Código Penal y fuerzas del orden público, mejor que seguridad privada en el campo

El proyecto de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental de Albacete de contratar vigilancia privada para varias explotaciones agrarias de esa provincia (al parecer se trata de una experiencia piloto de seis meses) no convence como solución a los graves problemas de robos, sobre todo de material de cobre, que se están produciendo en el campo.

“La seguridad privada sólo se la pueden permitir explotaciones de grandes dimensiones, la mayoría no. Sería duplicar gastos y ya son bastantes los que se tienen que afrontar los agricultores”, opinó ayer para Lanza el secretario regional de UPA Julián Morcillo. A la Unión de Pequeños Agricultores le parece más efectivo “seguir haciendo un esfuerzo en prevención e investigación a través de las fuerzas del orden público y sobre todo endurecer el Código Penal para este tipo de delitos”.

A Morcillo no cree de recibo que se hayan dado casos de personas con dieciseis robos a sus espaldas, “y que incluso tras un juicio condenatorio no tengan cárcel”.
Florencio Rodríguez, secretario provincial de Asaja, tampoco ve la seguridad privada en las  explotaciones de Ciudad Real, aunque respecto a lo de los regantes de Albacete opina que “cualquier iniciativa puede ser interesante, depende de la zona. A lo mejor en un lugar con grandes superficies de riego y mucho material concentrado sí merece la pena, la idea no es mala, pero la vigilancia tampoco es fácil”, afirma.

Asaja comparte la idea de UPA de que lo más importante para frenar los robos “es endurecer las penas”.
En cuanto a las cifras con las que se cierra 2010 de número robos en el campo en la región UPA dice se está produciendo “un robo al día y en los últimos meses ha habido un importante incremento”, mientras Asaja habla de un aumento de entre un 15 y 20 por ciento.

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