El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino presentó ayer al Consejo Nacional del Agua el nuevo real decreto que modifica las demarcaciones hidrográficas. El texto, que ahora debe ser debatido en la Comisión Permanente de este organismo, provocó ayer el rechazo unánime de los representantes de Aragón, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana. La delimitación de las nuevas demarcaciones territoriales es un instrumento básico para la futura gestión del agua en España y viene obligada, en parte, por la normativa europea.
En la Comunitat esta exigencia se complica por una sentencia del Tribunal Supremo de 2004 que anuló algunos preceptos del Plan del Júcar sin que la Generalitat se personara en la causa. Ayer García Antón admitía que la nueva demarcación es una «respuesta» a la citada sentencia y cargaba contra el Gobierno por la división del actual sistema Vinalopó-Alacantí, recordando que ambos subsistemas mantienen conexiones desde hace más de 80 años.
Sin embargo, esta nueva demarcación territorial y en especial la entrega de L´Alacantí a la Generalitat, es una exigencia del Estatut de Autonomía . En ese sentido, no parece lógico reivindicar las competencias sobre los ríos valencianos y rechazarlas después cuando se reciben y las reacciones de la Generalitat ayer parecer estar dirigidas de nuevo a tensar la cuerda de las relaciones con el Gobierno.
Sin embargo, el decreto incluye, según la Generalitat Valenciana, un reparto en la composición del Consejo del Agua -responsable de la futura gestión del Júcar- donde se ha optado por primar con un 80% el peso del territorio y solo un 20% para la población, lo que incrementa la representación de Castilla-La Mancha en estos órganos. La Generalitat ha amenazado con recurrir la norma que tampoco gusta en Castilla-La Mancha.