El concejal del Ciclo Integral del Agua valebnciano critica a Palop por sus declaraciones

VALENCIA. El concejal del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia, Ramón Isidro Sanchis, aseguró ayer en un comunicado que es «una vergüenza» que el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, diga que «los valencianos no tenemos que preocuparnos porque tenemos en el mar toda el agua del mundo, que el problema lo tiene Aragón porque la única fuente de agua proviene en su caso de los ríos, los pozos, los acuíferos y en definitiva del agua de lluvia… es de auténtica desvergüenza».

Además, criticó que Palop tenga que ir a Zaragoza -donde realizó las declaraciones-para transmitirno un mensaje de tranquilidad como consecuencia de la sequía y «que no venga a Valencia y nos lo cuente en vivo y en directo». Además, calificó como «muy lamentable» que el Ministerio de Narbona lance estos mensajes, «en vez de explicarnos por qué nuestra ciudad está sufriendo restricciones en cuanto a cantidad, calidad y precio del agua, cuando ella aseguró, nada más derogar el Trasvase, que tendríamos más cantidad de agua, de más calidad y a menor precio, pero es que son incapaces de ofrecer una sola alternativa o propuesta realista».

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Crecen en plena sequía las sanciones por robos de agua en la cuenca del Segura

MURCIA. Más expedientes sancionadores que en años anteriores. El celo y control de la Confederación Hidrográfica del Segura contra las extracciones no permitidas de agua, los riegos ilegales y los vertidos clandestinos se tradujo el año pasado en un incremento del número de expedientes abiertos hasta sumar los 567. De esta cantidad, la gran mayoría se consideran infracciones leves; mientras que once fueron graves y se remitieron a la ministra de Medio Ambiente para que decida la sanción correspondiente. Sólo uno se consideró muy grave y se ha remitido al Consejo de Ministros.

El escenario ya se conoce: la cuenca del Segura atraviesa el tercer año de fuerte sequía, sin apenas recursos propios y con riegos de socorro desde la cabecera del Tajo a cuentagotas. El resto de los caudales necesarios para la agricultura se capta a través de pozos.

Según informó ayer el organismo de cuenca, en los tres últimos años no ha caucado ningún expediente sancionador. Asimismo, a día de hoy ya están resueltas o en tramitación todas las sanciones levantadas en el ejercicio anterior, según informó ayer el presidente de la Confederación, José Salvador Fuentes Zorita, quien precisó que el objetivo es «evitar cualquier posible caducidad en la actividad sancionadora y, por consiguiente, el riesgo de impunidad».

La Confederación abrió el año pasado 99 expedientes por construcción y explotación de pozos; 56 por riego ilegal; 93 por vertido a cauces; 15 por depósitos de escombros o inertes; 177 por obras y ocupación de cauces; y 127 por otros motivos, tales como el incumplimiento de una resolución, desobediencia a requerimientos, incumplimiento de condiciones, extracción de áridos, derivación de aguas, modificación de características, depósitos ilegales, y modificación de la «fase atmosférica».

Más de 400 expedientes

De acuerdo con la cuantía de las sanciones, el organismo de cuenca ha incoado 408 expedientes leves y 147 menos graves (en ambas categorías son resueltos por la propia CHS); once graves (que se remiten a la ministra de Medio Ambiente); y uno muy grave (que debe ser resuelto por el Consejo de Ministros). De los doce expedientes graves o muy graves, cuatro han sido abiertos por explotación de pozos; otros cuatro por riegos ilegales; y el resto por derivar más agua de la pemitida. Asimismo, 34 expedientes han sido remitidos a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por si los hechos denunciados fuesen constitutivos de delito, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.

Los infractores han tenido que abonar a la Confederación 560.119 euros en concepto de daños al dominio público hidráulico. Esta cantidad se reinvierte íntegramente para la recuperación medioambiental de la cuenca del Segura.

La Confederación aprecia que, «con las medidas ejemplarizantes» se ha detectado una disminución de las irregularidades graves, «a pesar de la delicada situación que atraviesa la cuenca en su tercer año consecutivo de grave sequía hidrológica». Esta apreciación, no obstante, no concuerda con los datos de los dos años anteriores, en los que hubo menos sanciones graves y muy graves.

Fuentes Zorita ha mostrado su «reconocimiento a los colectivos y organismos que han colaborado a la hora de denunciar cualquier tipo de actividad irregular».

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Primer acto en diez meses de la encargada de la Década del Agua

ZARAGOZA. La representante del Ministerio de Medio Ambiente para el Secretariado de la Década del Agua de la ONU (2005-2015), Helena Caballero, participará hoy por primera vez en un acto público en la capital aragonesa, a pesar de haber sido designada para el puesto el pasado mes de abril.

Como viene informando ABC, Caballero no ha dado muestras de su actividad en relación con este Secretariado, que tendrá su sede en Zaragoza, desde que fue designada para el puesto por la ministra Cristina Narbona. Hasta hoy, no se le ha visto intervenir en actos públicos, a pesar de que hace unos meses se celebró en Zaragoza la presentación de la versión en castellano del segundo Informe de Naciones Unidas sobre los recursos hídricos, y tampoco ha dado muestras de la labor desarrollada. De hecho, las distintas instituciones relacionadas en esta iniciativa -Ayuntamiento, Gobierno de Aragón o Confederación Hidrográfica del Ebro- apenas han sabido de ella en este tiempo.

La ubicación en la ciudad del Secretariado de la Década del Agua fue recibida con alborozo en su día por suponer un espaldarazo para el proyecto de la Expo 2008, que lleva por lema «Agua y desarrollo sostenible». Helena Caballero accedió a la representación en esta oficina de la ONU después de una polémica gestión al frente de la Confederación Hidrográfica del Duero, donde tuvo sonados encontronazos con las organizaciones agrarias, la Junta de Castilla y León, los trabajadores del propio organismo de cuenca e, incluso, miembros del PSOE.

Helena Caballero intervendrá hoy, en el marco de la llamada Tribuna del Agua, en el VI Foro Permanente «Agua y Sostenibilidad», que debatirá acerca de la «funcionalidad de las cuencas hidrográficas. Elementos para su recuperación y gestión sostenible». Caballero aparece en el programa como jefa de Área de la Subdirección General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente.

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Acuajúcar recibirá los documentos sobre el aval a los regantes alicantinos

Rambla indicó que «desde la Conselleria de Hacienda se les va a dar cumplida información de los detalles en relación al mismo, teniendo en cuenta que parece ser que no tiene esta persona o entidad que reclamaba información, la legitimación adecuada para tener dicha información». Por tanto, según manifestó, se trata de una cuestión «estrictamente jurídica».

Por su parte, la Conselleria de Economía defendió que la concesión del aval a los Usuarios del Vinalopó se hizo con «la más estricta legalidad» y que quienes tienen derecho a exigir información sobre ello «son las personas físicas o jurídicas que han ejercido la acción requerida o tienen un interés legítimo en el tema».

Según la Conselleria, la Junta de Usuarios del Vinalopó, formada por 120 comunidades de regantes, 35 ayuntamientos y la Sociedad de Aguas Municipalizadas de Alicante SA, se constituyó como entidad de derecho público sin ánimo de lucro «y por tanto puede ser beneficiaria de un aval de la Generalitat», de acuerdo con la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2006.

Además, la Conselleria expone que la principal función de esa entidad es gestionar el caudal a trasvasar dentro del proyecto «Trasvase Júcar-Vinalopó», cuya financiación inicialmente era sufragada, aproximadamente en tercios, por fondos Feder, AcuaJúcar (sociedad estatal promotora del proyecto, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente) y la Junta de Usuarios.

La Junta de Usuarios, para cumplir su compromiso de financiación, que ascendía a 75.126.513 euros (el 32,61% del coste total del trasvase), suscribió un préstamo sindicado con diversas entidades financieras por ese importe, así como dos pólizas de crédito.

«Mentiras y demagogia»

Por otro lado, el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, acusó a la sociedad estatal AcuaJúcar de contar «mentiras», hacer «demagogia» y «chantajear todos los días» a los regantes en relación con el proyecto. García Antón dijo que la actuación de l AcuaJúcar es «vergonzosa y vergonzante» y apuntó que esta sociedad «parece que se ha dedicado en los últimos años a deshacer toda la política hídrica que había en la Comunidad.

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No da igual

POR FERNANDO ROJO

Afirma Barreda que le da «igual lo que diga la señora vicepresidenta del Gobierno» respecto al trasvase Tajo-Segura. Pues a mí no. Mientras sea el Ejecutivo central el que tenga la competencia exclusiva en el reparto del agua, no da igual lo que diga «la señora vicepresidenta». Y aún menos lo que haga. No da igual que De la Vega se haya cargado el trasvase del Ebro. No da igual que tenga paralizadas todas las obras del Pacto de Aragón, ni muchas de las desalinizadoras de Levante, al tiempo que deja depositar en el Mediterráneo cientos de hectómetros cúbicos de agua dulce que luego habrá que desalar. No da igual que esté a favor de mantener los trasvases en la cabecera, desde embalses que están al 10 por ciento de su capacidad, mientras se niega a estudiar otras alternativas y muchas presas están soltando líquido a tutiplén porque han llegado al colmo de su aforo.

Lo que sí da igual es lo que diga el presidente de Castilla-La Mancha. Porque, por mucho que se empeñe, la Constitución le niega cualquier posibilidad de vetar los envíos a la cuenca del Segura. Tanto él como su «partenaire» en la reforma del Estatuto, María Dolores de Cospedal, saben que eso de escribir en un «papelito» (De la Vega dixit) que el trasvase tiene que caducar en 2015 es una especie de brindis al sol, un gesto para la galería electoral, que no tendrá efectos jurídicos, pues si no lo remedia el Congreso, lo hará en último termino el Tribunal Constitucional.

Otra cosa es que hasta esa fecha haya que llegar a un pacto a tres bandas entre el Estado, Castilla-La Mancha y las comunidades levantinas, que vaya poniendo gradualmente fin a este dislate de desvestir el santo alcarreño para vestir el murciano. Otra cosa es que para entonces llegue la Unión Europea y diga que ya no es sostenible lo que hace muchos años que se hace insostenible. Otra cosa es que haya que echarle imaginación, y buscar alternativas en el Ebro, en el Tajo medio o en el Ródano. Pero lo que no puede ser, y además es imposible, es que Barreda se siente en el botijo y diga que no lo comparte con nadie. Lo puede hacer, pero da igual que lo haga, porque el botijo no es suyo. Y él lo sabe.

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«Murcia no necesita más agua, ni quizá se la manden»

MURCIA. Emilio Valerio, nacido hace 48 años en Dicastillo (Navarra), lleva 25 años en la carrera fiscal; 12 de ellos en Madrid y en estrecha relación con el actual ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. En los últimos años se le ha percibido desde Murcia como un enfant terrible; que no ha dejado títere con cabeza en su investigación sobre los robos de agua.

-El fiscal jefe del TSJ de Murcia ha pedido archivar el caso de los robos de agua en la cuenca del Segura. El juez lo ha aceptado. ¿Cómo valora esta decisión?

-Entiendo que existe un terreno de coincidencia, en el ámbito fiscal y judicial, con el tema del agua. Creo que todos hemos aprendido en este proceso, como es la necesidad de llevar a cabo una persecución puntual de los supuestos de robo de agua. Esta necesidad se advertía con mucha urgencia en el tiempo de la instrucción.Por lo que fuera, no se hacía. A mi juicio, cuando se habla de archivo, queda una línea abierta para que las denuncias se investiguen en los juzgados naturales. Ésta es la primera valoración, y única, que en principio entiendo que debo de hacer.

-¿Pero esperaba el archivo de la causa?

-Insisto en que la palabra archivo tiene un doble sentido, ya que, según recoge su propio periódico, se reabren a su vez los supuestos individuales del robo del agua.

-Pero que no se haya apreciado prevaricación y delito contra el medio ambiente, que eran el núcleo de las denuncias.

-Me preocupa esta pregunta porque, por lo que yo sé, se han abierto causas por cada delito contra el medio ambiente. Entiendo que esa es la realidad. En pura técnica jurídica, el delito contra el medio ambiente, tal y como está recogido en nuestro Código Penal, subyace en cada robo de agua con una cuantía determinada. Y probablemente lo que motivó la investigación fue la no persecución, vía administrativa, de estos supuestos.

-¿Había tantos casos como para pensar que estaban conectados; o era acaso la mera suma de un número suficiente como para llamarlo trama? ¿No cree que debía haberse analizado pormenorizadamente, caso por caso, como el juez ha decidido ahora; en lugar de originarse ese daño a la imagen de Murcia? Se nos ve desde fuera como que todo el mundo estaba compinchado.

-Como todo planteamiento simplista, eso responde en parte a la realidad y en parte no. Lo que se advertía en aquellas fechas es que en Murcia, a diferencia de otras regiones, el agua es un bien muy escaso. Dentro de esta escasez, la utilización desmesurada o abusiva

del agua supone un factor comparativamente importante en términos de ordenación del territorio. En términos de poder económico. En una palabra, en otros territorios quizás no, pero en Murcia el agua, legal o ilegal, se convierte en economía en muy poco lapso de tiempo. Estos dos factores son esenciales y muy graves. Aquí influía también otra cuestión ceñida al contexto del Plan Hidrológico. Creo que no sólo en Murcia, sino en otras regiones, se vivió durante cierto tiempo con la idea de que el agua podía ser un recurso ilimitado. Es decir, que había agua por venir.

-¿Sigue pensando que existía una trama?

-La palabra trama refleja de un modo no muy apropiado la realidad. ¿Por qué? Porque cada supuesto de robo de agua se consuma en la propia utilización del agua. Eso genera evidentemente, no voy a decir que un delito, pero sí una situación ilícita para Murcia y los demás.

-¿Había un clima favorable para que eso se produjera?

-Más que un clima favorable, creo que había unos elementos. Por un lado el agua como un bien absolutamente escaso. Luego las expectativas del Plan Hidrológico. Estaba además una Administración sin duda poco preparada para luchar contra estos hechos… -¿Cree que la imagen de Murcia ha salido perjudicada en este proceso?

-Creo que la imagen de Murcia hay que valorarla en el contexto general de la situación. En relación con un Plan Hidrológico que a mi modo de ver no consiguió pasar el abanico de una legislatura diferente al no existir una política de consenso. Había además una estrategia a muy corto plazo que insistía en la necesidad del agua. Creo que a medio plazo la Región de Murcia haría bien en determinar una auto organización de sus recursos hídricos.

-Pero ha habido un apelativo negativo, un marchamo que se le ha colgado a los murcianos cuando salían fuera: que si ladrones, insaciables, etc…

-Desgraciadamente muchas de estas imágenes que quizás parezcan simplistas tienen una parte de realidad. Muchas veces he advertido del urbanismo depredador de Levante. El tema del agua en Murcia tiene una parte en este contexto también negativa. Es evidente que es así.

-¿No cree que algunos grupos determinados, como organizaciones ecologistas y el PSOE, además de intereses de otras regiones, se han aprovechado de su instrucción en una época muy sensible para atacar el Plan Hidrológico del PP y el trasvase del Ebro?

-En todo tipo de instrucción judicial siempre hay un aprovechamiento en un contexto o en otro por parte de cualquier grupo. Estos días he leído en su periódico que había una gestión nefasta del agua. Eso no lo he dicho yo. Sin duda que algunos lo pueden aprovechar, precisamente porque existe una realidad determinada en factores objetivos en la Región de Murcia.

-¿Es usted partidario trasvase del Ebro o del PHN del PP? ¿Era una clave a tener en cuenta ?

-No, vamos a ver. En cuanto al Plan Hidrológico, independientemente de los problemas técnicos, no era un plan de consenso. Hay determinadas cuestiones que exigen un consenso entre autonomías o grandes partidos. Y si no, no sale. Era el primer problema, y el mayor, que tuvo el Plan Hidrológico. Por otro lado, se vendió la idea de que el agua es un recurso ilimitado. Creo que esto hizo mucho daño en aquellos años a la Región. Creo que a corto plazo esto es difícil de sobrellevar. Pero entiendo que a medio plazo, una región con la potencialidad de Murcia, debía ir a una optimización de sus recursos hídricos. Debe tener capacidad de organizar sus propios consumos de agua. No es necesario, y probablemente ni va a venir, traerla desde fuera. Entiendo que hay que organizarla desde dentro.

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El regadío superficial se reducirá para garantizar el abastecimiento

VALENCIA. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, indicó ayer que con el objetivo de «mantener las reservas» del pasado año hidrológico 2005/06, el suministro superficial destinado a regadíos será un 40 por ciento menor que el existente el año anterior, mientras que se mantendrá el 100 por ciento del suministro superficial para abastecimiento, es decir, que «está garantizado» este tipo de aportación para el consumo humano.

Moragues, quien informó sobre los asuntos tratados en la Comisión Permanente de Sequía, destacó que con estas «fuertes restricciones» llevadas a cabo desde octubre -primer mes del presente año hidrológico- para «ajustar los suministros», se le han «ganado a la sequía» 20 hectómetros cúbicos. Además, destacó que estas medidas suponen la «garantía» de que, en caso de darse «el peor escenario» en el que la aportación fuera la misma que

la registrada en 2006 porque «lloviera igual de poco», los suministros se mantendrían «exactamente igual», en 106 hm3.

Al respecto, el presidente de la CHJ remarcó que aunque sigan «habiendo restricciones fuertes, quizá superiores incluso a las del año pasado en el agua superficial para los regantes», éstas se intentarán «compensar» con «aguas subterráneas y aguas de reutilización, siempre que no haya problemas medioambientales»,

Asimismo, manifestó que este año «está siendo tan seco como el año pasado», y consideró «lamentable» que hasta ahora suponga el «segundo más seco en los más de 60 años que se lleva estudiando el río», por detrás tan sólo del ejercicio anterior.

Embalses

En este sentido, apuntó que las aportaciones acumuladas del Júcar en 2006/2007, de 109, 67 hm3, «se mueven entre el primer y el segundo año de sequía», más cerca del segundo, el más seco -con 106, 49 hm3-, por lo que los embalses de Alarcón, Contreras y Tous almacenan «sólo 3 hm3 más», lamentó. Así, estimó que el volumen embalsado del sistema del Júcar experimenta «una recuperación muy lenta» y presenta una «evolución ascendente pero no suficiente». Moragues señaló que se mantiene el estado de emergencia en el río Júcar, mientras que el Turia y el Serpis se encuentran en alerta.

En situación de prealerta, que requiere un incremento de las medidas de control, están los sistemas Cenia-Maestrazgo, Mijares-Plana de Castellón, Palancia-Los Valles, Marina Alta y Vinalopó-Alacantí, y finalmente, la Marina Baja presenta una situación de normalidad.

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El rechazo del Gobierno al fin del trasvase se puede cambiar en el Congreso, dice la Junta

TOELDO. El vicepresidente segundo del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sostuvo ayer que las recientes declaraciones de María Teresa Fernández De la Vega sobre el rechazo del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero a poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura «se enmarcan en el contexto vigente» en el que existe una legislación sobre política hidráulica «muy clara» y que no «buscaban anticipar un nuevo escenario». Por ello, García-Page considera que las manifestaciones de la vicepresidenta del Gobierno central son «modificables» en la medida que el Congreso de los Diputados cambie la situación. En este sentido, el vicepresidente regional aseguró que el Ejecutivo presidido por José María Barreda tiene claro el objetivo de «acabar con el trasvase», objetivo que -en su opinión- «comparte la unanimidad social de la región».

Por lo tanto, insistió, la posición del Gobierno de Barreda sobre esta cuestión «es invariable, firme y optimista».

Situación absurda

Si las «diferencias» entre los Gobierno de Zapatero y Barreda sobre la caducidad del trasvase del Tajo – en el año 2015- parecen evidentes, en el Partido Popular las aguas también bajan «revueltas». Ayer, el portavoz de los populares en el Congreso, Eduardo Zaplana, aseguró en Cartagena que «existe un acuerdo entre la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y el PP de Castilla-La Mancha», respecto al trasvase Tajo-Segura, y que «otra cosa es la concreción de esa visión del asunto en un texto en un momento determinado», en referencia al Estatuto castellano-manchego, que -recordó- «aún debe pasar por el Congreso». Aunque el Partido Popular de Castilla-La Mancha votó a favor de la caducidad del trasvase en las Cortes regionales, Zaplana se mostró como «un clarísimo defensor del Tajo-Segura, que funciona muy bien desde hace mucho tiempo y también de todos trasvases que deberían haberse ejecutado ya».

En su opinión, España vive «una situación absurda» en cuanto a la disposición de recursos hídricos» y «se ha generado un clima de insolidaridad respecto al sentir que se había extendido de que los recursos deban ser para todos».

En cuanto a la presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, aseguró que está «volcada en una política nacional de solidaridad entre todos».

EFE

García-Page insistió ayer en poner fin al envío de agua a Levante

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El desembalse del Ebro en un día equivale ala agua de una desaladora de Murcia en un año

MURCIA. El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, advirtió ayer de que «el desembalse realizado en un solo día por la Confederación Hidrográfica del Ebro en el embalse de Yesa equivale al agua que produce la desaladora de San Pedro del Pinatar al cabo de todo un año». Con este desembalse «se demuestra una vez más que la Región de Murcia tiene razón cuando plantea que el trasvase del Ebro era completamente factible», aseguró a través de un comunicado el consejero del Ejecutivo murciano.

A juicio de Cerdá, esta situación pone además de manifiesto que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «tomó una decisión desacertada» cuando derogó la construcción de esta infraestructura, un trasvase -aseguró- «necesario para la Región de Murcia, dada la sequía extrema que nuestra agricultura está soportando».

Igualmente, apuntó que la suelta de agua en los embalses del río Ebro «no son hechos aislados», sino que «se producen de manera regular, periódica y planificada, para mantener los niveles de seguridad».

El consejero de Agricultura explicó que «el agua que se ha soltado en Yesa irá a parar al embalse de Mequinenza y, a su vez, dado que éste último embalse cuenta con una capacidad de unos 1.500 hectómetros y que en estos momentos almacena 1.260 hectómetros, se tendrá que practicar otro nuevo desembalse que irá a parar al mar».

Cerdá añadió que, «de haberse construido el trasvase del Ebro, los agricultores de la Región estarían en disposición de recibir 4,3 hectómetros cúbicos diarios de este río». «Lo único que Murcia demanda es tener acceso al agua que se tira al mar, es decir, los volúmenes excendentarios de otras cuencas que nadie utiliza. Sin embargo, a causa del mal criterio del Gobierno, asistimos a la triste realidad que supone el saber que un río vierte al mar un agua que se pierde y que con total seguridad aportaría la solución a la escasez de agua de nuestra Región», concluyó el consejero del Gobierno regional.

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«De la Vega debe cambiar el «chip» y asumir la caducidad del trasvase» dice el PSOE

TOLEDO. El portavoz socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Molina, advirtió ayer a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de que «no va a tener más remedio» que empezar «a cambiar el chip» y asumir que el trasvase Tajo-Segura tiene que llegar a su final.

Molina, en rueda de prensa, se pronunció así al ser preguntado por las declaraciones de la vicepresidenta primera en las que aseguró que el Gobierno «no es partidario» de poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura, cuyo final piden socialistas y populares castellano-manchegos para 2015. «El trasvase más tarde o más temprano va a dejar de existir», recalcó el diputado socialista, quien expuso que, «cuanto antes sea consciente de ello el Gobierno de España, mejor», porque ahora hay tiempo suficiente para corregir «problemas que ocasionalmente pudiera ocasionar en alguna comunidad autónoma» dejar de contar con el agua del Tajo.

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