L a Confederación Hidrográfica del Segura ha prorrogado hasta finales de octubre el final del actual año hidrológico que debía de concluir el 30 de septiembre. Esta medida otorga a los regantes del Trasvase que aún no han consumido el agua asignada para el actual año hidrológico un mes más para hacerlo.
El agua trasvasada debe de consumirse por Ley dentro del año hidrológico para el que se ha concedido. En caso contrario, el regante la pierde y el caudal pasa a formar parte de las reservas del siguiente año hidrológico.
La medida comunicada por la confederación supone que aquellos regantes que todavía no la han consumido podrán hacerlo en octubre El gerente de Riegos de Levante, José Manuel
En su opinión, la prolongación del año hidrológico no debe de afectar la convocatoria de la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente encargado de estudiar las peticiones de desembalse formuladas por los diferentes usuarios. En este sentido, trasladó la opinión del Sindicato Central del Regantes de que el citado organismo debe de reunirse para estudiar las peticiones de recursos para el mes de octubre.
Los embalses de Entrepeñas
Aragón Por otro lado, el conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, criticó que al presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, por animar a utilizar toda el agua del Ebro en su región

E l presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, dio ayer un nuevo golpe de efecto en la batalla que mantienen los usuarios contra el Ministerio de Medio Ambiente en forma de una nueva demanda judicial contra el departamento que dirige la ministra Cristina Narbona, al que van a reclamar en los tribunales unos cien millones de euros -más de dieciséis mil millones de las antiguas pesetas- en concepto de indemnización por los presuntos daños y perjuicios ocasionados por la paralización de las obras en 2005 y por el posterior cambio del proyecto. Los servicios jurídicos de la Junta Central tienen ya preparada una primera demanda en la que reclaman 752.283 euros pagados por los usuarios entre 2003 y 2006 por diferentes conceptos, entre los que destacan, la comisión de apertura del fallido crédito sindicado de 75 millones de euros que acordaron con la Caja del Mediterráneo y otras entidades de ahorro para aportar su participación económica en las obras del proyecto original Cortes-Villena. Martínez, entiende, por otro lado, que la deuda de 43 millones de euros a 30 de septiembre de 2005 que en su día les reclamó Aguas del Júcar por certificaciones del proyecto «no tiene ningún sentido cuando la sociedad estatal cambió el trazado de forma unilateral y sin contar para nosotros. Incluso nos expulsaron del consejo de administración con lo que sólo faltaba ahora que tuviéramos que pagar por una obra que no nos hacen, sería surrealista». Recordar, además, que Aguas del Júcar había llegado a un acuerdo con los usuarios para que la deuda se pagara vía tarifas cuando llegara el agua. La ruptura de relaciones entre la Junta y la sociedad estatal dio al traste con los acuerdos y anunció el comienzo de la guerra del agua que ha llevado el proyecto a los juzgados.

Andrés Martínez considera que la Junta Central tiene argumentos legales suficientes para plantear la demanda «desde el 22 de junio cuando la ministra firmó la autorización para el comienzo de las obras en el tramo «C» del nuevo trazado y, por lo tanto, existe ya un documento oficial para reclamar daños y perjuicios a Patrimonio del Estado. Todavía no tenemos la cantidad exacta que nos correspondería de indemnización pero calculamos unos cien millones de euros», subrayó ayer el presidente de la Junta Central quien apoyó su reivindicación en dos argumentos para él irrefutables: el proyecto inicial preveía que el trasvase Júcar-Vinalopó fuera una realidad el pasado mes de mayo y el retraso está provocando un daño irreversible a los acuíferos del Vinalopó cuyo nivel desciendo, en algunos casos, a razón de diez metros al año.

La Junta Central ha intentado acercar posturas con el Ministerio de Medio Ambiente en los últimos meses renunciando incluso a la toma en Cortes de Pallás si Aguas del Júcar trasladaba la captación del agua desde el Azud de la Marquesa al de Antella. No ha habido respuesta ni de Madrid ni de Valencia al insistir el Ministerio en que la decisión del cambio de trazado fue técnica. La Junta Central continúa rechazando el agua del Júcar y Aguas del Júcar sólo tiene respaldo a su proyecto de dos comunidades de regantes – Agosto y Monóvar – y una agrupación de propietarios de Elche que, según la Junta, no forma parte del colectivo al no tener derechos sobre el agua subterránea.

Por otro lado, han pasado ya cinco meses desde que Aguas del Júcar presentara en febrero el tramo «C» – Barxeta-Xátiva – ante la Confederación Hidrográfica del Júcar anunciando para marzo el comienzo de las obras. La empresa asegura que este mismo mes pondrá la primera piedra pero sigue tramitando los otros cuatro tramos que no tienen fecha de inicio. La canalización Azud de la Marquesa-Villena tiene una longitud de 93 kilómetros, con un caudal contínuo de 2,6 m 3 por segundo y punta de 3,5 m 3 y capacidad para trasvasar 80 hm 3 al año.

E l secretario de Estado para la Biodiversidad, Antonio Serrano, anunció ayer en el Congreso que el Gobierno ha aprobado un plan para tratar de acabar con la expansión del mejillón-cebra tras confirmarse que está presente ya en las cuencas del Júcar y Segura y puede seguir su colonización por toda España. Un problema que, de no erradicarse, podría provocar pérdidas de 40 millones de euros en 2025.

El mejillón cebra, una especie invasora procedente del centro de Europa, se ha detectado ya en aguas de las cuencas del Júcar y del Segura y es muy probable que en el futuro afecte a muchos cauces en todo el territorio nacional. Así lo aseguró ayer en el Congreso Antonio Serrano, quien respondió en la Comisión de Medio Ambiente una pregunta de la diputada socialista María Luisa Lizárraga sobre las medidas que se han puesto en marcha para frenar la colonización de esta especie. Lizárraga se refirió a la rápida colonización y de la expansión del mejillón cebra durante los últimos cinco años, y recordó que su presencia se ha detectado ya aguas abajo del Ebro, en Lérida, La Rioja y Burgos. La diputada socialista advirtió del impacto de esta especie en las redes de abastecimiento de agua potable o para riego, de los efectos negativos que tiene en el sector energético y turístico, y cifró en 40 millones de euros las pérdidas que puede ocasionar hasta el año 2025.

Antonio Serrano explicó que la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza ha aprobado ya una estrategia de lucha contra la especie, que será revisada y aprobada en la próxima Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que incluye un paquete de medidas para combatirla.

Serrano precisó que las medidas se orientan al tratamiento de las aguas ya afectadas, las aguas no afectadas y otras dirigidas a zonas especialmente sensibles, pero insistió en que de momento no cabe ser muy optimistas, y se refirió las experiencias conocidas de lucha contra el mejillón en Estados Unidos y el centro de Europa. Las medidas incluidas en la estrategia, explicó Serrano, se orientan a la desaparición del mejillón, y prevé, desde la extracción del molusco, hasta la variación de la temperatura del agua que coloniza, la utilización de toxinas selectivas o productos químicos para su erradicación.

El representante del Ministerio de Medio Ambiente explicó que el paquete de medidas que se va a poner en marcha pretende estrechar el seguimiento de esta invasión, detener su expansión y proceder a su erradicación.

E l Ministerio de Medio Ambiente justificó ayer el tercer retraso que se ha producido en el comienzo de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó -los trabajos en el municipio valenciano de Llanera de Ranes debían haber empezado hace dos semanas- en el celo con el que los técnicos están examinando toda la documentación del nuevo trazado para evitar situaciones como la que se produjo hace un par de meses con la desalinizadora de Torrevieja. La sociedad estatal Acuamed comenzó la obras junto al parque natural de las Lagunas sin tener completo el informe de impacto ambiental, argumento en el que se basó la Conselleria de Territorio para paralizarlas.

Un portavoz autorizado de Aguas del Júcar admitió ayer que la ejecución del nuevo trazado entre Cullera y Villena acumula «cierto retraso» apuntando, además, que el estudio de las alegaciones presentadas, algunas fuera de plazo como las del Consell, es otra de las circunstancias que explican la lentitud de la ejecución de un trasvase cuyos plazos de ejecución oscilan entre los dieciocho y los veinte meses. «No queremos que pueda haber ninguna complicación administrativa y una vez se inicien las obras éstas puedan sufrir algún retraso. Se trata de un proceso complejo que lleva su tiempo», subrayó el portavoz. Al parecer, la falta de la firma de los proyectos constructivos en la sede del Ministerio en Madrid es el último trámite que queda por solucionar. En un principio, las obras del polémico proyecto debían haber comenzado el pasado febrero.

Por otro lado y en relación a la llamada a la reflexión del presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, para volver a estudiar el traslado de la toma del agua al Azud de Antella -el caudal sirve también para consumo urbano- veinticinco kilómetros aguas arriba de Cullera, el Ministerio de Medio Ambiente rechaza contemplar la opción. El presidente de los usuarios lanzó la propuesta el pasado martes apoyado en la debacle electoral sufrida por el PSOE en las comarcas del Vinalopó, donde debe llegar el agua del Júcar. Fuentes el Ministerio reiteraron ayer que «en principio no hay ninguna posibilidad de dar marcha atrás. La decisión del cambio de trazado fue técnica, ha sido apoyada en dos ocasiones por la Unión Europea y como no fue un tema político no tiene sentido retomarlo», sentenciaron las mismas fuentes.

Aguas del Júcar celebró su último consejo de administración en Alicante el pasado 11 de mayo, reunión en el que se anunció que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) había presentado la mejor oferta de financiación de los 35 millones de euros que faltaban por reunir para tener garantizados los fondos para construir el trasvase. En el mismo consejo, el presidente de la sociedad estatal, Juan José Moragues, anunció la incorporación como consejero de Jaurés Vidal, presidente de la Comunidad de Regantes de la Virgen de la Paz de Agost, que había solicitado 6 hm 3 del trasvase desde Cullera. Durante el consejo fueron designados los directores de obra del tramo del nuevo trazado y todo quedó listo, según apuntó la sociedad en un comunicado, para que las obras comenzaran en la semana del 14 al 20 de mayo. Dos semanas después, el Ministerio de Medio Ambiente sigue sin firmar los proyectos constructivos y se ha ralentizado también el inicio de una campaña publicitaria para informar sobre el nuevo trazado.

Por su parte, la Junta Central de Usuarios celebró hace una semana en Villena una asamblea ordinaria en la que se felicitó a Jaurés Mira por su nombramiento como consejero en Aguas del Júcar – el presidente de la Junta, Andrés Martínez, fue relevado a finales de 2005 – . Sin embargo, los miembros de la junta directiva comunicaron al presidente de la comunidad de regantes de Agost, miembro de la Junta Central, que su representación en el consejo de la sociedad estatal se limitaba a su propia persona. «Representa a sus hectáreas, le hemos dejado claro que la opiniones que vierta en el consejo de Aguas del Júcar serán las suyas, no es el interlocutor del resto de los agricultores del Vinalopó como se ha trasladado a la opinión pública desde la empresa pública», aseveraron ayer fuentes de la Junta Central.

Por otro lado, y a pesar de la negativa oficial de Aguas del Júcar a renegociar el trazado del trasvase trasladando la toma del agua a Antella, tal como proponen futuros usuarios, el rechazo electoral cosechado por el PSPV en el Vinalopó ha desatado un gran malestar en el propio Ministerio de Medio Ambiente. Tras la integración de Aguas del Júcar en Acuamed – la empresa con la que el Gobierno desarrolla el Programa Agua – , ayer tomó fuerza la posibilidad de que los directivos ésta última tomen el control de la sociedad con sede en Valencia.

El presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, reclamó ayer a su homólogo en la sociedad estatal Aguas del Júcar, Juan José Moragues, que abra un periodo de reflexión sobre el proyecto del trasvase, al considerar que la debacle electoral del PSOE en los municipios del Vinalopó, donde debe llegar el agua del Júcar, ha reforzado la posición de la Junta en su oposición al cambio del proyecto.

Martínez identificó la derrota de los socialistas y la victoria del PP en ayuntamientos paradigmáticos como Villena y Aspe, como un movimiento claro de la provincia de Alicante contra la «imposición del Ministerio de Medio Ambiente de un trazado y una toma del agua alejada del sentido común. Las urnas han sido claras y ello debiera conducir a que se recuperara el diálogo, nosotros seguimos dispuestos a sentarnos y negociar el proyecto para que al Vinalopó llegue agua de calidad y la toma en Cullera no la garantiza». El presidente de la Junta Central abogó, de nuevo, porque Aguas del Júcar cambie el punto de la toma de caudales del Azud de la Marquesa al Azud de Antella, unos veinticinco kilómetros aguas arriba «donde el agua sirve tanto para el riego como el abastecimiento».

Martínez recordó, en este sentido, que «hasta el Azud de la Marquesa llega agua del mar y existe un informe de Greenpeace en el que se advierte de que la captación de caudales en Cullera podría provocar un avance de la cuña salina por el cauce del Júcar, lo que provocaría un problema grave».

La debacle electoral de los socialistas en el Vinalopó se ha producido en cinco -se incluye a Banyeres que no forma parte de la Junta Central pero se había incorporado al proyecto- de los ocho ayuntamientos que atendieron la llamada el consejero-delegado de Aguas del Júcar, José María Marugán, y aceptaron, algunos con acuerdos plenarios, firmar un convenio con la empresa estatal para recibir agua del Azud de la Marquesa, dirigida principalmente para el riego de jardines y el baldeo de calles.

Tras la consulta electoral del pasado domingo, municipios donde gobernaba el PSOE como Villena, Aspe y Elda han pasado directamente a manos de los populares y por mayoría absoluta. Emblemático es el caso de Aspe, ayuntamiento dirigido por los socialistas desde que retornó la democracia a España y uno de los fundadores de la Junta Central, donde el PP consigue la mayoría absoluta. Su todavía alcalde, Roberto Iglesias, llegó a actuar, incluso, como vicepresidente de la Junta Central al heredar de su predecesor, el fallecido Miguel Iborra, la representación de los denominados abastecimientos. Municipios y entidades que iban a recibir agua potable del Júcar-Vinalopó y que se quedaron fuera del trasvase tras el cambio del proyecto. Iglesias se ha ido a la oposición.

Por otro lado, otras poblaciones que se habían adherido al nuevo proyecto como Onil y Banyeres, donde el PSOE tenía la vara de mando, también pasan al PP. Aguas del Júcar sólo conserva el apoyo de Tibi -mayoría absoluta del PSOE- y queda por ver qué sucederá en Biar, donde los independientes pueden devolver también el poder al PP. Ninguno de los futuros alcaldes y alcaldesas populares ha anunciado oficialmente cual será su posición sobre el Júcar-Vinalopó, pero nadie duda de que habrá rectificación y, por lo tanto, Aguas del Júcar se quedará sin los socios que consiguió tras meses de lucha contra la Junta Central. La única futura primera edil que ya ha comentado en público que ya tiene tomada la decisión es Celia Lledó, virtual alcaldesa de Villena, quien en la noche del domingo llegó a proclamar que lo haría en el primer pleno.

Reforzado en sus tesis, el presidente de la Junta Central, Andrés Martínez, insistió ayer en «reclamar al Ministerio que reflexione y se dé cuenta de que el Vinalopó no quiere su trasvase. Estoy cansado de tender la mano y la vuelvo a tender. Como cambiar la toma el tema quedaría resuelto porque lo único que pedimos es agua de calidad».

Por otra parte, las cuencas del Júcar y del Segura son las únicas que no se han visto beneficiadas tras las últimas lluvias. Durante la pasada semana los embalses del Júcar y Segura perdieron 3 hm3.

La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó remitió ayer un nuevo informe – 600 páginas – sobre el proyecto, coordinado por el catedrático Antonio Gil Olcina y en el que han colaborado expertos de Alicante, Cartagena y Castellón, a Bruselas con el que solicitan que la UE reabra la investigación sobre el cambio del proyecto. El informe llegó por la tarde al despacho de Martin Libicki, presidente del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, quien fue el que, al cerrar la investigación en noviembre de 2006, reclamó más información al eurodiputado popular Carlos Iturgáiz, cuando éste le pidió retomar el asunto.

El informe de los usuarios insiste en que no había razones técnicas para cambiar el trazado y trasladar la toma del agua al Azud de la Marquesa y aboga por recuperar la opción de Cortes de Pallás o, en su defecto, captar el caudal en el Azud de Antella. La nueva ofensiva de la Junta Central llega después de que regantes y Ministerio de Medio Ambiente hayan roto todos los puentes de negociación tras negarse el Ministgerio a negociar, incluso, el proyecto desde Cullera. Los futuros usuarios reiteran que el caudal no es de calidad y que el proyecto no es viable económicamente, y así se lo han hecho saber al Comité de Peticiones.

Por otro lado, La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, intentó ayer salir al paso de las nuevas críticas que ha recibido el Gobierno desde la Comunidad Valenciana y Murcia por haber eliminado el trasvase del Ebro del PHN, coincidiendo con las sucesivas crecidas de caudal que sufre el río en las dos últimas semanas. «El Gobierno no ha derogado el PHN sino el trasvase del Ebro y, de la misma forma que Europa subvenciona ahora todas las obras que lo desarrollan no dio ni un euro para hacer aquella conducción, en la que solo encontró aspectos negativos», dijo ayer a Efe la ministra.

Narbona lamentó el «ejercicio de demagogia que está haciendo el PP una vez más» al afirmar que, como el Gobierno «ha derogado» el Plan Hidrológico Nacional , «no se han emprendido las actuaciones que hubieran prevenido las riadas» y que se está «desperdiciando» en el mar el agua que podrían aprovechar Murcia y la Comunidad Valenciana. «El Gobierno no ha derogado el plan, sino el trasvase», reiteró la ministra quien recordó que las obras del Pacto del Agua de Aragón, de 1992, «tienen un diseño que ha tenido que revisarse» y que durante los ocho años que gobernó el PP «no se realizó ni una sola» de las ejecuciones de ese Pacto.

El PP, precisó Narbona, «hace demagogia» pero además «está obstaculizando obras del Gobierno como la desalinizadora de Torrevieja, y ha habido que recurrir por ello al Tribunal Constitucional».

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente del PSPV, Francesc Signes, señaló que el trasvase no hubiera estado a tiempo para aprovechar estas crecidas por las obras no hubieran terminado hasta 2010.

L a Asociación de Comunidades de Regantes del Altiplano Murciano -cuarenta mil hectáreas repartidas por Jumilla, Yecla y Pinoso, municipio alicantino pero con participación en dicha asociación- ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Segura su constitución como Junta Central de Usuarios, primera medida para reclamar los caudales del trasvase Júcar-Vinalopó. Los regantes murcianos recibieron hace un par de meses una carta de la sociedad estatal Aguas del Júcar -hoy AcuaJúcar- ofreciéndoles participar en el nuevo proyecto con la toma de agua en Cullera y, dada la situación de sequía que atraviesa el Altiplano de Murcia, se muestran dispuestos a aceptar la propuesta a la espera de celebrar una reunión con los rectores de la empresa pública y la Confederación del Júcar para conocer en profundidad el proyecto y la futura gestión del trasvase.

La iniciativa de los regantes murcianos, en una situación de falta de agua idéntica a la de los agricultores del Vinalopó, podría contribuir a aumentar la tensión entre la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó -cuyos miembros son los teóricos socios de Medio Ambiente para financiar la conducción-, que desde hace más de un año considera una traición cualquier movimiento de la Administración sobre el trasvase y con los regantes de la Acequia Real del Júcar, cuenca que cede los caudales. El cambio del proyecto del trasvase y el compromiso del Gobierno de enviar todos los años 80 hm 3 de agua a Alicante hará posible que, si se cumplen las mejores previsiones, a Medio Ambiente le sobren 40 hm 3 todos los años, ya que los regadíos del Vinalopó sólo necesitan otros cuarenta y el abastecimiento urbano no se puede cubrir con el agua de Cullera. La iniciativa de los regantes del Altiplano cuenta con el apoyo de organizaciones agrarias murcianas como la Coag. Pedro Lencina, secretario general de la Coag en Murcia, apuntó ayer que «el asunto está en gestación y hay que sentarse a hablar de precios del agua o, por ejemplo, compensaciones para los usuarios que dejen de extraer agua de los acuíferos. No obstante es una buena oportunidad, porque lo que está claro es que el agua más cara es la que no existe».

Las confederaciones hidrográficas del Júcar y Segura han iniciado ya los trabajos para la gestión conjunta de los denominados acuíferos compartidos por ambas cuencas -entre ellos el Jumilla-Villena-, un paso clave para que los regantes murcianos puedan acceder al agua del Júcar-Vinalopó y rentabilizar así una inversión de 300 millones de euros que, de momento, sólo tiene como usuario declarado del agua a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que será la encargada de distribuir los caudales a los regantes que lo soliciten.

AcuaJúcar hizo en su día una oferta en firme a Riegos de Levante -veinte mil agricultores de Elche y la Vega Baja que podrían recibir el agua sin problemas al pertenecer administrativamente al Júcar- pero la comunidad de regantes rechazó la oferta por los precios del caudal y en solidaridad con la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó, expulsada del proyecto. La sociedad estatal ha tenido más suerte con los regantes murcianos que, por otro lado, ya vieron como sus aspiraciones a contar con agua de un trasvase, el del Ebro, quedaron truncadas con la derogación del proyecto. «Un ramal del trasvase venía hasta Jumilla y Yecla pero se suprimió la obra y nos quedamos sin agua. Nuestra situación es muy complicada y necesitamos agua. Si el trasvase Júcar-Vinalopó puede cubrir tanto las necesidades de Alicante como las nuestras vemos positivo poder contar con caudales», señaló Aquiliano Molina, presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes del Altiplano Murciano. El agua llegaría desde Villena y necesitaría una estación de bombeo para elevar el caudal 200 metros.

La oferta de AcuaJúcar -ya hubo un primer intento hace unos meses pero al final no se concretó una reunión prevista en Yecla- es firme pero de momento no se puede concretar en un documento oficial, ya que para ello debiera haber un acuerdo previo entre el Júcar y el Segura plasmado en sus respectivos planes de cuenca. Documentos que, según Medio Ambiente, estarán redactados en 2009, año en el que se prevé la llegada de los primeros caudales desde Cullera. Fuentes de AcuaJúcar «ni confirmaron, ni desmintieron la oferta a los regantes murcianos», pero es público que la intención del Ministerio de Medio Ambiente es que el Júcar-Vinalopó pueda beneficiar al máximo número de agricultores.

Territorio remitió la semana pasada al Ministerio la documentación que certifica que el trazado del trasvase no presenta impactos ambientales graves por lo que no hay objeciones empiecen a finales de mes como prevé AcuaJúcar.

Por otro lado, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció ayer que realizará un estudio conjunto con Agricultura para fijar los precios del agua por cultivos a partir de 2010, de cara a aplicar la directiva europea. Narbona señaló que hoy en día está mas ajustado el precio del agua «doméstica que la de uso agrícola».

E l Ministerio de Medio Ambiente ha decidido establecer un canon económico para todos los usuarios -agricultores, empresas y ayuntamientos- que tienen derechos de extracción de agua de los acuíferos de las comarcas del Vinalopó y cuyos caudales serán sustituídos, en parte, por el agua que llegue del trasvase Júcar-Vinalopó a partir de 2009. El Ministerio plantea, según la documentación enviada a la Comisión Europea para conseguir su financiación, que los futuros receptores del caudal de Cullera paguen, independientemente de que saquen o no agua de los pozos, una tarifa de 0,016 euros/m 3 de concesión en base a un global de 175 hm 3 .

La decisión supondrá unos costes de alrededor de 3 millones de euros anuales que se emplearán para sufragar las obras de la conducción pero penalizará, según las impresiones de la Junta Central de Usuarios del Trasvase, sobre todo a los agricultores «ya que serán los grandes damnificados porque mientras los abastecimientos no tienen problemas de pago porque lo repercuten en el recibo del agua potable de los ciudadanos, los agricultores son los que tienen que pagar de su bolsillo un dinero que no tienen». El cálculo del Gobierno se ha hecho en base a unos derechos de 175 hm 3 , aunque actualmente los agricultores tienen derecho a extraer 224 hm 3 , pero sólo utilizan 150 hm 3 debido a la mala calidad del agua que en algunos casos se extrae a 600 metros de profundidad. El presidente de la Junta Central de Usuarios, Andrés Martínez, señaló ayer, por su parte, que «sea cual sea la solución que plantee el Ministerio, la única vía es sentarnos a negociar y encontrar un consenso como sucedió con el proyecto de Cortes de Pallás. A día de hoy nadie se quiere sentar con nosotros a hablar pese a que se lo hemos pedido en los últimos meses por activa y por pasiva».

El nuevo sistema de financiación previsto por Medio Ambiente plantea tres tipos de tarifas para financiar el trasvase Júcar-Vinalopó -los usuarios pagarán las obras vía tarifa del consumo de agua-. Una que grabará los derechos de extracción en torno a 0,016 euros el metro cúbico; la tarifa sobre el consumo de agua del trasvase desde el Azud de la Marquesa que dependerá del caudal que llegue todos los años y que oscila, según la previsión, entre los 0,35 euros/m 3 para un trasvase de 10 hm 3 al año y los 0,13 euros para un caudal trasvasado de 80 hm 3 y, por último, la tarifa sobre las extracciones de los acuíferos. Su precio varía en función del consumo, desde los 0,025 euros/m 3 para un caudal de 100 hm 3 hasta los 0,084 euros si se sacaran 30 hm 3 . Un escenario, este último, prácticamente imposible porque según los datos que maneja la Junta Central de Usuarios, sólo un 17% del caudal que se extrae actualmente de los acuíferos del Alto y Medio Vinalopó – unos 15 hm 3 – se utiliza para el abastecimiento de los municipios de la costa y es por tanto sustituible por agua de las desaladoras. El resto – 45 hm 3 – deberá seguir extrayéndose de los acuíferos sobrexplotados.

Tubería a Aspe Por otro lado, el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, presentó ayer a los regantes de Aspe, acompañados por su alcalde, Roberto Iglesias, y Hondón de las Nieves, el proyecto para trasvasar 4 hm 3 de caudal depurado de la planta de Rincón de León que se utilizarán para riego. El coste alcanza los 5,9 millones de euros y la obra está a expensas de obtener los terrenos. La tubería tendrá una longitud de 18 kilómetros desde el depósito de la Gabacha, en Monforte, hasta el depósito del Collao.

E l portavoz del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, Ángel Urbina, denunció ayer que los agricultores tendrán que pagar 6 millones de euros por la compra de 30 hm 3 de agua de riego del Tajo a una comunidad de Aranjuez (Madrid) que deriva el caudal del complejo de embalses de Entrepeñas y Buendía. Pantanos donde, paradójicamente, arranca el trasvase y de los que el Ministerio de Medio Ambiente no envía ni una gota de agua para riego en Alicante y Murcia desde hace 18 meses al estimar que no hay caudal suficiente y que su utilización para riego impediría garantizar el suministro para consumo urbano. Entrepeñas y Buendía almacenan actualmente unos 300 hm 3 , sesenta por encima de la reserva estratégica que fija el Plan Hidrológico Nacional por debajo de la cual no se puede enviar agua del Tajo a Alicante.

Urbina criticó ayer «ese doble lenguaje del Gobierno que nos niega el agua del trasvase del Tajo pero nos pide que la compremos a regantes que la sacan de esas reservas y encima nos la cobran, con todo su derecho, al doble que la tarifa del Ministerio. El portavoz de los regantes explicó que el agua del Tajo cuesta 0,10 euros el metro cúbico y la que han comprado a la comunidad de Estremera costará 0,22 euros el metro cúbico «y eso que el Ministerio ha tenido el gesto de no cobrarnos las tarifas por utilizar la infraestructura del trasvase».

Según Urbina, en la comisión de explotación en la que se aconsejó el último trasvase para consumo urbano, el Ministerio de Medio Ambiente planteó a los agricultores que compraran agua en Aranjuez «como una medida provisional hasta que nos enviarán 11 hm 3 para regar. Ha pasado ya casi un mes y siguen diciéndonos que no hay caudales para el campo pero si son posibles cuando los pagamos al doble de su valor», sentenció Urbina, que acusó al Gobierno de «sacrificar la agricultura mediterránea, porque nos lleva a tener que pagar más por el agua con la excusa de que no puede enviarnos los caudales de Entrepeñas y Buendía para garantizar el consumo urbano».

El portavoz de los regantes alicantinos subrayó, por otra parte, que «no hay trasvase del Ebro para la España seca y de este río se producen todos los años ocho trasvases a la España húmeda y el ejemplo más claro lo tenemos en los 240 hm 3 que salen todos los años de cabecera para el embalses del Zadorra desde donde bebe el Gran Bilbao. Qué cuentos nos está contando la ministra Narbona a los agricultores de Alicante».

El Sindicato del Acueducto Tajo-Segura – veinte mil agricultores en la provincia de Alicante – lleva sin recibir agua para regar desde hace 18 meses, lo que ha provocado que muchos hayan abandonado ya explotaciones o buscado tierras en otras zonas de España e incluso Europa donde el caudal está garantizado. «Lo que tiene que tener claro el Ministerio de Medio Ambiente es que en España la agricultura competitiva está en el Mediterráneo y se necesita agua de calidad porque también contribuimos al PIB. El agua desalinizada del mar puede estar muy bien para la costa y para las urbanizaciones pero los agricultores necesitamos caudal barato y bueno», aseveró Urbina.