El consejero de Medio Ambiente y Agua, Juan Cotino, se rodeó ayer de regantes para arremeter una vez más contra la política hídrica del Gobierno. Con la reivindicación del derogado trasvase del Ebro como telón de fondo permanente, Cotino denunció la supuesta intención de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de hurtar a los agricultores valencianos miles de hectáreas cultivadas en el próximo plan de la cuenca. Según el consejero, el borrador del plan recoge la existencia de 261.000 hectáreas de regadío, mientras que los cálculos de la consejería elevan la superficie a más de 300.000.
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El borrador del plan del Júcar constata que se ha reducido el terreno cultivado
Para preparar las alegaciones a esta «barbaridad» del Gobierno, en palabras de Cotino, se convocó a una reunión en la consejería a las principales comunidades de regantes. «Faltan 40.000 hectáreas que al no estar en el plan no recibirán agua y corren el riesgo de convertirse en un auténtico desierto», aseguró el consejero.
El borrador del plan del Júcar, que ordena los recursos hídricos en un territorio que abarca casi toda la Comunidad Valenciana y parte de Castilla-La Mancha, está aún en fase de alegaciones. El documento apunta a la necesidad de reajustes en el riego para paliar el descenso de los aportes naturales a los ríos y las reservas de los acuíferos tras décadas de explotación intensa, pero no propone una reducción de hectáreas cultivadas. Fuentes de la CHJ explican que en los trabajos previos del plan, que deberá sustituir al aprobado en 1998, se ha constatado una disminución del número de hectáreas en uso por el abandono de cultivos, las nuevas infraestructuras y el fuerte desarrollo urbanístico. Unos datos que se han contrastado sobre el terreno, con los regantes y con otras fuentes, como el Instituto Nacional de Estadística. «Los planes de cuenca no son de ordenación del territorio, sino que analizan cómo mantener los usos y cubrir las demandas de agua», subraya el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.
Cotino, no obstante, insistió en que hay «muchas incorrecciones» en el plan que «perjudican notablemente los intereses de los agricultores poniendo en peligro el futuro de los regadíos». Por ello, la Generalitat presentará alegaciones, al igual que los regantes. El consejero también aludió a las discrepancias con el ministerio por el «nuevo ámbito de planificación» de la cuenca, aún pendiente de aprobar. La Generalitat se resiste a asumir la competencia de los ríos internos y teme que eso le reste peso en las decisiones sobre el Júcar en beneficio de Castilla-la Mancha.