Narbona le dice al Gobierno catalán que compre agua a los regadíos, como hace la cuenca del Segura

Se lo pudo decir más alto, pero no más claro. La ministra de Medio Ambiente en funciones, Cristina Narbona, comunicó ayer al consejero catalán Francesc Baltasar, que no habrá ningún trasvase del Segre, en la cuenca del Ebro, al río Llobregat para resolver los problemas de abastecimiento del área metropolitana de Barcelona. En una conversación telefónica, Narbona le dijo al responsable de Medio Ambiente de la Generalitat que estudie otras alternativas, como la compra de derechos de agua a los agricultores, como viene haciendo la cuenca del Segura desde hace dos años a los regantes de Estremera y Aranjuez, así como dentro de la propia confederación.

En la conversación con Baltasar, realizada a final de la mañana, Narbona dio por zanjado el tema y le comunicó que no había «ninguna ambigüedad» en las palabras que pronunció el viernes la vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, María Teresa Fernández de la Vega. Cuando dijo que no habrá ningún trasvase del Ebro al Llobregat, se refería a la cuenca del Ebro en su integridad, explicó ayer a La Verdad un portavoz del Ministerio.

Francesc Baltasar, que pertenece a Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), había declarado el fin de semana que De la Vega no había mencionado en ningún momento el trasvase del Segre al Llobregat, y que por lo tanto creía entender que su propuesta no era rechazada por el Ejecutivo central. Narbona le aclaró ayer las ideas. En el Ministerio de Medio Ambiente no se explican cómo miembros del Gobierno de Cataluña han propuesto este trasvase, para derivar entre 20 y 45 hectómetros al año, sin haber estudiado la situación de la cabecera del río Segre, que no tiene al parecer suficientes aportaciones. Además, esta propuesta cuenta además con el rechazo frontal de los agricultores de Lleida, concretamente de los canales de Urgell y Segarra-Garrigues, que señalan que no tienen agua ni para sus explotaciones.

Cristina Narbona planteó ayer al consejero catalán que estudie la compra de derechos de agua a los agricultores de su comunidad, como se viene haciendo en otras cuencas, como la del Segura, donde el Sindicato Central de Regantes y la Mancomunidad de Canales del Taibilla están comprando sus concesiones a Estremera y Aranjuez. Asimismo, la Confederación Hidrográfica tiene abierto un concurso público para comprar derechos de agua dentro de la propia cuenca. La ministra en funciones recordó que el Gobierno central es el único competente para autorizar trasvases entre cuencas hidrográficas distintas, ya que lo que se plantea es conectar la del Ebro con las cuencas internas de Cataluña.

Narbona mostró su confianza en que la situación se normalice en Cataluña una vez que se pongan en marcha las desalinizadoras que hay en construcción. Dos de ellas están siendo ejecutadas por la Generalitat catalana, sobre la base de la concesión que hizo en su día el Ministerio, que le transfirió además el montante de las subvenciones europeas. La otra desalinizadora depende de la sociedad estatal Acuamed. Entre todas deben aportar entre 60 y 100 hectómetros cúbicos anuales.

Mientras tanto, el Ministerio sigue adelante con la propuesta de enviar agua desalinizada por barco desde Almería. Narbona no considera esta medida como una alternativa a ningún trasvase, sino como un complemento, ya que no será suficiente para cubrir el déficit de Barcelona.

Cataluña insiste

La Generalitat volverá a plantear la captación de agua del Segre al futuro Gobierno de Rodríguez Zapatero, según manifestó ayer Francesc Baltasar tras su conversación con la ministra. Éste reconoció «las reticencias» de Cristina Narbona al considerar que «podía ser interpretado» como un trasvase, informa Europa Press. El consejero añadió que no ha querido «forzar» más a la ministra teniendo en cuenta que está en funciones y que la decisión dependerá del futuro Gobierno.

El presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, aseguró que no quiere «que nadie se quede sin agua para beber, ni en Cataluña ni en ningún sitio», pero precisó que está obligado «a cumplir el Estatuto de Autonomía de Aragón, que nos exige que luchemos contra los trasvases».

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