Andalucía se convirtió ayer en la primera comunidad que gestionará su parte territorial de una cuenca hidrográfica intercomunitaria tras el acuerdo suscrito en Sevilla por la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el presidente autonómico, Manuel Chaves. En este pacto, el Gobierno cede al ejecutivo andaluz la gestión del río Guadalquivir en el sector que cruza aquella comunidad. Esto supone aproximadamente un 90 por ciento de su cuenca, la cual, sin embargo, también incluye Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. Por este último motivo, la medida sienta un complejo precedente, ya que abre la puerta a nuevos traspasos a otras comunidades autónomas.
El traspaso de la gestión del Guadalquivir está previsto en el Estatuto de Autonomía andaluz, pero desde la Generalitat se considera una medida «grave», ya que supone «la ruptura de la planificación hídrica estatal», según la Conselleria de Medio Ambiente y Agua. De hecho, el ejecutivo valenciano no ha planteado hasta la fecha una transferencia similar en el tramo valenciano del Júcar, ya que apuesta por la unidad de cuenca. En este sentido, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad únicamente plantea en esta materia «el derecho al agua de calidad y al aprovechamiento de los excedentes de otras cuencas de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal».
Por otra parte, este traspaso, que ya estaba previsto por las dos administraciones firmantes, ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por el gobierno autonómico de Extremadura. La firma del pacto con el que se aprueba la transferencia se produce antes de que la más alta instancia judicial del Estado se pronuncie sobre este asunto.
Tras sellar el acuerdo, Chaves declaró ayer que era un «día de fiesta para Andalucía». Por su parte, la ministra Salgado declaró que se trata de «una buena noticia para quienes creemos en el Estado autonómico, porque el respeto y la salvaguarda del interés general no es privativo de la Administración central».
Con el traspaso, la Junta de Andalucía podrá explotar, conservar y establecer el régimen de desembalse de los aprovechamientos hidráulicos y de las obras de 53 de los 57 embalses de la cuenca del Guadalquivir. Los cuatro excluidos son los de Fresneda, Montoro, Jándula y Pintado, que conserva el Gobierno central, ya que sus aguas abastecen a Castilla-La Mancha y Extremadura.