Las precipitaciones que cayeron en la pasada primavera -ciertamente insuficientes en el sureste español- no nos debe impedir dar cuenta de la situación crítica a la que nos encaminamos, con un recurso natural como el agua cada vez más escaso, y objeto de enfrentamiento entre diferentes comunidades autónomas que se disputan entre sí el aprovechamiento de los ríos. Las reservas en las distintas cuencas hidrográficas andan ya por el 60 por ciento, panorámica que se agrava en las cuencas que nos afectan directamente a Castilla-La Mancha y a Albacete, teniendo en cuenta que los embalses del Segura están al 18 por ciento y los del Júcar al 20,8 por ciento (el año pasado por estas mismas fechas estaban al 21,4 por ciento).

Esta situación preocupante, que no de alarma, ha llevado a la Confederación Hidrográfica del Júcar ha solicitar a los 56 municipios de más de 20.000 habitantes situados en la demarcación de la cuenca de este río que cumplan lo establecido en el Plan Hidrológico Nacional y que dispongan de un plan de emergencia ante situaciones de sequía. Hace unas fechas, en este mismo espacio editorial, advertíamos sobre la injusticia que supone el mantenimiento, tras más de un cuarto de siglo de vigencia, del trasvase Tajo-Segura, mientras muchos de los pueblos de nuestra provincia pasan sed literalmente, hasta el punto de que es la Diputación Provincial quien debe echar mano de camiones cisterna para abastecer las necesidades más básicas de abastecimiento de algunos pequeños municipios albacetenses durante el verano.

El problema de la sequía es grave en el sur peninsular, y se intensifica en las cuencas deficitarias y por extensión en aquellas que son cedentes como la cabecera del Tajo. Una política hidrológica nacional, respetuosa con las necesidades de cada territorio y basada en un reparto equitativo, sigue siendo la gran asignatura pendiente en nuestro país desde que se empezó a hablar de la pertinaz sequía, hace ya décadas. Técnicos y políticos debaten sobre cuál es la solución idónea, pues hay épocas en las que se defienden los trasvases y otras tantas en las que se opta por fórmulas alternativas como las desaladoras, que se siguen viendo más como un añadido a la mejora de los canales de distribución del agua, que como una solución. Tal es así, que a día de hoy, la política hidráulica en nuestro país se ha convertido en encarnizada batalla ideológica entre los dos grandes partidos políticos nacionales. Nada hay más triste que la división y el encono en problemas de gran calado social como es el de la falta de agua en España. Una vez más, la anunciada velocidad política va muy por detrás de una realidad cada vez más acuciante.

La adecuada tarificación será un requisito indispensable a la hora de ayudar a los Estados a construir nuevas infraestructuras. España, con los precios más bajos de la UE, será uno de los países más afectados.

La Comisión Europea se lanza a la acción: presentará hoy una importante comunicación sobre la estrategia para hacer frente a la falta de agua y los problemas que ocasiona la sequía en Europa. En su plan, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, Bruselas establece una jerarquía de medidas que no deja buenas noticias para la economía española.

En primer lugar, privilegia la tarificación del agua, prioridad que deberán tener en cuenta los Estados a la hora de planificar sus obras hídricas. Es decir, la Comisión Europea pide modificar las tarifas del agua como condición para financiar infraestructuras.

Para España, esto supone una subida de precios, pues la directiva marco del agua obliga a equiparar su coste real al que pagan los usuarios como muy tarde en 2010. En la actualidad, el recibo no refleja el coste real: el precio es un 45% superior a lo que están pagando los consumidores. Los 0,66 euros que desembolsan de media los españoles por metro cúbico quedan a mucha distancia de los 0,96 euros a los que asciende el coste real.

O, lo que es lo mismo: es un 45,5% inferior. Ésto es, la diferencia entre el valor unitario de abastecimiento y el importe unitario del agua (cociente entre ingresos por el servicio realizado y el volumen del agua gestionada) -los 96 céntimos-, que, además, escala a un ritmo del 11,6% anual.

Un contexto en el que España disfruta de uno de los precios más bajos de toda Europa, por lo que será uno de los países más afectados por el mandato europeo. Y por eso, sólo una vez que adecue su política de precios, Bruselas aceptaría la construcción de infraestructuras de aprovisionamiento. Esto se traduce en ayudas de financiación, muy importantes para España, sumida en la construcción de desaladoras y en movimientos de trasvases.

Detrás de todo este escenario está la sequía. En la comunicación que presentará el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, la Comisión subraya que la ausencia de recursos hídricos, junto al cambio climático que agravará este fenómeno, hacen que el acceso al agua de calidad y en cantidad, sea fundamental para los individuos y la actividad económica futura.

Preocupación por la sequía
En su análisis de la situación, la Comisión señala que la desertificación en la UE, el número de regiones y la población afectada por la sequía han aumentado un 20% entre 1976 y 2006. La ola de calor de 2003, que afectó a más de 100 millones de personas y a un tercio del territorio de la UE, causó un perjuicio económico evaluado en unos 8.700 millones de euros, y las sequías de los últimos treinta años han costado unos 100.000 millones de euros. El coste anual medio de esas sequías se ha cuadruplicado en este periodo.

Ante esta situación, Bruselas estima que la gestión del agua debe ser una estrategia prioritaria. La primera parte de esa táctica, “imperativa”, según la Comisión, es la puesta en marcha de la tarificación del agua, “hasta ahora ineficaz”. Según Bruselas, debe primar el principio: “El usuario es quien paga el precio”. Esto exige una tarificación fundada en el análisis económico de la utilización del agua y su valor, para incitar a una utilización adecuada y eficaz, a la vez que se prevé una contribución de los diferentes sectores económicos y la recuperación del coste de los servicios del agua.  
 
Bruselas señala que la UE tiene que hacer también mucho para favorecer la economía del agua. Se estima que se despilfarra un 20% de los recursos hídricos globales. Solucionados estos dos desafíos, y sólo entonces, se puede estudiar “la construcción de infraestructuras para el aprovisionamiento en agua”, dice la Comisión.

La reserva de agua en los pantanos de la cabecera del Tajo, Buendía y Entrepeñas, disminuyó en catorce hectómetros cúbicos en la última semana y quedó en 436 hectómetros cúbicos, el 17,62% de su capacidad. Según la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el embalse de Buendía embalsa siete hectómetros cúbicos menos que hace siete días y almacena 239 hectómetros cúbicos, el 14,58% de su capacitad total, y el pantano de Entrepeñas tiene siete hectómetros cúbicos menos y contiene ahora 197 hectómetros cúbicos de agua, el 23,59% de su capacidad total.

• En la Región, ya hay 45.000.

• Dicen que es insolidario.

• No quieren que se ponga fecha de caducidad al acueducto.

La comunidad de regantes de Lorca ha recogido unas 8.000 firmas para que no se admita a trámite en el Congreso la reforma del Estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha, dentro de la campaña emprendida para ello por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) el pasado marzo.

Lo confirmó hoy el presidente de la comunidad de regantes lorquina, Manuel Soler, durante un nuevo acto de la campaña, al que también acudió el presidente del Scrats, Francisco del Amor.

La institución comunera instaló hoy en la puerta de su sede dos pancartas en las que puede leerse: «Ayúdanos con tu firma a defender el trasvase Tajo-Segura. No al estatuto de Castilla-La Mancha«.

Del Amor dijo que en Murcia ya se han recogido 45.000 firmas y que los regantes consideran que los artículos de la propuesta de Estatuto castellano-manchego relativos al trasvase Tajo-Segura son «contrarios a la Constitución Española«.

Los regantes consideran insolidario ese texto porque, a su juicio, invade las competencias exclusivas del Estado sobre agua, y en su reivindicación de que no se ponga fecha de caducidad al acueducto «no vamos a bajar -dijo- la guardia».

En el caso de Lorca, los regantes están recogiendo firmas en las oficinas centrales de la comunidad de regantes, en la calle Corredera, así como en las oficinas de la huerta situadas en las diputaciones lorquinas de Cazalla, Campillo, Marchena, Tercia, La Hoya, Torrecilla y Riberas.

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentran al 20,89 por ciento de su capacidad y almacenan 20,56 hectómetros cúbicos (hm3) de agua más que la semana anterior, ya que en total albergan 698,99 hectómetros cúbicos de los 3.346,6 de que disponen, según los datos facilitados por este organismo. Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 15,37 por ciento de su capacidad; los del Túria tienen un 37,51 por ciento de agua embalsada; en Alicante, el sistema de la Marina Baja/Serpis dispone del 60,85 por ciento de agua, mientras que en Castellón, el sistema Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 54,78 por ciento de su capacidad.

En el sistema de la Marina Baja, el embalse de Amadorio tiene un 61,90 por ciento de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 79,89 por ciento. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 51,08 por ciento de su capacidad cubierta. En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 64,23 por ciento, el de Alarcón un 10,32 por ciento y el de Contreras en 7,29 por ciento.

En el complejo de Cortes, El Molinar está en un 59,75 por ciento de su capacidad, Cortes II en un 92,17 por ciento, La Muela en un 71,22 por ciento, y El Naranjero al 70,99 por ciento. En el Bajo Júcar, el de Tous-La Ribera se encuentra al 19,42 por ciento; Escalona al 4,48 por ciento; y Bellus, al 10,23 por ciento. En el sistema del Magro, el pantano de Forata está al 14,76 por ciento de su capacidad.

En el Túria, el embalse de El Arquillo de San Blas está al 81,26 por ciento, Benagéber al 39,70 por ciento, Loriguilla al 17,83 por ciento y Buseo al 42,06 por ciento. En el sistema del Palancia, el de Regajo se encuentra al 83,63 por ciento de su capacidad y el Algar, al 0,00 por ciento.

En el sistema de Mijares, el de Alcora tiene almacenado un 69,03 por ciento; Arenós un 41,89 por ciento; María Cristina un 22,85 por ciento y Sichar el 90,74 por ciento. En el Cenia, el de Ulldecona está al 89,03 por ciento de su capacidad, mientras que en otros sistemas, el embalse de Almansa está al 11,50 por ciento y el de Onda al 76,19 por ciento

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, presidido por Cristina Narbona, explicó ayer que el agua desalinizada que se arrojó a las conducciones de riego del Campo de Cartagena «no supuso ningún despilfarro», sino que fue utilizada para los regadíos de la zona.

El delegado del Gobierno en este organismo, Isidoro Carrillo, señaló que entre 300.000 y 400.000 metros cúbicos producidos en la planta de San Pedro I fueron a estos canales del postrasvase Tajo-Segura porque en ese momento no había suficiente capacidad de dilución del boro que contenía ese agua desalinizada.

Isidoro Carrillo subrayó que ese aporte le vino bien a la agricultura de la zona, dada la escasez de recursos hídricos que sufre el campo.

Carrillo añadió que los problemas de boro se ciñen a las dos primeras plantas desalinizadoras de San Pedro del Pinatar y Alicante, y que sólo se presenta durante los meses de verano. Precisó que ese agua es apta para el consumo una vez que se mezcla con caudales del Tajo en los depósitos y canales, lo cual hace que se rebaje la concentración de boro.

Membranas más eficaces

El responsable de la Mancomunidad de Canales del Taibilla considera que este problema desaparecerá con las nuevas desalinizadoras, ya que están provistas de membranas de última generación que son más eficaces para retener el boro del agua de mar.

Como se recordará, la concentración de boro del agua de mar desalinizada supera los niveles autorizados por la ley en la cuenca del Segura. En concreto por un real decreto de febrero del año 2003, que establecía como límite una parte por millón (1 miligramo por litro).

En las dos primeras plantas de San Pedro y Alicante, la concentración alcanza 1,1 y 1,2, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, lo que obliga a mezclar el agua desalinizada con caudales continentales. En la segunda planta de San Pedro, la más moderna, el nivel roza 1 miligramo. Para los regadíos, el máximo autorizado por la ley es de 0,5 miligramos.

El consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, considera que los niveles de boro son mayores a los que reconoce el Ministerio de Medio Ambiente. Una de las opciones que barajan los técnicos consiste en establecer un doble sistema de ósmosis para reducir el nivel de concentración de este elemento químico en el agua.

La producción de agua desalinizada de siete días fue arrojada el pasado mes de mayo a los canales de riego por el elevado índice de boro y porque no ofrecía garantías de que fuera apta para el consumo humano.

Esta revelación se produjo durante la última reunión de la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del segura, donde el responsable de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Isidoro Carrillo, dio cuenta de la situación de las tres desalinizadoras que hay en marcha para garantizar el consumo a la población.

Tanto el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, como el presidente de la Junta Central de Usuarios Regantes del Segura, Isidoro Ruiz, manifestaron ayer que Canales del Taibilla no podía controlar los niveles de boro en las plantas de San Pedro del Pinatar y Alicante, según se puso de manifiesto en dicha reunión.

El boro, pues, está incidiendo en la capacidad de producción y suministro de las desalinizadoras, por cuanto se superan los niveles autorizados por la ley hasta en un 20 por ciento, según publicó ayer ABC. El máximo permitido para el consumo humano es de 1 miligramo por litro, mientras que en estas dos plantas se llega a 1,2 miligramos.

400.000 metros cúbicos

Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, presidido por Cristina Narbona, confirmaron ayer que en el mes de mayo tuvieron que arrojar unos 400.000 metros cúbicos de agua desalinizada en la planta de San Pedro I por la elevada concentración de boro, ya que no disponían de suficiente agua continental -de la cabecera del Tajo- para mezclarla y reducir los niveles de este elemento que puede resultar perjudicial para la salud.

Esa producción, equivalente a una semana de funcionamiento de la desalinizadora, fue arrojada a los canales del Campo de Cartagena y destinada al regadío, ya que estas conducciones tenían mayor cantidad de agua del Tajo para diluir la concentración de boro.

En los últimos doce meses, Canales del Taibilla-que abastece a más de 3 millones de personas en verano- ha desviado a los regadíos un hectómetro cúbico por culpa principalmente del boro, al no disponer de suficientes caudales naturales para mezclar.

Preocupación

Fue el presidente del Sindicato de Regantes del Tajo-Segura, Francisco del Amor, quien se interesó por el vertido de agua con boro a los canales de riego, que transportan caudales de mejor calidad.

El consejero murciano Antonio Cerdá se mostró ayer preocupado porque se mezclen aguas de diferente calidad, máxime cuando una de ellas tiene altos niveles de boro. El consejero explicó que el problema apunta a las membranas, «que se dilatan en verano y no retienen suficientemente este elemento».

Cerdá añadió que no quiere crear alarmismo, pero cree que el Ministerio debe tomar medidas para resolver el problema del boro.

A su juicio, «los niveles son todavía mayores de los que reconoce el ministerio de Medio Ambiente».

Problema resuelto

Fuentes del Gobierno central añadieron ayer que este problema quedará resuelto con las nuevas desalinizadoras, que están preparadas para producir agua con menos de 0,5 miligramos de boro por litro.

El máximo volumen desalinizado hará que la mezcla final en los canales y depósitos rebaje los 1,2 miligramos registrados en las dos desalinizadoras más antiguas, explican. La otra opción es establecer un sistema doble de ósmosis. Está en estudio.

Pero el problema del boro no sólo se ha planteado en las desalinizadoras existentes en la cuenca del Segura. Las plantas de este tipo que operan en Canarias, que son pioneras y por lo tanto tienen una tecnología más antigua, producen agua con alta concentración de boro que, con el aseo diario, causa problemas de irritación y escamas en la piel, según señalaron ayer fuentes cercanas al Partido Popular y conocedoras de la tecnología de desalinización.

Doble sistema

Las mismas fuentes consideran que la solución al problema planteado en la cuenca del Segura pasa por establecer un doble sistema de ósmosis inversa, pero advierten de que el coste de energía se disparará.

Apuntaron que en la desalinizadora de Valdelentisco -que adjudicó el anterior Gobierno del Partido Popular- se exigió a las empresas contratistas garantías de que el boro no iba a superar los 0,5 miligramos por litro.

El consejero murciano de Agua, Antonio Cerdá, señaló por su parte que el volumen de agua desalinizada está por debajo de las expectativas que preveía el programa AGUA. Sostiene que no supera los 40 hectómetros cúbicos por año, basándose en los datos que se expusieron en la última junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica.

Cortes frecuentes

Recuerda que, según el Ministerio de Medio Ambiente, la producción máxima debía ser de 72 hectómetros cúbicos, pero que no se puede alcanzar este objetivo debido a que se producen frecuentes cortes de energía eléctrica en las desalinizadoras.

Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente rechazan estos datos y subrayan que en este año hidrológico se habrán desalinizado 57,6 hectómetros cúbicos de agua, dado que la segunda planta desalinizadora de San Pedro del Pinatar se puso a plena producción a principios de este año.