Aunque los servicios jurídicos municipales andan todavía estudiando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la alcaldesa, Carmen Oliver, ya anunció ayer su intención de recurrir en casación al Tribunal Supremo el fallo que obliga al Ayuntamiento de Albacete a pagar a los regantes valencianos una compensación económica por cada metro cúbico de agua que se beba la ciudad en tiempo de sequía, cuando el pantano de Alarcón se encuentre por debajo de un determinado límite.
«Vamos a defender el uso prioritario del abastecimiento humano», declaró Oliver, al ser preguntada por esta sentencia que ha sido notificada en esta semana al Ayuntamiento y a la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo). Ambas entidades llevaron este asunto a los tribunales en 2005, recurriendo una resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar que autorizaba a Albacete a beber agua de los volúmenes de reserva, a cambio de pagar a la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) a razón de 0,0305 euros por metro cúbico.
El origen de este pleito está en el convenio del embalse de Alarcón, firmado en julio del 2001 entre el Ministerio de Medio Ambiente y la USUJ. Los regantes valencianos e Iberdrola, propietarios del embalse, cedían al Estado el uso de Alarcón, eso sí, en dicho acuerdo se fijaron unos volúmenes de agua reservados para la USUJ y las condiciones en las que, alcanzados esos niveles, podrían ser utilizados por otros usuarios de la cuenca del Júcar.
En tiempos de sequía
En 2005, con la sequía, las reservas del pantano de Alarcón bajaron tanto que la ciudad de Albacete necesitó recurrir a esos volúmenes de reserva para beber. La Confederación del Júcar, le autorizó, pero aprobó una resolución obligando al a ciudad a pagar una compensación económica a los regantes valencianos que al no poder usar agua de Alarcón debían bombear agua de los pozos y a Iberdrola que dejaba de turbinar agua en las presas del Júcar al ser derivada ésta por el canal del trasvase Tajo-Segura. La situación volvió a repetirse en 2006.
El Ayuntamiento de Albacete, y la Junta Central de Regantes, de la que forma parte el consistorio como usuario del Júcar que es, recurrieron a los tribunales, con el argumento de que la Ley de Aguas y el Plan Hidrológico del Júcar no podía quedar supeditado al convenio de Alarcón. Así, ante la Justicia trataron de hacer valer que lo primero era beber, y después regar y los usos hidroeléctricos, tal y como dice la Ley de Aguas, y que no era de recibo tener que pagar a los regantes para poder abastecer a una ciudad como es Albacete que, además, está en la cuenca del Júcar. A este respecto, recordaban que durante años la ciudad de Valencia que está en la cuenca del Turia se había estado abasteciendo casi en exclusiva con agua del Júcar, de ahí que intentasen hacer valer el derecho prioritario de la ciudad de Albacete que sí pertenece a la cuenca del Júcar.
Estos argumentos no han sido respaldados por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Ahora, el Ayuntamiento tratará de defender su tesis en el Tribunal Supremo. La Junta Central de Regantes también estudia la viabilidad de un posible recurso.