Aunque sería demasiado simplista reducir los problemas del PSOE para crecer en Alicante a la derogación del trasvase del Ebro, lo cierto es que esa decisión sigue pesando, cuatro años después, como una losa. Y eso que en esta campaña electoral el PP ha caído en no pocas contradicciones por la calculada ambigüedad de su discurso para contentar al mismo tiempo a aragoneses, que se oponen frontalmente, y valencianos y murcianos, que como es sabido, quieren retomar el proyecto a toda costa.
El principal bagaje del Ejecutivo presidido por Rodríguez Zapatero durante la pasada legislatura fue garantizar el abastecimiento de agua potable a la población sin un solo corte en el suministro a pesar de que las regiones del sureste peninsular atraviesan una de las peores sequías del último siglo.
El rédito electoral ha sido, no obstante, escaso, y las dudas sobre el Programa Agua no se han disipado, pero las urnas le han concedido otros cuatro años para demostrar que las actuaciones previstas van a garantizar de por vida el suministro de agua tanto a las poblaciones como a los regadíos de Alicante.
La punta de lanza del plan del Ministerio de Medio Ambiente para incrementar los recursos hídricos en la España seca son las desalinizadoras, aunque los flancos en los que se actúan van desde la reutilización de las aguas depuradas hasta la modernización de regadíos, entre otras. El PP siempre ha defendido que esas medidas pueden ser efectivas como recurso complementario, pero que son insuficientes para aportar los recursos hídricos que necesitan la Comunitat Valenciana y Murcia.
Más pronto que tarde se disiparán las dudas, pues en menos de un año acabarán las obras de las dos principales infraestructuras hídricas impulsadas por el actual Gobierno: la desalinizadora de Torrevieja y un trasvase Júcar-Vinalopó que poco o nada tiene que ver con el que aprobó el PP. Ninguno de los dos proyectos entusiasma a los regantes, aunque la resistencia numantina que plantearon nada más derogarse el anterior Plan Hidrológico Nacional ha dado paso a un periodo de distensión que puede facilitar el encauzamiento de las relaciones entre dos partes que están condenadas a entenderse.
Deslealtades institucionales al margen, que las ha habido con el boicoteo de la Generalitat tanto al nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó como a la desalinizadora de Torrevieja, buena parte de culpa de esa falta de sintonía con los agricultores la ha tenido el Gobierno por su falta de mano izquierda, ya que el principal reproche que le han hecho es que no les han tenido en cuenta ni en una sola de las decisiones que les afectan.
En cualquier caso, si en los cuatro años que tiene por delante es capaz de poner a su disposición todo el agua que necesitan para mantener unos cultivos que, a diferencia de otros, son rentables sin estar subvencionados, lo de menos será cómo y de dónde viene. Mientras el agua sea de calidad y se ofrezca a un precio que los regantes puedan asumir, evitará de una vez por todas que la guerra del agua acabe siendo la de los cien años.
La fecha de llegada del AVE ha monopolizado el debate entre los dos partidos mayoritarios a pesar de llevarse buena parte de las inversiones en infraestructuras estratégicas. En los últimos cuatro años ha licitado todos los tramos -algunos ya en obras- salvo la estación Intermodal de Alicante, que dicho sea de paso, no es una cuenta pendiente menor.
Si desbloquea pronto y no surgen demasiados contratiempos, Zapatero estará en disposición de llegar en el AVE a Alicante en 2012, justo a tiempo para hacerse una foto impagable de campaña, si es que para entonces aún opta a la reelección como presidente del Gobierno.
Desde la Generalitat han hecho de este asunto uno de los caballos de batalla permanente, aunque en las últimas fechas también se ha sumado la reivindicación de duplicar el corredor mediterráneo para el AVE y las mercancías.
No obstante, la gran asignatura pendiente sigue siendo la modernización y el desarrollo de la red de Cercanías, pues la apertura de la línea Alicante-San Vicente no puede esconder que la inversión en este apartado deja mucho que desear. No en vano, las líneas Alicante-Murcia, Gandia-Dénia y Alcoy-Xàtiva han sido las grandes olvidadas.
El Consell quiere firmar de una vez por todas el protocolo con el Ministerio de Fomento que incluya las inversiones necesarias para el desarrollo y modernización de estas líneas como requisito indispensable para asumir su gestión.
También se pretende abordar el desarrollo de la línea de tren regional de velocidad alta que conecte Alicante y Valencia con un trazado paralelo al de la autopista AP-7. Esta nueva línea permitiría a Benidorm contar con una conexión ferroviaria de la que adolece, todo un agravio comparativo para una urbe de 200.000 habitantes que en verano supera los 500.000.
A falta de competencias para impulsar la red de Cercanías, la Generalitat sigue con la renovación y ampliación de la línea del trenet Alicante-Dénia, que se completará en 2009. Además, ha iniciado los estudios para implantar una red de bus guiado en diferentes núcleos de población como Elda-Petrer, Elche, Benidorm o la línea Alicante-El Altet-Torrevieja, si bien, tardará aún bastante tiempo en cristalizar.
Otro de los proyectos que va tomando forma es la ampliación de El Altet. Para que entre en funcionamiento la nueva terminal del aeropuerto, que permitirá duplicar su capacidad operativa, habrá que esperar como mucho dos años. Una vez que entre en funcionamiento, cumplirá con una de las reivindicaciones históricas de la patronal y el Gobierno autonómico, pero tendrá que lidiar con dos nuevos retos: la demanda de una segunda pista de aterrizaje y la pretensión del Consell de participar con el Ministerio de Fomento en la gestión de los aeropuertos de la Comunitat Valenciana con un modelo similar al que ya se aplica en la gestión de los puertos.
En materia de construcción de carreteras, el Gobierno tiene a su alcance una segunda legislatura más fructífera que la primera, en la que el hito más destacado fue la apertura de la nueva autopista de circunvalación de Alicante y las obras complementarias incluidas en la concesión como la ampliación del Camino de Castilla, la variante de El Campello o el tercer carril de la A-70 de Alicante a Elche.
Dentro de un año está previsto que acaben las obras que completarán la Autovía Central y el desdoblamiento de la N-332 en la Vega Baja. Otro de los grandes retos será avanzar en la tramitación y ejecución de la autovía que atravesará Villena y Font de la Figuera para unir Murcia y Valencia por el interior.
