La guerra del agua no es una escaramuza breve, no es cuestión de modas pasajeras o de consignas políticas de aluvión: para quienes -como los albaceteños- sabemos de la importancia del aprovechamiento de los recursos hídricos, para quienes llevamos muchos años defendiendo el derecho de esta tierra al progreso a través del agua, este conflicto tiene muchos frentes entre los que no cabe desatender ninguno: y por supuesto, hay que atender también al frente judicial.
Ayer, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha lanzó una seria ofensiva en este frente judicial al encargar a los servicios jurídicos de la Junta que impugnen ante el Tribunal Supremo el artículo 2 de la Transitoria Única y de la Disposición Final Primera del Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas. Dicho así, puede parecer una disquisición leguleya, uno de esos pleitos de difícil comprensión basado en interpretaciones de letra y espíritu sin aplicación en la vida cotidiana. Pero no es así: el Decreto que la Junta va a recurrir en nombre de todos los castellano-manchegos perjudica seriamente los intereses de nuestra región y de nuestra provincia, ya que perdemos capacidad decisoria sobre las cuencas intracomunitarias de las Demarcaciones del Júcar y del Segura, en perjuicio de Castilla-La Mancha. Quiere ello decir que las cuencas internas de la comunidad valenciana (algunas tan tristemente famosas como la del Turia) van a ser adscritas de forma provisional a las confederaciones hidrográficas correspondientes, y en el caso del Júcar la consecuencia es tan injusta como absurda: se le da la vuelta a la conocida sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan Hidrológico del Júcar, que dejó claro que los recursos hídricos de este río no tienen por qué atender las necesidades de lo que, ‘de facto’ (y también ‘de lege’, según el fallo ahora incumplido), son cuencas independientes. Conviene no olvidar además que esa resolución del Supremo es consecuencia de la lucha ciudadana que surgió desde nuestra ciudad a través de la Fundación para el Progreso de Albacete; así, lo que fue un logro de la sociedad civil, que obtuvo justicia a través de los medios del Estado de Derecho, no puede ser burlado mediante el uso y abuso del Boletín Oficial.
La decisión de la Junta es un nuevo paso más dentro de esa concepción global de la guerra del agua a la que nos referíamos al principio: hay que pelear en las calles, en los parlamentos, en los estatutos… y por supuesto también en los tribunales. Porque es tanto lo que nos jugamos, que no podemos descuidar ninguno de los frentes.
