El Júcar perderá hasta el 30% de sus recursos en 40 años

Un informe sobre la incidencia del cambio climático en la cuenca del Júcar, elaborado por el grupo de investigación de la Estación de Climatología Aplicada de la Universidad Jaume I, alerta de que la cuenca del Júcar puede perder hasta un 30% de sus recursos en los próximos 40 años y, además, la incidencia será peor en la parte baja del río -lugar donde arrancará el trasvase Júcar-Vinalopó- de ahí que los climatólogos abogan por interconectar todas las cuencas mediterráneas, incluida la del Ebro, según apuntó ayer José Quereda, catedrático de Geografía Regional y director del Laboratorio de Climatología de la UJI. Quereda aseguró, en este sentido, que la tendencia observada es contraria en la cuenca del Ebro, donde va a llover más.
El estudio se realizó en base al tratamiento estadístico de las series climáticas temporales, desde 1950 hasta 2007, obtenidas en el medio centenar de observatorios que componen la red regional, para la «evaluación de los impactos del cambio climático y su proyección sobre la cuenca del Júcar». Quereda señaló que se ha observado un aumento de la temperatura «brutal» desde 1980, con una tendencia de crecimiento de 0,017 grados al año, lo que supondría un aumento de 1,7 grados en un siglo.
En cuanto a las precipitaciones, señaló que son «tan heterogéneas que nadie se atreve a pronunciarse» y subrayó que la homogeneización de los 50 observatorios indica que «del centro de la cuenca del Júcar hacia el norte, la tendencia es a aumentar las precipitaciones, mientras que hacia el sur las lluvias tienden a la baja». Así, Quereda afirmó que, en la actualidad, la lluvia útil de la cuenca del Júcar, que son los recursos hídricos anuales que quedan tras la evaporación es de 3.160 hm3, cantidad «similar» a la calculada en el PHN que estimaba «de forma austera» unos recursos de 3.670 hm3 para 2020. Esta deficiencia de 510 hm3 se preveía paliar, en el PHN, con el trasvase del Ebro.

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Los regantes reclaman al Gobierno que les aplace tres meses la subida de la luz

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes sigue negociando con el Gobierno una solución al problema de la subida eléctrica y le ha pedido que, al menos, aplace tres meses el incremento de la tarifa para la agricultura que entró anteayer en vigor y que provoca aumentos medios del 30% en las comunidades de regantes de la provincia, veinticinco puntos más que el aumento oficial.
Alicante tiene en explotación 125.000 hectáreas de regadío que consumen de media 5.000 metros cúbicos de agua al año con un coste energético de 0,10 céntimos de euros por cada metro cúbicos -más de 60 millones de euros anuales-. Los regantes esperan que si se logra un acuerdo sobre las tarifas éste se aplique con carácter retroactivo.
La agricultura provincial es uno de los sectores económicos más consumidores de energía debido a que necesita mucha electricidad para extraer el agua subterránea y, por otro lado, porque se trata de una agricultura muy modernizada «y el riego por goteo también consume mucha luz», subrayaron desde la Federación. De ahí que los cambios tarifarios que entraron en vigor el martes afectan directamente a la economía de las 50.000 familias que se dedican directamente a la agricultura.
La energía eléctrica representa actualmente el 80% de los costes del agua, de ahí que la desaparición de la tarifa especial para el regadío puede sumir al sector en el caos al entrar en un escenario bien diferente, por ejemplo, al de 1998 cuando comenzó a liberalizarse de forma escalonada el mercado eléctrico español y se lograron precios muy competitivos. Los agricultores ven en los cambios una vuelta de tuerca más a la que sufrieron el 1 de enero, cuando se convirtieron en temporada alta para el sector eléctrico los meses de junio y julio que es cuando más se riega por el calor y para evitar la evaporación de los cultivos. Con la desaparición ahora del denominado mercado libre las comunidades de regantes van a ver crecer la factura eléctrica y muchas van a ver comprometidos, incluso, sus proyectos de modernización al no haber incluido este aumento de costes. Además, y según fuentes de la Federación, el sistema actual obliga a los agricultores a contratar la potencia para todo el año, sin la opción de hacerlo en dos periodos anuales, algo que vuelve a ir en contra de las necesidades de las comunidades de regantes que requieren mucha energía en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre y ni un watio el resto del año

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La cuenca del Segura aumenta en 55.000 hectáreas el suelo de regadío en tan sólo diez años

Un estudio realizado por el colegio de Geógrafos de España encargado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino revela que la cuenca del Segura ha registrado en 10 años un aumento de suelo de regadío superior a 55.000 hectáreas, equivalente a más del doble de la superficie de huerta tradicional del Bajo Segura.
El estudio «Análisis de los procesos relacionados con la agricultura en la demarcación del Segura», hecho público recientemente, señala que la superficie de regadío de la cuenca del Segura en 1990 era de 224.468 hectáreas, mientras que diez años después era de 279.468 hectáreas. De este aumento de 55.000 hectáreas 36.000 se han producido en la Región de Murcia, según el estudio, una de las comunidades que con más insistencia está reclamando caudales procedentes del Ebro.
El documento hace alusión por otra parte a los datos oficiales de la consejería de Agricultura de Murcia que señalan que la superficie regada se situaba en 2005 «incluso 200 hectáreas por debajo de la existente en 1990 cuando era de 193.907 hectáreas».
Los años analizados por el Colegio de Geógrafos coinciden con el periodo donde más protestas y manifestaciones se han producido por la gestión de la cuenca del Segura y por la agricultura murciana, y donde más denuncias se han presentado ante la roturación de nuevos terrenos para ser transformados en regadíos y por el robo de caudales en la cuenca del Segura, calificado en algunas instrucciones judiciales como «mafia del agua».
El texto incide en que en apenas 10 años se ha incrementado los cultivos con aportes artificiales de agua entorno a un 25%, incorporándose un promedio de más de 5.000 hectáreas anuales de regadío. «La última década del siglo XX ha registrado por tanto un intenso ritmo de transformación de los espacios agrarios y de incorporación de nuevas superficies regadas» se explica.
El aumento del regadío constatado se produce en uno de los periodos más secos del sureste español y se ha situado principalmente sobre suelo de secano aunque también «es significativa» la superficie de matorrales de diversa densidad y composición específica que han sido roturados y convertidos en aprovechamientos agrícolas intensivos.
Se señala que no resulta posible determinar con precisión la superficie de dominante natural que ha sido roturada, aunque se puede estimar en más de 5.000 hectáreas «sumando matorrales y pastizales, ríos, cauces y humedales, terrenos arbolados y un porcentaje de terrenos principalmente agrícolas con importantes espacios de vegetación natural»
Las comarcas en las que el avance del regadío ha tenido un ritmo más intenso son el campo de Cartagena, el noroeste murciano y la comarca albaceteña de Hellín. Por contra la Vega Baja ha sido la que el regadío ha tenido un menor avance.
El documento señala que nos encontramos ante una situación «paradójica» en la que coexiste una creciente escasez de recursos hídricos con un significativo avance de los regadíos y un aumento muy notable de los consumos hídricos de los abastecimientos urbanos y turísticos.
Tanto desde colectivos conservacionistas como desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha venido denunciado de manera continua el aumento de regadíos en la cuenca del Segura «de manera ilegal», en unos casos debido al robo de agua y en otros a la sobreexplotación de acuíferos.

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El Gobierno desbloquea la compra de agua para el campo tras las lluvias

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural ha autorizado al Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura la compra de 31,5 hectómetros cúbicos de agua a la comunidad de regantes madrileña de Estremera después de que las lluvias de las últimas semanas hayan permitido la recuperación de los embalses del alto Tajo. La comunidad de Riegos de Levante anunció ayer que los recursos se pondrá a la venta a razón de 10 minutos por tahúlla.
Los 31,5 hectómetros en origen se convertirán en 30 en destino una vez descontadas las mermas que se producen durante el transporte desde los pantanos de Entrepeñas y Buendía. Riegos de Levante recibirá una cuarta parte del caudal.
La operación de compra estaba acordada entre las partes desde finales del año pasado, pero no se había podido llevar a cabo debido a las escasas reservas de los embalses del Alto Tajo, en donde almacena el agua la comunidad de regantes madrileña.
La legislación impide enviar caudales a las zonas dependientes de esta infraestructura por debajo de los 240 hectómetros de reservas en estos pantanos. Además, el abastecimiento es prioritario sobre la agricultura, lo que viene complicando en los últimos años de sequía el envío de agua a los regadíos dependientes del trasvase de Alicante, Murcia y Almería.
El portavoz de Riegos de Levante, Ángel Urbina, explicó que la cuarta parte de los caudales que recibe el sindicato corresponden a esta comunidad. Sus responsables anunciaron ayer un reparto de 10 minutos por tahúlla cuando un riego completo equivale a una hora. Para llegar a los 10 minutos se suma el agua de Estremera, los caudales procedentes de Estremera y un hipotético trasvase desde el Alto Tajo que el Gobierno debería de aprobar antes de octubre.
Los regantes confían en que el Consejo de Ministros autorice un desembalse para este verano, aunque las actuales reservas de Entrepeñas y Buendía no garantizan a día de hoy una decisión de este tipo.
El Sindicato Central de Regantes va a pagar seis millones de euros a la comunidad de Estremera por la compra de estos 31,5 hectómetros. El precio del metro cúbico sale a 18 céntimos de euro (30 pesetas) a los que hay que añadir el gasto derivado del transporte.
Urbina reconoció que este precio es más alto que el que se pagará por los caudales procedentes de los pozos de sequía del Segura y del que se paga por el agua trasvasada habitualmente desde el alto Tajo. Aún así, el portavoz de la comunidad de regantes anunció que los precios de venta al agricultor se van a mantener para no castigar más la economía de los regantes.
El agua se podrá adquirir a partir de hoy en las ventas programadas con anterioridad por las comunidades de base. La distribución podrá comenzar antes de que el agua esté físicamente aquí puesto que se utilizarán los recursos del pasado año hidrológico que muchos agricultores guardan para este verano.

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El Consell acusa a Barreda de demagogo y advierte de que Almansa bebe de Villena

l conseller de Medio Ambiente y Agua, José Ramón García Antón, acusó ayer al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda de ser un «demagogo» tras el anuncio del Gobierno castellano-manchego de que utilizará todas las vías posibles -institucional y judicial- para tratar de bloquear el proyecto para construir una planta embotelladora de agua mineral de la marca Font Vella en Villena. Una semana después de la asamblea en la que la Comunidad de Regantes aprobara el inicio de conversaciones con la multinacional Danone para que ésta compre 200 hectáreas que se dejaran de explotar y adquiera, de paso, derechos para extraer hasta 0,7 hm3 de agua al año, el Consell rompió su silencio para apoyar la iniciativa de los agricultores villeneros. García Antón criticó la postura de Barreda, a preguntas de los periodistas tras el acto de clausura de una jornada del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante -Ineca- (más información en página 28), a quien además de acusar de utilizar la demagogia al valorar el proyecto de Danone, preguntó su su gobierno tomaría las mismas medidas en caso de que la «multinacional hubiera optado por construir la planta en Almansa (Albacete) que utiliza el mismo acuífero Yecla-Villena-Beneixama».
García Antón subrayó que la polémica surgida en torno a este proyecto es «desmesurada ya que la mayoría de las comunidades de regantes de toda España desarrollan situaciones parecidas en las que ceden parte de sus recursos para usos distintos del agrícola, hablamos además de caudales mínimos». El conseller aclaró, no obstante, que «desconozco oficialmente el proyecto por lo que no me puedo pronunciar, pero hay que recordar que históricamente Villena ha sido solidaria con muchos municipios de la provincia de Alicante al ceder sus aguas para el consumo». Por otro lado, García Antón advirtió, en relación a la operación que quieren poner en marcha la Comunidad de Regantes de Villena para pagar la modernización de sus regadíos de que «a diferencia de otras comunidades a las que se ha subvencionado íntegramente la modernización de sus regadíos, los agricultores de Villena tienen que sufragar gran parte de los costes, por lo que los ingresos de Danone servirán para compensarles».
Por otra parte, el grupo municipal de Los Verdes de Villena reclamó ayer a la Confederación Hidrográfica del Júcar que facilite información sobre la extracción real de agua que en la actualidad se está realizando en el pozo del paraje del Morrón que en el futuro pretende utilizar la multinacional Danone así como los detalles de la concesión que la Comunidad de Regantes de Villena tiene sobre dicho pozo. En un escrito que los dos concejales de Los Verdes han remitido al presidente de la Confederación, le manifiestan el deseo de conocer cuáles son los trámites legales a seguir para lograr un cambio de uso del agua, y si la propuesta planteada estos últimos días por los regantes, entra dentro de la legalidad.

Mejoras para el postrasvase
Tajo-Segura

El Ministerio de Medio Ambiente invertirá 18,4 millones de euros en la ampliación del Sistema Automático de Información Hidrológica -SAIH- en la cuenca del Segura. Un proyecto que forma parte de los compromisos adquiridos por la vicepresidenta De la Vega con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. El proyecto afectará, sobre todo, a la mejora de los sistemas de telemando y telecontrol de la cuenca, así como la mejora de la gestión del canal del postrasvase Tajo-Segura. Se construirá una nueva estación de aforos en la cola del Canal de Crevillente, así como diferentes casetas, terminales de comunicaciones, servidores, ordenadores y centros de control. La actuación está incluida en el Programa Agua.

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La Comisión Nacional de Energía propone a Industria una subida de las tarifas eléctricas del 11%

El consejo de administración de la CNE aprobó el informe con seis votos a favor y tres en contra, con lo que llevan a la práctica una opinión manifestada por los técnicos del regulador a finales del año pasado. Así, recomiendan una subida del 11,3% a partir del 1 de julio, lo que supondría pasar de los 53,67 euros por megavatio/hora a los 66,14 euros, «un escenario razonable» teniendo en cuenta «las señales actuales de precio existentes en los distintos mercados«, según el organismo presidido por María Teresa Costa.

La CNE estima en las conclusiones de su propuesta que un precio de generación por debajo del que finalmente se le va a reconocer al distribuidor en el suministro tendría «efectos negativos» en la comercialización y haría «aún más grave» el problema. Además, afirma que podría ser necesaria una revisión del marco regulatorio actual de los mercados mayoristas eléctricos, ya que los cambios producidos en el modelo pueden haber afectado a su eficiencia, y cree básica la actualización del concepto de la tarifa social y la asignación de pagos por capacidad.

El organismo regulador calcula que el déficit por actividades reguladas que se generará entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año, con un coste de generación de 66,14 MWh ascenderá a cerca de 2.750 millones de euros.

Tendencia

Solbes señaló desde Bruselas que «hay que ir aproximando de forma progresiva los precios de la electricidad al coste real hasta que lleguemos ya al modelo final que tenemos que aplicar de acuerdo con las normas europeos» que pretende reflejar en la factura el coste real del producto. En su opinión, «ése es el modelo que existe en otros países y el modelo hacia el que lógicamente vamos a ir en los próximos años«.

Esta subida de los precios repercutirá en la inflación, con la que según Solbes habrá «problemas«, «pero tampoco podemos mantener el precio de la energía por debajo de su coste real porque en ese caso lo que estamos es resolviendo un problema hoy y creando un problema para el futuro«.

Por su parte, el responsable del Ministerio de Industria, Miguel Sebastián, afirmó que la propuesta aprobada por la CNE es «más razonable» que la que se había llegado a oír en los últimos días, que incluso barajaba un repunte del 20%. Sebastián aseguró que su departamento estudiará la recomendación y tomará una decisión en las próximas semanas, aunque recordó que el informe «no es vinculante» para el Ejecutivo.

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Los regantes del Júcar se enfrentan a los del Vinalopó por denunciar la toxicidad del río

os regantes de la Ribera del Júcar, apoyados por las organizaciones agrarias La Unió-Coag y la Asociación Valenciana de Agricultores (Ava), entraron ayer en el cuerpo a cuerpo con Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó a la que amenazaron con llevarle a los tribunales e, incluso, con negarle el agua del trasvase si no suprime la campaña de recogida de firmas iniciada para forzar al Gobierno a que cambie la toma del agua. Los agricultores valencianos rechazan los informes hechos públicos por la Junta Central sobre la toxicidad de las aguas que circulan por el Azud de la Marquesa y acusan a la organización que preside Andrés Martínez de crear alarma social «con su campaña difamatoria y malintencionada».
Por su parte, el presidente de los regantes del Vinalopó rechazó las acusaciones de sus homólogos valencianos, recordando que «gusten más o menos los datos sobre las sustancias tóxicas son de la Confederación Hidrográfica del Júcar no de la Junta Central. Lo que no va a conseguir nadie es que me enfrente con agricultores, pero lo que queremos es agua de calidad del Júcar y, en este punto, sólo apuntar un dato: quizá el agua con la que se riegan naranjas y arroz no sirve para las hortalizas».
La iniciativa de la Junta Central, Coepa, Cámara de Comercio, Jóvenes Agricultores y Cepyme para recoger 500.000 firmas con las que convencer al Ministerio de Medio Ambiente para que cambie la toma del agua del futuro trasvase Júcar-Vinalopó provocó ayer una auténtica convulsión entre el sector agrario de la Comunidad Valenciana que, tras dos años de tensa calma por las maniobras de la empresa pública Aguas del Júcar -hoy absorbida por Acuamed- explotó.
El propio presidente de la Acequia Real del Júcar, Juan Antonio Delgado, se descolgó, tras una reunión con Ava y Coag, con frases muy duras dirigidas directamente hacia Andrés Martínez aunque no llegó a citarle. «A mi las bajezas y los navajazos me sobran», ya que, según dijo «los agricultores siempre hemos tenido las miras más altas». Delgado aseguró que no se opone al Júcar-Vinalopó pero incidió en que «éste debe ser operativo y el Azud de la Marquesa es el único punto del río donde hay «sobrantes» de agua. El presidente de la Acequia Real advirtió, por otra parte, de que «el río sólo tiene excedentes de agua a partir de la Marquesa, mientras que ni en el tramo que pasa por Cortes de Pallás ni el que pasa por Antella sobra».
Por su parte, el secretario general de La Unió-Coag, Joan Brusca, defendió la validez de los informes de la Universidad de Alicante -encargado por Aguas del Júcar- y de la Confederación Hidrográfica del Júcar que, según Brusca, «demuestran que el agua de este río es totalmente admisible para riego y cumple con todas las condiciones impuestas por el plan hidrológico del Júcar y de la FAO en todo su recorrido. En ningún momento hablan de elementos tóxicos como han falseado y manipulado desde el Vinalopó». Brusca expresó su temor a que la campaña de firmas pueda tener fuera de la Comunidad Valenciana «consecuencias imprevisibles y difíciles de reconducir». Manifestaciones compartidas también por José Pascual Fortea -regantes de Sueca- y Cristóbal Aguado, presidente de AVA. «Si en el Vinalopó alguien no quiere el agua del Júcar que estamos dispuestos a compartir, hay otros pueblos y comarcas valencianas que también necesitan ese agua y que incluso algunos han pedido», según recogió Europa Press.
Al mismo tiempo que tenía lugar la explosiva rueda de Prensa de los regantes valencianos, la Junta Central celebraba en Villena una reunión para ultimar los detalles de la campaña de recogida de firmas que comenzará la próxima semana y se desarrollará en tres frentes con el objetivo de recoger, en el mejor de los escenarios, 1.350.000 firmas, aunque la meta sean quinientas mil. Los 35.000 regantes alicantinos que recibirán caudales del Júcar contarán cada uno con una copia del manifiesto reivindicativo en el que caben cien firmas. Otros diez mil manifiestos se entregarán a Coepa, Cámara de Comercio y Cepyme, cuyos rectores serán los encargados de distribuirlos por empresas y comercios de la provincia de Alicante. Por último, la tercera iniciativa se desarrollará durante las 38 semanas que faltan hasta el 28 de julio -tercer aniversario de la suspensión de las obras Cortes de Pallás-Villena- y consistirá en la visita de los regantes a los treinta y ocho alcaldes de los municipios afectados por el trasvase a los que pedirán su firma en el manifiesto. La campaña arrancará con la alcaldesa de Villena, Celia Lledó. Los regantes del Vinalopó y la patronal de la provincia de Alicante reclaman que el agua del trasvase Júcar-Vinalopó sea potable tras detectar, según datos del a CHJ, que los caudales que llegan a la desembocadura contienen sustancias tóxicas e, incluso, cancerígenas, según la Junta Central de Usuarios.

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Las tormentas de octubre convirtieron 2007 en el más lluvioso en diez años

L
as cuatro «gotas frías» que sacudieron la provincia durante el mes de octubre, con registros de lluvias que llegaron a superar los 200 litros por metro cuadrado en algunos municipios de la Marina Alta en tan solo veinticuatro horas, provocaron que 2007 fuera el año más lluvioso desde 1989 y, además, que todas las comarcas de la provincia cerraran con superávit de precipitaciones, algo que no se recordaba desde 1997 tras la riada que asoló la ciudad de Alicante durante el mes de septiembre.
El Instituto Nacional de Meteorología avanzó ayer que la provincia recogió de media 510 litros por metro cuadrado, con puntas de hasta dos mil litros por metro cuadrado como los que se registraron en el observatorio del Sanatorio de Fontilles, lo que supuso un 53% por encima de la media de lluvia considerada normal por el Instituto. El balance del ente del Ministerio de Medio Ambiente revela, por otra parte, que al carácter lluvioso de 2007 se unió el hecho de también fue un año cálido, sobre todo durante el invierno y la primavera. Los municipios donde hizo más calor se localizaron en la franja litoral y prelitoral, con especial incidencia en Elche, Crevillent, Callosa de Segura y Albatera, localidades donde la temperatura media rozó los veinte grados (19,40).
Tormos, Orba y Benichembla, municipios de la Marina Alta, la comarca más castigada por las lluvias, cerraron con registros por encima de los 1.700 litros por metro cuadrado, una cifra que representó un superávit del 93%, según Meteorología. En general, el año fue lluvioso en todas las comarcas -incluso la Vega Baja tuvo un 18% más de lluvia- de la provincia y en el resto de la Comunidad Valenciana, donde sólo hubo datos negativos en el Rincón de Ademuz y Requena. Paradójicamente y en una situación que no se recordaba desde hace 10 años y que no es nada frecuente en general, las tres comarcas de la Comunidad más lluviosas fueron alicantinas: Marina Alta, Comptat y la Marina Baixa, con un 80% más de lluvias en su conjunto. Las precipitaciones más importantes se registraron en octubre en la franja costera, lluvias otoñales que ayudaron a recuperar acuíferos aunque no fueran muy generosas en el interior. El balance positivo ha contribuido a amortiguar la sequía que sacude el Júcar y el Segura, aunque no sea suficiente para levantar la alerta.
En cuanto a las temperaturas, el año 2007 fue el decimoctavo más caluroso desde 1951 y un poco más «frío» que 2006 que se había cerrado con un incremento medio de 1,6 grados. En la serie que maneja el Instituto Nacional de Meteorología figura como el año más frío del periodo 1951-2007 el año 1972.
El año 2008 comienza seco y soleado. En 10 días se han recogido seis litros por metro cuadrado.

Mejora la gestión del agua

La Comunidad Valenciana ha mejorado en los últimos diez años, (1996-2005), en seis puntos el nivel de gestión del agua que circula por la red de abastecimiento donde, no obstante, se sigue perdiendo un 24% del caudal. Un porcentaje similar al de Aragón, Baleares o Cantabria y que cae significativamente en algunos municipios como Alicante, donde el nivel de pérdidas está muy por debajo del 10%, según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística. A nivel Comunidad, no obstante, el porcentaje de pérdidas sigue siendo de los más altos de España. En cuanto a las cantidades concretas de agua que se pierden en la red de distribución de la Comunidad Valenciana, la estadística ha pasado de los 88 litros por persona y día que se perdían en 1996 a los 73 litros de 1996, quince litros menos.

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Un congreso analizará los usos y el aprovechamiento del agua subterránea

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, abrirá el próximo lunes 28 la novena edición del Simposio de Hidrogeología que se celebrará hasta el 30 en el Centro de Congresos de Elche. Durante tres jornadas se presentarán diversas experiencias para la reutilización de las aguas subterráneas.
El presidente de la Sociedad Española de Hidrogeólogos, Sebastián Delgado, comentó durante la presentación del simposium que en la península «hay mucha agua subterránea salobre, aquí también, y esos recursos que antes no estaban puestos en valor se están poniendo en valor ahora, con lo cual, los recursos subterráneos están teniendo una importancia capital para aumentar la disponibilidad de agua. Eso se está poniendo en evidencia en el sureste con las desalobradoras que aumentan los recursos disponibles para cualquier actividad».
En el simposio se expondrán medio centenar de comunicaciones dirigidas a exponer las mejores políticas de reutilización de agua subterránea a través de ejemplos llevados a cabo en otros puntos de la península.
Según informa el Ayuntamiento, la elección de Elche como sede de esta edición se debe al interés mostrado por la ministra, Cristina Carbona, y el director general del Agua, Jaime Palop, por celebrar este evento en un enclave privilegiado del sureste peninsular, donde se conjuga la ancestral tradición hídrica y una compleja problemática del agua
Está prevista la asistencia de 300 personas y las ponencias de profesores de Universidad y los presidentes de las confederaciones hidrográficas del Guadiana, Júcar y Segura, entre otros representantes de la Administración.

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Opinión: El derecho al agua del Estatuto valenciano

Sabido es que el Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno de Aragón contra el artículo 17.1 (en la redacción dada por el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2006) del Estatuto de la Comunitat Valenciana. Dentro del Título II de la norma de cabecera autonómica («De los derechos de los valencianos y valencianas») se vino en introducir un «derecho madre» como es el de «abastecimiento», y, derivativamente, dos expresiones del mismo como son: a) el derecho a los sobrantes de cuencas que sean excedentarias; y b) el derecho a una cantidad de agua de calidad. No obstante lo cual, al menos en este aspecto, se hizo bien, en la medida en que estableció para los dos primeros, dos condiciones o sujeciones exógenas: a) el criterio de «sostenibilidad»; y b) el sometimiento al dictado de la «Constitución y a la legislación estatal» (Ley de aguas y Plan Hidrológico Nacional). Y respecto del derecho a una cantidad de agua de calidad se señala que aquélla garantía se hará «de acuerdo con la ley».
El gobierno de Aragón entendió que había plurales vicios de inconstitucionalidad en esa norma. Así, consideraba -con el reconocimiento de tales derechos estatutarios- que a) se excedía o desbordaba el contenido constitucionalmente lícito de un Estatuto de Autonomía. El TC responde que el contenido estatutario no puede entenderse de acuerdo con una interpretación literal del artículo 147 CE que refleja el «contenido mínimo», coligiendo que, aparte los cuatro subapartados referidos en aquél, todo Estatuto de Autonomía puede «regular aspectos complementarios a los señalados tanto en su dimensión material como organizativa», y máxime cuando afecta a las condiciones de vida de sus ciudadanos, teniendo como tiene la Comunitat Valenciana competencia en materia hidráulica. Igualmente, b) consideraba el recurso que con aquel precepto valenciano se rompía la «igualdad de derechos y obligaciones de los españoles en cualquier parte del territorio español», vulnerando, por ende, el artículo 139.1 en relación con el artículo 149.1 CE. El TC dice que no le infringe. Que lo garantizado no es derecho fundamental (no podría serlo por más que se intentara), ni derecho subjetivo. No se está ante un derecho constitucional. Se está, tan sólo, ante un mero principio rector de la política social y económica y que sólo vincula y mandata a los poderes públicos valencianos dentro de su haz competencial, y a nadie más. Es decir, que se está ante una inequívoca autoexigencia autonómica no proyectable hacia el exterior.
Decía el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el gobierno de Aragón que conculcaba aquel precepto, además, c) las competencias estatales en materia de agua (aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma). Pero, de forma clara y nítida, el TC señala que no vincula al Estado aquel pronunciamiento normativo contenido en el artículo 17.1. Tampoco zahiere la garantía institucional de dominio público hidráulico, ni, consecuentemente, los principios de equilibrio territorial ni de solidaridad. Argüía, además, el gobierno de Aragón en su recurso que d) ese reconocimiento afectaba a diversas competencias de la misma Comunidad Autónoma Aragonesa. El TC señala que no perturba su ejercicio. E igualmente se argumentaba, por último, que e) el reconocimiento de ese derecho por el Estatuto valenciano no tenía acogida en la interpretación internacionalista de los derechos y libertades fundamentales del artículo 10.2 CE, considerado como un derecho emergente de tercera generación. Se indica que el artículo 10.2 CE se refiere a «los derechos fundamentales y a las libertades públicas que la CE reconoce y que exige deban ser interpretadas conforme a la Declaración Universal y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Es cierto que sólo se habla de «derechos fundamentales», y el derecho al agua no lo es, aunque se trate de un derecho emergente de tercera generación. El TC concluye que los tratados internacionales no constituyen canon de constitucionalidad de los derechos, sino elementos de interpretación de los constitucionalmente proclamados. Recordemos, que este derecho al agua no está proclamado en nuestra Constitución de 1978.
No puede haber, pues, lecturas interesadas de la sentencia, porque la resolución es muy clara, aparte de repasar constitucionalmente el papel del Estatuto Autonómico, y los principios constitucionales que asientan el modelo autonómico. Así, en modo alguno mandata -como se ha dicho por ahí- al Estado a establecer lo necesario para propiciar trasvase alguno. Esa es constitucionalmente la realidad. El vicepresidente del Consell señalaba, en reacción a la resolución del Constitucional, refiriéndolo al derecho de los valencianos al agua sobrante recogido en el EA, que ello era «un derecho plenamente constitucional, como así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional». Bueno, pues hay que indicar que ello no responde a la verdad. Que el fundamento jurídico 20 de la sentencia señala literalmente que «el precepto estatuario (refiriéndose al artículo 17.1 Estatuto valenciano) tampoco quebranta el artículo 149.1.1 CE (competencia exclusiva del Estado: regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales), pues no estamos ante un derecho constitucional, por lo que, de acuerdo con nuestra doctrina, expuesta supra FJ 17, no cabe proyectar sobre el mismo la señalada regla constitucional». Lo más que podemos decir es que, al menos sobre ese precepto, no hay tacha constitucional alguna, y eso nos debe de alegrar a todos los valencianos.

Justo Gil Sánchez es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante.

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