La ex alcaldesa de Córdoba, que abandonó Izquierda Unida cuando fue reclamada para formar parte del ejecutivo andaluz,»tenía conocimiento de esta decisión», según las mismas fuentes que han destacado la lealtad de la nueva ministra.

Este nombramiento provocará que el gobierno andaluz sea remodelado también, lo que significará el tercer cambio en lo que va de legislatura, que comenzó en el 2008.

Tras la marcha de Manuel Chaves de la presidencia de la Junta de Andalucía a la vicepresidencia tercera del Gobierno, y su sustitución como presidente por José Antonio Griñan, éste remodela el gobierno que le dejó Chaves y ahora, el nombramiento de Aguilar, obligará a un tercer cambio del ejecutivo andaluz.

Precisamente Griñán nombró a la ahora ministra consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, lo que la obligó a dejar la alcaldía de Córdoba y anunció su salida de Izquierda Unida, para mantenerse hasta la actualidad como independiente.

El Senado aprobó en el día de ayer una moción del Grupo de Entesa que fue enmendada por el Grupo Socialista dirigida a instar al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la elaboración de la Estrategia Nacional para la Modernización Sostenible de los Regadíos. La iniciativa contó con 131 votos a favor y 110 abstenciones (todas ellas provenientes de la bancada popular).

20/10/2010 (Noticia leida 101 veces)

PSOE SENADO- La redacción final de la propuesta según la modificación redactada por el PSOE establece que el Plan, en coordinación con el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, refleje medidas de desarrollo rural que contribuyan a mejorar las condiciones de vida en el medio rural y a incrementar el nivel de renta del sector agroalimentario.

El portavoz del PSOE durante el debate de la moción, Vicente llanos, mostró su apoyo a dicha iniciativa y aseguró que es una propuesta oportuna y que hace referencia a la Estrategia Nacional de Modernización de Regadíos Horizonte 2015, y a la elaboración de un plan de criterios y solidaridad, equilibrio territorial, sostenibilidad, lucha contra el cambio climático, eficiencia y reducción del consumo de agua, así como el programa de desarrollo rural sostenible.

Llanos, senador por Cáceres, alabó la política que viene desarrollando el Gobierno de España desde el año 2004 y explicó que, a pesar de que el Plan de Regadíos Horizonte 2008 se aprobó en 2002, hasta el año 2004 no se dio un gran impulso. El parlamentario socialista subrayó que en cuatro años de Gobierno del Partido Popular se invirtieron en políticas de regadía 280 millones de euros, frente a los 555 millones de euros que el Gobierno socialista invirtió en los dos años siguientes.

Vicente Llanos recordó que la política del agua es una cuestión prioritaria para el Gobierno socialista, respondiendo a los objetivos básicos de superar definitivamente las carencias existentes en nuestro país en el control público del uso del agua y de su calidad, garantizando esos usos para cada territorio con una inversión de cerca de 4.000 millones de euros, que aportarán la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, superando los 5.000 millones de euros si sumáramos las aportaciones que también hacen los regantes.

Llanos apuntó, además, que “se ha alcanzado la estimación prevista en cuanto a ahorro del agua. Se ha incorporado la sociedad de la información y las nuevas tecnologías a los regantes y, por tanto, al mundo rural, a través de la implantación de la gestión de riegos. La introducción de la tecnología de telecontrol y de gestión de la información para los sistemas de aplicación de agua y gestión interna de las comunidades de regantes va a hacer posible ese ahorro del agua, de coste a largo plazo y mejora de la calidad de vida de los agricultores”.

El senador cacereño se refirió específicamente a una zona regable de Extremadura, concretamente el canal del Zujar, donde se ha puesto en marcha el automatismo y telecontrol y se riegan unas 22 000 hectáreas. “Se trata, explicó, de una serie de instalaciones de unidades de telecontrol por sistema GPRS en cada una de las zonas regables, con una inversión de 10.640.000 euros. Estas actuaciones y otras muchas están contribuyendo a consolidar el sistema agroalimentario y fijando población en el mundo rural”.

Vicente Llanos destacó los efectos positivos en la evaluación de los sistemas de riego de las políticas que está llevando a cabo el Gobierno en materia de modernización de regadíos. Llanos insistió en que para el Ejecutivo, el Plan Nacional de Regadíos “es una prioridad, no sólo porque los regadíos son el principal usuario del agua en nuestro país, sino también porque el sector agroalimentario es estratégico y clave en nuestra economía, por el empleo que genera, por los ingresos que suponen las exportaciones y el valor de la producción agroalimentaria”. “Esta estrategia, continuó, pretende dar continuidad al esfuerzo realizado para mejorar la gestión del agua y promover la sostenibilidad del regadío. A fecha de hoy consistiría en actuar sobre una superficie de 862.000 hectáreas, con un ahorro de agua de 1.131 hectómetros cúbicos. No obstante, la mayor eficiencia del sistema de riego debe ir obligatoriamente ligada a la reducción del consumo de agua en la zona regable”.

Llanos concluyó afirmando que “esta es la línea de trabajo del Gobierno, que va a seguir cumpliendo con los compromisos y con los acuerdos y realizando las inversiones precisas para el desarrollo de nuestras políticas fundamentales, en este caso las relacionadas con el sistema de regadíos. El Gobierno va a continuar trabajando de forma intensa en la Estrategia Nacional para la Modernización Sostenible de los Regadíos Horizonte 2015”.

El incremento de agua en los embalses del Júcar ha sido de un 61,8 por ciento respecto a hace un año, un 128,7 por ciento más de agua que la media de los últimos diez años, según el último Informe Hidrológico de Tendencia que ha hecho público hoy la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

El agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado un 47,7 por ciento sobre la media de los últimos 10 años, un incremento significativamente inferior del experimentado en la cuenca del Júcar, que ha crecido un 128,7 por ciento en la última década.

La cuenca del Júcar dispone de reservas por un total de 1.603 hectómetros cúbicos, cifra equivalente a un 48,1 por ciento del total de la reserva (para uso consuntivo e hidroeléctrico), con un incremento de 612 hectómetros cúbicos respecto al año anterior.

Asimismo, el informe señala que el año pasado por estas fechas había un 29,7 por ciento sobre el total de la reserva, 18,4 puntos porcentuales menos que este año, mientras que la reserva de agua ha aumento en 27,1 puntos la media de los últimos 10 años.

La sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED) ha procedido a la absorción de las sociedades Aguas de la Cuenca del Segura (ACUASEGURA) y Aguas del Júcar, que han quedado disueltas.

El anuncio de fusión aprobado por ACUAMED señala que todos los bienes, derechos y obligaciones de las dos sociedades absorbidas pasan a aquella «en bloque».

La resolución añade que esta operación ha sido aprobada por el accionista único de la sociedad absorbente, el Estado, que lo es, a su vez, de las otras dos.

Los acreedores de las sociedades que se fusionan disponen de un mes para poder oponerse a esta fusión.

El trasvase Júcar-Vinalopó será inservible, al menos, hasta 2012. Pese a que la tubería del trasvase está prácticamente terminada y que las obras del postrasvase avanzan a buen ritmo, la falta de una potabilizadora que permita el uso del caudal para todo el regadío y el abastecimiento arroja serias dudas sobre la utilidad de la infraestructura.

Según denunciaron ayer el delegado del Consell en Alicante, José Císcar, y la diputada nacional del PP Adela Pedrosa, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011 no contemplan la inversión en la citada potabilizadora, cuya construcción comprometió hace meses el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu. Císcar criticó que el presupuesto de Medio Ambiente caiga un 22,7 por ciento en la provincia de Alicante, y que la inversión se destine principalmente a las desaladoras. En cambio, no hay consignado un solo euro para la potabilizadora que debe garantizar la operatividad del Júcar-Vinalopó.

De esta forma, el trasvase no podrá entrar en funcionamiento, en principio, hasta 2012, pese a que el Ministerio se comprometió a terminarlo antes de que finalizase 2008. El cambio de trazado impuesto unilateralmente por la entonces responsable de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y la calidad del agua en la nueva toma han retrasado sucesivamente los plazos.

Tal como ha venido publicando ABC, el nivel de contaminación en la desembocadura del Júcar —de donde se tomará el agua a trasvasar—, como consecuencia de los retornos de los regadíos, impide destinar el agua del trasvase a los principales cultivos del interior de la provincia de Alicante, los de hortalizas.

Una promesa de 2009

Al mismo tiempo, al no poder derivar parte del caudal al abastecimiento de las ciudades, el precio final del metro cúbico resulta casi inaccesible para los regantes. Precisamente por ello, Puxeu se comprometió en julio de 2009 a construir una potabilizadora que permitiera abrir el abanico de usuarios y, así, garantizar la utilidad del Júcar-Vinalopó. Una promesa que trasladó oficialmente al conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, en enero de este año.

No obstante, el plan de austeridad impuesto por el Gobierno ha dejado sin financiación el proyecto, cifrado en unos 40 millones de euros. Así, hasta el momento no hay noticias de la ansiada potabilizadora, ni de una segunda toma —alternativa propuesta por los regantes—, por lo que la Junta de Usuarios del Vinalopó amenaza con no aceptar el agua que se trasvase desde el Júcar a la balsa construida en Villena.

Por otra parte, la aprobación del Plan de Cuenca del Júcar —previo a la aprobación de las normas de uso del trasvase— se ha pospuesto a 2012, por lo que todo apunta a que el Júcar-Vinalopó no empezará a ser efectivo, al menos, hasta esa fecha.

Los servicios del comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, preparan las primeras propuestas para la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) -previstas para el 17 de noviembre- y, según varias fuentes, una de las ideas consiste en hacer las ayudas «más verdes», es decir más vinculadas al respeto y a la protección del medio ambiente. El comisario manifestó hoy que la PAC «debe evolucionar» y «mejorar los aspectos relativos a la gestión de los recursos naturales», durante su intervención en el congreso del comité de organizaciones agrarias y cooperativas europeas (Copa-Cogeca). Sin embargo, Ciolos no quiso precisar de qué manera va a proponer esa orientación más verde de los subsidios agrarios. Señaló que el sector agrícola es el primero que debe tener un papel importante en la protección de la biodiversidad y en la lucha contra el cambio climático. En la actualidad, la PAC se divide en dos tipos de medidas o «pilares», en el argot de Bruselas: el primero, las medidas de mercado o ayudas directas, y el segundo el desarrollo rural políticas cofinanciadas por los países y que costean actividades complementarias o distintas a la agricultura. Dentro de ese segundo pilar figuran medidas conocidas como «agroambientales», como programas contra el cambio climático o la producción ecológica y según explicó a Efeagro otra fuente, la CE está estudiando incluir esa clase de planes dentro de los pagos directos. El portavoz comunitario de Agricultura, Roger Waite, explicó en rueda de prensa, que entre la opinión pública y los contribuyentes existe «un problema de percepción sobre las ayudas de la PAC y las que son buenas o malas». En este sentido, apuntó Waite, se relacionan las del segundo pilar (cofinanciadas) con el lado bueno y las ayudas directas con el lado «malo», por lo que hace falta «equilibrar» ambos pilares, pero no detalló tampoco de qué forma. Pero entre las ideas de la CE podría figurar un incremento de las condiciones medioambientales, que ahora se imponen al agricultor o al ganadero para el cobro de las ayudas agrícolas, conocidas como la «eco-condicionalidad», según explicó a Efeagro otra fuente. El presidente del comité de organizaciones agrarias europeas (Copa), Padraig Walshe, declaró en rueda de prensa, que los agricultores «no están de acuerdo con los rumores» que apuntan a una mayor importancia de las reglas medioambientales a la hora de otorgar las ayudas directas. Walshe abogó por mantener la situación «como en la actualidad» y dejar la actual separación entre las ayudas directas y las políticas de desarrollo rural. En cualquier caso, Ciolos reiteró sus argumentos de una PAC «fuerte» en la que se mantengan objetivos como la producción de alimentos y la cohesión de los territorios y volvió a defender un presupuesto adecuado para los pagos directos. La CE dará a conocer en noviembre sus primeras propuestas para revisar la PAC y en julio de 2011 tiene previsto presentar el proyecto legislativo de la reforma, con el fin de que sea negociada por los países comunitarios y por el Parlamento Europeo. Esta discusión se mezclará con la del marco presupuestario de la UE para después de 2013 y ya hay miembros de la CE, como el comisario europeo de Presupuestos, Janusz Lewandowski, que han dicho que el peso de la agricultura se tiene que ir reduciendo. La actual presidenta del Consejo agrícola de la UE, la belga Sabine Laruelle, admitió, en declaraciones a la prensa, que esa discusión es «ineludible», pero en cualquier caso rechazó que las ayudas directas sean «nacionalizadas». El congreso del Copa-Cogeca reúne hasta mañana a agricultores de los 27 países para discutir sobre el futuro de la PAC, entre ellos de las organizaciones Asaja, Upa, Coag, y de las cooperativas españolas.

Aunque el Gobierno ha decidido recortar el presupuesto para 2011 destinado a la gestión de recursos hídricos para el regadío en más de un 63 por ciento, más del 70 en lo que va de legislatura, la ministra de Medio Rural, Elena Espinosa defiende que su departamento ha alcanzado «sobradamente los objetivos programados» tanto en grado de ejecución como en inversión y ahorro de agua.

Así, según expuso ayer en el Senado, el MARM ha logrado una ejecución del 122 por ciento en superficie (1,5 millones de hectáreas) y del 130 por ciento en inversión, con cerca de 4.000 millones de euros (Plan Nacional de Regadíos más Plan de Choque del año 2006) entre lo que ha aportado el Estado y las comunidades autónomas y cerca de 5.000 millones de euros si contamos con lo que han aportado los regantes. Lo que significa, dijo «que hemos superado con creces las previsiones iniciales».

Para la titular de Medio Rural se trata de un «éxito sin precedentes» el movilizar un presupuesto tan elevado en tan corto periodo de tiempo y poner en marcha cerca de 100 obras de modernización de regadíos «con una tramitación tan compleja como la que requieren».

No obstante, el MARM no ha estado solo en esta andadura, la ministra reconoció el «compromiso que hemos obtenido de todo el sector agrícola respecto a la concienciación en el uso de los recursos hídricos y su coste además de velar por la protección y la conservación medioambiental.

Dichos resultados «nos llevan a que no seamos conformistas y que nos sirvan como aval«, por lo que aseguró, la modernización de regadíos continuará «siendo una prioridad».

En este sentido sostuvo que, de cara al futuro, «vamos a continuar trabajando de forma intensa» en la Estrategia Nacional para la Modernización de los Regadíos Horizonte 2015 para terminar de modernizar la superficie de regadíos con «objetivos más ambiciosos». A saber: equilibrio entre políticas medioambientales y agrícolas; criterios de ahorro y eficiencia energética; continuación del esfuerzo en modernización de regadíos hasta el año 2015; conseguir que esta sea una realidad para la mayoría de las explotaciones; y continuar con el compromiso financiero con los usuarios.

La nueva Estrategia, supondrá una inversión total de unos 2.400 millones de euros, de los que unos 1.400 millones de euros serán aportados por el Gobierno

Fuentes de las organizaciones agrarias han asegurado que las grandes cifras de gasto previstas para este Departamento son «decepcionantes» y una «mala noticia» para los agricultores y ganaderos porque se verán comprometidas las inversiones reales en prácticamente todos los capítulos y, con ellas, la salida de la crisis. El director de los Servicios Técnicos de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), José Carlos Caballero, ha advertido que la sensación del sector es de «mucha preocupación» por los recortes que ha cifrado en más del 30% para todo el Ministerio. En declaraciones a Efeagro, Caballero ha señalado que sólo se mantienen importes que corresponden a transferencias de la Unión Europea (UE) -ayudas de la Política Agraria Común (PAC) dirigidas a los agricultores y ganaderos- porque «no se pueden tocar» y «no admiten ningún tipo de recorte nacional». Ha asegurado que los recortes afectarán a partidas «esenciales» para el sector, como aquellos relacionados con la mejora de la competitividad y de las infraestructuras de regadíos, entre otras, y que este presupuesto no contribuye a «arrimar el hombro» para salir de la crisis. Especialmente crítico se ha mostrado con el recorte de partidas para agua y regadíos puesto que, según ha recordado, son fundamentales para ser competitivos, ya que una hectárea de regadío es seis veces más productiva que una de secano. «Hay que tener muchísimo cuidado con esto; cuidado con la tijera», reflexiona Caballero, en referencia a las repercusiones que la restricción de presupuestos para el regadío puede ocasionar a la agricultura nacional. Por su parte, el director de los Servicios Técnicos de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), José Luis Miguel, ha explicado que la sensación «es muy mala» y produce «mal sabor de boca» que haya recortes en el gasto para un sector «no especulativo» como el agrario. «Estamos decepcionados», ha resaltado Miguel, quien matiza que la reducción de presupuestos no contribuirá al interés mostrado por el Gobierno de cambiar el modelo de crecimiento económico ni a la salida de la crisis económica y la propia, que afecta a la mayor parte de las explotaciones agrarias. Ha recordado que el campo atraviesa por «una situación muy delicada» por falta de rentabilidad, derivada de precios en origen que en muchos casos no cubren los costes de producción, que conlleva al cierre constante de explotaciones. Ha afirmado que el Gobierno debería apoyar una «economía productiva», como la agroalimentaria, cuya vocación es claramente exportadora, porque es el único modelo capaz de «tirar» de la recuperación económica y «sacar al país del atolladero». Ha subrayado que le ha sorprendido el «abandono» que, en su opinión, representa para el sector que los recortes del MARM se sitúen al mismo nivel que los de Fomento. En parecidos términos, fuentes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han valorado que el proyecto de presupuesto para el MARM y para el año 2011 supone una «pésima noticia» para el sector agrario debido a «la reducción generalizada de todos y cada uno de los capítulos que lo componen». La organización agraria -que lidera Lorenzo Ramos- entiende que «nos enfrentamos» a un «nuevo año negro» para el sector agrario, puesto que habrá menores recursos para paliar la «enorme crisis estructural» que le caracteriza. Ha apuntado que, dentro de la reducción general superior al 13%, destaca la correspondiente al presupuesto nacional (-31%) y, «de manera muy significativa», los recortes en el capítulo 6 de «inversiones reales», que pasa de 2.566 a 1.556 millones de euros (-39%). Ha puntualizado la aportación de los fondos comunitarios evitará mayores caídas para el presupuesto total destinado a las políticas de Agricultura, Pesca y Alimentación, que sufre una reducción menor que otros capítulos, en torno al 6 por ciento.

Elena Espinosa ha hecho hoy estas declaraciones en la conferencia inaugural del Congreso Europeo sobre Agricultura de Conservación, que se celebra en Madrid hasta el próximo 7 de octubre con la participación de expertos nacionales e internacionales y representantes del sector agrario. La agricultura de conservación, ha señalado la ministra, es un sistema de producción respetuoso con el medio ambiente cuya práctica puede aportar muchos beneficios en el aprovechamiento del agua, en la lucha contra el cambio climático y en la recuperación de suelo fértil, así como en la conservación de la biodiversidad en España. La actividad agrícola tradicional libera una «gran» cantidad de gases efecto invernadero, ha recordado Elena Espinosa, antes de apuntar que la agricultura de conservación tiene dos grandes ventajas: es un «sumidero» de este tipo de gases y además produce menos emisiones de CO2 a la atmósfera. En este sentido, la ministra ha subrayado que aquellas zonas que cambien el laboreo convencional por la agricultura de conservación tienen un potencial como sumidero de carbono de aproximadamente 5,7 toneladas de CO2 por hectárea y año. Espinosa ha destacado que las políticas agrarias están empezando a tener en cuenta ese potencial de la agricultura porque es un sector «fundamental» al que, en el contexto de un mundo cada vez más poblado, se le pide que produzca más alimento y que sea un elemento sustancial en el proceso de construcción del territorio. Retos que la agricultura «debe conseguir» de una manera sostenible medioambiental, social y económicamente, ha afirmado la ministra en su intervención. Espinosa ha manifestado también la importancia que tiene el desarrollo de la agricultura de conservación para frenar la desertificación – que en Europa afecta a 157 millones de hectáreas -, la pérdida de biodiversidad y reducir el consumo de agua.

La mitad de los organismos que gestionan el agua en España suspenden en transparencia informativa y sólo tres logran un notable en esta asignatura: las confederaciones del Ebro y del Júcar y la Agencia Catalana del Agua, según un estudio divulgado hoy.

El índice de transparencia de las nueve confederaciones y cinco agencias del agua que analiza el informe ha sido elaborado por Transparencia Internacional (TI), una organización con presencia en cien países y dedicada a combatir la corrupción a nivel nacional e internacional.

Los autores del informe han tenido en cuenta ochenta indicadores sobre transparencia económico-financiera, contratos y licitaciones, gestión de los recursos y usos del agua, información sobre el propio organismo de cuenca y las relaciones con el público.

En rueda de prensa, el presidente de la sección española de TI, el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Jesús Lizcano, ha explicado que la media obtenida roza el «aprobado justo», situándose la puntuación en 51,2 (sobre un total de cien puntos).

Pese a que la Agencia Catalana del Agua y las confederaciones el Ebro y del Júcar hayan obtenido un notable, Lizcano ha subrayado que todos los organismos analizados tienen aún «mucho margen para mejorar».

En el otro extremo, las menos transparentes son las del Tajo (2,7), Aguas de Galicia (3,2) y la Agencia Balear del Agua (3,4).

Durante la presentación del estudio, el director general de la Fundación Ortega-Marañón, Jesús Sánchez Lambás, ha calificado los resultados de «regular, tirando a mal», «inadmisibles» y «poco razonables» para un país que se encuentra entre las diez potencias mundiales.

Los «agujeros negros» más importantes, ha subrayado el presidente de Transparencia Internacional, se refieren a la gestión del agua y al capítulo económico financiero.

Dentro de estos dos epígrafes se contienen indicadores como los datos de consumos anuales, las actualizaciones de los registros y nuevas concesiones de agua, presupuestos y cuentas anuales, ingresos y subvenciones.

Todos los entes analizados sí sobresalen en la cantidad de información que publican en sus web sobre los propios organismos y los procesos de planificación.

En cuanto a la información sobre las relaciones con el público y las partes interesadas, así como la de contratos y licitaciones, «son áreas que aunque presentan cierto grado de transparencia, necesitan en todo caso mejorar».

Según Lizcano, también hay «asignaturas pendientes»: ningún organismo ofrece las actas de las reuniones, tampoco los informes de viabilidad técnica, económica, ambiental y social de los proyectos de interés general ni informa periódicamente de la ejecución de sus presupuestos.

Igual que el resto de los informes que elabora TI, este documento sobre el sector del agua sólo valora si la información requerida está o no disponible en las páginas web, pero no evalúa la calidad de la información ni su veracidad.

Los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2011 destinarán 3.282 millones a las políticas de agua, de los cuales 1.478 serán gestionados por las Sociedades Estatales y 1.804 por la Dirección General de Agua y las Confederaciones Hidrográficas.

La información pormenorizada del estudio de Transparencia Internacional está disponible en la página web transparencia.org.es.