El Memorándum del Trasvase Tajo-Segura se estaba decantando ayer entre lo positivo o lo negativo para la Región de Murcia y Alicante. El futuro del acueducto vive unos momentos cruciales sorteando los reparos del Ejecutivo de Castilla-La Mancha al borrador que pactó el Ministerio con los gobiernos de la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana, según ha podido saber este diario. Los negociadores piensan sellar de forma inminente un acuerdo para tratar de satisfacer a todas las partes, en especial las reivindicaciones planteadas por Sindicato Central de Regantes del Trasvase para minimizar los efectos que tendrá la futura reserva de 400 hectómetros.
El Ministerio quiere cerrar el texto esta semana, y es probable que el documento se presente estos días en el Congreso de los Diputados, en medio de una máxima tensión entre los regantes porque había dudas sobre algunos puntos. La situación llegó ayer al extremo de que la decisión se encontraba en lo más alto. Los regantes del Trasvase ya advirtieron de que no piensan comulgar con ruedas de molino. Desde que se dio a conocer el Memorándum, el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha mantenido al margen de las negociaciones. Alberto Fabra manifestó en junio en Lorca que habría un acuerdo con Cospedal sobre dicho documento. El PP murciano señaló la semana pasada que las conversaciones iban por buen camino.
Controles en la cabecera
La materialización del borrador del Memorándum ha tenido muchos problemas en los últimos días debido a la postura del gobierno de María Dolores de Cospedal, y en concreto su consejera de Fomento, Marta García. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha puesto reparos a varios puntos del documento, sobre todo los referidos a la explotación de la cabecera. Una de las propuestas consiste en un control exhaustivo de los desembalses, una especie de auditoría para conocer el agua que se destinará a los usos propios de la cuenca del Tajo, con el fin de que se saque solo la que se necesita. El Memorándum también prevé cambios en las reglas de explotación, las cuales se guían por tres niveles que determinan los volúmenes que se puedan derivar en cada momento según las existencias almacenadas en la cabecera.
Asimismo, el Memorándum apuesta por la liberalización de los bancos de agua, para que se puedan comprar caudales a cualquier usuario de Castilla-La Mancha. El objetivo es que estas propuestas tengan garantías legales por medio de cambios normativos en varias leyes, lo cual afectará también a la reserva de 400 hectómetros.
El Sindicato Central de Regantes se ha mostrado firme en las dos últimas semanas para que el Gobierno central ratifique lo pactado y le otorgue cobertura legal al documento antes de que se apruebe el Plan del Tajo.
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