El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, garantizó una segunda toma del Júcar-Vinalopó después del primer trasvase desde el Azud de la Marquesa –previsiblemente para julio– con el plan de cuenca aprobado en cuanto el ministerio disponga del informe preceptivo del Consejo de Estado y pase por el próximo consejo de ministros.

«Soluciones con cabeza» y ya no más «promesas». Eso ofreció el representante del Gobierno central ayer en Villena a los portavoces de los regantes del Vinalopó, L’Alacantí y Las Marinas, una zona donde cultivan 50.000 hectáreas repartidas en 28 municipios con una población de un millón de habitantes, según recordó el presidente de su junta central, Andrés Martínez. Por eso, no quiso precisar más plazos que el de junio para unos primeros riegos de emergencia en las zonas más acuciadas y la antes citada primera transferencia a la provincia desde el Júcar, además de explotar la desalación. Aunque reconoció que él no habría construido tantas desaladoras a la vez, ahora está dispuesto a sacarles provecho e «integrarlas» en el sistema. «A medio plazo, habrá una segunda toma y el Ministerio está abierto a que sea Cortes de Pallás o ver otras conexiones, la que sea, siempre que resulte viable técnicamente y a un coste que puedan asumir los regantes», fue el compromiso de Ramos.

De hecho, ellos están presentes en las reuniones de trabajo a tres bandas con el Gobierno central y el Consell para definir las soluciones definitivas, que deben estar listas en los próximos seis meses.

Mientras tanto, la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña, ya anticipó que esta misma semana se habrá tramitado una cesión de riego desde La Mancha de un hectómetro cúbico para la Comunidad de Regantes Virgen de las Nieves, de Aspe, tras relatar su presidente, Antonio Berenguer, las penurias por las que están pasando, en el transcurso de esta junta de gobierno de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-L’Alacantí.

El secretario de Estado abrió la posibilidad de que otras comunidades se acojan a esta fórmula de riegos de acuerdo con las posibilidades de la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuya presidenta se mostró receptiva, tras escuchar la dramática situación de muchos cultivos.

Hasta 80 hectómetros

Por su parte, el vicepresidente del Consell y conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación y Agua, José Císcar, auguró «más acuerdos en los próximos meses» como el alcanzado para el trasvase Tajo-Segura, con el consenso de cinco comunidades autónomas.

También corroboró la gravedad de la sobreexplotación de los acuíferos y los altos costes energéticos para los agricultores que deben bombear el agua cada vez desde un mayor desnivel, aunque les recordó que se ha conseguido la cobertura del Júcar-Vinalopó con transferencias de hasta 80 hectómetros cúbicos entre comarcas.

«España tiene agua suficiente para todos, pero está mal repartida, tanto en el espacio como en el tiempo», coincidió el secretario de Estado, quien unos minutos después se mostró impresionado cuando el representante de los regantes de Monóvar apeló a la «compasión» de los dirigentes políticos. Insistió también Ramos en que se debe aprovechar la toma del Azud de la Marquesa, al estar ya terminada y lista para su uso, y máxime cuando ha representado una inversión de 330 millones de euros.

En cualquier caso, planteó sin titubeos que «a corto plazo, agua ya» y por eso reiteró que «este verano llegará agua al Vinalopó con una medida transitoria» que aprovechará las infraestructuras existentes, tal como había reclamado unos instantes antes Andrés Martínez. El presidente de los regantes no se olvidó de la reivindicación de un Plan Hidrológico Nacional que resuelva de una vez el déficit hídrico en esta zona, de 150 hectómetros cúbicos. «De cada cuatro litros que sacamos, tres son de la sobreexplotación de acuíferos», alertó, además de fijar la posición en nombre de todas las comarcas: «Necesitamos agua que podamos pagar hoy y mañana, una doble toma definitiva en Cortes de Pallás, a la que aspiramos con firmeza para tener agua de calidad». No solo para regar, también para abastecimiento de poblaciones como Elda y Petrer, para consumo humano e industrial.

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Jaime Haddad

Jaime Haddad L. O.

E. P. El ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) y las comunidades autónomas han agilizado la coordinación de acciones para la puesta en marcha de un paquete de medidas financieras y fiscales para combatir la sequía, entre ellas una rebaja de módulos, financiación y peritajes más ágiles. Así lo indicó el subsecretario del Magrama, Jaime Haddad, tras reunirse horas antes con las comunidades autónomas para, precisamente, intercambiar información, colaborar y coordinar todas las actuaciones que adoptarán «ellas y nosotros para poner sobre la mesa un paquete potente de medidas que ayuden a agricultores y ganaderos a salir de un momento tan complicado».

Las reuniones se produjeron después de que la titular del departamento, Isabel García Tejerina, anunciara esta semana en sede parlamentaria las medidas de apoyo necesarias para paliar la sequía. Según Haddad, con todo este paquete de medidas «respondemos a la práctica totalidad de las solicitudes hechas tanto por las organizaciones agrarias (OPA) como por las comunidades autónomas». Haddad destaca que España se encuentra ante una sequía que es bastante extraña y no afecta a toda la geografía: «Por un lado, tenemos el norte donde ha llovido más de la media; el centro y el sur, en el que las precipitaciones han sido normales; y una sequía de una gravedad pocas veces vista en el sureste, concretamente en Murcia, Valencia, sur de Aragón, Almería y Albacete».

Pero como recuerda, «no todo tiene que ser malo, tenemos la suerte de que no hay sequía hidrológica, porque los embalses están 20 puntos por encima de la media de los últimos años; incluso las cuencas del Júcar y Segura superan el 50 % de su capacidad, y es en estas zonas de regadío donde los cultivos producen mayor riqueza; y como tienen agua no hay cortes de suministro, hay total normalidad».

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El presidente del Gobierno ha anunciado, en declaración institucional, la decisión del Rey Juan Carlos I de abdicar y transmitir la Jefatura del Estado en su hijo, el Príncipe Felipe. Rajoy ha anunciado que Don Juan Carlos dará a conocer este mismo lunes los motivos de su abdicación y que le ha comunicado que está convencido de que es el mejor momento para que pueda producirse con toda normalidad el cambio en la Jefatura del Estado y la transmisión de la Corona al Príncipe de Asturias. Esta inesperada sorpresa va a marcar sin duda la agenda política e institucinal de la semana, que en principio venía marcada por el inicio de las negociaciones con las Comunidades Autónomas (con las organizaciones agrarias será la próxima semana) del cierre definitivo de la PAC. Aunque este encuentro del día 4 se mantendrá, no cabe duda de que puede empañar la importancia de lo que se va a debatir para el campo español.

De hecho, Rajoy ha anunciado que ha convocado para mañana martes un Consejo de Ministros extraordinario para «poner en marcha las disposiciones constitucionales». Al tratarse de una abdicación, será necesario aprobar una ley orgánica, pero Rajoy ha confiado en que «en un plazo muy breve» las Cortes puedan proclamar Rey al Príncipe de Asturias.

Rajoy ha confiado en que «esta nueva página» de la historia de España se escribirá «en un clima sereno, con tranquilidad y con agradecimiento» a la figura del Rey, al que ha querido rendir homenaje como «el mejor símbolo de la convivencia en paz y libertad» de los españoles y el «principal impulsor de la democracia».

El presidente ha asegurado que la preparación, el carácter y la amplia experiencia en asuntos públicos del príncipe Felipe constituyen una «sólida garantía de que su desempeño como jefe de Estado estará a la altura de las expectativas».

El Rey lo ‘meditaba’ desde hace un mes

Según fuentes de toda solvencia, desde el viaje a Oriente Próximo el mes pasado, Don Juan Carlos, de 76 años, meditaba «seriamente» la posibilidad. El Príncipe estaba en Centroamérica este fin de semana cuando el monarca tomó la decisión. Desde Zarzuela se repite desde hace dos años que la abdicación sería anunciada «por sorpresa», como si de la devaluación de la moneda se tratara.

Arranca el definitvo cierre de la PAC en el horizonte

Y aunque sean cosas completamente distintas, lo cieto es que esta noticia va a alterar, informativamente hablando, la importante priemra reuni´n que el día 4 celebrará el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con las Comunidades Autónomas para iniciar el cierre definitivo de la PAC.

Según estaba previsto, e inicilment se va a mantener, el Magrama comenzará la ronda de reuniones con las comunidades autónomas este 4 de junio mientras que el 11 del mismo mes queda reservado para una reunión entre el Departamento de Tejerina y los servicios técnicos de las OPAs.

Los encuentros del Magrama con las comunidades autónomas para cerrar los últimos decretos de aplicación de la PAC se celebrarán semanalmente y con las OPAs tendrán una cierta asiduidad pero no serán semanales, según han señalado, lo que implica que la posibilidad de cerrar un acuerdo definitivo puede tardar varias semanas.

En estas reuniones tendrán que perfilarse el pago base, el sistema de regionalización o la regulación de las ayudas acopladas

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Europa Press

El PSOE reclama al Gobierno que apruebe de forma inmediata un decreto ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía, que incluya fondos extraordinarios para ayudas directas a los afectados, créditos ICO con tipos de interés bajo, exenciones fiscales y moratorias en los pagos a la Seguridad Social, entre otras cosas.

La moción, que recoge Europa Press, es resultado de la interpelación que el portavoz socialista de Agricultura, Alejandro Alonso, planteó este miércoles a la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, en el Pleno del Congreso sobre el problema de la sequía, que está afectando a diferentes zonas del país, con especial incidencia en la zona Sureste.

Por eso, el principal partido de la oposición reclama un decreto ley urgente que incluya, al menos, las medidas que aprobó el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para paliar la sequía de 2005.

Definir los municipios afectados

En primer lugar, el Gobierno debería publicar el listado de términos municipales afectados por la sequía cuyos agricultores y ganaderos se podrán acoger a las ayudas del decreto, que deberían pasar por un fondo extraordinario para compensar las pérdidas que sufran, especialmente para «comprar y transportar alimentación» para el ganado y para «desarrollar un plan de arranque y plantación» de los cultivos permanentes secos, de modo que se recupere la capacidad productiva del sector.

Además, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) tendría que establecer una «línea preferencial» de financiación para explotaciones agrícolas que hayan perdido al menos el 30% de su cosecha y para explotaciones ganaderas. En los casos en que los titulares sean jóvenes, mujeres o profesionales, los tipos de interés deberían ser más bajos.

En cuanto a las medidas fiscales, el PSOE propone mejoras en los regímenes de módulos y de estimación directa del IRPF y exenciones en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) rústicos de 2014 con las correspondientes compensaciones de pérdidas de ingresos a los ayuntamientos. Asimismo, la Seguridad Social tendría que aplicar moratorias en los pagos de las contingencias comunes mientras dure la sequía.

Pagos de la PAC y seguros agrarios

Al margen de estas medidas, los socialista reclaman al Gobierno que reduzca las tarifas eléctricas y el canon de riego a los agricultores afectados, y que reponga hasta los 300 millones de euros la aportación estatal a los seguros agrarios, comprometiéndose además a «mantener los niveles de aseguramiento agrario» y a «tramitar de forma urgente los partes y el pago inmediato de las pólizas de siniestro».

Finalmente, exigen que se formalicen convenios con las entidades financieras que gestionan las ayudas de la Política Agrícola (PAC) para «propiciar un adelanto de los pagos antes del verano» a coste cero, así como flexibilizar los requisitos y condiciones para obtener esas ayudas, de forma que «se garantice que no se pierden como consecuencia de la sequía».

El texto de la moción será sometido a debate y votación de todos los grupos parlamentarios en la sesión del Pleno del Congreso de la semana del 10 al 12 de junio.

El ministerio ya estudia medidas

Durante la interpelación del miércoles, García Tejerina ya avanzó que el Ministerio agilizará el cobro de las indemnizaciones de los seguros agrarios en las explotaciones afectadas por la sequía y que adelantará al 15 de octubre los pagos de la PAC. Además, aseguró que se reforzarán los equipos de peritación y se autorizarán las aportaciones de agua con cubas o camiones cisternas en las zonas de secano donde sea necesario regar los cultivos leñosos como la almendra.

Asimismo, se «facilitará el acceso a la financiación» de agricultores y ganaderos a través de las líneas de crédito de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca). «Ya hemos dado la orden para solicitar avales por 40 millones de euros, y se analizará la posibilidad de ampliar la línea tanto en volumen como en beneficiarios, incluyendo a los ganaderos de cultivos extensivos», precisó.

Agricultura también está estudiando la posibilidad de dar un año de carencia a los préstamos de los Planes de Modernización de las explotaciones y a los de incorporación de jóvenes agricultores, y recabará la «información necesaria» para calcular el descenso de los rendimientos en las zonas afectadas, para posteriormente proponer al Ministerio de Hacienda una reducción de los índices de rendimiento neto de las estimaciones objetivas del IRPF para la declaración de 2014 que se realizará en el próximo ejercicio.

Asimismo, se contactará con el Ministerio de Empleo para que los afectados puedan «solicitar individualmente exenciones y aplazamientos» del pago de sus obligaciones con la Seguridad Social. Y para los casos de almendros que haya que sustituir porque se han secado –extremo que no cubren los seguros agrarios–, se «buscará la fórmula más adecuada de apoyo» a los afectados.

Tras defender que el Gobierno lleva estudiando la situación y planificando medidas desde el primer momento, la ministra aseguró que las diferentes iniciativas se implementarán conforme sea necesario, y rechazó que esta sequía requiera de los mismos instrumentos que la de 2005 porque en este caso está concentrada en el Sureste y además la situación hidrológica es positiva, con un nivel de reservas de agua superior a la media de los últimos diez años.

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Los recursos del Júcar alcanzan hoy la mitad que hace medio siglo. De 1.800 hectómetros cúbicos han pasado a 900. Uno de los grandes afectados por esa situación es el lago de l’Albufera, que recibía 500 hectómetros cúbicos en los años 70. Hoy no llegan más de 300 al humedal y cuando entre en vigor el nuevo plan hidrológico, pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros, el lago únicamente recibirá 167 hectómetros de aportes del Júcar.

Ayer, por primera vez en el Palmar, y sobre los canales de l’Albufera, unas 300 personas, representantes de partidos, asociaciones, sindicatos y colectivos sociales reclamaron un futuro digno para el Júcar y l’Albufera y lamentaron que los intereses económicos «y de la especulación del agua» primen sobre el río y el lago. El eurodiputado electo de Compromís, Jordi Sebastià, aseguró a Levante-EMV que su formación tiene el compromiso de denunciar esta situación en Europa. Sebastià explicó que va a participar como titular en Bruselas en las comisiones de Medio Ambiente y Agricultura, donde denunciará lo que considera un incumplimiento de la directiva marco del agua, mientras baraja las opciones de recurrir al Comité de Peticiones o al tribunal europeo.

«Agua de las depuradoras»

El nuevo plan recoge el objetivo de alcanzar el buen estado de las masas de agua en 2027, dentro de 13 años, y desde Xúquer Viu, uno de los colectivos convocantes, junto a Albufera Viva, Mesa pel Xúquer y la federación de Vela Latina, exigieron más premura y un cambio en el plan hidrológico que aprobó el Consejo del Agua, que dote a l’Albufera de agua del Júcar «en cantidad y calidad».

Fortea, crítico del PP, en la marcha

Desde este colectivo, que cifró en unos 500 los participantes en la protesta, lamentaron que los caudales que se ahorren en la modernización de regadíos tradicionales en la Ribera se trasvasen al Vinalopó y no sirvan para regenerar el río y l’Albufera, «porque el agua de las depuradoras no es la solución», lanzó Graciela Ferrer, de Xúquer Viu.

En la cabecera de la manifestación participó el presidente de los regantes de Sueca y portavoz de los usuarios del río, José Pascual Fortea, militante del PP y crítico con la política hídrica de su partido. Otros colectivos sociales como la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) o de Escola Valenciana se unieron a la protesta, junto a representantes de sindicatos como UGT o la Unió de Llauradors. También participó una amplia representación política, con concejales del PSPV en la Ribera, Compromís y EU, con el portavoz en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Ribó, y el diputado nacional Joan Baldoví a la cabeza o la formación Més Algemesí.

La concentración se inició en el puerto del Palmar, donde una docena de embarcaciones tradicionales desplegaron sus velas, y recorrió varias calles. Tras la marcha leyeron varios manifiestos. La portavoz de Albufera Viva y vecina de El Palmar, Carmen Serrano, exigió un futuro para el lago.

ENLACE NOTICIA: http://www.levante-emv.com/valencia/2014/06/01/regantes-ecologistas-exigen-plan-jucar/1119615.html

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El Sindicato de Regantes del Tajo-Segura ya mantiene contactos con otras comunidades de regantes, en especial den Castilla-La Mancha, para negociar la cesión de derechos de riego para asegurar la llegada de agua a partir del 30 de septiembre, según explica el portavoz del Sindicato Central de Usuarios del Trasvase Tajo-Segura y de Riegos de Levante, Ángel Urbina. La posibilidad de la cesión de derechos de riego está contemplada en el memorando del trasvase Tajo-Segura y, en estos momentos, el campo alicantino tiene garantizados los recursos hídricos hasta ese 30 de septiembre. Las previsiones de lluvias «no son halagüeñas», de manera que ya se trabaja en la obtención de los derechos de riego, ya que dentro de los acuerdos incluidos en el memorando, hay un artículo que facilita la cesión de derechos de agua de unas comunidades a otras.

Por su parte, Urbina manifiesta, además, que se está a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe la regla explotació del Tajo-Segura a lo largo del mes de junio. «Mientras tanto, se mantienen las normativas antiguas que había desde hace cinco o seis años, sin modificación», destaca el portavo del SCRATS, que insiste en quecon la nueva normativa «no se dice qué cantidad vendrá, simplemente, que vendrá un agua u otra» en función de lo que llueva y «la ley dice que como máximo, para regadío, puede venir 400 hectómetros cúbicos. Pero nunca en la vida ha llegado».

Por eso, se muestra pragmático y recalca que «traeremos el agua que cae. Si cae poca, traeremos poca. Si cae mucha, traemos mucha. Si no cae nada estamos estudiando aplicar las leyes aprobadas en el memorándum para poder tener cesiones de derechos de agua»

Asimismo, para un mes más tarde, el Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura espera que el Gobierno dé el visto bueno al Plan del Júcar que «para poder elevar agua hasta el Vinalopó» y dar agua a zonas de Monforte del Cid, Aspe, Hondón de las Nieves «que es imprescindible que tengan agua en julio para subsistir».

ENLACE A NOTICIA: http://www.agroinformacion.com/noticias/74/zonas%20regables/75448/los%20regantes%20del%20levante%20ya%20negocian%20comprar%20agua%20a%20otras%20comunidades.aspx

El portavoz socialista de Medio Ambiente en Les Corts, Francesc Signes, ha anunciado que el PSPV recurrirá a los tribunales si se confirman las declaraciones de Comos sobre el suministro de agua en La Ribera. Así, ha manifestado sus sospechas de que el gobierno del PP en la Comunitat Valenciana podría haberse plegado a las exigencias de grupos concretos, en beneficio de sus intereses particulares, al obligar a los vecinos de la Ribera a pagar anualmente por el intercambio o permuta de aguas, en lugar de defender el interés de los ciudadanos de esta comarca valenciana que pedían igual condiciones que los de las áreas metropolitanas de Valencia, Sagunt y Albacete en cuanto al suministro de agua.

Así, se ha referido y ha calificado de “auténtico escándalo” las declaraciones realizadas ayer por el director general de Agua de la Generalitat, José Alberto Comos, en las que afirmaba que “la permuta de la Ribera fue una demanda del USUJ y la Generalitat ha accedido a esta exigencia para que haya un bienestar económico y paz social”, lo que motivó que la Generalitat modificase su criterio anterior favorable a que a todos los municipios de la Ribera se les otorgase una concesión directa de agua el río Júcar para el abastecimiento.

Signes denuncia que, si fuera cierto lo que afirma Comos, nos encontraríamos ante “un escándalo mayúsculo”, ya que quedaría de manifiesto que el gobierno del PP “se plegó, en lugar de defender a los vecinos de la Ribera, a las exigencias de unas entidades y grupos concretos, en beneficio de sus intereses particulares, obligando a los vecinos de esos municipios a pagar anualmente en sus recibos por el “intercambio” o “permuta” de aguas”.

En este sentido, el portavoz socialista ha recordado que el legítimo interés de los vecinos de la comarca de la Ribera es tener una concesión propia de aguas del río Xúquer en iguales condiciones a las que disfrutan los vecinos de los municipios de las áreas metropolitanas de Valencia, Sagunt y Albacete.

El diputado preguntará al Gobierno valenciano en Les Corts por esta cuestión y, advierte de que si se confirman los hechos, el PSPV se reserva el ejercicio de cualquier acción legal.

ENLACE A NOTICIA: http://www.elperiodic.com/noticias/305900_pspv-recurrira-tribunales-confirman-declaraciones-comos-sobre-suministro-agua-ribera.html

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos pidió en el Ministerio de Agricultura que se concrete la aplicación de la PAC en España “cuanto antes”. Su secretario general, Lorenzo Ramos, participó en la primera reunión del Comité Asesor Agrario desde que es ministra de Agricultura Isabel García Tejerina. “No podemos consentir que grandes explotaciones estén cobrando ayudas millonarias sin necesidad de producir, mientras que explotaciones familiares se quedan fuera. Es incomprensible”, ha señalado Ramos. UPA demanda que sean los agricultores “en activo” y la agricultura productiva quienes reciban ayudas de la PAC.

Ramos ha explicado que en los pueblos de España “hay preocupación sobre cómo va a quedar la PAC”. Desde UPA recalcan que han ofrecido su “total colaboración” al Ministerio de Agricultura para que la PAC sea “lo más justa y lo más social posible”.

Para esta organización, la aplicación de la nueva PAC no debe ser un “simple reparto de fondos”, sino que algunas decisiones deben vincularse con la Ley de la cadena agroalimentaria, y aprovechar la ley “para cambiar lo que funciona mal en el mercado e impide a los agricultores y ganaderos vivir de la venta de sus productos, como debería ser”.

En los próximos días se conocerán los borradores de aplicación de la reforma de la PAC, que se analizarán en una reunión entre responsables del Ministerio de Agricultura y de las organizaciones agrarias el próximo 11 de junio.

Congreso en Andalucía y felicitación al acuerdo UPA-COAG

Por oyto lado, la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, ha animado a “defender la agricultura familiar para, no sólo mantener la diversidad de nuestras producciones, sino también para repartir la riqueza y el empleo entre más personas, ayudando a combatir la desigualdad” durante su participación en el VI Congreso de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

En el acto, ha felicitado a la organización por el lema de estas jornadas: ‘Unión, Regulación y Precio’, y ha resaltado “la excelente labor que está desarrollando UPA-Andalucía desde hace más de 20 años para defender y dinamizar al colectivo más numeroso de nuestra agricultura, los pequeños agricultores y ganaderos”.

Igualmente, ha valorado el “acuerdo histórico alcanzado en Andalucía para aunar los esfuerzos de UPA y COAG formando un frente común para para defender un modelo agrario más social y profesional”.

En este sentido, la responsable de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta ha incidido en “la importancia social y económica del sector agroalimentario, estratégico para Andalucía, que actúa como una auténtica columna vertebral en todo el territorio rural”. Un sector que, “a pesar de las dificultades, está mostrando signos de fortaleza”, ha asegurado.

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