TOLEDO. El portavoz socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Molina, advirtió ayer a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de que «no va a tener más remedio» que empezar «a cambiar el chip» y asumir que el trasvase Tajo-Segura tiene que llegar a su final.

Molina, en rueda de prensa, se pronunció así al ser preguntado por las declaraciones de la vicepresidenta primera en las que aseguró que el Gobierno «no es partidario» de poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura, cuyo final piden socialistas y populares castellano-manchegos para 2015. «El trasvase más tarde o más temprano va a dejar de existir», recalcó el diputado socialista, quien expuso que, «cuanto antes sea consciente de ello el Gobierno de España, mejor», porque ahora hay tiempo suficiente para corregir «problemas que ocasionalmente pudiera ocasionar en alguna comunidad autónoma» dejar de contar con el agua del Tajo.

El Informe sobre Escenarios Climáticos para España recoge proyecciones regionalizadas de cambio climático para el siglo XXI. Si ya el comportamiento de las temperaturas para el último tercio del siglo XXI (2071-2100) se prevé que sea dramático, con un aumento de entre 5 y 8 grados centígrados en las temperaturas máximas en las regiones interiores de la Península ibérica, las lluvias serán aún más escasas.

Así, según el documento que ayer la ministra Narbona presentó a las comunidades autónomas y a los agentes económicos y sociales representados en el Consejo Nacional del Clima, «la tendencia no es tan consistente como en el caso de la temperatura», pero todos los modelos apuntan a una reducción de las precipitaciones en la mitad sur de la Península de hasta el 40 por ciento. En la mitad norte ese descenso será menor, en torno al 20 por ciento, a excepción en Galicia y Asturias, donde la disminución de las lluvias rondará el 10 por ciento.

Menor nubosidad

También apuntan todos los modelos a un descenso de la nubosidad y de la humedad relativa en superficie para el último tercio del siglo. Esta reducción será especialmente acusada en los meses de verano, aunque se atemperará el resto del año e incluso puede aumentar durante el invierno, sobre todo en el cuadrante noroeste y en el litoral cantábrico.

La sensibilidad de los recursos hídricos a esta situación es muy alta. Para el horizonte 2030, simulaciones con aumentos de temperatura de 1 grado y disminuciones medias de precipitación de un 5 por ciento ocasionarían pérdidas medias de aportaciones hídricas en régimen natural de entre un 5 y 14 por ciento.

Este último dato corresponde a Canarias que, junto a las cuencas del Guadiana, Segura, Júcar, Guadalquivir, Sur y Baleares tendrán los impactos más severos. Para finales de siglo la reducción de recursos hídricos podría superar el 20 por ciento.

Pero algunas de las consecuencias que se desprenden de este calentamiento no se revelarán de manera escalonada, sino que lo harán de forma brusca. Son los llamados fenómenos climáticos extremos: inundaciones, olas de calor, incendios… El cuarto informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) ya advertía de que la probabilidad de que esto se repita va del 90 al 99 por ciento. La forma y la media de estos impactos en las diferentes regiones del planeta queda para el segundo informe, a publicar en abril.

El sur se «africaniza»

Hasta entonces, el último diagnóstico de nuestro país lo dio la Evaluación preliminar de los Impactos del Cambio Climático en España. En este informe ya se proyectaba un aumento de un 20 por ciento en la amplitud y frecuencia de las anomalías térmicas mensuales, si bien no de forma regular en todo el territorio. En general, los archipiélagos se salvan, pero en la Península se incrementará muy significativamente la frecuencia de días con temperaturas máximas extremas sobre todo en primavera y, en menor medida, en otoño.

Podríamos decir que el clima del norte de España se «mediterraniza» y el del sur se «africaniza». A este nuevo clima se le denomina «clima inframediterráneo» y es, por ejemplo, el de Marruecos. Para el periodo 2071-2100 se espera que este clima impere en Extremadura, Andalucía, Baleares y el sureste mediterráneo hasta Almería.

Así las cosas, con unas proyecciones que, a falta de los últimos datos del IPCC, no son muy halagüeñas, ayer arreciaban las críticas contra la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, la presentó a los representantes de las comunidades autónomas y agentes económicos y sociales como una forma de pasar del catastrofismo de esas predicciones a la acción para evitar que éstas se cumplan.

Quejas de los ecologistas

Sin embargo, «la batería de medidas para luchar contra el cambio climático», tal y como dice la nota del Ministerio de Medio Ambiente, no ha gustado a los grupos ecologistas.

Consideran éstos en primer lugar que las medidas recogidas no son adicionales ni novedosas, por cuanto que la gran mayoría están incluidas en planes ya en marcha, y, en segundo lugar, porque éstas no van asociadas a objetivos cuantificados. Es decir, no se plantean nuevos objetivos de reducción de emisiones contaminantes.

Si estas críticas ya habían sido apuntadas el lunes desde Greenpeace y Ecologistas en Acción, ayer coincidieron en la misma diana las de Adena, que a la ausencia de objetivos concretos añadió la falta de calendario y presupuesto para llevar adelante la estrategia; y Los Verdes, para quienes «la gravedad de la situación climática requeriría objetivos más audaces y medidas más eficaces». Así lo dijo su portavoz confederal, Francisco Garrido, que es diputado adscrito al Grupo Parlamentario Socialista.

Por tanto, el cambio climático parece no entender de colores políticos. Es más, sólo entiende de reducción de emisiones. Sin embargo, algunas de las medidas recogidas en esta estrategia apuntan a un cambio de objetivos. Así, por primera vez se considera «una pieza clave en la lucha contra el cambio climático» la captura y almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

Enterrar las emisiones

Esto es, no nos vale con el descenso de nuestra cuenta de emisiones que suponen los «sumideros» de carbono naturales (superficie forestal y cubierta vegetal), sino que el Gobierno se plantea recurrir a esta tecnología para «enterrar» las emisiones. Para Pablo Cotarelo, de Ecologistas en Acción, supone «perpetuar el sistema que nos ha llevado hasta aquí».

MURCIA. La noticia publicada ayerpor ABC sobre la suelta de agua ordenada por la Confederación Hidrográfica del Ebro en el embalse de Yesa para mantener el nivel de seguridad provocó airadas críticas por parte del Ejecutivo murciano. El secretario general de la Presidencia y portavoz adjunto del Gobierno de Valcárcel recordó el «enorme error» que supuso la derogación deltrasvase del Ebro del anterior Plan Hidrológico Nacional, «sin ningún razonamiento técnico ni económico». «Una vez más, la naturaleza demuestra la viabilidad de aquel trasvase cuyas obras estaban en marcha y que, una vez paradas, abrieron el debate de la insolidaridad en España», apostilló.

«El Ebro se desborda mientras Murcia se seca para vergüenza de Saura y Zapatero», resumió de forma gráfica el portavoz adjunto murciano, quien reprocha también las últimas palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en su visita a Murcia que calificó esta obra de «faraónica».

Ruiz Vivo asegura que «la obra faraónica de De la Vega» hubiera traído a los murcianos 4,3 hectómetros cúbicos diarios, dato que compara con el último «hilico» de 11 hectómetros cúbicos autorizado por el Gobierno socialista para el regadío murciano a través del Tajo-Segura. «En tres días del Ebro, nuestros agricultores hubieran tenido la misma cantidad que nos han enviado del Tajo en un año», dice Ruiz Vivo, que basa estos datos en los 50 metros cúbicos por segundo que hubiera podido trasladar la tubería del Ebro a las cuencas del Júcar, el Segura y el Sur.

Así, explica, «el trasvase del Ebro era una herramienta de desarrollo para Murcia, un elemento de vertebración de Estado para España y un ejercicio de solidaridad entre las regiones. Habría solucionado los problemas de la España seca y habría liberado de presión social al trasvase del Tajo. La derogación, vuelve a demostrarse, se ha convertido en un permanente foco de conflictos», argumenta.

A la vista de la situación de la «escasa capacidad para almacenar agua en la cuenca aragonesa», el portavoz adjunto del Gobierno regional señala que «si Marcelino Iglesias hubiera hecho las infraestructuras hidráulicas en su Comunidad que ha realizado Valcárcel en Murcia, habría agua para todos, no existirían esos problemas de gestión del agua.

«Más claro, señor Iglesias, agua», dice Ruiz Vivo, quien reprocha al Partido Socialista «la ambigüedad manifiesta que sostiene un discurso que ha fracasado estrepitosamente con la derogación del PHN y el programa AGUA sin agua». En este sentido, también recuerda las obras realizadas por el Ejecutivo de Valcárcel para conseguir que Murcia encabece el volumen de agua reutilizada de España y que tenga los regadíos más modernos, «mientras presidentes socialistas de Aragón y Castilla-La Mancha -afirma en referencia a Barreda- no hacen sus obras y se dedican a poner en cuestión el honor de los murcianos».

Por último, Ruiz Vivo también puso de relieve el informe presentado ayer por el Colegio de Economistas de Murcia, que sitúa la falta de agua como uno de los principales problemas para el crecimiento de la economía regional.

La reforma de la ley de Aguas, cuyo borrador será debatido, previsiblemente, en los próximos meses, incluirá un artículo en el que se garantizará el derecho a un abastecimiento mínimo de 60 litros por habitante y día de agua potable. Una garantía «al margen de su disponibilidad económica» de los usuarios, según anunció ayer Jaime Palop, director general del Agua.

Esa sería «la componente ética en la gestión del agua», comentó Palop tras entrevistarse con los representantes de Ecologistas en Acción, Acsur-Las Segovias e Ingenieros sin Fronteras para tratar del contenido de la futura ley y de la garantía de un acceso mínimo.

Con garantía oficial

Ecologistas en Acción propuso el año pasado que la mencionada ley recogiera esa garantía y ahora ha sugerido, apoyada por las otras dos ONG, que la redacción del artículo establezca que sean las Administraciones Públicas las que procuren el acceso a esa cantidad mínima de agua. Así, el texto que recoge la propuesta de las ONG establece que «todas las personas tendrán derecho a un abastecimiento mínimo de 60 litros/habitante/día de agua potable, al margen de su disponibilidad económica, que las Administraciones Públicas garantizarán en el ámbito de sus respectivas competencias, en las redes de abastecimientos domiciliarios de aguas públicas». De aprobarse en estos términos, España se convertiría en el primer país del mundo en legislar ese derecho.

Los representantes de las ONG opinaron sobre la medida. Santiago Martín Barajas, de Ecologistas en Acción, aseguró que, con el articulado que proponen, «todo ciudadano, toda persona, sea español sea de fuera, esté legal, ilegal o alegal, pueda o no pagarlo, siempre tendrá derecho a tener 60 litros de agua por día», y resaltó que les gustaría que fuera el primer precepto de la nueva ley o uno de los primeros.

Jaume Delclos, de Ingenieros sin Fronteras, destacó la importancia de que esta iniciativa no se quede en el ámbito de España, para que el acceso al agua se contemple «como un derecho básico universal».

Por su parte, el coordinador de Estudios y Comunicación de Acsur-Las Segovias, Miguel Romero, explicó a Ep que la introducción de este artículo debe ser coherente con las actuaciones del Gobierno y las empresas españolas en el exterior.

Además, el director general del Agua aseguró que, a pesar de las lluvias de la semana pasada, persiste una situación «delicada» en algunas cuencas hidrográficas, por lo que no hay que descuidar el ahorro.

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, Manuel Martínez Aroca, ha decidido archivar el caso del supuesto robo de agua en la cuenca del Segura, al no apreciar ninguno de los delitos denunciados por Ecologistas en Acción y otros particulares. El juez admite así la petición del fiscal jefe del TSJ de Murcia, quien no encontró supuestos de prevaricación o de atentado contra el medio ambiente, tal como publicó este diario días

atrás. El juez da por buenas las conclusiones de la Fiscalía, después de una investigación que ha durado cuatro años durante su paso por Madrid y Murcia, y que tenía por objeto averiguar si los anteriores responsables de la Confederación Hidrográfica habían tolerado una supuesta trama negra del agua.

MURCIA. El portavoz del Gobierno de Murcia, Fernando de la Cierva, calificó de «colmo de la desfachatez» las declaraciones realizadas el sábado por la vicepresidenta del Ejecutivo central, María Teresa Fernández de la Vega, sobre la cuestión del agua en la Región, al tiempo que criticó que «eludiera en todo momento pronunciarse sobre el asunto que más preocupa ahora a los murcianos, que no es otro sino la amenaza que supone para la vigencia del Tajo-Segura el Estatuto de Castilla-La Mancha». «De la Vega, con una impostura digna de mejor causa, guardó un «silencio sepulcral» sobre el futuro del trasvase, y lo que es peor, dijo que en Murcia hay agua, lo que demuestra que no sabe a qué región la han traído», apuntó. En este sentido, el portavoz del Ejecitivo presidido por Valcárcel señaló que este tipo de manifestaciones son «un insulto a los murcianos».

Además, De la Cierva lamentó que el secretario general de los socialistas murcianos, Pedro Saura «consintiese, con la sumisión que le caracteriza» que la vicepresidenta primera del Ejecutivo central «no hiciera ningún tipo de alusión al futuro de esta infraestructura».

Atribuyó el «silencio cómplice» de Fernández de la Vega a la existencia de un «pacto oculto» con el presidente castellano-manchego, José María Barreda, y a «la incapacidad y falta de peso político» del PSOE murciano. A este respecto aseguró que «la muestra está en que Saura no ha tenido ningún poder de convicción para que la vicepresidenta diga a los murcianos que el trasvase no va a tener fecha de caducidad».

Francisco Camps considera que la disposición que incluye la reforma estatutaria castellano-manchega para el cierre definitivo del trasvase Tajo-Segura es una «consecuencia directa» de la paralización del trasvase del Ebro, y dijo temerse que se produzca un nuevo «capítulo» en las actuaciones contrarias a los intereses de la Comunidad. Así, expresó su miedo a que «el Júcar, en algún momento, sea utilizado de forma casi exclusiva por Castilla-La Mancha» y a que «al final» el Gobierno de Zapatero diga: «ustedes tienen el mar. Apáñense con ese agua».

TALAVERA. La Plataforma en Defensa del Tajo ha manifestado en nota de prensa su oposición a la autorización por parte del Ministerio de Medio Ambiente de la venta de agua de los regantes de Almoguera (Madrid), a los murcianos, y solicita la inmediata actuación de las Administraciones implicadas, especialmente al Gobierno de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Talavera.

El Ministerio ha anunciado que permitirá él «intercambio» de 31 hectómetros cúbicos de agua entre amabas comunidades de regante. Para la Plataforma no se trata de un «intercambio» sino que es «en realidad es una venta pura y dura de un bien de dominio público en tiempos de sequía extrema por unos particulares que se lucran, vendiendo las aguas de un río exhausto al mejor postor».

Según la Plataforma, «uno de los principales efectos, es que no solo se perderán esos 31 hectómetros cúbicos para la cuenca del río Tajo, sino que los retornos del agua de riego tampoco se recuperarán en la cuenca del Tajo, ya que se quedarán en la del Segura, añadiéndose al agua vendida».

Hacen notar que no se ha realizado, previa a la toma de esta determinación, ninguna evaluación previa de los efectos ambientales que la venta de esta importante cantidad de agua tendrá en la cuenca del Tajo en época de sequía, cuenca en la que además sus responsables hacen una gravísima dejación de funciones al no haber realizado estudios para establecer caudales ecológicos que permitan mantener al río vivo, a pesar de estar obligados a ello desde hace nueve años por el Plan de cuenca.

Si el Ministerio de Medio Ambiente y la confederación Hidrográfica del Tajo velaran realmente por los intereses de la cuenca del Tajo, «comprarían» ese agua a los regantes de Estremera, y los dejarían circular «por el cauce del agonizante río Tajo, no permitiendo que se mercadee entre particulares con un bien de dominio público en época de extrema sequía».

MURCIA. «Yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo con vosotros». Esta frase se le atribuye al dirigente socialista Antonio León en el libro publicado por el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Juan Cánovas, sobre su viaje por los infiernos del agua. Cánovas ha sido el cabeza de turco del supuesto latrocinio del agua a manos llenas impulsado por una trama organizada; en una investigación fiscal de cuatro años que ha terminado pidiendo la hora al juez para que archive un caso en el que no se ha encontrado atisbo de prevaricación ni delito contra el medio ambiente. No obstante, lo que perseguían sus denunciantes y otras voluntades se ha conseguido con creces. Y vale adelantar que ha tenido una parte positiva.

A Antonio León, ex delegado de la Mancomunidad del Taibilla y ex consejero socialista de Agricultura, quizás le pareciera excesiva aquella persecución contra administradores y profesionales de la Confederación -ahora exonerados por la Fiscalía- en una orgía mediática y política enfervorizada todavía más con la llegada al poder del PSOE. Cuando el problema era otro: los abastecimientos a la población pendían de un hilo y estaban cerca del colapso.

En los años 2003 y 2004 se asistió a un acoso y derribo sin precedentes contra la gestión del agua en Murcia. En los episodios de aquellos meses se fraguó la imagen de los murcianos ladrones de agua que todavía nos acompaña en nuestros días. No hay foro, viaje de placer o de negocios donde un murciano salga absolutamente indemne de cualquier esquinada alusión a nuestra atávica relación con el agua y nuestra voracidad hídrica. Fue además una ofensiva subterránea frente a la política hidráulica del Gobierno del PP y en especial contra el trasvase del Ebro, con un mensaje inapelable: ¿Para qué quieren otro trasvase en Murcia si existe una mafia que despilfarra y roba caudales con el consentimiento de la Confederación?

Para conseguir el objetivo -una opción anti trasvasista totalmente legítima- se puso a la Región murciana, a justos y pecadores, a los pies de los caballos.

El topo de la Confederación

«Una gestión nefasta»

Como aquella inquisición necesitaba nombres y caras para desfilar delante del despacho del fiscal de Madrid, ahí estaban los dirigentes de turno de la Confederación: el propio Cánovas, el comisario de Aguas José Alemán y el letrado López Casares. A ellos se refería León si se da acogida a la conversación que reproduce Juan Cánovas. Otros ámbitos del PSOE, aliados con el lobby de intereses que se conjuraban en el despacho del fiscal madrileño Emilio Valerio, callaban o echaban leña al fuego. La ministra Cristina Narbona fue quizás más allá de la prudencia de su cargo, al darle altavoz al polémico fiscal Valerio y poco menos que arrojar a los leones a la cúpula de la CHS.

Más llamativo fue el silencio que llegaba de ciertas alturas del Partido Popular, en Murcia y en Madrid, que dejaron a Juan Cánovas tirado y más solo que la una.

Las cosas no pueden ir rodadas en una cuenca, la del Segura, que consume diez veces más agua de la que es capaz de generar con recursos superficiales. De ahí su déficit estructural, que ha ido engordando con un brutal incremento poblacional; una actividad económica imparable; un auge de la construcción y la industria turística; y una actividad agrícola insaciable que se bebe el 80 por ciento de los caudales.

Cuando éramos felices e indocumentados, que diría García Márquez, había otras preocupaciones y prioridades en la política de la Confederación Hidrográfica dictada por el Ministerio de turno, de tal forma que el celo sancionador no estaba a la altura de lo deseable por falta de medios y motivación. «Una gestión nefasta», ha subrayado el fiscal jefe Manuel López Bernal, al destacar los expedientes sancionadores por robos de agua que caducaban, muchos de ellos de notorios reincidentes. Nadie puede poner eso en duda. La Inspección General de Servicios del Ministerio de Medio Ambiente también lo destacó en su informe de 2004, poniendo especial acento en conductas políticas y administrativas anteriores al año 2002, cuando empezaron a tomarse medias por parte de Cánovas. La Inspección sacaba los colores a la Confederación Hidrográfica sobre los expedientes caducados, que tampoco eran la mayoría, pero sí llamativos; a la vez que indicaba, como lo hizo la investigación inicial de la Fiscalía madrileña, que más de la mitad procedían de la anterior administración socialista.

El accidente de Ontiveros

Sospechas para la novela negra

Con los testimonios recabados, pocos dudan además de que la anterior responsable jurídica de la Confederación, María Vicenta Oliveros, apoyada por otros, quiso destapar esta situación en el verano de 2002 para que se atajara. Según la Comisión pro Río de Orihuela, Oliveros fue animada a denunciar los hechos por el propio fiscal jefe de Murcia. Ésta sufrió un fatal accidente de tráfico cerca de Madrid, junto con su compañero y un hijo de éste, en las fechas en las que presumiblemente pensaba reunirse con el fiscal Emilio Valerio. Ese accidente -que fue investigado por la Guardia Civil- dio rienda suelta a sospechas, no probadas, que rayan todo lo imaginable y que dan para una novela negra.

La investigación se puso en marcha en Madrid porque el punto de mira inicial estaba en los despachos del Ministerio que supuestamente no habían actuado con rigor ante abultados expedientes sancionadores por robo de agua. La propia Fiscalía madrileña concluyó en el año 2004 que los altos cargos del Ministerio estaban al margen de cualquier trama organizada, y que debía limitarse la investigación a Murcia.

El «circo» de Valerio

Una investigación «sui géneris»

No obstante, el circo que se montó alrededor de las diligencias de Emilio Valerio, y su peculiar forma de llevar el caso (la firma de la denunciante supuestamente falsificada; documentos perdidos; filtración de diligencias, que le valieron quejas de sus superiores; y la ausencia de denuncia formal contra los «imputados»…), representaron de facto una condena social a nivel nacional contra los gestores de la Confederación y por extensión contra los usos del agua en Murcia. Sin necesidad de juicio. La misma mecánica obró sobre la finca El Chopillo de Moratalla, supuesto origen de muchos males; pese a que repetidamente los tribunales, y el fiscal jefe López Bernal, no han encontrado ninguna irrregularidad.

Los réditos de la investigación de la Fiscalía -que tuvo una segunda parte más discreta en Murcia- les han servido durante estos años a la Comisión Pro Río de Orihuela, a las organizacions ecologistas, a dirigentes de Aragón y de Cataluña; así como al PSOE y PP de Castilla-La Mancha, para denostar en mayor o menor grado la administración del agua en Murcia.

Convenía además investigar al Segura, y no al resto de cuencas, por todo lo que estaba en juego con el Plan Hidrológico Nacional. «Una gestión nefasta», desde luego; aunque elevar las extracciones ilegales de agua, que hay que perseguir, a la categoría de latrocinio universal va un trecho.

En este sentido, el escrito de archivo delfiscal jefe de Murcia ha querido nadar entre dos aguas: no aprecia delitos de prevaricación y contra el medio ambiente en los altos cargos de la Confederación Hidrográfica, que era de lo que se trataba; pero deja una salida airosa para que los denunciantes no se queden con el trasero al aire. Eso no ha impedido que Pro Río solicite su dimisión, como ha hecho con fiscales anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Después del millar de expedientes examinados por la Fiscalía, López Bernal llega a la misma conclusión que la Inspección General de Servicios, al poner en evidencia una mala gestión a la hora de perseguir los robos de agua y por ende los regadíos ilegales.

Ahora serán los juzgados naturales quienes investiguen en sus territorios los casos que aún siguen pendientes y que pueden constituir un delito contra el medio ambiente al superar el daño causado los 400 euros. Una práctica ya habitual, y muy saludable, en los usos de la Confederación y de la Fiscalía del TSJ.

Un puesto peligroso

Maletines y agresiones

La Confederación Hidrográfica del Segura está en la lista de los organismos más difíciles y complejos de toda la Administración española. Y también peligrosos. Como quiera que el agua es oro en Murcia, es cierto que por el despacho de algún presidente del organismo de cuenca, en la plaza Fontes, ha aparecido gente con un maletín de dinero a cambio de hacer la vista gorda. Otros se han presentado allí para agredir directamente al presidente; y otros más han movido teléfonos en instancias superiores para que les quitaran la sanción. Así se las gastan unos cuantos; cuyos excesos y delitos tiene que pagar el resto.

Para sacar una lectura positiva: ahora la gestión es mejor; todas las infracciones se persiguen, incluso en los tribunales ordinarios; y más de uno se lo pensará antes de mercadear con el agua. Es el efecto provechoso de la investigación de Fiscalía; aunque eso, lamentablemente, haya sido a costa de machacar a ciertas personas y de ensuciar la imagen de Murcia.

Los cuatro años de investigación de la Fiscalía sobre los robos en la Confederación Hidrográfica del Segura acaban sin culpables, pero dejan el estigma de los murcianos avariciosos de agua