El secretario general de ASAJA pide ‘no frivolizar’ con las cifras de la PAC

Tras cuatro años de negociación en Bruselas, el debate interno entre las Comunidades Autónomas y la última Conferencia Sectorial de Agricultura, aún quedan aspectos decisivos para el reparto de las ayudas agrarias europeas que se comenzarán a dilucidar una vez haya concluido la presentación de solicitudes para la PAC del 2014 que arranca el 17 de febrero.

Así lo confirmó en declaraciones a Europa Press el secretario general de Asaja CLM, y presidente de la organización, José María Fresneda quien aseguró que en este tema «no se puede frivolizar con las cifras pues en Castilla-La Mancha hay 150.000 familias que en mayor o menor medida dependen de estas ayudas».

Fresneda lamentó los extremismos a la hora de hacer una valoración de cómo ha quedado un modelo que todavía no se conoce en detalle. «Ni se pueden lanzar las campanas al vuelo, ni se puede estar en el cuestionamiento permanente, porque los que lo hacen no viven de la agricultura», aseguró.

Respecto a las tensiones internas para determinar el sistema de reparto dentro de nuestro país, el dirigente regional aseguró que «el reparto lo hacen quienes no padecen la discriminación, positiva o negativa, que se aprobó en la última Conferencia Sectorial» ya que el ministro impuso un modelo de convergencia de cinco ejes «con el que seguimos como estábamos».

Sin embargo matizó que aunque se lograra mantener el mismo presupuesto para nuestro país «no es del todo cierto que vayamos a recibir lo mismo».

Uno de los éxitos: limitar las hectáreas

En este sentido Fresneda explicó que uno de los grandes éxitos del ministro Arias Cañete fue limitar las hectáreas con derecho a ayudas a los 22,4 millones de hectáreas desde los 38 millones que se marcaban como máximo, aunque hasta ahora tan sólo había 17 millones de hectáreas que recibían ayudas.

Esto se traduce para Castilla-La Mancha en un incremento de un millón de hectáreas lo que significa «que si se tiene que pagar con el mismo dinero, algo perderemos», aseguró Fresneda. Por este motivo, señaló la necesidad de que estas ayudas se dirijan a mejorar las condiciones del sistema productivo para producir más.

Aseguró que nuestra región todavía está lejos del objetivo marcado por Cañete para que las explotaciones tengan garantizado un 30% de su renta por las ayudas y el resto por la producción ya que Castilla-La Mancha está más cerca del 60-40 por ciento.

Para el responsable de Asaja en la región este diferencia se debe a que todavía no se han puesto en marcha las 66 medidas prometidas por Arias Cañete cuando llegó al ministerio y en cuanto no se pongan en marcha «en España no tendremos un modelo de agricultura como sí lo tienen en el resto de Europa».

Aspectos clave de la nueva PAC

El secretario general de Asaja CLM, repasó algunos de los puntos más importantes de esta nueva PAC que determinará el futuro de las ayudas hasta 2014.

En este sentido lamentó que se perdiera la oportunidad que concedía Bruselas a nuestro país de restringir aún más los beneficiarios de las ayudas a través de la definición de agricultor activo, y que además dentro de estas restricciones ya se están buscando «las trampas» para poder seguir cobrando las ayudas agrarias.

En este sentido, explicó que muchos agricultores jubilados están buscando quién les haga facturas para poder demostrar ciertos ingresos y seguir cobrando para poder «compensar sus maltrechas pensiones».

Pero lejos de querer culpar a nadie, Fresneda se preguntó si éste no será un signo indicativo de que lo que se necesita es una pensión digna para no tener que depender de estos ‘atajos’ al tiempo que valoró que se acaben con los contratos de arrendamiento de palabra pues tendrá que justificarse «en especie o de otra forma que se pueda declarar» lo que perciba el arrendatario.

Consideró un avance las limitaciones por la definición de actividad agraria pero echó de menos que no se hayan tenido en cuenta otros criterios que no sean los puramente económicos como el de excluir de las ayudas a aquellos a los que éstas supongan más del 80% del total de los ingresos agrarios. Por ello, señaló que el éxito dependerá en gran medida de la pericia de los controladores de la administración quienes para Fresneda tendrían que tener ánimo de ayudar y no sólo de sancionar.

Fresneda se mostró sorprendido que a estas alturas todavía no se conozca el sistema de regionalización con el que se pretende dividir al país entre 22 y 24 comarcas agrarias «y me gustaría pensar que es para evitar movimientos especulativos y no porque todavía no se haya alcanzado un acuerdo», aseguró.

CLM pierde 290 millones para el desarrollo rural

En el capítulo de los fondos para los programas de Desarrollo Rural, que están cofinanciados entre la UE, el Estado y la comunidad autónoma, Fresneda alertó de la posibilidad de que el éxito de haber logrado más fondos para la región se pueda volver en su contra.

En este sentido, explicó que son más de 1.000 millones los que la región recibirá en este apartado pero que tras el anuncio del Ministerio de reducir su aportación se preguntó si habrá bastante dinero en las arcas de Castilla-La Mancha para compensar esta disminución. «No quiero pensar que se tenga que devolver ni un solo euro de las ayudas a Bruselas», sentenció.

Para evitarlo, confió en que el Gobierno regional cuente con las organizaciones agrarias en lugar de con las entidades bancarias, como ha hecho con la reestructuración del viñedo, para poder confeccionar «un verdadero programa de Desarrollo Rural» que garantice el buen aprovechamiento de todos los fondos.

En estos momentos, aunque Castilla-La Mancha tiene garantizado un porcentaje de cofinanciación del 75 por ciento al ser región en transición, se desconocen los porcentajes reales que se aplicarán a cada uno de los programas y que puede hacer que se reduzcan los fondos.

Una reducción que Asaja CLM cifró en 290,44 millones de euros en los próximos seis años con respecto al anterior periodo de la PAC, en base a los datos facilitados por el Ministerio teniendo en cuenta las reducciones anunciadas por el Gobierno de España y por las autoridades europeas.

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