MURCIA. La denuncia realizada ayer en Murcia por la organización Greenpeace, de que la cuenca del Segura no es deficitaria y de que malgasta más de 800 hectómetros en regadíos ilegales y usos indebidos, fue contestada por la Confederación Hidrográfica, que ha desacreditado los datos de esta organización por falta de rigor. «Lamento que Greenpeace se obstine en manejar datos sin actualizar. No se corresponden con la realidad», manifestó el presidente del organismo de cuenca, José Salvador Fuentes Zorita. El responsable de aguas de esta organización ecologista, Julio Barea, presentó el informe llamado «El negocio del agua en la Cuenca del Segura», que considera basado en datos oficiales y según el cual sobrarían 308 hectómetros al año si se hiciera un consumo responsable. Esos volúmenes servirían para dotar a los ríos de caudal ecológico y para recuperar los acuíferos.

Como hiciera Adena el año pasado, también con datos sin actualizar, Greenpeace pone el Segura como ejemplo de la mala gestión del agua y parte de la base de que hay 812 hectómetros mal utilizados, de los que 632 corresponden a 65.500 hectáreas de regadíos ilegales de los últimos 10 años, al margen de otros anteriores. Considera asimismo que los recuros renovables disponibles son de 1.360 hectómetros, incluyendo el máximo total trasvasable del Tajo de 600 hectómetros cúbicos, lo cual no se corresponde con la realidad. Barea apunta que los datos están sacados del Plan de Cuenca del Segura, aprobado hace 10 años, pero no coinciden con las cifras oficiales del organismo de cuenca, según las cuales el déficit estructural es de 460 hectómetros, frente al supuesto superávit de 308. En este sentido, el informe da por buenos unos datos del Plan de Cuenca del Segura, pero rechaza otros.

Asimismo, los datos de Greenpeace se quedan cortos con los aportados justo en marzo del año pasado por Adena, según los cuales había 100.000 hectáreas ilegales de regadíos.Julio Barea indicó que en la cuenca del Segura hay unas 253.000 hectáreas de regadíos reconocidas, pero no supo indicar si las 65.000 hectáreas supuestamente ilegales estaban dentro o fuera de este cómputo.

«Canjes ilegales»

Barea señaló que el Segura es el río europeo con más presas por kilómetro, lo que hace que el exceso de infraestructuras sea ineficaz y destructivo para los sistemas fluviales. Como «principales responsables de los problemas de la cuenca» apunta a «la proliferación de regadíos ilegales y al sector turístico. Denuncia asimismo que la Administración «está permitiendo el robo de agua y el canje de caudales». La organización ecologista cree también que existe un «entramado ilegal de tuberías» de más de 200 kilómetros en el Campo de Cartagena y en Murcia.

«El mayor problema es la mala gestión», subraya, a la vez que sostiene que «la Administración de justicia no actúa contra las extracciones ilegales». En este punto, indicó que el informe estaba desfasado, ya que respondía a datos de julio del año pasado, y que la situación actual era distinta.

Otro de los problemas que detecta es que no se reutiliza toda el agua, sino sólo la mitad. Destaca igualmente la fuerte reducción del caudal del Segura, «que en más de 40 kilómetros sólo cuenta con aguas residuales y a su desembocadura llega sólo con un cuatro por ciento».

La presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que no se pronunciará sobre la decisión de la Junta de recurrir el trasvase de agua aprobado por el Consejo de Ministros el 2 de febrero hasta que conozca el texto de la denuncia, pero añadió que «lo más seguro» el PP lo apoyará.

En declaraciones a los periodistas en Valdepeñas (Ciudad Real), De Cospedal indicó que en muchas ocasiones se han producido trasvases sin que se hayan recurrido, por lo que habría que saber cuál es la diferencia que ha llevado al Gobierno de Castilla-La Mancha a hacerlo en esta ocasión.

La líder del PP hizo hincapié en que cuando se habla de regadío hay que diferenciarlo de cuando se habla de consumo humano, porque éste último «nunca se puede recurrir», pero cuando se trata de regadío «primero son los regantes de Castilla-La Mancha» que están sin agua, agregó.

María Dolores de Cospedal está empeñada en desactivar uno de los argumentos más comunes de los regantes levantinos, que acusan a la Junta de Castilla-La Mancha de no haber invertido en los últimos veinte años «ni un solo euro» de los que han venido pagando como contraprestación al agua del trasvase Tajo-Segura. Si llega a ser presidenta de esa comunidad, Cospedal ha prometido «hacer las inversiones que nunca ha hecho el PSOE en materia hidráulica».

En Talavera de la Reina, donde clausuró unas jornadas de su partido sobre fiscalidad y empleo, De Cospedal replicó así a las críticas del diputado del Congreso del PSOE Alejandro Alonso acerca de unas declaraciones realizadas por la líder regional del PP a la cadena de televisión Telemadrid. Alonso había considerado «preocupante» que De Cospedal dijera que si su partido llegara al Gobierno, invertirá mucho dinero para que en Valencia y Murcia disfruten del agua, «con lo que transmite dudas respecto a la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha».

De Cospedal matizó que sus palabras fueron las que siempre ha dicho, «que estamos dispuestos a hacer las inversiones que nunca ha hecho el Partido Socialista en materia hidráulica». La presidenta del PP castellano-manchego añadió que si Castilla-La Mancha tiene agua, también lo tendrán la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, y, por ello, recomendó al Gobierno de Barreda que «en los pocos meses que le quedan hasta las elecciones inicie alguna obra para que se vea que tiene interés en solucionar el problema del agua en Castilla-La Mancha».

TOLEDO. El Comité Federal del PSOE aprobó, en su reunión de ayer, el Programa Marco y el Manifiesto Autonómico que inspirarán los programas electorales locales y autonómicos, con los que las candidaturas socialistas concurrirán a los comicios del próximo 27 de mayo.

Precisamente, uno de los puntos de dicho Manifiesto Autonómico recoge la reivindicación de Castilla-La Mancha de que las comunidades autónomas participen en los órganos de gestión del agua. Dicho modelo autonómico incluye políticas hidráulicas en las que la planificación y gestión del agua se haga de acuerdo al marco competencial establecido en la Constitución y en los estatutos de autonomía; se prevé que las comunidades autónomas participen en las cuencas hidrográficas intercomunitarias, así como la creación de una Conferencia Sectorial del Agua.

En este contexto, el secretario de Organización de los socialistas de Castilla-La Mancha, Patrocinio Gómez, aplaudió la inclusión de esta medida en el Manifiesto Autonómico y recordó que se trata de una iniciativa que en su día hizo el presidente de Castilla-La Mancha, «y que está cargada de sentido común y de racionalidad».

Las propuestas del Programa Marco apuestan por: higiene democrática y lucha contra la corrupción; seguridad, convivencia y civismo; una fiscalidad más cómoda y unos presupuestos con participación ciudadana; una regulación de tráfico para conseguir un tráfico más tranquilo.

Los próximos retos del modelo autonómico pasan por culminar las reformas estatutarias de todas las comunidades autónomas; favorecer instrumentos multilaterales y bilaterales de cooperación; mejorar la financiación autonómica y crear espacios fiscales propios que garanticen la corresponsabilidad fiscal. Además, se ratificaron las listas a las elecciones autonómicas y municipales.

El Consejo de Ministros, en su reunión del viernes,aprobó un acuerdo por el que autoriza al Ministerio de Medio Ambiente a constituir la Conferencia Sectorial del Agua, para que sea este foro, en el que están representadas la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, donde se analicen y debatan los proyectos de ley relativos a política del agua, planes hidrológicos de demarcación y Plan Hidrológico Nacional.

En la última Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas, celebrada el pasado mes de enero, se analizó y apoyó la constitución de dos nuevas Conferencias Sectoriales que potenciarán el ejercicio de las respectivas competencias por parte del Estado y las Comunidades Autónomas, en concreto en relación con las materias de inmigración y de agua.

Respecto al agua, hasta ahora los asuntos relacionados con este ámbito se han tratado en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Dada la envergadura y la problemática específica que conlleva, el relieve que ha adquirido en las reformas estatutarias y el hecho de que en muchas Comunidades Autónomas las competencias relacionadas con el agua no recaen en la Consejería de Medio Ambiente, sino en otros departamentos (Agricultura, Obras Públicas u otros) se ha considerado necesaria la creación de una Conferencia Sectorial del Agua, como cauce de concertación institucional específico en esta materia,

El principio de cooperación es esencial e inherente a la estructura del Estado autonómico, tal y como ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de forma reiterada, que también ha declarado que este principio debe articularse a través de técnicas de colaboración. Sobre la base de estas consideraciones, las técnicas de cooperación multilateral más destacable son las Conferencias Sectoriales, configuradas como órganos de cooperación que permiten la articulación del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado y a las Comunidades Autónomas.

La consejera de Obras Públicas, María Encina Álvarez, defendió ayer en Madrid, durante el coloquio “La problemática del agua en España” organizado por el Club Siglo XXI, la necesidad de que “en la nueva política hidráulica nacional se contemple la cogestión en la planificación por parte de las comunidades autónomas”.

María Encina Álvarez ha debatido sobre la situación hidráulica de nuestro país con el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, el consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, y el consejero de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad Valenciana, José Ramón García Antón.

A este respecto, la consejera ha basado su intervención entre aspectos fundamentales para la realidad hidráulica de Castilla-La Mancha: la escasez de este recurso, las crecientes necesidades de nuestra región y la caducidad del trasvase Tajo-Segura. Asuntos de los que es responsable el Gobierno de España pero los que se debe buscar una mayor participación de las comunidades autónomas, tal y como ha puntualizado Álvarez.

La titular de Obras Públicas ha incidido en que los recursos hidráulicos disponibles van a ser cada vez menores por el descenso de los niveles pluviométricos pero también por las restricciones medioambientales que fija la normativa europea. En este sentido, Álvarez ha manifestado que “todos debemos ser conscientes de esta escasez, o al menos Castilla-La Mancha lo es, y por ellos debemos abogar por un uso eficiente del recurso”.

Por otro lado, María Encina Álvarez ha resaltado el incremento de las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha debido a su crecimiento demográfico, económico o industrial, y que por lo tanto “no podemos prescindir de los recursos que se generan en nuestro territorio, ya que queremos que este crecimiento sea sostenido y sostenible en el tiempo”. En esta línea, el director general del Agua, Jaime Palop, ha incidido en que comunidades del interior de la península, como Castilla-La Mancha, Madrid o Aragón, no tienen mayor disponibilidad de recursos para su desarrollo que aportes de las lluvias, por lo que hay que pensar en alternativas en aquellas regiones que disponen de otras posibilidades como la desalación.

Finalmente, la consejera ha sido tajante al afirmar que “Castilla-La Mancha no puede soportar por más tiempo la existencia del trasvase Tajo-Segura”. Álvarez ha destacado la solidaridad ejercida por nuestra región y ha aseverado que ha quedado demostrado que los trasvases son un sistema en crisis e ineficaz para resolver los problemas hídricos en los territorios y garantizar un crecimiento sostenible. Hay que destacar, según ha afirmado Jaime Palop, que “cuando se tenga que elaborar el nuevo Plan Hidrológico del Tajo, habrá que plantearse determinadas cuestiones” a este respecto.

María Encina Álvarez ha remarcado que “la desastrosa experiencia para Castilla-La Mancha del trasvase Tajo-Segura es el mejor ejemplo para que cualquier territorio se resista a soportar un trasvase”, ya que junto al agua derivada “se transfieren la riqueza y las oportunidades de desarrollo”.

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, afirmó ayer que la derogación del trasvase del Ebro del Plan Hidrológico Nacional creó  “desconfianza y desconcierto” y que “fue el germen que motivó el enfrentamiento territorial y la insolidaridad que vivimos hoy”.

El consejero murciano hizo estas declaraciones en el transcurso de su intervención en el Club Siglo XXI, donde participó en un debate coloquio sobre agua junto a María Encina, consejera de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, José Ramón García Antón, consejero de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad Valenciana y Jaime Palop, director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente.

El responsable del Agua de la Región apeló a la Constitución y al modelo creado en todo el siglo XX con el Plan Hidrológico Nacional para recuperar “el consenso y la participación” ,y criticó “la falta de política del agua y de parches que plantea el Gobierno socialista en su política actual ”.

“La derogación del trasvase del Ebro fue el mayor atentando político que han sufrido las regiones del Mediterráneo y sus legítimas expectativas de desarrollo sin ningún razonamiento técnico, económico y ambiental. Tras la derogación de este trasvase y el cuestionamiento de otras iniciativas como el Tajo-Segura, no parece percibirse un modelo conceptual coherente que restituya la unidad de acción desarrollada en los últimos veinte años conforme a la ley de 1985”, dijo el consejero murciano.

Los blindajes y las caducidades

“Estamos sufriendo una verdadera anarquía del agua cargada de propaganda mediática sin intención real de solucionar de manera definitiva un problema que estrangula la agricultura de  nuestras comunidades”, dijo en su primer discurso ante los asistentes a este acto.

Cerdá dibujó una Región de Murcia que “depura más que nadie”, que “tiene los regadíos más modernizados de España”, y también, que “paga el agua más cara”, pero añadió, “tenemos un déficit estructural que resolver”.

Para el consejero de Agricultura “el Programa Agua, -alternativo al trasvase del Ebro-, se ha planteado de forma improvisada, sin estudio previo alguno, y con previsiones irreales, reveladoras de una profunda ignorancia de la realidad hídrica de las regiones afectadas.”

Además, afirmó que “el concepto de banco de agua fue introducido en la reforma de la Ley de 1999, y que entonces fue políticamente rechazada por la actual ministra de Medio Ambiente”, y se preguntó públicamente, “¿No hay agua para trasvases (trasvases cero) y sí para los bancos?”

Para el consejero murciano, “no se puede forzar a las Comunidades Autónomas a ir en la dirección de la separación territorial. Asistimos a un desafío político igual que el que está sufriendo el modelo territorial de España”, dijo.

“Blindar los ríos quiebra el concepto de Nación. Un río de carácter nacional e internacional como es el Tajo no es un recurso ajeno a ninguna región de España, y los ríos españoles son bienes de Estado. Los blindajes y las caducidades, sean del Ebro, del Tajo o incluso de los Trasvases, son situaciones ridículas  y contrarias al concepto de nación”, concluyó.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista José María Barreda, está estudiando plantear un recurso a la compra de 31 hectómetros cúbicos para riego por los regantes de Murcia a los de Estremera (Madrid). Además, la semana próxima tendrá preparado el que presentará contra el último trasvase para riego del Tajo-Segura.

El vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano García-Page, explicó que la próxima semana estará ultimado el recurso del Gobierno regional al trasvase de la cuenca del Tajo a la del Segura de 11 hectómetros cúbicos para regadío aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 2 de febrero.

Además, añadió que van a estudiar recurrir la operación de compraventa de agua entre los regantes de Estremera y los de Murcia porque la consideran «filosóficamente equivocada», ya que «más allá de que se busquen parches para solventar situaciones de relativa necesidad, no nos parece razonable establecer un mercado del agua como se está planteando».

García-Page dijo que esta política pone de manifiesto «contradicciones y conflictos de intereses en algunos casos bastante despreciables». «Consideramos que tenemos muchas posibilidades de plantear el recurso y de ganarlo», dijo el vicepresidente segundo, quien se mostró convencido de que «prevalecerá una nueva política de racionalidad en el uso del agua, y el régimen de compraventa de derechos sobre un agua que es de todos resulta chocante».

Una vez más, el Ministerio de Medio Ambiente no consiguió ayer contentar a ninguna de las partes afectadas por el trasvase Tajo-Segura. Su recomendación al Consejo de Ministros para que se envíen 38 hectómetros cúbicos para abastecimiento desde los embalses de Entrepeñas y Buendía no satisface a Murcia y Comunidad Valenciana, pese a que los agricultores levantinos sí podrán disponer de otros 31 hectómetros cúbicos. Pero, además, la Junta de Castilla-La Mancha considera un «disparate» sacar ahora agua del Tajo para riego.

El director general del Agua, Jaime Palop, explicó que de los 38 hectómetros cúbicos que saldrán desde la cabecera del Tajo, un total de 35,5 irán a la Mancomunidad de los Canales de Taibilla y 2,5 para abastecimiento al levante almeriense en la cuenca del Almanzora. Además, se realizarán obras de mantenimiento en la infraestructura del trasvase para evitar pérdidas de agua en los desembalses.

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó que la gestión de los desembalses del acueducto Tajo-Segura debe ser «prudente», ya que en estos meses hasta mayo es época de lluvias pero hay que contar con el descenso en la época estival. «Ha habido una leve recuperación de los embalses de la cabecera del Tajo, que almacenan 340 hectómetros cúbicos», comentó la ministra, mientras que el mínimo para poder realizar trasvases es de 240.

Por su parte, el director general del Agua señaló que de seguir la tendencia del año pasado y con 340 hectómetros cúbicos almacenados en Entrepeñas y Buendía, a finales de septiembre de este año sólo habría 250 hectómetros cúbicos, es decir, sólo 10 para trasvasar en octubre para abastecimiento.

Sobre la petición de los 40 hectómetros para riego de los regantes, Palop indicó que las predicciones que hay para Entrepeñas y Buendía son «justas para atender al abastecimiento a poblaciones y hay que ser cautos en las recomendaciones de desembalse para otros usos».

En cuanto a un trasvase para las Tablas de Daimiel, también lo descartó, porque es «físicamente inviable», ya que se perderían entre un 80 o un 90 por ciento en el transporte y «pone en riesgo el abastecimiento humano» por la situación de la cabecera del Tajo.

Órdenes de la ministra

Sin embargo, los que sí se dedicarán a regadío serán los 31 hectómetros cúbicos que en las próximas semanas se transferirán a Murcia desde la comunidad de regantes de Estremera, entre Madrid y la provincia de Toledo. Ayer, Narbona le prometió al secretario del PSOE murciano, Pedro Saura, que «va a dar órdenes a los servicios del Ministerio» para que se desembalse esa cantidad de agua «como consecuencia del decreto-ley que pone en marcha el banco público del agua».

Todas estas explicaciones fueron recibidas con hostilidad tanto por el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha como por los ejecutivos populares valenciano y murciano. Así, Fernando Lamata, «número dos» de Barreda, señaló que, en este momento, no está justificado un trasvase para regadío, y aseveró que aprobarlo sería «un verdadero disparate»,

Pero aún más airadas fueron las declaraciones desde Levante. El consejero de Agricultura de Murcia, Antonio Cerdá, criticó que la Comisión de Explotación del Tajo-Segura no apruebe un envío desde Entrepeñas y Buendía para el regadío, pero que, en cambio, sí pueda mandarse agua «más cara» del canal de Estremera.

El consejero murciano acusó al PSOE de llevar a cabo una «maniobra partidista» de cara a las elecciones con la decisión de realizar obras de reparación en el acueducto Tajo-Segura que paralicen los envíos varias semanas «para contentar» a los socialistas de Castilla-La Mancha «por un pacto oculto» entre Barreda y Zapatero.

Para Cerdá, hay excedentes cifrados en cien hectómetros cúbicos de agua en los embalses de cabecera del Tajo, pero no se ha aprobado ningún desembase para regadío, a pesar de que ha mejorado la situación de Entrepeñas y Buendía.

En cambio, en la cuenca del Segura, según el director general del Agua de Murcia, Miguel Angel Ródenas, miembro de la Comisión de Explotación del Acueducto, «sólo quedan 28 hectómetros cúbicos de agua y los pozos están sobreexplotados».

«Golpe bajo» a los regantes

También la secretaria general del PP de la Comunidad Valenciana, Adela Pedrosa, acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «de darle otro golpe bajo a los agricultores valencianos al volver a negarles el agua del trasvase Tajo-Segura».

Según Pedrosa, «el Gobierno da un paso más en su intención de que desaparezca la agricultura valenciana» porque, según explicó, si el campo alicantino no recibe «ni una sola gota del Tajo y la que llega del Júcar es inviable económicamente, les quedan muy pocas opciones para seguir manteniendo sus trabajos».

Para la secretaria popular, «el PP es el único que está trabajando en lo que le corresponde, es decir, en la modernización de regadíos, la reutilización de los recursos hídricos y la depuración de aguas residuales». Además, señaló que la Generalitat valenciana «ha cumplido con su promesa de defender los intereses del campo valenciano en todos los ámbitos» a pesar de que «el Gobierno socialista esté atacando» los intereses de la Comunidad «continuamente».

Adela Pedrosa recordó que la «ausencia» de una política hídrica por parte del Gobierno central «está quedando al descubierto» ya que «no va a haber agua del Ebro, ni del Tajo, ni del Júcar para los agricultores».