El director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaume Palop, advirtió ayer de que España ha entrado en su cuarto año consecutivo de sequía y durante 2008 volverá a haber restricciones puntuales para el regadío en las cuencas del Júcar y Segura. El abastecimiento urbano está asegurado, no obstante, hasta el próximo octubre. Aunque Palop no citó recortes concretos, la falta de agua volverá afectar a los agricultores del Tajo-Segura, que a no ser que cambien las condiciones pluviométricas y comience a llover sobre los embalses de Entrepeñas y Buendía, no podrán con el caudal completo del trasvase.
«Esta sequía no tiene un ámbito regional sino que va mucho más allá de eso y afecta prácticamente a un porcentaje importantísimo del país», resumió Palop durante una comparecencia pública en Madrid. El Gobierno tiene previsto aprobar el viernes, un Real Decreto de Reutilización de Agua, pero en todo caso, no se prevén cortes en el suministro de agua para uso humano hasta el 1 de octubre de 2008.
Las situaciones son diversas en las diferentes partes de España y la más grave es la de todo el Arco Mediterráneo y el Guadalquivir, es decir, además de esta última, las cuencas internas catalanas, las de Júcar, Segura, cabecera del Tajo, y las mediterráneas andaluzas. En este sentido, Palop recordó que se han prorrogado los decretos de sequía de la cuencas de Júcar, Segura, Tajo y Guadalquivir. Además, Palop apuntó que la cuenca del Ebro se encuentra al 41,4% de su capacidad, cuando la media en estas fechas es del 54%. «Está siendo también castigada por una sequía, en este caso intermitente y que también está dejando sin recursos. Estamos a expensas de las lluvias que se van a producir en las próximas semanas para ver cual va a ser el resultado», recalcó.
En el Guadiana, no se prevén problemas de abastecimiento de regadío, aunque también sufre una «merma» de recursos

E n estos días en que tanto se habla del cambio climático, y no sólo por el panel IPCC de la ONU y la designación de Al Gore como premio Nobel de la Paz, sino porque comenzamos a notar ya los efectos del calentamiento global sobre éste nuestro planeta Tierra, se hace también más evidente la necesidad de llevar a cabo una política hídrica eficaz, eficiente y en la que predominen valores como la solidaridad entre los pueblos y las regiones.
Ahora es más necesario que nunca llevar a cabo una gestión eficaz del agua como garantía de un recurso tan estratégico como vital para nuestro progreso y desarrollo. En cualquier caso, si hay alguien que sabe usar y administrar el agua en España y Europa, esos somos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana.
Porque, también ahora, son imprescindibles instrumentos de planificación hidrológica como la depuración de aguas residuales, la reutilización de las mismas, el abastecimiento de aguas subterráneas, la modernización de regadíos, la desalinización en determinados puntos de la costa y, por supuesto, trasvases como el del Ebro. Y es que ¿por qué no utilizar todos los instrumentos que la ciencia y la tecnología nos ofrece sin tener que descartar ninguno
Es de sentido común que, a mayor número de instrumentos, incluido el trasvase del Ebro, mayor será la confiabilidad del recurso agua. Porque, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, los trasvases no están contraindicados con el cambio climático. Antes bien lo contrario: el cambio climático obliga a los trasvases. Y ésta no es sólo mi opinión, sino la de numerosos expertos de renombre internacional.
En este sentido se pronuncia, por ejemplo, el catedrático de Ciencias Ambientales y profesor de la Universidad de Princeton, el venezolano Ignacio Rodríguez-Iturbe, galardonado en 2002 con el Stockholm Water Prize, considerado el Premio Nobel del Agua. Según Rodríguez-Iturbe, el proyecto del trasvase del Ebro ya tuvo en cuenta en su día el cambio climático: «Precisamente, el cambio climático obliga al trasvase del Ebro», ya que «el agua será un bien cada vez más escaso en la Comunitat Valenciana y la desalinización no es respuesta suficiente», añade el catedrático.
Este experto, como muchos otros, afirma que las desalinizadoras aportan mucha menos cantidad de agua; tienen un coste energético mucho mayor que los trasvases y una vida útil mucho menor. Rodríguez-Iturbe considera, además, que «el agua desalinizada obtenida es mucho más cara, con lo que los agricultores no podrán pagarla, y, además, el impacto medioambiental de estas instalaciones es mucho mayor que el que ocasionan trasvases como el del Ebro: la desalinización masiva no se lleva bien con el protocolo de Kyoto». Y es que volvemos a lo que tantas hemos veces hemos dicho algunos: si se quiere cumplir el protocolo de Kyoto la desalinización masiva no es el camino a seguir por cuanto genera cantidades ingentes de gases con efecto invernadero.
Lo decía todo un premio Nobel del Agua, que, además, asesora a la NASA en asuntos hídricos y que cuenta en su haber con un currículum vitae de 50 páginas y más de 200 publicaciones sobre hidrología. Dejo la referencia de su trayectoria profesional y académica, por si alguien quiere contrastar la intachable carrera de este científico: http://www.princeton.edu/~irodrigu/
Respecto al impacto ambiental que supuestamente ocasionaría el trasvase del Ebro, otro experto de reconocidísimo prestigio internacional, el profesor y catedrático de Ingeniería ecológica de la Universidad de California-Berkeley, Alex Horne, destaca que esta transferencia posibilitaría la recuperación del Delta del Ebro y generaría «repercusiones positivas» con mínimos impactos ambientales. El doctor Horne es una autoridad mundial en ecosistemas hídricos, con 300 publicaciones, y con una dilatada trayectoria de asesoramientos a gobiernos de todo el mundo, como el chino, el kuwaití, etcétera.
Según Alex Horne, «la posibilidad histórica de hacer un trasvase del Ebro generaría un gran beneficio para España en su conjunto, porque no sólo permitiría trasvasar agua a una zona deficitaria, sino que posibilitaría hacer una restauración de alto nivel y dejaría en óptimas condiciones la zona del delta». O sea, como dicen los sociólogos «suma cero»: ganamos todos con el trasvase del Ebro. Porque, en definitiva, cuando hablamos de trasvases, como si lo hacemos de cualquier otro recurso de abastecimiento, se trata de acciones solidarias, en este caso en materia hídrica, y entre regiones hermanas, desde una cuenca excedentaria a otra que es deficitaria.
Por todo ello, debemos tener presente el cambio climático y la necesidad de ahorrar y gestionar eficazmente los recursos hídricos de los que todavía disponemos. No debemos olvidar nunca que en el ahorro del recurso agua somos líderes y punteros desde hace siglos. Mientras, a fecha de hoy, en el resto de España apenas se ha modernizado el 10% del regadío por riego localizado, en la Comunitat Valenciana sobrepasamos el 80%. Hablamos de cotas de modernización como las de California o Israel, por poner algún ejemplo de lugares que se consideran referencia en el mundo de los cuerpos de agua.
Y si por si esto no le parece a alguien suficiente, recordemos también que el 50% del agua que se reutiliza en España es reutilizada, y perdón por la redundancia, en la Comunitat Valenciana. Esto es: el 5% del territorio de España, o sea nosotros, reutilizamos el 50% del agua de toda España. ¿Es o no ésta una actitud ejemplar Pues parece que no cunde el ejemplo, ya que, según el INE, en Cataluña y Aragón la reutilización es prácticamente inexistente o cero. Esta es la realidad y no otra.
Para finalizar, debemos pensar qué futuro queremos para nuestros hijos, amigos y para el progreso de la Comunitat Valenciana. Las necesidades hídricas que se derivarán de ese futuro que persigamos y el modelo de planificación hidrológica empleado para cubrirlas determinarán el nivel de crecimiento, prosperidad y medio ambiente que este territorio podrá alcanzar. Porque, reitero, las desalinizadoras no son suficiente y el cambio cli mático, que es cada vez más evidente, y contra el cual debemos luchar, obliga a realizar el trasvase del Ebro. Agua es progreso. José Alberto Comos Guillem es director de la Fundación Agua y Progreso de la CV.

Mariano Rajoy se presenta a las elecciones generales de marzo, al menos de momento, sin el trasvase del Ebro entre sus promesas de campaña. La dirección nacional del PP aprobó ayer las bases del programa con el que la formación concurrirá a los comicios con la exclusión de cualquier referencia expresa a la conducción del Ebro pero tampoco al Tajo-Segura. El documento se limita a aludir de forma genérica y ambigua al conflicto hídrico lo que, además, ha abierto fuertes discrepancias en las filas populares entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y las direcciones del PP en Aragón y Castilla-La Mancha.

El texto que aprobó ayer la cúpula de los populares está conformado, apunta de forma textual la redacción, por «los ejes del programa con el que el Partido Popular concurrirá a las próximas elecciones generales». Pese a ello y al valor estratégico de la Comunidad y especialmente de Alicante en la cita con las urnas, en las cincuenta páginas no hay ni rastro del trasvase del Ebro, una reivindicación de la que el presidente Camps ha hecho bandera durante los últimos cuatro años, pero tampoco de la vigencia del Tajo-Segura o de defensa del proyecto original de la conducción del Júcar al Vinalopó, que ahora ejecuta el Gobierno socialista de Zapatero aunque modificado y con la toma de agua trasladada desde Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa en Cullera.

Únicamente una referencia somera, en el punto 222 del documento, sobre la política hídrica que el PP desplegaría en caso de retornar a la Moncloa, una redacción que, de alguna manera, intenta apaciguar tanto a Camps, uno de los grandes apoyos de Rajoy, como a las direcciones de los populares en Aragón y Castilla-La Mancha. «Alcanzaremos un pacto nacional del agua para mejorar la gestión de los recursos hídricos, promoviendo su uso racional y una distribución basada en criterios de eficiencia y solidaridad», señala el párrafo antes de apostillar, sobre las conducciones entre cuencas, que la gestión del PP incluirá «entre otros mecanismos, las transferencias de recursos sobrantes disponibles de las cuencas excedentarias a las deficitarias». Punto y final. Esa es toda la alusión que se incluye en el documento programático de Mariano Rajoy al conflicto del agua.
Pero es que, incluso, el dossier que se entregó a los periodistas durante la comparecencia de Rajoy -en la que se limitó a reproducir el texto acordado sin alusiones al trasvase del Ebro- es todavía más duro para los populares valencianos al hablar de que las transferencias de agua son tan sólo una «posibilidad». En las últimas semanas, las fricciones a cuenta del conflicto hídrico han quedado evidenciadas en el seno del PP. Incluso, ayer mismo, la cúpula de Génova tuvo que lidiar con las presiones, por un lado, de Camps para redactar un texto más explícito y, por otro, de los dirigentes populares en Aragón y Castilla-La Mancha. El texto definitivo no contenta a nadie pero, de alguna manera, permitió a los dirigentes del PP en la Comunidad ver la botella medio llena.

De hecho, tanto el propio Francisco Camps como el secretario general del PP, Ricardo Costa, y el coordinador del programa electoral de los populares, el castellonense Juan Costa, coincidieron en que el documento satisface, señalaron, «las principales reivindicaciones de los valencianos». El propio presidente Camps hizo referencia -en un argumento calcado al que también utilizó Costa- a «los trasvases de las cuencas excedentarias a las deficitarias» pero sin hacer ninguna alusión al trasvase del Ebro, a diferencia de la vehemencia con la que se ha pronunciado en otras ocasiones a favor de la conducción hídrica.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Francisco del Amor, dijo ayer en Murcia que ha enviado una carta a la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para pedirle que en el 2008 continúen las reducciones de la tarifa del trasvase aprobadas para este año.
Otro de los asuntos
Asimismo, el Gobierno de Castilla-La Mancha pedirá la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura en la próxima legislatura en el Congreso.
El consejo de administración de la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Segura (Acuasegura) adjudicó ayer la redacción del proyecto y ejecución de obra de ocho de los once tramos del suministro desde el embalse del Cenajo a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, cuyo presupuesto asciende a 237,3 millones de euros. Estas obras evitarán el deterioro que sufre el agua del Tajo con destino a abastecimiento al discurrir por los ríos Mundo y Segura.

El consejero-delegado de Aguas del Júcar, José María Marugán, certificó ayer, definitivamente, el divorcio del Ministerio de Medio Ambiente y la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó con la firma del contrato para el comienzo de las obras del tramo «A» del nuevo trazado de la conducción, la toma del agua en el Azud de la Marquesa. Marugán suscribió con Eduardo Oriola, gerente de la UTE Dragados-Cleop, el comienzo inmediato de unas obras adjudicadas por 39 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que de no haber retrasos la tubería estará lista en la primavera de 2009. El tramo «A» incluye el punto de toma del agua en el Azud de la Marquesa, así como las primeras estaciones de bombeo y la balsa de regulación en Panser (200.000 m 3 ). La longitud total del tramo es de 8,5 kilómetros.
Marugán firmó también ayer el contrato del tramo «B» que incluye dos túneles de 2,8 y 3,8 kilómetros respectivamente para salvar las sierras de Corbera y Barxeta, que serán construidos con una tuneladora y contarán con un diámetro de 3 metros. Las obras se adjudicaron a la UTE formada por OHL, Ocide y Serrano Aznar, tienen un presupuesto de 34 millones y un plazo de ejecución de 20 meses.
El inicio de los dos últimos tramos del nuevo trazado del trasvase cierran cualquier tipo de negociación con la Junta Central de Usuarios, entidad que representa al 90% de los futuros usuarios del agua y que rechaza la toma en Cullera al considerar que se trata de caudal residual depurado, poco recomendable para el regadío y no apto para el consumo urbano. La Junta volvió a denunciar ayer la «sinrazón» del Ministerio de Medio Ambiente y confirmó la presentación de una reclamación patrimonial por la que reclama 100 millones de euros al Gobierno en concepto de daños y perjuicios. Los usuarios van a recoger firmas en la provincia contra el trazado durante diciembre y enero que enviarán al presidente Rodríguez Zapatero «para tratar de parar la ejecución de un proyecto que no tiene ningún sentido», sentenció ayer Andrés Martínez.

La Audiencia Nacional comunicó ayer a las partes – Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó y Ministerio de Medio Ambiente – la admisión a trámite de la denuncia presentada por los usuarios contra la modificación del proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó, cuyas obras comenzaron el pasado mes de julio. La admisión da un nuevo giro al litigio que mantienen los futuros receptores del agua con Aguas del Júcar que, además, se ha negado en los últimos meses a facilitar documentos como «el informe de viabilidad económica del nuevo proyecto que empezamos a pensar que ni existe», señaló ayer Andrés Martínez, presidente de la Junta Central.
La Junta consideró que tenía argumentos legales suficientes para plantear la demanda desde el 22 de junio, cuando la ministra Cristina Narbona firmó la autorización para el comienzo de las obras en el tramo «C» del nuevo trazado y, por lo tanto, existía, según el letrado de los regantes, un documento oficial para reclamar también daños y perjuicios a Patrimonio del Estado. La cantidad a reclamar podría alcanzar los cien millones de euros.
Los servicios jurídicos de la Junta Central presentaron hace un mes otra demanda en la que reclaman 752.283 euros pagados por los usuarios entre 2003 y 2006 por diferentes conceptos, entre los que destacan, la comisión de apertura del fallido crédito sindicado de 75 millones de euros que acordaron con la CAM y otras entidades de ahorro para aportar su participación económica en las obras del proyecto original Cortes-Villena. Martínez, entiende, por otro lado, que la deuda de 43 millones de euros a 30 de septiembre de 2005 que en su día les reclamó Aguas del Júcar por certificaciones del proyecto no tiene ningún sentido cuando la sociedad estatal cambió el trazado de forma unilateral y sin contar con los usuarios. Aguas del Júcar había llegado a un acuerdo con los usuarios para que la deuda se pagara vía tarifas cuando llegara el agua.

E l Ministerio de Medio Ambiente intentó ayer suavizar las tensas relaciones que mantiene desde hace dos años con la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó -entidad con la que se ha negado a negociar el nuevo trazado- incluyendo al presidente de los usuarios, Andrés Martínez, en el grupo de trabajo de 42 personas que trabajarán en la elaboración del nuevo Plan Hidrológico del Júcar, instrumento legal que debe quedar aprobado en 2009 y que, curiosamente, regulará el funcionamiento del polémico trasvase.
Martínez, expulsado por el Ministerio del consejo de administración de Aguas del Júcar en el otoño de 2005, por oponerse al cambio del proyecto, vio ayer como el propio presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues y el consejero-delegado de Acuajúcar, José María Marugán -representantes de Medio Ambiente que le han hecho la vida imposible por no aceptar el nuevo trazado- «bendecían» su presencia en la Mesa de Participación, un órgano en el que, no obstante, Martínez tiene derecho legal a estar presente, según establece la Directiva Europea del Agua. Paradójicamente, el presidente de la Junta Central trabajará con el Gobierno central, pero sin que el trasvase Júcar-Vinalopó traslade la toma del agua al Azud de Antella, tema cerrado, al menos, hasta que pasen las elecciones generales de la próxima primavera.
Los regantes del Vinalopó, l´Alacantí y la Marina Baixa comparten desde ayer mesa de trabajo con colectivos -Xúquer Vio y Fundación para la Nueva Cultura del Agua, entre otros- que, según viene denunciando desde hace dos años la directiva de la Junta Central de Usuarios, les niegan agua de calidad para el trasvase desde el Júcar. A partir de ahora trabajarán, además, en la elaboración de un plan que tendrá rango de ley y que fijará las condiciones del Júcar-Vinalopó, el mismo que figura en el plan actual como una transferencia de 80 hm 3 de agua para solucionar la sobreexplotación de los acuíferos y garantizar el abastecimiento urbano de la Marina Baixa. Condiciones que no cumple el trasvase cuyas obras comenzaron en julio. Recordar que la semana pasada fracasó el último intento político del Consell para acercar posturas con el Ministerio de Medio Ambiente y tratar de trasladar la toma del agua del Azud de la Marquesa a Antella, donde el caudal sirve tanto para regar como el consumo urbano.
El Ministerio de Medio Ambiente mantiene una postura inamovible al considerar que cuenta con el aval de la UE – Bruselas ha apoyado los dos proyectos de trasvase – y defender que el cambio de trazado se basó en razones técnicas.

E l presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, anunció ayer que debido a la intensidad de las lluvias de los últimos treinta días la Comunidad Valenciana puede estar saliendo del ciclo seco que comenzó en 2005, pero reclamó, no obstante, una «gestión cautelosa» de los caudales de los ríos, pese a que la situación «es bastante mejor que la del año pasado». Según los datos de la Confederación del Júcar, los embalses de la cuenca almacenan esta semana un total de 617 hm 3 , lo que supone el 18,4% de su capacidad. Los tres pantanos del Júcar en Alicante -Beniarrés, Amadorio y Guadalest- embalsaban ayer 37 hm 3 , sobre una capacidad total de cincuenta y seis. La buena situación del Júcar contrasta con la del Segura -el presidente fuentes Fuentes Zorita ya ha advertido de que la sequía continúa- y la de los embalses de cabecera del Tajo -Entrepeñas y Buendía-, punto donde arranca el trasvase Tajo-Segura, que contienen 359 hm 3 , ciento diecinueve sobre la reserva estratégica a partir de la cual no se puede enviar agua a la provincia.
Moragues, apuntó que «da la impresión» de que la Comunidad Valenciana «está saliendo de un ciclo hídrico seco» pero que requiere una «gestión cautelosa» de los caudales de sus ríos. El presidente de la CHJ realizó estas declaraciones durante un seminario sobre el cambio climático y agua que se celebra en la Universidad Politécnica de Valencia. Moragues admitió que «hasta el momento, el otoño es lluvioso y húmedo» pero «como suele ocurrir en el Mediterráneo, llueve muy fuerte en la costa y las tormentas no llegan más allá de 10 ó 15 kilómetros hacia el interior».
Acuatasa Por otro lado, Moragues recordó sobre los costes del agua, que «el 98% de un recibo del agua en cualquier ciudad de la Comunidad se paga al Ayuntamiento y al Gobierno autónomo», mientras que «el Ministerio de Medio Ambiente recibe tan sólo 0,2 céntimos de euro por cada metro cúbico de agua». Por tanto, el ministerio «no tiene ni competencias ni capacidad» en un tema «transferido en su gestión» como éste. Respecto a la posibilidad de establecer una «acuatasa» dijo no haber oído a nadie hablar en el Gobierno de España sobre ello. De esta forma, Moragues seguía el guión impuesto por la ministra Cristina Narbona que la semana pasada tuvo que corregir la propuesta lanzada por técnicos del Ministerio durante una jornada celebrada, precisamente, en la sede de la Confederación del Júcar.
Por otro lado, el director del Instituto Tecnológico del Agua, Enrique Cabrera, y el director del Centro de Estudios Hidrográficos, Juan Manuel Ruiz, coincidieron en afirmar que «hay signos claros» de que el cambio climático es real y previeron que, como consecuencia, se espera «un descenso de las precipitaciones medias en la Comunidad y un aumento de temperaturas». Cabrera subrayó que «en la ONU, 2.000 científicos de todo el mundo tienen consenso absoluto en los grandes signos del cambio climático». De hecho, «se está experimentando una disminución en la masa de hielo en la tierra, el Polo Norte ha tenido el mínimo histórico hace un mes» y se prevé «un crecimiento de las temperaturas».
Manuel Ruiz descartó los trasvases y la desalación como soluciones a la falta de agua. Sobre los primeros dijo que «llevan aparejados problemas sociales, políticos y un escenario vulnerable también en otras cuencas de donde se quiere traer agua, pues también van a estar impactadas por el cambio climático». A su vez, la desalación tiene el «riesgo de que hace depender el consumo del agua de un consumo eléctrico intensivo». Este experto apeló a la mejora del aprovechamiento de los recursos actuales.
Adena solicitó ayer a la Generalitat que revise los planes de ordenación urbanística del litoral con el fin de evitar que se repitan en un futuro los impactos de las avenidas por lluvias torrenciales en las miles de viviendas que ocupan cauces.

E l Consell y el Ministerio de Medio Ambiente han agotado definitivamente la vía política para buscar una solución que desbloquee el proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó tras el fracaso de la última reunión celebrada a principios de esta semana en Madrid entre altos cargos del departamento que dirige Cristina Narbona y de la Conselleria de Agua. En la misma volvió a quedar claro que las posturas divergentes no tienen solución debido a que el Ministerio considera ya innegociable el cambio del nuevo trazado que comenzó a construirse el 20 de julio y del que, según Aguas del Júcar, está en marcha el 50% -tramitación y obras-.
Medio Ambiente asegura que tiene usuarios -Confederación Hidrográfica del Júcar- y se siente completamente legitimizado por el respaldo que ha recibido desde la Unión Europea, por lo que en el encuentro rechazó los argumentos de los enviados de la Generalitat, que trataron de explicar los beneficios económicos y sociales – apoyo de la Junta Central de Usuarios- que tendría el traslado de la toma del agua del Azud de la Marquesa al de Antella, donde los informes técnicos aseguran que el caudal sirve tanto para el regadío como para el consumo humano, opción que sí convence a los usuarios de Alicante, dispuestos desde hace meses a renunciar a que el agua llegue desde Cortes de Pallás. La negociación política quedó archivada -la legislatura está en su recta final- y, en estos momentos, la Junta Central y el Consell sólo confían en que prospere alguno de los recursos judiciales que tienen presentados en Madrid y Valencia contra la adjudicación de las polémicas obras y, posteriormente, contra el inicio. La Junta ha presentado ya la reclamación patrimonial por la que pide al Estado cerca de 100 millones de euros en concepto de los daños y perjuicios que, según los usuarios, les ha provocado la paralización de las obras del proyecto original en 2005 y el posterior cambio del proyecto.
La primera demanda se presentó hace un par de semanas en un juzgado de Madrid para reclamar los 752.283 euros pagados por los usuarios entre 2003 y 2006 por diferentes conceptos, entre los que destacan, la comisión de apertura del fallido crédito sindicado de 75 millones de euros que acordaron con la CAM y otras entidades de ahorro para aportar su participación económica en las obras del proyecto original Cortes-Villena. La Junta entiende que la deuda de 43 millones de euros a 30 de septiembre de 2005 que en su día les reclamó Aguas del Júcar por certificaciones del proyecto «no tiene ningún sentido cuando la sociedad estatal cambió el trazado de forma unilateral y sin contar para nosotros. Incluso nos expulsaron del consejo de administración con lo que sólo faltaba ahora que tuviéramos que pagar por una obra que no nos hacen, sería surrealista». Aguas del Júcar había llegado a un acuerdo con los usuarios para que la deuda se pagara vía tarifas cuando llegara el agua. La ruptura de relaciones entre la Junta y la sociedad estatal dio al traste con los acuerdos y anunció el comienzo de la guerra del agua que ha llevado el proyecto a los juzgados.
Los usuarios consideran que su iniciativa tiene argumentos legales suficientes para plantear la denuncia desde el pasado 22 de junio cuando la ministra Cristina Narbona firmó la autorización para el comienzo de las obras en el tramo «C» del nuevo trazado, lo que dio pie a la existencia de un primer documento oficial para reclamar daños y perjuicios a Patrimonio del Estado.
La Junta Central ha intentado acercar posturas con el Ministerio en los últimos meses renunciando incluso a la toma en Cortes de Pallás, si Aguas del Júcar trasladaba la captación del agua desde el Azud de la Marquesa al de Antella. No ha habido respuesta ni de Madrid ni de Valencia al insistir el Ministerio en que la decisión del cambio de trazado fue técnica, los mismos argumentos que trasladaron los altos cargos del Ministerio al Consell en la reunión de principios de semana.
Por otro lado, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aprobará junto a sus homólogos europeos el martes en Luxemburgo un conjunto de medidas para paliar la escasez de agua. El texto que se aprobará contempla todas las opciones: trasvases, reutilización de aguas residuales y la desalación de agua del mar.

L a ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, optó ayer por rectificar y enmendar la plana a sus técnicos y a la Confederación del Júcar, asegurando que la propuesta para crear una tasa que grave el consumo de agua en el sector turístico no está ahora sobre la mesa. De esta forma, la responsable de la política hídrica del Gobierno central, la ministra más cuestionada en Alicante, trataba de amortiguar la catarata de críticas que le llovieron desde el sector turístico de la Costa Blanca y el PP tras hacerse público el contenido de un informe realizado por sus técnicos en el que se apuesta porque hoteles y propietarios de la denominada segunda residencia -vivienda turística- paguen más cara el agua que consumen.
Narbona decidió no airear más una nueva polémica abierta desde su Ministerio -hace dos semanas vinculó al desarrollo urbanístico de la Comunidad Valenciana con las inundaciones en la Marina Alta- y subrayó desde Madrid que el debate sobre la «acuatasa» no está abierto. La ministra eludió, sin embargo, comentar el contenido del informe de sus técnicos y dijo que será en el ámbito de la planificación hidrológica de cada cuenca en el que se analizarán las medidas para cumplir la exigencia europea de acercar el precio del agua a sus verdaderos costes.
La patronal hotelera de la Costa Blanca -Hosbec y Asociación Provincial- rechazó, por su parte, con contundencia la propuesta lanzada por el Ministerio de crear un tasa de agua especial que grave el consumo hídrico del turismo, en concreto de los hoteles y la segunda residencia, tal como figura en el estudio «El uso del agua en la economía española. Situación y Perspectivas», hecho público el miércoles en una jornada celebrada en la Confederación Hidrográfica del Júcar donde el propio presidente, Juan José Moragues, llegó a revelar la existencia de un «turismo depredador» que consume social, económica y medioambientalmente los recursos no renovables. Pere Joan Devesa, presidente de Hosbec -asociación que gestiona 43.000 plazas hoteleras en la Costa Blanca- tildó la idea de «absurda e irresponsable» y cuestionó que «independientemente de que se lleve a efecto el ruido es malo y puede tener efectos negativos en un sector que sólo en la provincia de Alicante genera miles de millones de euros a las arcas del Estado». Javier Luri, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles -diez mil plazas- y circustancialmente de la Federación Valenciana, consideró «injusto este nuevo ataque al sector hotelero apoyado en unos datos de consumos de agua que no sabemos ni de dónde los ha sacado el Ministerio. A veces pienso que los técnicos de Medio Ambiente en vez de trabajar para la ministra, trabajan contra la ministra».
El planteamiento de Medio Ambiente -matizado ayer por la propia ministra- llega, además, en un momento de recuperación del turismo de la Costa Blanca, uno de los «motores» económicos de la provincia que, además, se ha salvado de la crisis hipotecaria que sacude a la construcción. «No me explico cómo pueden lanzarse propuestas como la de crear una tasa para el agua que consumimos cuando va en contra, además, de la competitividad de un sector estratégico para la provincia y España y en plena lucha con destinos como el Caribe, Túnez, Marruecos donde todo son facilidades. Aquí nos quieren freír con una nueva tasa, cuando las empresas pagamos más impuestos que la media de la UE».
El presidente de Hosbec negó, por otro lado, que los hoteles derrochen agua. «Somos pioneros en fomentar un consumo responsable e invito a quien quiera a visitar los establecimientos. Además, si tanto consume el turista español que viene a nuestros hoteles, por qué no nos trasvasan el agua que deja de utilizar en su ciudad y lo mismo pasa con el turismo residencial, el que se aloja en una vivienda aquí, dejará de consumir agua allí».
Pere Joan Devesa recordó que Benidorm tiene congelado el consumo hídrico -12 hm 3 al año- desde hace varias temporadas «y seguimos creciendo en pernoctaciones». También lanzó otra reflexión: «Han hecho los técnicos del Ministerio un estudio sobre el coste que puede acarrear para los hoteles que ya trabajamos con los precios ajustados la nueva tasa, los puestos de trabajo que perderían en el caso de que dejaran de venir turistas; ¿tienen pensado un alternativa ».
Por su parte, Javier Luri, subrayó que «los hoteleros hemos sido pioneros en implantar medidas para proteger el medio ambiente en nuestros establecimientos y, además, el debate del agua no existe en el turismo porque los propios turistas son muy respetuosos con el medio. Sólo falta ya que se pongan trabas a la única industria que funciona bien ahora mismo».
El «lobby» empresarial Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) alertó ayer de una posible ralentización de la actividad turística de cara al cierre del año, que contrastaría con el repunte que ha protagonizado este verano debido al buen funcionamiento principalmente de los destinos urbano. Exceltur estimó en su informe de coyuntura que este año se alcanzarán los 60 millones de turistas extranjeros al finalizar el año, aunque subrayó que no serán suficientes para incrementar los ingresos en términos reales que revierten a España, que se mantendrán «en el mejor de los casos» o caerán un 0,3%.
Por lo tanto, según Exceltur la mayor llegada de turistas extranjeros y el estancamiento previsto de sus ingresos en términos reales provocará «un año más» que el ingreso medio por cada turista extranjero, descontada la inflación, vuelva a reducirse esta vez en un 3% hasta los 622 euros.
Las expectativas para el cuarto trimestre del año de los empresarios turísticos también son cautelosas. El 48% de los empresarios espera mantener sus beneficios entre octubre y diciembre, mientras que un 25,5% descuentan caídas y un 26,5%, moderados crecimientos. De momento, el invierno se presenta favorable para la Costa Blanca.