El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, defendió ayer la coparticipación de las comunidades autónomas en los órganos de gestión de agua, algo que, a su juicio, es «lógico», «necesario» y encaja con el actual proceso de descentralización. Durante la inauguración de las obras de la tubería manchega en Ciudad Real junto al secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, el presidente autonómico valoró, a preguntas de los periodistas, la reunión que mantuvieron el lunes el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el artículo 51 del Estatuto andaluz, referido a otorgar a la comunidad andaluza las competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del río que transcurren por su territorio.
El presidente de Castilla-La Mancha admitió que la sentencia del Tribunal Constitucional le «gusta» y dijo estar de acuerdo con que la gestión del agua «sea del Estado que tenemos, del Estado autonómico», matizó. Asimismo, enumeró dos ejemplos de competencias transferidas a las comunidades autónomas, la agricultura y medioambiente y el urbanismo y vivienda, y afirmó que en estos dos ámbitos el agua es «absolutamente fundamental».
Nueva vía
El consejero andaluz de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, consideró «satisfactorio» el acuerdo alcanzado este lunes entre Rodríguez Zapatero y Griñán para elaborar una «encomienda transitoria de gestión» del Ejecutivo a la comunidad autónoma de modo que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el artículo 51 del Estatuto de Autonomía, se garantice la seguridad jurídica hasta que se acuerde la normativa definitiva para la gestión de la cuenca del Guadalquivir.
Sin embargo, la organización Ecologistas en Acción mostró su «perplejidad» ante el acuerdo. La portavoz del colectivo ecologista, Lola Yllescas, declaró a Europa Press que ahora se va a sacar «un decreto para no cumplir la sentencia», que, según recordó, refleja que la gestión de la cuenca del Guadalquivir no puede ser sólo de Andalucía.
Por su parte, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, pidió ayer que se utilice el debate que ha surgido tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las competencias del Guadalquivir para «despolitizar» y hacer una gestión del agua «más eficaz». Insistió en la necesidad de que se acate la decisión del Constitucional, y que se comparta el diálogo con el Gobierno y con Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha .