La necesidad de alcanzar un consenso en torno a una política hidrológica en España es uno de los propósitos que planteará hoy el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a los presidentes autonómicos durante las sesiones de la III Conferencia de Presidentes que tendrá lugar en el Senado. Un objetivo que, a priori, está sujeto a no pocas dificultades dada la politización que rodea al debate sobre el agua.

El agua, junto a la inmigración y las inversiones en I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), forma parte del orden del día. Los presidentes autonómicos del PP han criticado, de entrada, su marginación en la elaboración del temario así como la ausencia de trabajos previos para un debate «serio».
La posición del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, sobre el agua será uno de los escollos con los que se va a encontrar Zapatero. Camps acude a la cita con una reivindicación histórica: la ejecución del derogado trasvase del Ebro como único recurso que garantiza los aportes hídricos a la Comunitat.
Conscientes de esa actitud, el ministerio de Administraciones Públicas ha elaborado un informe, al que ha tenido acceso este periódico, para que el presidente del Ejecutivo rebata las tesis de Camps, que estará apoyado por el presidente Valcárcel, de Murcia.
El informe incluye una serie de datos (ver cuadro) sobre las inversiones realizas por el Gobierno en políticas del agua en la Comunitat en varias etapas que incluyen desde última legislatura del Gobierno del PP (2000-2003) hasta los años de gestión del Gobierno socialista. «Se trata de contrastar con cifras reales la voluntad inversora en este ámbito de un Ejecutivo y otro. El resultado no ofrece dudas», aseguró ayer un alto cargo.
La primera conclusión del informe señala que la inversión anual en la comunidad en políticas de agua se ha multiplicado por diez al pasar de los 60,40 millones de euros por año en el periodo 2000-2003, hasta los 661,44 millones contemplados en los presupuestos del Estado 2007. En términos relativos, las cantidades invertidas en la Comunitat pasaron del 4,84% (entre 2000 y 2003) hasta el 19,51% del total de inversión regionalizable en toda España, lo que supone cuatro veces más. El citado informe emplea otros parámetros: La inversión por habitante pasó de 14.000 euros (2000-2003) a 141.000 euros, es decir también multiplicada por diez. Una diferencia similar se produce si se calcula sobre el PIB de la comunidad o si se toma como medida el kilómetro cuadrado. En el informe se resalta la necesidad de alcanzar un consenso en materia de agua «en base a la sostenibilidad medioambiental», principio al que deben ajustarse las competencias que en esta materia tienen las comunidades. Una referencia a un control sobre el creciente desarrollo urbanístico.