COAG asegura que la Ley del Agua de C-LM es la «manifestación clara de las aspiraciones» de la región

COAG-IR de Castilla-La Mancha contempla la Ley de Agua como «la manifestación clara de las aspiraciones de los castellano-manchegos en materia hídrica», pues considera que, al margen de su efectividad real, es un mensaje claro de la sociedad castellano-manchega al Gobierno de la nación de que «los derechos de los ciudadanos de esta región en relación con el agua, con el desarrollo y con el medioambiente, no están por debajo de los de otras regiones».

En nota de prensa esta organización agraria ha defendido que «es legítimo que Castilla-La Mancha quiera intervenir y participar en los órganos donde se toman las decisiones que le afectan sobre la gestión de los recursos de sus cuencas», por lo que considera que esta participación se debe regular «mediante leyes y no en los pasillos».

Respecto al trasvase, desde COAG-IR creen «oportuno» que Castilla-La Mancha reclame a través de una ley los derechos de los ciudadanos de esta región que están en la cuenca cedente y de todas las cuencas en las que los castellano-manchegos tienen intereses.

Por ello, han apuntado que «si la aplicación de la Directiva de Agua, el mantenimiento de los caudales ecológicos del Tajo y las necesidades de las poblaciones de cabecera y de la propia cuenca dicen que no se pueden hacer trasvases, no hay trasvases para nadie y punto».

Desde esta organización agraria han defendido que mientras el trasvase subsista y mientras el Gobierno «siga decidiendo que en la cabecera del Tajo hay recursos trasvasables, los castellano-manchegos estamos tan legitimados, incluso más que los ciudadanos de otras regiones, para reclamar el uso de esos recursos para cubrir nuestros propios déficits».

Por otro lado, la organización agraria ha pedido también en la Mesa del Agua que se cumpla el Plan Especial del Alto Guadiana, especialmente en cuanto a los presupuestos necesarios se refiere para materializar los programas de adquisición de derechos y de reforestación, y que se finalice con «prontitud» el proceso de regularización de extracciones, tanto para las explotaciones de cultivos leñosos, como para los agricultores profesionales y explotaciones prioritarias.

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