un desembolso «muy importante» y hasta disuasorio, dijeron fuentes de los regantes.
Para 2008, la CHJ ha ofrecido a las distintas comunidades de regantes valencianas 120 pozos y 23 estaciones de rebombeo incluidas dentro de los planes de sequía.
Por sistemas de regadío, la Acequia Real del Júcar dispone de 64 pozos y 1 rebombeo; la Real Acequia de Escalona de 7 pozos; 3 pozos para Carcaixent y 37 más para la Comunidad General del Canal Júcar-Turia.
El Sindicato de Riegos de Sueca dispone, además, de 23 rebombeos que devuelven al arrozal las aguas de inundación. Sin embargo, como subraya el presidente de esta institución José Fortea, la utilización de estos rebombeos está limitada por la contaminación que reciben las aguas en cada uso y que impide crear un verdadero circuito «cerrado» en el arrozal. El Sindicato de Riegos de Cullera, con 6 pozos y 8 rebombeos, es otro ejemplo de reutilización del agua en el arrozal mientras que la Acequia Mayor de la Villa y Honor de Corbera dispone de 3 pozo y 1 rebombeo.
En conjunto la CHJ permite la extracción de 85,5 hm3 de extracciones procedentes de los pozos de los que algo más de la mitad corresponden a la Acequia Real del Júcar mientras que 1/4 de estos caudales- 22,5 Hm3 está asignado al Canal Júcar-Turia. Pese a la magnitud de esta cifra, el volumen asignado no llega a cubrir ni la mitad del agua que las comunidades tienen asignadas por el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar.
El presidente de la CHJ,Juan José Moragues, preguntado por esta aparente incongruencia, no quiso ser muy explícito y manifestó que muchos regantes prefieren utilizar «la poca o mucha agua» que les llegue barata y caballera por las acequias antes que asumir el coste que representan los pozos. Moragues eludió valorar esta actitud de los regantes e incluso la justificó.
Por su parte, Juan Valero de Palma, secretario general de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, sostiene que alguno de estos pozos que nominalmente figuran en la oferta del ministerio de la Generalitat, no están todavía electrificados y/o motorizados con equipos diésel. En este sentido admite que un pozo que funciona con un grupo electrógeno supone una sangría económica para los agricultores, que prefieren «apañarse» con las escorrentías o retornos que llegan a través de las acequias.
En 2006 se extrajeron unos 41 hectómetros cúbicos de los pozos de sequía mientras que en 2007 apenas llegaron a los 35 hm3.

La pésima situación de la cuenca del Júcar y la demostración más evidente del fracaso de la planificación de este río, que se elaboró en 1998, con la participación de las administraciones de Castilla–La Mancha y de la Comunidad Valenciana, además de las comunidades de regantes de esas dos autonomías, ha quedado de manifiesto durante este mes de abril, en plena primavera, cuando aún no se deberían intensificar las extracciones para regadío. La aparición del cauce seco a lo largo de varios kilómetros, aunque se haya intentado confundir a la opinión pública con el argumento de que había agua bajo las rocas o que los peces se habían “refugiado” junto a la presa de Alarcón, no puede ser calificado nada más que como un delito ecológico, donde los cómplices de este delito van desde las administraciones responsables de la gestión del río, a los regantes que llevan décadas sobreexplotando el acuífero y que han ido haciendo desaparecer, uno tras otro, fuentes, manantiales y arroyos. El acuífero, no solo ha dejado de manar a la superficie, aportando al río más caudal, sino que ahora, convertido en una esponja insaciable, se traga el río a través de su propio lecho.

Los datos son tozudos y está claro que no se pueden sacar cada año más de cuatrocientos hectómetros cúbicos, cuando la recarga apenas sobrepasa los doscientos cincuenta, y en los últimos cuatro años ni siquiera ha llegado a doscientos. Pero esas eran las cuentas con las que hicieron el Plan de Cuenca del Júcar hace diez años, con la denuncia de las organizaciones ecologistas que ya anunciaban que al final todos pagaríamos las consecuencias de aquel despropósito.

Las fotos de la desecación del río en los términos de Albacete y Motilleja saltaron a las páginas de todos los medios de comunicación cuando Ecologistas en Acción lo denunció públicamente; sin embargo tanto la Confederación Hidrográfica, como el Ayuntamiento de Albacete y la Junta central de Regantes de la Mancha Oriental lo sabían desde el mismo momento que ocurrió, el domingo 6 de abril, pero intentaron mantenerlo oculto, confiando en que los desembalses de Alarcón en los días siguientes pudieran disimular lo que entendemos ha sido un delito ecológico.

Por esa razón, el pasado 17 de abril de 2008 pusimos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Albacete, para que se investigue quién o quienes son los responsables de que el Júcar se hay secado y se actúe como manda la Ley. No puede hacerse creer a los ciudadanos que la gestión del río y de los acuíferos es la adecuada cuando no hay agua en los cauces y cuando las aguas subterráneas no pueden dar de beber a los habitantes de toda la provincia porque la sobreexplotación y la contaminación las ha dejado al límite de su capacidad.

En plena polémica por la apertura de pozos para abastecimiento humano en la ciudad de Albacete y por los análisis solicitados por el movimiento vecinal para garantizar la calidad del agua, la Confederación Hidrográfica del Júcar publicó ayer la resolución por la que se somete a información pública la construcción de la planta de ósmosis inversa. El Boletín Oficial del Estado ha publicado esta semana la resolución del organismo de cuenca por el que se somete a información pública el proyecto durante un plazo de 20 días hábiles, periodo mediante el cual se podrán realizar alegaciones, eso sí remitiéndolas a la sede de la Confederación en Valencia. El anuncio también contempla un listado del centenar de personas que se verán afectadas por las expropiaciones para poder construir la planta de ósmosis inversa.

La planta se construirá junto al depósito de agua tratada de la Estación de Tratamiento de Aguas Potables (Etap) de Los Llanos de Albacete, procediendo el agua bruta, bien de los pozos de captación de aguas subterráneas o bien de la salida del agua filtrada de la propia potabilizadora. Según consta en el propio anuncio, el agua tratada será una mezcla de la salida de la Etap y la salida de la nueva planta de ósmosis inversa y el rechazo de las membranas será conducido mediante un emisario de salmueras desde la actual potabilizadora (ubicada en la carretera de Peñas de San Pedro) hasta la salida de la depuradora de la capital (que está junto al Cementerio) mediante una conducción por gravedad de unos trece kilómetros de longitud.

El anuncio también explica cuál será la línea de tratamiento para la planta de ósmosis inversa que comenzará con el bombeo del agua bruta y pasará por los procesos de dosificación de hipoclorito sódicos, dosificación de ácido y de coagulante (cloruro férrico), dosificación de ayudante de coagulación, filtración bicapa a presión, equipos de lavado de filtros, dosificación de bisulfito sódico, dosificación de dispersante, filtración sobre cartuchos, bombeo de alta presión, racks de ósmosis inversa, equipos de lavado de módulos, depósito de desplazamiento para, finalmente, ser desviado al emisario de salmuera.

El presupuesto de la obra será de 7.558.774,61 euros y está previsto un plazo de ejecución de 16 meses, por lo que, teniendo en cuenta la tramitación administrativa restante, podría estar concluida antes de que finalice el 2009.

Ecologistas en Acción de Guadalajara consideró hoy «inaceptable» la campaña del Gobierno regional a favor de la caducidad del trasvase Tajo-Segura, para convertirlo en el trasvase Tajo-Llanura Manchega, disimulándolo como «un envío de agua para recuperación de los humedales manchegos y el acuífero 23», proyecto englobado en el denominado Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG).

Según informó el colectivo en nota de prensa, con un «discurso demagogo, hipócrita y contradictorio, el señor Barreda sigue prometiendo a los sectores agrícolas e industriales, a pueblos y ciudades de Cuenca, Albacete y Ciudad Real, un agua que llegará. ¿Y Toledo y Guadalajara, qué?», se pregunta Ecologistas en Acción.

Para los ecologistas, el objetivo del Gobierno regional es seguir «esquilmando» el agua de la cabecera del Tajo, para fomentar los mismos usos que critica para el trasvase Tajo-Segura, un urbanismo y una agricultura «insostenible» en zonas carentes de agua. Para ello se seguirá derivando agua del Tajo para abastecer proyectos de campos de golf, urbanizaciones y regadíos, en la Manchuela y La Mancha.

Con el pretexto del suministro urbano, la denominada tubería manchega se ha creado para abastecer los campos de golf del Reino de don Quijote y otras poblaciones con supuestos problemas de abastecimiento, proyectos todos ellos que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha apoya, promueve e, incluso, a veces, declara de Interés Regional.

Asimismo, Ecologistas lamenta la situación de los 60.000 pozos ilegales que extraen 400 hectómetros cúbicos al año del Acuífero 23, «con el pleno conocimiento y consentimiento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Confederación Hidrográfica del Guadiana», y que en los últimos 30 años, ha provocado infinidad de problemas, sobre todo, en las comarcas de la Mancha, Manchuela y Campo de Montiel.

La cesión de derechos de agua entre concesionarios y usuarios de cuencas hidrográficas diferentes, una figura recogida en la legislación estatal, lleva dos años y medio funcionando entre el Tajo y el Segura como una medida extraordinaria para paliar la falta de excedentes en los embalses de Entrepeñas y Buendía. No ha tenido más polémica que la negativa formal de los gobiernos de Castilla-La Mancha y de Madrid a estos intercambios. El conflicto originado por el trasvase a Barcelona, basado en este modelo de cesiones, ha destapado los rechazos y recelos de los gobiernos de Castilla-La Mancha y de Aragón, que ahora rechazan de plano esta modalidad porque la consideran trasvases encubiertos. Más todavía después del decreto ley del Consejo de Ministros de la semana pasada que consagra esta alternativa para el resto de territorios.

Con esta fórmula, el Sindicato Central de Regantes ha adquirido en los últimos años 95 hectómetros cúbicos de Estremera para los cultivos del Segura, aunque están pendientes de recibir la última compra. Por esta cesión temporal de derechos, han pagado unos 18 millones de euros a los agricultores madrileños.

Por su parte, la Mancomunidad de Canales del Taibilla ha adquirido otros 105 hectómetros a los regantes del Canal de las Aves de Aranjuez a cambio de 30,1 millones de euros. El último fue aprobado el jueves.

En ambos casos, dos reales decretos han permitido que estos volúmenes salgan casi regalados para la cuenca del Segura, ya que el Sindicato y la Mancomunidad han sido compensados con diversas exenciones. De lo contrario, habrían sumado a las pérdidas de la fuerte sequía unos altos precios por esos caudales que duplican y triplican el canon del Trasvase Tajo-Segura. Regantes y abastecimientos han pagado religiosamente a los usuarios del Tajo, pero a cambio el Gobierno central les ha condonado dos tramos de la tarifa por el uso del acueducto que ha permitido el transporte de esos caudales. En concreto, la Mancomunidad de Canales del Taibilla se ha beneficiado de unos 30 millones de euros. La condonación no sólo ha afectado al envío de estos caudales extraordinarios, sino también a los excedentes trasvasados aplicando las reglas de explotación de la cabecera (131 hectómetros máximos anuales). De no haber sido así, la población de la cuenca del Segura habría pagado unos precios astronómicos por el agua de boca. La última compra a Aranjuez se ha hecho a cambio de 0,31 euros por metro cúbico. Eso sin olvidar que la tarifa ya es abultada debido a los costes de la desalinización.

La parte de la tarifa que no se ha perdonado es la que corresponde a las indemnizaciones a las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, ribereñas del Tajo.

Los regantes del Tajo-Segura, por su parte, se han beneficiado de la exención de otros 28 millones de euros por el mismo procedimiento, según explica su presidente, Francisco del Amor. Éstos quieren que los dos decretos anteriores se amplíen para este año hidrológico. Los regantes son los que peor parte llevan, ya que los desembalses ordinarios para sus cultivos se han concedido con cuentagotas. Muy lejos de los 460 hectómetros máximos anuales que prevé la ley.

El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, destacó ayer que con esta fórmula y con las desalinizadoras se han evitado cortes en el suministro de agua.

El Gobierno murciano quiere tener de frente al Ejecutivo de Castilla-La Mancha en todas las reuniones de trabajo y consulta para elaborar el nuevo plan hidrológico de la cuenca del Tajo, ya que así considera que podrá defender mejor el Trasvase Tajo-Segura. El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, puntualizó ayer que hay mucho en juego para la Región de Murcia y la cuenca del Segura, por lo que no cejará para que el Gobierno autonómico esté presente en aquellas reuniones «donde se tomen las decisiones. No nos vamos a limitar a asentir con lo que se acuerde».

El Ejecutivo de Valcárcel considera que debe vigilar muy de cerca todas las decisiones que se tomen sobre las futuras demandas de la cuenca del Tajo, ya que teme que el Gobierno de José María Barreda aproveche la revisión del plan de cuenca del Tajo para imponer sus criterios contra la continuidad del Trasvase Tajo-Segura.

Convocatoria por carta

Cerdá quiso ayer rebajar la tensión con la Confederación Hidrográfica del Tajo, pero no cree que se haya debido a un error la expulsión del director general del Agua de Murcia de la reunión que se celebró el pasado jueves en Madrid, y en la que el representante de Castilla-La Mancha protestó por la presencia del alto cargo murciano. A la Consejería de Agricultura y Agua no le convencen las explicaciones de la Confederación del Tajo, y para ello muestra el contenido de una carta que envió el presidente de este organismo, el 16 de abril pasado, en la que incluía a la Administración murciana dentro del grupo de trabajo de los gestores.

En dicha carta, José María Macías Márquez, presidente del Tajo, le dice al consejero Cerdá que Murcia ha sido incluida en ese mesa participativa «en virtud de la relevancia alcanzada en su campo de actividad». Macías explica en la misiva que se han constituido cinco mesas de trabajo sectoriales (gestores de la cuenca, usuarios, instituciones y entidades, empresas e industrias y tejido social estructurado). Sobre esta base, Cerdá duda de que existiera un error de convocatoria.

Ante el hecho de que la Región de Murcia no es ribereña del Tajo, y que tampoco participa de los órganos de gestión y gobierno de esa cuenca, Antonio Cerdá contestó que existen unos claros intereses en la cabecera del Tajo que hay que preservar.

José María Macías no quiso ayer hacer declaraciones a La Verdad. Una portavoz de la Confederación del Tajo atribuyó lo sucedido a «un error», explicando que el Gobierno murciano no pertenecía a la mesa de trabajo de los gestores, sino de las instituciones. Señaló que el director general del Agua de Murcia, Miguel Ángel Ródenas, fue tratado con toda cortesía por el comisario de Aguas del Tajo, e invitado a quedarse en la reunión, pero sólo en calidad de oyente.

«Nos preocupa»

El consejero portavoz del Gobierno regional, Juan Antonio de Heras, criticó ayer la expulsión del representante murciano y declaró que el comisario del Tajo, «actuó más como un comisario político». Cree que detrás de lo sucedido está el Gobierno de Castilla-La Mancha y su negativa a que Murcia participe en la nueva planificación del Tajo. «Nos preocupa que exista un trasfondo distinto», apuntó De Heras.

El nuevo plan de cuenca del Tajo, como el del segura y el resto de demarcaciones, será aprobado el año que viene y estará vigente hasta el año 2015. Implementará con todas sus consecuencias la Directiva Marco de Aguas, que tiene como principal objetivo la calidad de las aguas, la recuperación total de costes y los caudales ambientales.