El Ministerio contempla abrir el proceso de información pública del borrador del plan de cuenca del Tajo «en las próximas semanas o meses» para recibir durante un período obligatorio de seis meses todas las alegaciones, muchas de las cuales espera que puedan ser «contrapuestas».

Así lo ha explicado hoy a Efe en Toledo la directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Marta Moren, que ha dicho que «la autoridad hidráulica» es la responsable de fijar lo que considera que el plan de cuenca debe contener «aún teniendo en cuenta que las alegaciones irán en todos los sentidos» y pueden ser contrarias.

Antes de aprobar el plan de cuenca -tanto del Tajo como de los demás ríos- hay que tener el esquema de temas importantes, un documento en el que se fundamenta el plan de cuenca y que, a su vez, debe estar informado por el consejo de agua de la demarcación.

Estos consejos de agua de la demarcación son órganos de nueva creación en España, cuya constitución está «alargando» la aprobacion de los planes de cuenca desde el punto de vista administrativo, ya que aún no está tramitado su reglamento, según la directora general.

En tanto, para conseguir aprobar los esquemas de temas importantes sin tener aún constituidos los consejos de agua de la demarcación el Ministerio ha decidido que el consejo de agua de la cuenca emita un informe preceptivo, aunque no vinculante, de estos esquemas de temas importantes.

Marta Moren ha asegurado que teniendo en cuenta que el borrador del plan de cuenca está «casi ultimado» y es «bastante completo», en las próximas «semanas ó meses» empezará el proceso de información pública durante un período de seis meses según obliga la directiva marco.

«Este período significa tener la posibilidad de comentar con todos los sectores, y esperemos que nos dé muchas opiniones que habrá que responder y motivar adecuadamente», ha indicado.

Una vez se hayan recibido todas las alegaciones y consultas, se integrarán en un «borrador definitivo» que se someterá al informe del consejo de agua de la demarcación (para entonces se habrá formado) y a la aprobación final del Consejo de Ministros. EFE

COAG IR CASTILLA LA MANCHA- Marín, que no termina de entender que la rentabilidad de las explotaciones no figure entre los pilares básicos de futura Política Agraria Comunitaria (PAC), considera que ésta es imprescindible para Castilla-La Mancha, una región en la que el sector primario, pese a su gran peso específico, no tiene garantizada su renta mínima.

No obstante, ha subrayado que el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, está estudiando la posibilidad de poner en marcha un seguro que garantice un mínimo de ingresos económicos al agricultor y al ganadero «si, como en la actualidad, el coste de producción es superior al que percibimos en el mercado”.
Además de esta media que ya se está aplicando en Canadá y Estados Unidos, en su primer encuentro con el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Marín y los miembros de la nueva junta directiva de la organización agraria, analizaron la situación actual del sector y le entregaron un documento en el que se recogen sus principales inquietudes, entre las que destaca el Plan Estratégico Vitivinícola.

Para COAG-IR, los objetivos del plan no se deberían desvirtuar concentrándose únicamente en mejorar la situación del mercado del vino, sino que ésta repercuta también en una mejora proporcional de los ingresos de los viticultores mediante los precios de la uva. Entre las reivindicaciones de COAG-IR figura también la necesidad de instar al Consorcio del Plan Especial del Alto Guadiana y a la Confederación a que lleve a cabo el proceso de regularización, a acelerar el funcionamiento del programa de adquisición de derechos, y a definir y poner en marcha el programa complementario de reforestación.

Asimismo, la organización agraria ha vuelto a pedir que se inste al Ministerio a que autorice el almacenamiento privado del aceite ,en la conveniencia de mantener el Control Integrado de Olivar como otra opción más para los olivicultores de la región y en la indefensión de los productores de leche frente a la industria.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, ha avanzado hoy que será posible cerrar el año hidrológico con más de 1.000 hectómetros cúbicos en los embalses de la cabecera del río, siempre que «el agua se utilice de manera eficiente».

Moragues ha hecho estas declaraciones en la inauguración de obras de emergencia del trasvase Tajo-Segura en los regadíos de Los Llanos de Albacete.

En respuesta a los periodistas, el presidente de la CHJ ha planteado el reto de «demostrar que la sequía se resuelve cuando tenemos agua», y ha avisado que, «si los agricultores derrochan una gota de agua, no la van tener mañana».

Sobre el estado de los embalses de la demarcación, Moragues ha indicado que será posible cerrar el año hidrológico (30 de septiembre) con unos 600 hectómetros cúbico en el embalse de Alarcón y unos 420 en el embalse de Contreras.

En cuanto a Tous, se embalsarán 60 o 70 hectómetros cúbicos tras el verano, «el máximo volumen de seguridad para cumplir su función de prevención de avenidas».

Respecto al río Júcar, se espera cerrar el año «en torno a los 1.100 hectómetros cúbicos, a poco que la hidrología se comporte de forma normal».

El presidente de la Confederación también se ha referido a la elaboración del nuevo Plan de Cuenca del Júcar, donde se están estudiando las alegaciones presentadas, «miles de páginas que estamos leyendo», y ha reclamado «una definición territorial exacta» de la delimitación de la cuenca «para saber sobre lo que tenemos competencias y sobre lo que no».

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó ayer el decreto por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. La Agencia del Agua es el organismo administrativo que aglutinará las competencias en materia de agua que ostenta la Junta, con el objetivo de agilizar las acciones desarrolladas en todos los temas de agua y ganar contundencia en la defensa de los intereses hídricos de la región, según el Ejecutivo autonómico.

El Gobierno regional, en un comunicado, afirmó que así se cumple el compromiso del presidente regional, José María Barreda, de crear una administración hidráulica en la región sin aumento de gasto en los presupuestos de la comunidad autónoma. A propuesta de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, se ha dado el visto bueno al borrador de Decreto por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento. Servirá para homogeneizar el contenido de la documentación de los planes municipales, lo que facilitará su redacción, tramitación, divulgación y acceso, organizando también su información para que pueda difundirse por medios telemáticos e integrarse en la Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla-La Mancha (IDE-CLM) que ofrecerá la información geográfica de la región a todos los ciudadanos a través de Internet.

Asimismo, el Ejecutivo regional ha aprobado el borrador del Decreto por el que se modifica el reglamento de suelo rústico para mejorar la normativa urbanística, garantizar el desarrollo sostenible y dar más seguridad jurídica a los ciudadanos y a las administraciones, como recoge la «Declaración de Toledo» que la pasada semana firmaron en la capital regional los ministros de Vivienda y Desarrollo Urbano de la UE.

A propuesta de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, el Consejo de Gobierno dio luz verde a la tercera convocatoria de ayudas del programa HITO (Haciendo Investigación Tecnológica Orientada) a través de la cual se inyectarán 3 millones

de euros al tejido empresarial de la región para el desarrollo de proyectos de investigación orientados a aumentar la competitividad de las empresas y crear empleo de alta cualificación. Estas ayudas se podrán solicitar hasta primeros de septiembre.

Por último, a propuesta de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, se ha autorizado la contratación de los trabajos de mantenimiento, explotación, control, seguimiento y desarrollo de la red de vigilancia atmosférica de Castilla-La Mancha para los años 2010 y 2011, con una inversión prevista de 1,1 millones de euros. Esta red cuenta en la actualidad con un total de doce Estaciones de Control y Vigilancia de Calidad del Aire en toda la región, cinco de ellas en las capitales de provincia y también en Talavera de la Reina (Toledo), Azuqueca de Henares (Guadalajara) e Illescas (Toledo). Asimismo, en Puertollano (Ciudad Real), por sus características especiales en cuanto a concentración de actividades industriales existe una red propia integrada por cuatro estaciones que forman parte de la red regional.

En la primera mitad de 2010 no ha habido decisiones legislativas ni negociaciones importantes en materia de agricultura, pero la presidencia española ha dado empuje a debates para sentar mejor las bases sobre el futuro de este segmento económico, en cuestiones como la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) o su propio presupuesto. Además, la UE concluye el semestre con un ambiente y una orientación más «pro ayudas de la PAC» que lo empezó, pues el cambio del equipo de la Comisión Europea (CE) ha supuesto que el cargo de comisario del ramo lo ocupe el rumano Dacian Ciolos, con un perfil muy opuesto a su antecesora, la liberal danesa Mariann Fischer Boel. Sobre todo, la ministra española del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha insistido, como logro de la presidencia, en la importancia de que en la llamada Estrategia 2020 para el crecimiento económico y el empleo de la UE, ratificada por los líderes europeos, se refleje el papel de la política agraria. En el texto inicial, la agricultura no figuraba y aunque sólo se trate de unas líneas, en el devenir legislativo de la UE estas referencias son fundamentales cuando las declaraciones se traduzcan en negociaciones para el reparto del presupuesto comunitario. Por otra parte, los ministros de Agricultura de la UE han conseguido aprobar conclusiones con ideas para incrementar la competitividad en el sector agroalimentario (esta semana) y para mejorar los mecanismos o medidas de ayudas en los mercados, contra la volatilidad de los precios (en marzo). Espinosa ha subrayado también el impulso de los debates sobre la situación específica de la mujer rural, con una conferencia en Cáceres (en abril) y «por primera vez» una discusión especial en el Consejo de ministros de la UE en Bruselas (en mayo). Durante el semestre, la CE ha iniciado una consulta pública para recabar ideas con el fin de reformar la PAC y presentar propuestas a final de año, aunque hasta 2011 por lo menos no se harán públicos los textos legales que harán arrancar la verdadera negociación entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. Pero este comienzo ya es innovador, pues el comisario Ciolos ha optado por abrir a internet un debate sobre la PAC, antes de que el Ejecutivo comunitario dé a conocer sus primeros textos sobre un tipo de reforma que habitualmente hace temblar al sector. Durante la primera mitad de 2010 también se ha oído hablar de precios, especulación y desigualdades entre los márgenes de beneficios de la cadena alimentaria (productores, industria y distribución) y especialmente en el caso del sector lácteo. En este sentido y a un nivel más técnico, el grupo de Alto Nivel de la UE -formado por expertos de los Veintisiete- ha concluido sus trabajos, con ideas como una regularización de los contratos, para dar más poder de negociación al ganadero ó excepciones a las reglas de la competencia. El comisario tendrá en cuenta todas estas ideas en las medidas en favor del sector lechero que presentará a finales de año.

Los regantes que dependen del agua del Tajo propondrán al Ministerio de Medio Ambiente que se cambie el sistema de regulación de los desembalses que se autorizan periódicamente, con el objetivo de que los caudales no se transporten en su totalidad a la Regin de Murcia y a Alicante, sino que se envíen conforme se vayan necesitando. Esto supone que el agua se almacenará y reservará en los pantanos de origen Entrepeñas y Buendía y no en los de destino.

El beneficio para los municipios ribereños de la cabecera del Tajo sería inmediato, puesto que dispondrían durante más tiempo de estos caudales para sus fines económicos y recreativos, sobre todo en verano.

Este posible cambio ha sido avanzado por José Manuel Claver, presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase, que lo someterá a la consideración de la Comisión Central de Explotación del acueducto. Claver explica que se trata de una muestra de buena fe. «Lo importante para nosotros es que la Comisión apruebe los desembalses cada vez que proceda, de acuerdo con las reglas de explotación, y que el agua llegue después a nuestros campos conforme se vaya necesitando cada mes. Debe quedar claro que el desembalse se autoriza la primera vez, y que no hará falta nuevos permisos para transportar el agua. Los caudales se almacenarán en los pantanos de cabecera, como si estuvieran aquí, subrayó.

Hasta ahora, el agua de la cabecera del Tajo se transporta por el acueducto de una tacada. A mitad de camino se puede regular en el embalse de Alarcón, pero lo habitual es que llegue hasta la cuenca del Segura y se deposite en los pantanos de Talave, Camarillas, La Pedrera, Algeciras y Mula, principalmente. Ahí queda para su distribución entre las comunidades de regantes, a la vez que se computa entre los recursos en este caso prestados que administra la Confederación Hidrográfica del Segura.

El Sindicato de Regantes piensa proponer más cambios. Siempre que la situación lo permita, solicitarán desembalses cada seis

meses, en lugar de tres como hasta ahora. Piensa hacerlo el mes que viene, con motivo de la reunión de la Comisin Central de Explotación. «Mientras que haya recursos suficientes en la cabecera se puede hacer una previsión semestral de las necesidades para los cultivos», indicó Claver. Esta propuesta enlaza con la anterior, ya que el acueducto tiene un límite para el transporte de agua y los pantanos del Segura otro para poder almacenarla.

Los regantes podrían solicitar unos 200 hectómetros cúbicos del Tajo para cubrir sus demandas hasta enero.

LA sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, conocida este lunes, no ha cambiado el discurso del Consell. «Lo que es Consititucional para Cataluña también lo es para la Comunidad Valenciana». Una frase que resume el sentir del Ejecutivo autonómico. La decisión del Tribunal que preside María Emilia Casas ha supuesto una purga al norma catalana, pero deja dentro del límite de la Carta Magna aspectos especialmente sensibles para los intereses valencianos.

El Estatuto catalán «blinda» en una de sus disposiciones adicionales cuestiones como las inversiones estatales en aquella región o la propia financiación autonómica. Asimismo, se atribuye competencias sobre los ríos, entre ello el Ebro, que transcurren por su territorio.

Dos asuntos, el dinero y el agua, básicos en la estrategia política del Consell en aras de reforzar el sentimiento identitario de los valencianos y que explican el anuncio realizado ayer por el conseller de Gobernación, Serafín Castellano. La Generalitat convocará en breve a la Comisión de Expertos creada para analizar las consecuencias legales del Estatuto catalán. La reunión tendrá lugar cuando se notifique la sentencia, probablemente a comienzos de la próxima semana. Sobre la cita, naturalmente, planeará la posibilidad de activar la conocida como «cláusula Camps», para adecuar el Estatuto valenciano y evitar «discriminaciones» respecto al texto catalán.

Financiación y agua

Con todo, la intención inicial del Consell prevé la limitación de esas mejoras a aspectos como la financiación y la gestión hídrica. No se reclamará en ningún caso cuestiones avaladas por el Tribunal Constitucional como la inmersión lingüística o la creación de una Agencia Tributaria autonómica. Bajo la premisa de que «para defender lo nuestro no hace falta ser una nación», apostillada ayer por Serafín Castellano, el Consell no se desviará en ningún caso de su forma de entender el Estado autonómico en el proyecto común español.

Del modo que sea, la celeridad en la reacción del titular de Gobernación provocó un cierto desconcierto en la dirección nacional del PP, con la vista puesta en las elecciones catalanas del próximo mes de noviembre, que a esas horas de la mañana todavía no había fijado su postura oficial. Sin embargo, ni la declaración de Mariano Rajoy difiere en lo sustancial de las tesis que defiende el Consell sobre la lealtad institucional ni la posición de la Generalitat debe intepretarse en clave de desafío. El propio Camps ha validado una hoja de ruta que pasa invariablemente por conjugar «la lealtad con la Constitución» y los intereses de los cinco millones de ciudadanos de la Comunidad Valenciana.

Recursos pendientes

Además, el Estatuto catalán todavía está pendiente de seis recursos de inconstitucionalidad, entre ellos el planteado por el Ejecutivo valenciano el 19 de octubre de 2006. El recurso considera que la norma catalana supone un «importante atentado contra los valencianos y los derechos de los valencianos, en algo tan básico como la financiación o el tema del agua y un claro atentado a la solidaridad nacional y la Constitución Española». Una posición que no ha variado un ápice.

El Consell rechazó, además, la regulación del Archivo de la Corona de Aragón y, al igual que Murcia, recurrió también la gestión del Ebro que se concede a la Generalitat de Cataluña. Junto al de la Comunidad Valenciana todavía no se han resuelto los recursos planteados por La Rioja, Murcia, Aragón, Baleares y el Defensor del Pueblo.

Comparecencia en Cortes

Con las cartas destapadas desde ayer, el Consell esperará ahora al dictamen de la Comisión de Expertos. Si el dictamen de éstos se inclina por poner en marcha un proceso de reforma estatutaria, no se descarta la convocataria extraordinaria del pleno del Ejecutivo para fijar postura a través de una

declaración institucional. Serafín Castellano ya anunció ayer que solicitará su comparecencia en las Cortes Valencianas.

La finalización del periodo de sesiones llevaría a convocar la Diputación Permanente, probablemente en el mes de julio. Una posibilidad que, además, forzaría a los diferentes grupos parlamentarios a expresar su posición. Ayer, Compromís proclamó que la «reforma del Estatuto catalán obliga a reforma inmediatamente el valenciano».

Posición del PSPV

El PSPV, por su parte, calificó de «precipitada e inoportuna» la voluntad de acometer modificaciones en la Ley orgánica. La sentencia del TC ha divido a los socialistas entre la indignación que ha exhibido el presidente catalán, José Montilla, y la aparente satisfacción del Ejecutivo que lidera José Luis Rodríguez Zapatero.

En Blanquerías, su secretario general, Jorge Alarte, permaneció en silencio ayer. A la espera de que escampe, dejó la tarea sucia para el portavoz parlamentario, Ángel Luna, alineado con las tesis que consideran que el Constitucional no ha modificado de forma sustancial el Estatuto catalán y, por conseguiente, considera que una evental reforma del valenciano requiere «más sosiego».

El portavoz del Partido Popular (PP) de la Región de Murcia, José Antonio Ruiz Vivo, reclamó hoy a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, «que hable de una vez y se pronuncie sobre el Plan de Cuenca, la Confederación Hidrográfica del Segura y el Tajo Medio».

Ruiz Vivo calificó a Espinosa de «ministra mudita» —»con todo el respeto personal y exclusivamente en el ámbito político»— porque cuando vino a Murcia el pasado lunes no quiso hablar de estos interrogantes que se ciernen sobre los intereses de los murcianos.

Criticó que «a pesar de que varios se le preguntó expresamente, la ministra no quiso pronunciarse sobre lo que ya había advertido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan Carlos Ruiz, que el presidente de Castilla La Mancha pretende desgajar la Confederación Hidrográfica y recortar los envíos del Tajo mediante el Plan de Cuenca».

Al respecto, Ruiz Vivo reprochó que «Saura y González Tovar acudieran rápidos para posar en la foto, pero ninguno le pidiera explicaciones sobre estas cuestiones tan graves y que afectan a los murcianos, como por otro lado es habitual en ellos».

Advirtió que los murcianos asisten en los últimos días «a las nuevas andanadas de Gobierno de Castilla La Mancha en contra de los legítimos intereses de los murcianos y el suministro de agua al Segura»; al tiempo que lamentó que después de «un estatuto lesivo y que contenía artículos inconstitucionales, el señor Barreada sigue intentado cortarnos el grifo del Tajo». Pero «afortunadamente, ha sido frenado por el Tribunal Supremo», señaló.

Ruiz Vivo apuntó que, «sin embargo, persiste en su empeño y ha vuelto a decir que ni habrá agua del Tajo Medio para Murcia y que además se va a cercenar el envío de agua a la Región mediante el Plan del Tajo».

Acabar con el circo

Por eso, pidió al PSOE que «acabe con el circo de don Pinocho de la Mancha de una vez por todas, que asuma los dictámenes del Tribunal Supremo y que la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino hable y deje claras las cosas de una vez».

«Que explique si va a haber Plan del Tajo Medio y si el envío de agua del Tajo al Segura está en peligro como se atreve a decir Barreda con la complicidad y aquiescencia de los responsables socialistas de la Región de Murcia, que una vez más pierden la partida en la calle Ferraz», reclamó.

Por último, el portavoz del PP consideró que «los castellano-manchegos no se merecen un presidente que no tiene sentido de Estado, que proyecta una imagen insolidaria y que oculta el destino de los 102 millones de euros que los regantes pagan por el agua del Tajo».

La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, asegura que no existe «ningún acuerdo en la trastienda» con la Comunidad Valenciana y Murcia para apoyar los trasvases a cambio de que ambas comunidades, gobernadas por el PP, reduzcan el nivel de beligerancia política. En una entrevista concedida a Vocento, Espinosa sostiene que «los problemas de agua se dan en toda España» y reivindica la necesidad de «llegar a un pacto» de carácter global a través de los planes de cuenca que ahora se están redactando.

La ministra se muestra tajante al referirse al derogado Plan Hidrológico Nacional, que contemplaba el trasvase del agua del Ebro hacia la Comunidad. Asegura que «no hay ninguna intención» de retomar ese proyecto del Gobierno de José María Aznar porque «no era un proyecto viable ni desde el punto de vista económico, ni social ni medioambiental. Y si alguien lo puede demostrar, que lo demuestre».

Espinosa afirma que su departamento no se apartado ni un ápice de la senda marcada por su predecesora, la polémica Cristina Narbona. «Nuestra política de agua no ha cambiado, seguimos con el pograma que dejó Narbona», asevera la titular de Agricultura, que, pese a los pobres resultados obtenidos hasta ahora, se mantiene firme en la defensa de las desaladoras como solución preferente a los problemas de escasez de agua en el Mediterráneo. «Son obras muy complejas desde el punto de vista técnico.A esa complejidad hay que sumar los trámites administrativos que no dependen del Gobierno de España, sino de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. En alguna hemos tenido gravísimos problemas  para poder tener una declaración de impacto ambiental que nos permitiera iniciar las obras. Hemos mejorado muchísimo y todo indica que podemos llevar más velocidad en las obras». En la entrevista, Espinosa se muestra tajante al defender la gestión del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Si no ha faltado agua hasta hoy, no va a faltar agua en un futuro. No va a faltar porque las inversiones están muy avanzadas».

Respecto del trasvase Tajo-Segura, la ministra elude pronunciarse sobre su duración y pide respeto para el trabajo de las comisiones técnicas que marcan las reglas de explotación. «Dejemos trabajar a esa comisión que lleva haciéndolo desde 1978»,

Los recursos del Gobierno de Castilla-La Mancha contra los trasvases de agua del Tajo al Segura carecen de toda consistencia, las demandas se presentan de forma sistemática, se copian las argumentaciones y resultan temerarios. El Tribunal Supremo ha lanzado otro reproche a la táctica del Ejecutivo de José María Barreda de oponerse judicialmente a todos los desembalses de agua, según figura en la última sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que acaba de respaldar la legalidad de un desembalse de 48,8 hectómetros cúbicos, 11 de ellos para regadíos, que fueron autorizados por el Consejo de Ministros en diciembre de 2007.

El Gobierno castellano manchego sigue perdiendo ante el Tribunal Supremo los recursos que presenta contra los desembalses. En este caso se opuso incluso a la asignación trimestral que debía llegar a dos millones de habitantes de Murcia, Almería, Albacete y Alicante. El alto tribunal deja traslucir su malestar ante la insistencia de los recursos, condenando a los demandantes al pago de las costas, que ha fijado en 3.000 euros.

La misma Sala, en una sentencia anterior que respaldó otro trasvase, dio un toque al Gobierno de Castilla-La Mancha al reprocharle que utiliza razones «exclusivamente políticas» para oponerse sistemáticamente a los envíos de agua. En esta ocasión le advierte de que en materia de costas procesales «la actuación de la parte demandante debe considerarse temeraria». «En efecto, la actuación procesal de la Administración autonómica denota un decidido propósito de impugnar de manera sistemática todo acuerdo del Consejo de Ministros en el que se decida un trasvase de aguas de la cabecera del Tajo, limitándose en la demanda a reproducir miméticamente las mismas alegaciones, carentes de toda consistencia, ya formuladas por esta Sala en ocasiones anteriores», indica la sentencia a la que ha tenido acceso ‘La Verdad’.