Según anunció oficialmente el Gobierno, la electricidad ha subido este principio de año sólo un 3,5%; como proclamó en anteriores subidas, el año pasado, incrementos del orden del 5% o 7%. Hasta el presidente del principal partido de la oposición da casi por bueno el orden de magnitud de tales porcentajes, pues no hace aún ni dos meses criticó al Ejecutivo por haber autorizado subidas que representaban más de lo que decía, pero el señor Rajoy hablaba de un 15%, con lo que se quedaba muy lejos de la realidad.

Sorprende que, pudiendo hincar mucho más el diente de la crítica en plena caza política, quienes se supone que han de estar muy bien informados prefieran dejar escapar una buena pieza. ¿Tan mal se dejan asesorar?

La electricidad habrá subido con moderación en los usos domésticos, pero en los demás se ha encarecido muchísimo más, y es incomprensible cómo sigue reinando un silencio casi total al respecto cuando se fraguan continuos encarecimientos, y en ciertos casos de manera encubierta.

Los aumentos han sido fortísimos en alta tensión y en tarifas de riego agrícola, que han desaparecido. Es una cuestión que afecta directamente al sistema productivo: industria, agricultura y ganadería. Por tanto, estamos hablando de incrementos de costes, de su traslado al consumidor vía precios, de pérdida de competitividad y de hundimiento económico en los casos en que esos aumentos no se pueden trasladar a nadie más y los asume el productor como si fuera un consumidor final, como ocurre en el sector agrario.

Hay situaciones en las que los costes eléctricos se han duplicado en sólo medio año. Muy lejos de lo que dice el Gobierno. Ocurre en alta tensión, donde se impuso el 1 de julio la liberalización obligada, que equivale a superaumentos seguros, y en las tarifas de riego de baja tensión, cuyos usuarios se han encuadrado en las tarifas generales.

Los aumentos medios oscilan entre el 40% y el 60%, pero como ha habido reducción de horas «valle», quienes las usaban al máximo para racionalizar el consumo tienen que caer ahora en las «llano», con lo que el aumento real en esos tramos es superior al 100%. Basta comparar recibos.

Ahora, en enero, los precios «liberalizados» han vuelto a subir una media del 14%. Nada del 3,5% de las tarifas reguladas.

Para mayor inri, la Orden del Gobierno que marcó la nueva regulación eléctrica para este año, publicada el 31 de diciembre pasado (todo el mundo atento al BOE en esas fechas, naturalmente), contiene un inusitado encarecimiento añadido por la vía de dejar indefensos a los usuarios de alta tensión (industrias, comercios, explotaciones agrícolas y ganaderas, riegos, etc.).

Esta normativa amplía en dos horas el tramo diario de horas «punta», el de precio más caro, que pasa de cuatro horas anteriores a seis. A cambio también amplía a 18 horas el tramo de «valle», el menos caro, en sábados, domingos, y festivos de rango nacional, que hasta ahora estaba en sólo ocho horas diarias, que se mantienen para las demás jornadas. Las seis horas restantes de sábados, domingos y festivos serán «llano» (precio intermedio), con lo que esos días no tendrán «punta».

En principio es una buena noticia, sobre todo para los usos que pueden programarse con utilización intensa en determinadas horas de cada día, como ocurre con los riegos agrícolas, donde hay una gran disciplina en el empleo de las horas «valle», menos cara, que se ven ampliadas. Sin embargo hay una trampa. Mientras no se cambien y reprogramen los contadores, como el Gobierno supone que no puede saberse qué se consume en cada tramo, autoriza a las compañías eléctricas a que facturen durante ¡seis meses como máximo! prorrateando el consumo total en los tres tramos, independientemente de cuando se realice.

Con esta autorización del Gobierno, miles de usuarios que ni siquiera tienen contratado el periodo de «punta», y por tanto tienen vetado consumir en ese tramo, ya están pagando como si lo hicieran ¡y a casi el doble de precio de que lo que realmente consumen! Usted no va al cine, lo tiene prohibido, pero le cobran igual la entrada. Será legal porque lo ha publicado el BOE, pero es claramente injusto e inmoral. ¿Qué dirían los jueces?

El galimatías en que ha metido el Gobierno del PSOE a multitud de consumidores es enorme, y la situación se mantendrá mientras no se actualicen sus contadores. ¿Y quién los tiene que poner en solfa? Las compañías eléctricas. Sin embargo, aún no se ha cambiado ni uno, porque no estaban preparadas para este tinglado. Ni siquiera tienen listo cómo resolver el problema de engañar informáticamente a los contadores, que no están programados para no contabilizar «punta» en fines de semana.