El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, anunció ayer la intención del Consell de reformar el Estatuto valenciano para igualarse a Cataluña en aquellas competencias en las que el Ejecutivo estime que puede haber «discriminación». A preguntas de los periodistas en los pasillos de las Corts, Castellano adelantó que entre las cuestiones recogidas en el Estatuto catalán a la que ahora aspiraría la Comunitat están el agua y la financiación autonómica, aunque precisó que no la regulación en materia lingüística. En concreto, Castellano apeló a la conocida como cláusula Camps como mecanismo para reclamar las competencias logradas por Cataluña una vez que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el recurso presentado por el grupo popular en el Congreso, una sentencia en la que se declaran constitucionales un total de 14 preceptos, se someten a interpretación otros treinta, lo que supone menos del 10% de los 187 artículos impugnados por el PP.
La cláusula Camps es la disposición adicional segunda del nuevo Estatuto valenciano, que autoimpone a los poderes públicos la obligación de velar porque «el nivel de autogobierno» en la Comunitat Valenciana «sea actualizado en los términos de igualdad con las demás comunidades autónomas». En realidad la cláusula no actúa de manera automática e implica una reforma de la carta magna valenciana.
Desde que la reforma del Estatuto valenciano entró en vigor hace ahora más de cuatro años, el Consell de manera intermitente y siempre a remolque de las reivindicaciones de Cataluña para aplicar su propio Estatuto ha amagado con aplicar la cláusula Camps. Lo hizo durante el debate de la competencias de los trenes de cercanías y especialmente durante las negociaciones sobre el nuevo modelo de financiación. Con el avance del fallo del Constitucional en la mano y en espera de que se resuelva el propio recurso que en su día presentó la Generalitat, el Consell ya tiene claro lo que quiere para sí y lo que no respecto a lo que se ha salvado de la criba del alto tribunal. Tal como avanzó Levante-EMV el Constitucional ha tumbado determinadas exigencias de Cataluña sobre la financiación autonómica, pero ha salvado la cláusula que blinda para Cataluña un cupo en la inversión territorializado del Estado equivalente al peso del PIB catalán en el conjunto de España. Fuentes del Consell aseguraron ayer que el Ejecutivo no descarta incluir en la posible modificación del Estatuto una disposición adicional similar (Andalucía también la tiene aunque vinculada al peso de la población). No es la primera vez que el Consell amaga con reclamar formalmente este tipo de cláusula pese a que en el caso de Cataluña la recurrió ante el Constitucional. También resulta chocante la alusión de Castellano a posibles reivindicaciones en materia de agua, ya que el discurso del PP valenciano siempre ha sido que es el Estado y no las comunidades las que deben decidir sobre el reparto de los recursos hídricos. Como también adelantó ayer este diario, el Constitucional ha validado los artículos recurridos sobre la cuestión hídrica, en concreto, aquellos que hacían referencia al informe preceptivo de la Generalitat de Cataluña para cualquier propuestas de trasvase, así como participar en la planificación hidrológica de los ríos «que pasen o finalicen» en Cataluña.
Con todo, Castellano se remitió a la reunión que próximamente mantendrá la comisión de expertos para analizar la sentencia —el texto íntegro todavía se desconoce— para ver si es conveniente reformar el texto valenciano para introducir las competencias que amplía la ley catalana. «Todo lo que es declarado constitucional del Estatuto de Cataluña será también constitucional para todos y también para la Comunitat Valenciana», defendió el conseller, quien resaltó que en aquello en lo que se considere que esta autonomía puede ver «mermado cualquier tipo de derecho» se actuará. Con el dictamen de los expertos, Castellano anunció que iría a las Corts para anunciar su propuesta y pedir el respaldo de los grupos.
Las líneas rojas
Castellano dejó claro, sin embargo, que la Comunitat no anhela los derechos lingüísticos de Cataluña. La sentencia del TC considera inconstitucional que el catalán sea lengua «preferente» de las Administraciones, pero mantiene que es el idioma vehicular en la enseñanza, una cuestión que expresamente Castellano rechazó para la Comunitat. «La Generalitat no permitirá que haya ciudadanos de primera o de segunda, según el idioma», dijo, al tiempo que rechazó el requisito lingüístico en el acceso a la función pública.
El conseller sacó pecho de la reforma valenciana porque, dijo, se demuestra que éste es un texto «leal a la Constitución» y que no entra en conflicto con ella «en temas como la nación o el idioma o en cuestiones como la justicia». «Para defender lo nuestro no hace falta ser una nación», sentenció.
Una fórmula a conveniencia
La apelación del Consell a la cláusula Camps no ofrece ninguna garantía política ni jurídica. La disposición, que introdujo el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, in extremis para salvar la negociación con el PSPV sobre la reforma estatutaria, carece de fuerza legal. Es más una declaración de intenciones de compromiso político para no quedarse atrás sobre la conquistas de autogobierno de otros territorios. Con todo, en su momento suscitó cierto debate jurídico sobre la constitucionalidad de una disposición que de su lectura literal da entender que automáticamente la Generalitat asumirá las competencias que el Estado reconozca a otras regiones. En su día, dirigentes del PP alertaron que la redacción original de esta disposición podría abrir la puerta a asunciones automáticas de competencias indeseadas. Los posibles efectos perversos quedaron desactivados al matizarse que la reclamación de estas competencias sería «en su caso».
La reivindicación «selectiva» de competencias al amparo de la cláusula Camps se evidenció ayer con las declaraciones del conseller Castellano. El Consell peleará por competencias en materia de financiación y agua, pero descarta cuestiones como los derechos lingüísticos.
Además, cabe apuntar al tratarse de una disposición inocua desde el punto de vista jurídico, cualquier reforma del Estatuto requiere renovar el pacto político que en su día se alcanzó con el PSOE para que la modificación llegue a buen puerto. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, todo apunta a que se convertirá en la nueva bandera del Consell.