El memorando sobre el trasvase Tajo-Segura que firmaron, sin cámaras, ni presencia de periodistas, el Ministerio de Medio Ambiente y los Gobiernos de Murcia y Comunidad Valenciana, que presiden Ramón Luis Valcárcel y Alberto Fabra, respectivamente, “debe entenderse como una declaración de intenciones”, según consta en una respuesta del propio Gobierno a un grupo de diputados socialistas en el Congreso.

Para los responsables del ministerio, el memorando, del que se descolgó desde el inicio el Gobierno de Castilla-La Mancha, es “una nueva muestra de la voluntad de alcanzar acuerdos en materia de agua desde el diálogo, la colaboración y la cooperación”, según refleja la respuesta.

El Gobierno resta trascendencia a este pacto al considerar que únicamente servirá para “asentar las bases de un foro de diálogo y análisis sobre la gestión del agua en el que están invitadas todas las comunidades de las cuencas del Tajo y del Segura”. Es decir, es papel mojado, que solo serviría de algo si se incorporan propuestas y alegaciones al plan de cuenca del Tajo, cuyo borrador está ahora en exposición pública hasta el próximo 20 de septiembre.

A la firma de este acuerdo, el pasado 9 de abril, solo acudieron Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente, en representación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y los consejeros valenciano y murciano, José Ciscar y Antonio Cerdá. La rúbrica semiclandestina del Memorando de Entendimiento sobre aguas excedentarias del trasvase Tajo-Segura sirvió para aplacar los ánimos y rebajar la tensión de los regantes que durante los últimos años han protagonizando decenas de manifestaciones a favor de los trasvases, tanto los existentes como el demandado trasvase del Ebro. “Es una derrota sin paliativos para la provincia de Alicante, Almería y Murcia”, denunció Eladio Aniorte. El presidente de Jóvenes Agricultores admitió que “la todopoderosa señora de Cospedal [presidenta de Castilla-La Mancha] ha conseguido un buen acuerdo para su región”.

Castilla-La Mancha se descolgó del acuerdo sobre el Tajo-Segura

Por su parte, la Unió de Llauradors advirtió que el borrador del plan hidrológico del Tajo “pone en serio peligro” el trasvase a la cuenca del Segura. “Nos preocupa la sumisión de los políticos de nuestra tierra”, dijeron.

Ahora el Gobierno, en la contestación a, entre otros, los diputados socialistas alicantinos Herick Campos, Gabriel Echávarri y Federico Buyolo, insta a que los Gobiernos de Murcia y Valencia que transmitan al ministerio “los resultados de estudios y análisis con propuestas motivadas” de las actuaciones que se puedan realizar.

La firma del memorando se organizó después de la intensa polémica y el rechazo generalizado de los regantes a que se aumentara el umbral necesario para poder trasvasar. Al final, las exigencias y criterios de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, habían salido ganando, ya que el borrador del plan de cuenta del Tajo elevó a 400 hectómetros las reservas necesarias en la cabecera del Tajo para poder autorizar trasvases. Hasta ahora se necesitaban solo 240 hectómetros.

Las reservas en la cabecera para trasvasar serán de 400 hectómetros

El consejero de Agricultura, José Ciscar, intentó mitigar el malestar de los regantes alicantinos. Antes de firmar el acuerdo, se escudó en que las pretensiones iniciales del Gobierno eran mucho mayores, ya que se pretendía elevar la reserva a los 600 hectómetros cúbicos y subir el caudal ecológico del río de 6 a 10 metros cúbicos por segundo en Aranjuez y de 10 a 16 en Talavera de la Reina.

El vicepresidente y consejero de Agricultura presentó entonces en decenas de reuniones y actos públicos ese memorando conjunto, con Murcia y el Ministerio de Agricultura, que carece de validez jurídica, ya que ni obligada a nada, ni asegura ninguna transferencia hídrica.

El acuerdo suscrito a tres bandas se limita a señalar que “el mantenimiento del trasvase es un objetivo estratégico” y que su permanencia “debe quedar garantizada”. Pero ni recoge cifras ni suma a la parte más importante, que es la comunidad que, en caso de necesidad, debe ceder el agua: Castilla-La Mancha. “Este acuerdo pone de manifiesto que el trasvase va a continuar y a obtener consensos”, recalcó Ciscar, tras la firma del memorando. Sin embargo, la opinión del Consell no fue compartida por buena parte de los regantes que desconfían del acuerdo.

Por último, el Gobierno, en esta respuesta parlamentaria, informa de los volúmenes de agua trasvasados desde la cabecera del Tajo en los últimos diez años. La máxima cantidad fue en 2002-03 (518 hectómetros) y cuanto y la mínima del 2006 al 2008 (178 hectómetros). El ministerio considera que el volumen de agua a trasvasar es “de acuerdo con las reservas de agua embalsadas y las aportaciones previstas”.

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