El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), José Manuel Claver, mantuvo ayer una reunión con el portavoz del PSOE de Agricultura en el Congreso de los Diputados, Alejandro Alonso, para exponerle su posición sobre el Plan Hidrológico del Tajo, que discrepa abiertamente de los postulados que se defienden desde Castilla-La Mancha.
El ámbito territorial de la gestión encomendada al Scrats se centra en el sureste español, en las provincias de Murcia, Alicante y Almería, y abarca las distintas zonas regables en las que se aplican las aguas procedentes del río Tajo con destino a los regadíos.
José Manuel Claver, que está manteniendo contactos con otras fuerzas parlamentarias así como con diferentes eurodiputados, quiso trasladar al portavoz socialista su deseo de alcanzar un acuerdo que satisfaga tanto a estas zonas como a Castilla-La Mancha, y que de fin a la «guerra» larvada que mantienen tras la presentación del Plan Hidrológico del Tajo.
Por su parte, Alejandro Alonso escuchó las explicaciones y argumentos del presidente del Scrats, aunque no se pronunciará sobre las mismas hasta analizar en profundidad las mismas.
Informe de una consultora.
Para defender sus posiciones, el sindicato ha encargado a una prestigiosa consultora internacional un informe titulado ‘Impacto económico del trasvase Tajo-Segura’, al que tuvo acceso La Tribuna, y que básicamente se centra en la medición de las actividades económicas vinculadas al agua del trasvase y donde se subraya su importancia en el desarrollo económico, social, industrial y turístico de Murcia, Almería y Alicante.
En esta línea, se explica que el 80% de los regadíos de la zona del trasvase utiliza sistemas de riego localizado, que aprovechan mejor los recursos hídricos, frente a una media nacional que se sitúa por debajo del 50%, además de permitir el desarrollo de empresas locales que comercializan esta tecnología y componentes a nivel internacional.
Tras subrayar la aportación de la agricultura de la zona del trasvase al Producto Interior Bruto (PIB) de estas zonas, también se recalca el hecho de que la zona del trasvase generó 58.632 empleos directos en el 2012, lo que supuso el 38,8% del empleo del sector agrario en las tres provincias, y 15.000 empleos adicionales de forma indirecta.
Según este estudio, el impacto en PIB de las actividades relacionadas con la agricultura del trasvase asciende a 2.364 millones de euros, de los cuales más del 50% corresponden a agricultura, un porcentaje que se encuentra en los mismos niveles que la contribución al PIB de la industria extractiva a nivel nacional, y es más del doble de la de sectores como el de selvicultura y explotación forestal y pesca y acuicultura, también a nivel nacional.
Por último, el informe hace un una evaluación del importante impacto que supondría para la economía de estas regiones las posibles variaciones en la cantidad de agua trasvasada, como consecuencia de restricciones en el volumen de agua disponible en origen, o por aumentos del precio del agua.
Reducir la reserva del trasvase.
Recientemente los regantes murcianos han anunciado que presentarán importantes alegaciones al borrador del Plan Hidrológico del Tajo, que cuentan como punto principal la «ilegalidad» del artículo 26, con el fin de lograr que las condiciones hidrológicas que regulan el trasvase estén fijadas por ley, como lo exige, según su opinión, la propia Ley de Aguas.
En concreto, se oponen rotundamente a la elevación a 400 hectómetros cúbicos de reserva porque hay una norma del Plan Hidrológico Nacional, con rango de ley, que habla de 240 hectómetros y, por lo tanto, una norma inferior no puede derogar a otra superior.