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Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno que cree una tarifa eléctrica estacional que se base en la potencia consumida en lugar de en la potencia contratada para los agricultores de regadío, una propuesta que ya ha sido planteada por el PSOE y CiU y que los ‘populares’ rechazaron el mes pasado.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La iniciativa, que recoge Europa Press y que será debatida en el Pleno de la Cámara Baja, recuerda que la desaparición de las tarifas eléctricas específicas para regantes en 2008 unida al incremento constante del precio de la energía en España ha supuesto un «duro golpe» para un sector «vulnerable» como el de los agricultores, que no pueden soportar este encarecimiento de uno de sus principales costes.

Además, la formación magenta lamenta que los intentos de buscar una solución pactada con el Gobierno que el sector ha impulsado desde 2007 no hayan fructificado, por lo que insta al actual Ministerio de Agricultura a adoptar medidas que beneficien al sector, comenzando por la reivindicación que, a su juicio, es «más razonable».

Se trata de la propuesta de crear una tarifa eléctrica basada en el carácter estacional del regadío, en la que se facture por la potencia real utilizada y no por la potencia teórica contratada para «adaptarse a las necesidades reales de consumo de las explotaciones» agrícolas. Así, dice UPyD, con sólo «dos modificaciones anuales de la cuota de potencia» se conseguiría un sistema «flexible y sin penalizaciones», con consecuencias «muy favorables» para el sector.

«Se trata de una medida justa que se adapta a las propias necesidades de un sector que ha realizado en los últimos años una importante innovación y modernización en lo que se refiere al ahorro del agua y disminución de la contaminación, que ha conllevado inevitablemente un coste energético. (Con estos cambios se conseguiría) una considerable reducción de costes para los regantes, ya que podrían elegir los horarios de tarifa más económicos», insiste la formación magenta.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE PLANTEA

Sin embargo, ésta no es la primera vez que la propuesta llega al Congreso. El pasado 12 de marzo, la Comisión de Agricultura debatió y rechazó, con el voto del PP, sendas proposiciones no de ley presentadas por CiU y el PSOE con el mismo objetivo.

En concreto, los nacionalistas catalanes reclamaban cambios en la regulación energética para permitir que la contratación por parte de los regantes se adapte a las circunstancias de cada mes o tramo del año, así como adecuar la normativa sobre autoconsumo a este tipo de actividades mediante un balance neto entre energía generada y aportada a la red y energía consumida desde la red.

Por su parte, el PSOE reclamaba tarifas eléctricas específicas para regantes que se ajusten a las particularidades de consumo estacional y que sean más baratas que las actuales, facturando únicamente por la potencia real utilizada y no por la contratada, así como contratos de temporada para que los agricultores puedan disponer de diferentes potencias en función de la época del año.

Además, los socialistas proponían impulsar las centrales de compra, aplicar un IVA reducido a las comunidades de regante y un plan de fomento para que este tipo de explotaciones puedan consumir la energía eléctrica que ellas mismas produzcan.

Durante el debate, los ‘populares’ recordaron que la mayor parte de las propuestas (rebaja del IVA, contratos de temporada o tarifas especiales) conculca la normativa comunitaria, tal y como el PSOE recordaba durante la pasada legislatura en debates similares. «Lo propuesto está fuera de las posibilidades de este Gobierno, es imposible y, además, también es demagógico», llegó a afirmar el ‘popular’ José Cruz Pérez Lapazarán.

Además, recordó que el autoconsumo ya está regulado y que ya se han fomentado las centrales de compra de energía para abaratar costes a los regantes. En cualquier caso, subrayó que el Gobierno «se ha hecho cargo de la situación» y que está estudiando si existen «resquicios legales» que permitan recuperar las tarifas eléctricas específicas con un perfil de temporada. «No obstaculicen la labor del Gobierno, que está trabajando desde el primer momento y que pronto dará sus frutos», requirió por último.

De hecho, una semana después fue el propio ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, quien respondió al PSOE durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso que su departamento está trabajando en el diseño de un nuevo contrato de suministro eléctrico «específico» para los regantes con un perfil de temporada.

Leer más:  UPyD reclama una tarifa eléctrica estacional basada en la potencia consumida para la agricultura de regadío – elEconomista.es  http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5676910/04/14/UPyD-reclama-una-tarifa-electrica-estacional-basada-en-la-potencia-consumida-para-la-agricultura-de-regadio.html#Kku8YImNlGZ5eL6E

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno que cree una tarifa eléctrica estacional que se base en la potencia consumida en lugar de en la potencia contratada para los agricultores de regadío, una propuesta que ya ha sido planteada por el PSOE y CiU y que los ‘populares’ rechazaron el mes pasado.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La iniciativa, que recoge Europa Press y que será debatida en el Pleno de la Cámara Baja, recuerda que la desaparición de las tarifas eléctricas específicas para regantes en 2008 unida al incremento constante del precio de la energía en España ha supuesto un «duro golpe» para un sector «vulnerable» como el de los agricultores, que no pueden soportar este encarecimiento de uno de sus principales costes.

Además, la formación magenta lamenta que los intentos de buscar una solución pactada con el Gobierno que el sector ha impulsado desde 2007 no hayan fructificado, por lo que insta al actual Ministerio de Agricultura a adoptar medidas que beneficien al sector, comenzando por la reivindicación que, a su juicio, es «más razonable».

Se trata de la propuesta de crear una tarifa eléctrica basada en el carácter estacional del regadío, en la que se facture por la potencia real utilizada y no por la potencia teórica contratada para «adaptarse a las necesidades reales de consumo de las explotaciones» agrícolas. Así, dice UPyD, con sólo «dos modificaciones anuales de la cuota de potencia» se conseguiría un sistema «flexible y sin penalizaciones», con consecuencias «muy favorables» para el sector.

«Se trata de una medida justa que se adapta a las propias necesidades de un sector que ha realizado en los últimos años una importante innovación y modernización en lo que se refiere al ahorro del agua y disminución de la contaminación, que ha conllevado inevitablemente un coste energético. (Con estos cambios se conseguiría) una considerable reducción de costes para los regantes, ya que podrían elegir los horarios de tarifa más económicos», insiste la formación magenta.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE PLANTEA

Sin embargo, ésta no es la primera vez que la propuesta llega al Congreso. El pasado 12 de marzo, la Comisión de Agricultura debatió y rechazó, con el voto del PP, sendas proposiciones no de ley presentadas por CiU y el PSOE con el mismo objetivo.

En concreto, los nacionalistas catalanes reclamaban cambios en la regulación energética para permitir que la contratación por parte de los regantes se adapte a las circunstancias de cada mes o tramo del año, así como adecuar la normativa sobre autoconsumo a este tipo de actividades mediante un balance neto entre energía generada y aportada a la red y energía consumida desde la red.

Por su parte, el PSOE reclamaba tarifas eléctricas específicas para regantes que se ajusten a las particularidades de consumo estacional y que sean más baratas que las actuales, facturando únicamente por la potencia real utilizada y no por la contratada, así como contratos de temporada para que los agricultores puedan disponer de diferentes potencias en función de la época del año.

Además, los socialistas proponían impulsar las centrales de compra, aplicar un IVA reducido a las comunidades de regante y un plan de fomento para que este tipo de explotaciones puedan consumir la energía eléctrica que ellas mismas produzcan.

Durante el debate, los ‘populares’ recordaron que la mayor parte de las propuestas (rebaja del IVA, contratos de temporada o tarifas especiales) conculca la normativa comunitaria, tal y como el PSOE recordaba durante la pasada legislatura en debates similares. «Lo propuesto está fuera de las posibilidades de este Gobierno, es imposible y, además, también es demagógico», llegó a afirmar el ‘popular’ José Cruz Pérez Lapazarán.

Además, recordó que el autoconsumo ya está regulado y que ya se han fomentado las centrales de compra de energía para abaratar costes a los regantes. En cualquier caso, subrayó que el Gobierno «se ha hecho cargo de la situación» y que está estudiando si existen «resquicios legales» que permitan recuperar las tarifas eléctricas específicas con un perfil de temporada. «No obstaculicen la labor del Gobierno, que está trabajando desde el primer momento y que pronto dará sus frutos», requirió por último.

De hecho, una semana después fue el propio ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, quien respondió al PSOE durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso que su departamento está trabajando en el diseño de un nuevo contrato de suministro eléctrico «específico» para los regantes con un perfil de temporada.

Leer más:  UPyD reclama una tarifa eléctrica estacional basada en la potencia consumida para la agricultura de regadío – elEconomista.es  http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5676910/04/14/UPyD-reclama-una-tarifa-electrica-estacional-basada-en-la-potencia-consumida-para-la-agricultura-de-regadio.html#Kku8YImNlGZ5eL6E

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno que cree una tarifa eléctrica estacional que se base en la potencia consumida en lugar de en la potencia contratada para los agricultores de regadío, una propuesta que ya ha sido planteada por el PSOE y CiU y que los ‘populares’ rechazaron el mes pasado.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La iniciativa, que recoge Europa Press y que será debatida en el Pleno de la Cámara Baja, recuerda que la desaparición de las tarifas eléctricas específicas para regantes en 2008 unida al incremento constante del precio de la energía en España ha supuesto un «duro golpe» para un sector «vulnerable» como el de los agricultores, que no pueden soportar este encarecimiento de uno de sus principales costes.

Además, la formación magenta lamenta que los intentos de buscar una solución pactada con el Gobierno que el sector ha impulsado desde 2007 no hayan fructificado, por lo que insta al actual Ministerio de Agricultura a adoptar medidas que beneficien al sector, comenzando por la reivindicación que, a su juicio, es «más razonable».

Se trata de la propuesta de crear una tarifa eléctrica basada en el carácter estacional del regadío, en la que se facture por la potencia real utilizada y no por la potencia teórica contratada para «adaptarse a las necesidades reales de consumo de las explotaciones» agrícolas. Así, dice UPyD, con sólo «dos modificaciones anuales de la cuota de potencia» se conseguiría un sistema «flexible y sin penalizaciones», con consecuencias «muy favorables» para el sector.

«Se trata de una medida justa que se adapta a las propias necesidades de un sector que ha realizado en los últimos años una importante innovación y modernización en lo que se refiere al ahorro del agua y disminución de la contaminación, que ha conllevado inevitablemente un coste energético. (Con estos cambios se conseguiría) una considerable reducción de costes para los regantes, ya que podrían elegir los horarios de tarifa más económicos», insiste la formación magenta.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE PLANTEA

Sin embargo, ésta no es la primera vez que la propuesta llega al Congreso. El pasado 12 de marzo, la Comisión de Agricultura debatió y rechazó, con el voto del PP, sendas proposiciones no de ley presentadas por CiU y el PSOE con el mismo objetivo.

En concreto, los nacionalistas catalanes reclamaban cambios en la regulación energética para permitir que la contratación por parte de los regantes se adapte a las circunstancias de cada mes o tramo del año, así como adecuar la normativa sobre autoconsumo a este tipo de actividades mediante un balance neto entre energía generada y aportada a la red y energía consumida desde la red.

Por su parte, el PSOE reclamaba tarifas eléctricas específicas para regantes que se ajusten a las particularidades de consumo estacional y que sean más baratas que las actuales, facturando únicamente por la potencia real utilizada y no por la contratada, así como contratos de temporada para que los agricultores puedan disponer de diferentes potencias en función de la época del año.

Además, los socialistas proponían impulsar las centrales de compra, aplicar un IVA reducido a las comunidades de regante y un plan de fomento para que este tipo de explotaciones puedan consumir la energía eléctrica que ellas mismas produzcan.

Durante el debate, los ‘populares’ recordaron que la mayor parte de las propuestas (rebaja del IVA, contratos de temporada o tarifas especiales) conculca la normativa comunitaria, tal y como el PSOE recordaba durante la pasada legislatura en debates similares. «Lo propuesto está fuera de las posibilidades de este Gobierno, es imposible y, además, también es demagógico», llegó a afirmar el ‘popular’ José Cruz Pérez Lapazarán.

Además, recordó que el autoconsumo ya está regulado y que ya se han fomentado las centrales de compra de energía para abaratar costes a los regantes. En cualquier caso, subrayó que el Gobierno «se ha hecho cargo de la situación» y que está estudiando si existen «resquicios legales» que permitan recuperar las tarifas eléctricas específicas con un perfil de temporada. «No obstaculicen la labor del Gobierno, que está trabajando desde el primer momento y que pronto dará sus frutos», requirió por último.

De hecho, una semana después fue el propio ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, quien respondió al PSOE durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso que su departamento está trabajando en el diseño de un nuevo contrato de suministro eléctrico «específico» para los regantes con un perfil de temporada.

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El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, acudió este jueves a Alicante con el palo y la zanahoria. Por un lado, demonizó las desaladoras y la política hídrica del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y por otro apeló al necesario “diálogo y al consenso” en la aprobación de los planes hidrológicos.

El ministro participó en la jornada Estrategia de recursos hídricos en España organizada por Casa Mediterráneo ante un auditorio con más ausencias que presencias. No hubo ningún miembro de la Generalitat, ni alcaldes, ni expertos universitarios, tan solo la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, algunos regantes, un puñado de concejales y decenas de sillas vacías.

Arias Cañete criticó el “dineral” gastado en desaladoras que, en su opinión, “no son la solución al problema del agua” y ahora “tocará integrar” en la planificación hidrológica, y destacó que el retraso en la aprobación de los planes se ha recuperado en solo dos años con el PP.

El ministro se mostró satisfecho concretamente por el “consenso básico” en torno al nuevo plan hidrológico del Júcar, que está solo pendiente de que lo apruebe el Consejo de Ministros y afecta principalmente a la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Señaló que el plan ha sido “complicado” de negociar y agradeció el “gran esfuerzo” realizado por todas las partes en “la búsqueda del máximo consenso y la máxima racionalidad”. Reconoció, además, que las “presiones para utilizar el agua son más altas en la Comunidad Valenciana que en otras comunidades” porque la cuenca del Júcar es deficitaria.

El vicepresidente afirma que se busca una solución que haga viable la obra

Sobre el protocolo firmado con la Generalitat al margen del plan, que implica la revisión del trasvase Júcar-Vinalopó, el ministro confió en que con nuevas negociaciones “se logre un consenso absoluto”. El ministro pasó de puntillas sobre la polémica surgida por este protocolo, que prevé inversiones de 50 millones de euros para modernizar el regadío en el Júcar, pero también un posible replanteamiento del trasvase al Vinalopó exigida por los usuarios alicantinos sin el consenso de La Ribera, que cederá el agua.

El ministro explicó que una comisión técnica se encargará de analizar “la viabilidad y los precios” del agua del trasvase Júcar-Vinalopó y evitó decantarse por ninguna opción cuando se le preguntó sobre la posibilidad de construir una segunda toma de agua río arriba en Cortes de Pallás, frente a la opción de enviar el agua desde el azud de la Marquesa, la única conexión construida cerca de la desembocadura.

El protocolo califica el trasvase actual como “solución provisional”, con lo que abre la puerta a una segunda toma que defienden los usuarios del Vinalopó y a la que se oponen los del Júcar. Los regantes integrados en la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) trasladaron este jueves en una reunión al vicepresidente del Consell, José Ciscar, su “malestar” por un protocolo que no se consultó con ellos. En el encuentro, los regantes dejaron clara su postura sobre el trasvase, que consideran que “solo” es posible “desde la desembocadura en el azud de la Marquesa, donde hay [recursos] sobrantes” para llevar a Alicante.

Los regantes de La Ribera recalcaron que han sido solidarios “no solo con palabras, sino con un trasvase al Turia, otro al Palancia y finalmente al Vinalopó”, pero que este último debe realizarse desde la Marquesa. “En la situación actual, la capacidad del Júcar se ha superado y no caben más demandas”, afirmó USUJ.

En respuesta a la polémica generada, Ciscar aseguró que el protocolo “solo plantea que se estudie la solución que sea viable técnica y económicamente, pero no se pronuncia sobre la toma de Cortes de Pallás”, según destacó USUJ en un comunicAdo.

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http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/03/valencia/1396523927_844691.html

La Mesa del Xúquer se reunirá mañana a las once y media en Sueca para analizar el Plan de Cuenca del Júcar aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y el protocolo firmado por el ministro Miguel Arias Cañete y el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, en el que se contempla un nuevo trasvase.

Con el objetivo de informar y acordar medidas para revertir la situación creada por estos documentos en el río y la Ribera, Xúquer Viu ha convocado a los regantes, concejales y alcaldes, organizaciones ecologistas, sindicales y sociales.

«Es necesario y urgente dar una respuesta desde la Mesa del Xúquer para evitar que el nefasto Plan arruine el futuro del río, de l’Albufera y de nuestra agricultura y comarca», señalan desde Xúquer Viu.

El texto definitivo del Plan del Júcar ha provocado la indignación entre gran parte de la sociedad de la comarca ya que no soluciona muchos de los problemas como son el abastecimiento con agua de calidad a los municipios o el futuro del río.

«No sólo mantiene los errores del Plan de 1998 sino que empeora notablemente con su versión definitiva por las negociaciones opacas realizadas de espaldas a la sociedad y a muchos sectores implicado», explican desde la plataforma ecologista.

ENLACE A NOTICIA: http://www.lasprovincias.es/v/20140404/ribera-costera/mesa-xuquer-reune-sueca-20140404.html

levante-emv/EFE/E. press valencia El president de la Generalitat, Alberto Fabra, rechazó ayer las críticas de Esquerra Unida hacia su gestión en el Plan Hidrológico del Júcar manifestando que «tiene narices» que EU «intente dar lecciones de agua» al Partido Popular, cuando evitaron que el agua del Ebro llegara a la Comunitat Valenciana y «resolviera definitivamente» todo el problema de déficit hídrico existente.
Fabra respondía así en la sesión de control de Les Corts a una pregunta de la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, sobre el «rechazo» que ha generado en determinadas comarcas valencianas la reciente aprobación del Plan del Júcar.
El president reprochó a EU que mantenga un discurso «muy distinto» en función de los territorios, ya que lo que dicen en Valencia «son incapaces de mantenerlo» en Alicante, y reivindicó que el PP «ha puesto fin a la guerra del agua» con los acuerdos sobre Tajo-Segura y sobre el Júcar-Vinalopó.
Por el contrario, Sanz aseguró que el Consell no podía «haberlo hecho peor» en el Plan del Júcar, con el que han «enfrentado» a valencianos, han dado un «golpe de muerte» al Júcar, a la Albufera y a La Ribera, y han «claudicado frente a los terratenientes» de Castilla-La Mancha «tan amigos» de Dolores de Cospedal, presidenta de la región y secretaria general del PP.
El president acusó a EU de no leer el protocolo, que supone una inversión de 50 millones de euros en la modernización de regadíos y unos dos millones en obras de mejora de la Real Acequia del Júcar, y de tener una «sordera selectiva»
Así, indicó que IU de Castilla-La Mancha sostiene que en este protocolo se han defendido los intereses de los valencianos por encima de los manchegos, y que el alcalde de Aspe (Alicante), de EU, ha dicho que empiezan a ver la luz de la llegada del agua desde el Júcar y que es un alivio tener agua a bien precio.
Fabra destacó que los acuerdos sobre agua han permitido garantizar 150.000 puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana, y ha reivindicado los esfuerzos del Consell en defensa de los intereses de todos los valencianos, «por encima de cualquier otra cuestión partidista o intereses personales».
«Que se vayan de una vez»
La portavoz de EU insistió en que el Consell «da la espalda» a los valencianos con un protocolo del Júcar que reproduce y «agrava» el pacto que alcanzaron José Bono y Eduardo Zaplana en 1997, además de consumar «la traición» a la comarca de La Ribera y ceder «como siempre» a los intereses de los latifundistas manchegos.
Sanz considera que el Consell se ha «plegado» a «demasiados intereses ajenos» y no tiene «autonomía ni capacidad» para gestionar los intereses de todos los valencianos, por lo que ha pedido que «se vayan de una vez» y los ciudadanos decidan quién va a defender «realmente» sus intereses.
El vicepresidente del Consell, José Císcar, terció para destacar un problema hídrico «muy grave» en la comarca del Vinalopó, donde Crevillent tienen que extraer agua de pozos subterráneos a 600 metros de profundidad.
Císcar aseguró que van a trabajar para buscar soluciones «sin perjudicar a nadie», y destacó que los regantes de la Ribera cuentan con 500 hectómetros cúbicos en concesiones y el plan recoge su «prioridad absoluta sobre cualquier otra asignación o reserva».

ENLACE A NOTICIA: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/04/04/fabra-repesca-trasvase-ebro-solucion/1097531.html

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, anunció ayer en Alicante la redacción de un nuevo Plan Hidrológico Nacional en el que se tendrán que integrar todas las desaladoras en fase de construcción, entre ellas las de Torrevieja y Mutxamel, que, según denunció, han supuesto un fracaso tras un desembolso de 2.000 millones de euros a los que hoy no se puede sacar rendimiento, pero que deben ponerse en marcha para cumplir con la legislación europea. Arias Cañete subrayó, en este sentido, que «los cálculos para planificar las desaladoras por aquellas ínfulas ambientales fueron erróneos, ya que, de un precio de 0,30 euros/m3 que se anunció para el agua desalada, hoy no sale por menos de 1 euros el metro cúbico, algo que no puede pagar nadie, pero debemos solucionarlo».

El ministro, que participó con regantes en una mesa redonda sobre el agua organizada por Casa Mediterráneo, se felicitó por haber sacado adelante los planes hidrológicos del Júcar, Segura, Tajo y Ebro, aunque tarde. Los documentos debían haber estado aprobados el 31 de diciembre de 2009 y el retraso ha costado ya una multa a España de 100 millones de euros de la Comisión Europea.

Por su parte, los regantes, representados, entre otros, por el presidente de la Federación de la Comunidad Valenciana, Benjamín Aparicio, aprovecharon la presencia del ministro en Alicante para volver a reclamar la recuperación del trasvase del Ebro a la Comunidad que inició su gobierno cuando lo presidía José María Aznar y que, según recordó Aparicio, «solo representaría el 8% del caudal del río que llega al mar en su desembocadura y, además de solucionar de forma definitiva el problema del suministro de agua, crearía 500.000 puestos de trabajo. Por ello, aprovechamos la oportunidad para que traslade al presidente Rajoy y al presidente Fabra la urgencia de recuperar el proyecto».

Por otra parte, y al margen de la sempiterna reivindicación del trasvase del Ebro –Arias Cañete no recogió, por cierto, el guante y advirtió de que ser ministro obliga a conciliar intereses de toda España–, el presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, recordó al ministro que en la provincia existen 125.000 hectáreas en producción, que el déficit anual de agua supera ya los 300 hm3 y que en estos momentos en el acuífero de la Sierra de Crevillente, declarado sobreexplotado desde hace 20 años, el agua se extrae a 600 metros de profundidad y con un contenido en sal de 1 gramo por metro cúbico. Martínez alertó de que la falta de operatividad del trasvase Júcar-Vinalopó, unida a la ausencia de lluvias, provoca que en zonas como Aspe sólo quede agua de riego hasta el mes de julio.

El ministro tomó nota de todo y en su intervención, tras recordar la herencia recibida –sólo una de las 15 desaladoras anunciadas tras derogar el trasvase del Ebro y comprada en Marbella, y 25 planes hidrológicos sin aprobar–, apeló al consenso de todos para que el agua se convierta en una cuestión de Estado «y no quede a merced de los cambios de gobierno». Anunció incentivos para que los regantes puedan plantearse la compra de agua desalada, mayor implicación en la fijación de caudales ecológicos e inversiones, pero lo circunscribió todo al nuevo Plan Hidrológico Nacional que, sin embargo, aún tardará, ya que primero hay que revisar en 2015 todos los planes hidrológicos de cuenca que este año verán la luz.

Ausencia del Consell
La presencia del ministro fue breve. Llegó en avión a primera hora de la mañana, se pasó por Casa Mediterráneo, participó en la mesa redonda de Casino y raudo se volvió a Madrid en el AVE de las 12.30 horas. Su intervención fue seguida por unas 50 personas, entre las que al final estaban los regantes tras la reacción de la directora de Casa Mediterráneo invitándoles a última hora, la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor y, entre otros, el presidente del Puerto, Joaquín Ripoll, y Moisés Jiménez (Coepa). La alcaldesa Castedo delegó en el edil Castillo y fue sonada la ausencia de representantes del Consell. El conseller Císcar se excusó por la comisión de control de las Cortes y envió al secretario autonómico de Agricultura.

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http://www.diarioinformacion.com/alicante/2014/04/04/gobierno-considera-fracasado-plan-desaladoras/1487561.html

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha acordado el trasvase de un volumen máximo de 144 hectómetros cúbicos de agua hasta el próximo 30 de junio que se irá transfiriendo al Segura en función de la demanda desde los embalses de cabecera, donde se mantendrá preferentemente.
La directora general del Agua, Liane Ardiles, que presidía la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, ha reclamado un consumo responsable del agua.
En la reunión se informaba que el nivel de reservas en el mes de marzo alcanzó el nivel 1 y que en abril ha pasado al nivel 2. En la actualidad hay reservas suficientes para atender las demandas de los próximos meses.
Por otra parte, la Comisión acordaba también que en caso de que se tuviera que interrumpir el envío de agua por necesidades extraordinarias (como puede ser tener que realizar obras de reparación), se enviarían los volúmenes de agua que correspondieran el tiempo estimado de duración de los trabajos o de paralización del transporte de agua, previo acuerdo de las Confederaciones Hidrográficas del Tajo, del Júcar y del Segura y ha aprobado el presupuesto de explotación del Acueducto Tajo-Segura para 2015.
Cabe recordar que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura está integrada por representantes de la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de las Confederaciones Hidrográficas del Tajo, Segura, Júcar y Guadiana y de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, así como por representantes del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX (Ministerio de Fomento) y de las Direcciones de Agua de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y Extremadura, además de los representantes de los regantes del Acueducto Tajo-Segura.

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Los agricultores y ganaderos han dado un ultimátum de 15 días a la Junta de Comunidades para que tome iniciativas que solucionen la plaga de conejos que está devastando los campos, con diezmas de hasta el 80 por ciento en las siembre. Las organizaciones agrarias Asaja y UPA denunciaron ayer en bloque la abundancia de una especie invasora que está desolando las previsiones de los profesionales. «Está tomando unas dimensiones escalofriantes», aseveró ayer al respecto en rueda de prensa el presidente regional de Asaja, José María Fresneda, quien apoyó las declaraciones con imágenes recientes de los animales y las tierras dañadas. «En muchos casos, se está llevando la mitad de las explotaciones de muchos agricultores», indicó sobre un fenómeno que comenzó hace unos años pero que ha eclosionado sobremanera este último ante la impotencia de los profesionales.
El viñedo, los cereales, el olivar, los almendros y las leguminosas están sufriendo las consecuencias de la plaga de conejos, aparte de los daños en los materiales de riegos y las infraestructuras, como la red ferroviaria. «Se multiplican de una manera escandalosa», dijo Fresneda sobre estos animales. Y agregó: «No podemos enfrentarnos a una situación de éstas con lo que tenemos en nuestras manos». Los profesionales pidieron medidas preventivas como la limpieza en los cauces o en los márgenes de la carretera con vallados que frenen la presencia de los conejos.
En la provincia, las zonas más afectadas son la comarca de La Mancha y la Mesa de Ocaña, concretamente en poblaciones como El Toboso, La Puebla de Almoradiel, Miguel Esteban, Villanueva de Alcardete, Villa de Don Fadrique, Quintanar de la Orden, Corral de Almaguer o Quero, aparte de campos en Cuenca, Albacete, y en menor medida, Guadalajara.
La Junta ha comenzado a dar autorizaciones a la caza en las zonas donde está verificada la plaga de conejos, pero el problema sigue afectando con fuerza a los agricultores, por lo que reclaman medidas urgentes, teniendo en cuenta que los seguros sólo cubren una parte. «Para la concesión, el titular debe cursar la solicitud, y los agentes medioambientales evalúan los daños y la necesidad de conceder la autorización. Mientras todo eso pasa, las conejas han parido cuatro veces más», se quejó el representante de Asaja. «Estamos legitimados para que si no se toman medidas contundentes, vayamos a otro tipo de acciones para defendernos», dijo.

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El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguró que buscará el consenso, también con Cataluña, para aprobar el futuro Plan Hidrológico Nacional (PHN), uno de cuyos principales escollos es el caudal ecológico del Ebro, río que, ha reconocido, no tiene recursos excedentarios. Cañete presidió en Zaragoza la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua de Aragón, un programa de actuaciones hidráulicas aprobado en 1992 y que incluía la ejecución de 145 obras con un presupuesto de 3.202 millones de euros y que está ya ejecutado al 47,25 por ciento, según ha dicho el ministro. Después de la reunión, Cañete ha reconocido que el «mayor problema» del Gobierno de España a la hora de elaborar el nuevo Plan Hidrológico Nacional es el Ebro, en tanto en cuanto el Plan de la Cuenca del Ebro fue aprobado con el rechazo de Cataluña a pesar de contar con el apoyo de las otras ocho comunidades autónomas de la cuenca.

     Cañete ha asegurado que en la nueva planificación hidráulica de España buscará el consenso y, sin referirse expresamente a un hipotético trasvase del Ebro, ha apuntado que «el mayor problema» con este río es la exigencia de Cataluña acerca de los caudales ecológicos.

     Cataluña pide un caudal de más de 9.000 hectómetros cúbicos, cuando el río, en la actualidad, tiene unos 3.300, pero el ministro confía en alcanzar un acuerdo al respecto.

    «El Ebro no contiene recursos excedentarios, pero hay una comunidad autónoma que los exige», ha dicho en referencia a este caudal.

Las decisiones se tomarán con "base científica y no emocionales"

     Cuando haya «bases científicas» y no solo «emocionales» para determinar este caudal en la planificación hidrológica nacional, se tomará una decisión al respecto que, ha insistido, será «por consenso».

     Además, Cañete ha recordado que en la planificación hidrológica del Ebro se ha «respetado» lo que dice el Estatuto de Autonomía de Aragón sobre la reserva hidráulica para la comunidad, fijada en 6.550 hectómetros cúbicos.

    También se ha referido al rechazo de Aragón a la ley de Evaluación Ambiental y a los recientemente aprobados planes hidrológicos del Júcar y del Segura, que incluyen «determinadas fórmulas», a petición de los regantes, para dar seguridad jurídica a los trasvases de estos ríos.

No se está preparado "una cobertura a futuros trasvases"

    Eso no significa, según el ministro, que se esté preparando una legislación para dar cobertura a futuros trasvases, por ejemplo uno del Ebro, sino a los que ya existen, y ha estimado que el rechazo de Aragón a estos planes se debe a la «hipersensibilidad» que existe en la comunidad en materia de agua, y no a una amenaza real de una trasferencia de caudales.

     Por su parte, el presidente de las Cortes de Aragón y de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua de Aragón, José Ángel Biel, ha recalcado que cuando se plantee en su día la redacción del PHN, éste no será posible sin consenso, y Aragón nunca le dará su apoyo si incluye un trasvase del Ebro.

    Por otro lado, el ministro ha detallado el estado de las obras del Pacto del Agua de Aragón, de las que hay diez en ejecución, con un presupuesto de 753 millones -450 de ellos ya invertidos- y 22 en fase inicial por 14,63 millones.

    En concreto, ha mostrado su satisfacción por la adjudicación definitiva del embalse de Almudévar, cuyo proyecto se elaborará este año, para ejecutar una primera inversión de diez millones de euros en 2015 y que pueda estar concluido en 2018. Y también por la reciente licitación del embalse de Biscarrués, que podría ser adjudicado «de forma inmediata».

    Finalmente, respecto a Mularroya, ha recordado que se está tramitando una nueva declaración de impacto ambiental después de que la Audiencia Nacional rechazara la anterior, y que hay previstos 6,8 millones de euros en los presupuestos de 2014 para continuar las obras con el objetivo de garantizar la seguridad de la presa.

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