El sector eólico instaló como nuevos en España 175 megavatios (MW) en 2013 y aunque este dato supone un aumento del 0,77 respecto al año anterior también representa para el sector eólico el menor ritmo de crecimiento desde 1997, año en el que fue regulado por primera vez en la Ley del Sector Eléctrico.  Y si bien el escalafón eólico nacional lo encabeza la comunidad de Castilla y León , a continuación se sitúa la de Castilla-La Mancha con una potencia acumulada a 31 de diciembre del pasado año de 3.806,54 MW, la misma, no obstante, con la que se cerró el ejercicio anterior, por lo que el 2013 ha dejado tras de sí cero incremento de potencia nueva instalada, por lo que los 139 parques que hay a lo largo y ancho de la comunidad se quedan tal y como estaban en el 2012, pues no hay ninguno nuevo.
Sea como sea, casi el 17% del total de la energía eólica, concretamente el 16,58%, que se produce en el país es con aires manchegos y de este total casi un nueve por ciento lo recogen las molinetas albacetenses, no en vano de estos 139 parques, 78, según se recoge en el mapa eólico elaborado por la Asociación Empresarial Eólica, están ubicados en la provincia albacetense, mientras que en Cuenca hay 23, en Ciudad Real cinco, en Guadalajara 25 y finalmente en Toledo, ocho.  Y todo ello, además en un año, el 2013 en el que, por un lado, la eólica se situó, según informa la Asociación Empresarial Eólica haciéndose eco de los datos de la Red Eléctrica de España (ERE), como la primera fuente de electricidad de los españoles en un ejercicio completo al cubrir el 20,9% de la demanda. Y por otro, el sector está revolucionado por la reforma energética en marcha por parte del Gobierno pues se considera maltratado, y de hecho el último anuncio es que Industria va a quitar la prima a un tercio de los molinos eólicos instalados, no en vano, no habrá subvención para los anteriores al 2005 pues los considera ya amortizados.

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Los agricultores valencianos de la Ribera del Júcar reiteraron ayer su total oposición a que se realice una segunda toma, para enviar agua de este río a las comarcas alicantinas del Vinalopó, distinta a la que se construyó y funciona desde el Azud de la Marquesa, en Cullera.

El mismo día en que concluía el plazo para presentar alegaciones al proyecto de Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar, representantes de las comunidades de regantes de la Ribera, agrupados en Usuj, y de las organizaciones agrarias AVA-Asaja y La Unió de Llauradors, explicaron su firme voluntad de «no consentir» ninguna otra solución distinta a la ya existente, como pretenden insistentemente desde el Vinalopó, y lanzaron un «aviso» a la Generalitat y al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para que no defiendan «intereses políticos a corto plazo y se ponga en juego el futuro económico de miles de familias valencianas».

Juan Valero de Palma, secretario de Usuj y de la Acequia Real del Júcar, y Alberto Hervás, técnico de estas entidades, detallaron de forma resumida las razones argumentadas en sus alegaciones contra la pretensión de una segunda toma para el Vinalopó, tanto desde Cortes de Pallás como desde Antella, a la salida del embalse de Tous.

Indicaron que el Júcar es el río más regulado, solidario y explotado de España; que ya cede cuantiosos caudales para los nuevos regadíos en La Mancha (100.000 hectáreas), Canal Júcar-Turia, Sagunto y el propio trasvase al Vinalopó que funciona desde el Azud de la Marquesa, y que sufre un importante déficit estructural de recursos según los datos de la propia Confederación Hidrográfica.

Este déficit implica que con 927 hectómetros cúbicos (de media anual, pero con tendencia a la baja) que llegan hasta Tous se tienen que atender demandas que suman 1.100 hectómetros. Pero es a partir de ese punto del último embalse, en los 60 kilómetros que quedan de río hasta el mar, donde se cuenta con unos 268,4 hectómetros cúbicos sin posibilidad de almacenarse, por lo que si no se emplean acaban perdiéndose en el Mediterráneo.

Dicho caudal es utilizado en parte por las comunidades de regantes de la Ribera Baixa, pero queda un porcentaje de caudal sin aprovechar, y por eso se fijó ahí (en el Azud de la Marquesa, a 5 kilómetros de la desembocadura) el punto de captación para el trasvase al Vinalopó ya completado.

Los técnicos puntualizaron que con las obras ya hechas se pueden trasvasar 51 hectómetros al año y hasta 64 si se realizara una ampliación prevista. En cambio, con los datos de caudales oficiales en la mano, desde Cortes de Pallás sólo se podría haber enviado 1,67 hectómetros en cuatro ejercicios que tuvieron ese excedente, de los últimos 29 años. Desde Antella sólo hubieran sido 0,7 hectómetros en dos de esos años.

Los regantes valencianos del Júcar, y las organizaciones agrarias que les respaldan, tienen claro que cualquier afección de caudales aguas arriba del Júcar pondría en riesgo el abastecimiento de los usos tradicionales que utilizan este río desde hace siete siglos y medio, así como otros suministros que han ido desarrollándose en las últimas décadas en la provincia de Valencia, incluida la potabilizadora de la capital.

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ASAJA Córdoba se ha sumado a las movilizaciones convocadas por FENACORE el próximo día 26 de Febrero en Sevilla, a partir de las doce de la mañana en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Los actos se celebrarán en toda España de forma conjunta entre las Organizaciones Profesionales y las de Regantes con el lema “El Regadío Agoniza, No al Tarifazo Eléctrico!”. Y dado de que ésta es una medida adoptada por el Ministerio de Industria, la organización ha ‘invitado’ a Miguel Arias Cañete a que se sume a las protestas, ya que los grandes perjudicados serán los regantes que dependen de su Ministerio de Agricultura.

    Pese a que el propio Gobierno ya ha reconocido oficialmente que no ba a haber marcha atrás y, como mucho, ha dejado en el aire una promesa sin concretar de que se revisará esta cuestión dentro de «dos meses», prácticametne al tiempo que las elecciones europeas, la organziación agraria señala en una nota que la última reforma tarifaria aprobada por el Gobierno en agosto agrava el problema de costes eléctricos, «abocando a la actividad agrícola de riego a un callejón sin salida. A los regadíos modernizados, los condena a la ruina económica, ya que abocados a consumir más energía por los nuevos sistemas de riego, no podrán asumir las nuevas tarifas, ni podrán responder a las deudas contraídas por las inversiones realizadas. La actividad de riego dejará de ser rentable y  muchas explotaciones acabarán abandonadas».

     Por eso consideran que la última subida eléctrica de agosto pasado «no es igual además para todos los sectores. Mientras es benévola con la industria básica, castiga cruelmente a la agricultura por la temporalidad de sus suministros, para la que ha significado un aumento medio de más del 20%. Las comunidades de regantes más perjudicadas tendrán que pagar hasta un 40% más de coste por la energía».

    Asimimso, se recuerda que el Ministerio de Industria sigue anunciando nuevas subidas de las tarifas, «sin valorar que, de ese modo, muchas explotaciones de riego están abocadas a la desaparición y consecuentemente, a la destrucción de empleo y riqueza, y a la marginación y despoblación del medio rural».

Existen soluciones para el campo

    Pese a este panorama ASAJA Córdabainsiste en que «sí hay soluciones. Y esas soluciones pasan por una factura adaptada a los parámetros de consumo del regadío, que no obligue a los agricultores a pagar durante todo el año por unos términos de potencia que sólo necesitan unos meses».

    Por eso se demanda al Ministerio de Industria «un trato justo, que no castigue el tipo de consumo de la agricultura de regadío, principal motor económico y generador de empleo de muchas zonas rurales andaluzas».

    Las principales reivindicaciones de los regantes españoles se basan en facturar por la potencia real regsitrada y no por la potencia teórica contratada, para evitar pagar todo el año aunque no se riegue.

     Adaptar la norma para que en un único contrato de suministro los consumidores puedan hacer dos modificacione de la potencia contratada en el plazo de 12 meses.

 y aplicar conratos de temporada con distintas condiciones de suministro para un mismo punto de consumo sin penalizaciones.

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Los grupos parlamentarios de PSOE y Compromís han presentado este viernes sus alegaciones al borrador del Plan Hidrológico del Júcar en las que han coincidido en reclamar el fin de la sobreeexplotación del acuífero de la Mancha Oriental que merman los recursos hídricos del río y perjudican la situación de los regantes valencianos. En sendos comunicados, ambas formaciones han detallado sus principales críticas.

Las alegaciones del PSPV-PSOE según ha explicado el portavoz socialista de Infraestructuras y Medio Ambiente en Las Cortes Valencianas, Francesc Signes, “se centran, en primer lugar, en que no cumple la directiva marco europea del agua, como tampoco corrige los errores del plan vigente en estos momentos, que fue aprobado en el año 98, siendo presidente Aznar”.

Los socialistas piden que se acabe con la sobreexplotación de los acuíferos de La Mancha oriental e inciden en la necesidad de abastecer de agua la comarca de La Ribera. Varios representantes socialistas de esta comarca han acompañado este viernes a Signes, y al secretario general de la provincia de Valencia, José Luís Ábalos, a registrar estas alegaciones en la Confederación Hidrográfica del Júcar. Signes ha exigido «una concesión administrativa propia de agua superficial del Xúquer de 30 hectómetros cúbicos para que los vecinos de esta zona puedan empezar, después de casi 30 años, a beber agua potable libre de nitratos”.

Además, Signes ha hecho «un énfasis especial en la situación de l’Albufera, que debe salvarse, pero que con este Plan Hidrológico corre un grave riesgo”. Los socialistas apuntan la necesidad de asegurar su pervivencia así como mejorar otras cuestiones como la depuración, la reutilización de aguas residuales para ahorrar agua y la prevención contra inundaciones, que tampoco aparece en el borrador del Plan Hidrológico.

Para el grupo parlamentario Compromís en Les Corts el plan propuesto no resuelve los principales problemas del Xúquer y vuelve a repetir los mismos errores del Plan de 1998, cuando se repartió más agua de la que había en la cuenca del río. Compromís ha denunciado este viernes que este Plan no cumple con la Directiva Marco del Agua que tiene como principal objetivo la consecución del buen estado de las masas de agua y evitar todo deterioro adicional.

La coalición exige a la Confederación Hidrográfica del Xúquer que el nuevo Plan cierre la posibilidad de trasvases hacia el Vinalopó desde cualquier punto de la cuenca del Xúquer diferente de la toma actual situada en el Azud de la Marquesa, y que garantice que los recursos transferibles serán exclusivamente recursos sobrantes, es decir, recursos no regulados aguas abajo de la última toma de agua de los usuarios de la cuenca cedente.

«Consideramos necesario que se tomen las medidas adecuadas para la recuperación y pervivencia del Xúquer, por lo que es imprescindible una disminución importante de las extracciones del acuífero de la Mancha Oriental, actualmente sobreexplotado», ha reclamado Juan Ponce, portavoz adjunto de Compromís. «Del mismo modo exigimos que la asignación de agua superficial del Xúquer para los abastecimientos de la Ribera tenga la misma consideración que la asignación otorgada a Albacete , Sagunto y Valencia y su área metropolitana, sin estar condicionada a permutas».

El Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia también ha presentado alegaciones para reclamar que el Plan Hidrológico asigne una cantidad de agua para el Parque Natural de la Albufera. Para el grupo, el Plan es contradictorio respecto a los informes previos de la misma confederación.

Compromís ha querido agradecer la colaboración prestada por Xúquer Viu para la elaboración de las alegaciones y reconocer también la gran labor que esta organización está realizando para la pervivencia del río Xúquer.

ENLACE A NOTICIA: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/07/valencia/1391808393_683419.html

Ante la firme oposición mostrada ayer por los regantes del Júcar para impedir que se modifique la toma del trasvase al Vinalopó desde el azud de la Marquesa a Cortes de Pallás como reclama la Mesa del Agua de la Diputación de Alicante, la Conselleria de Agricultura dirigida por el alicantino José Císcar ha instado al Ministerio de Agricultura, como Autoridad Nacional del Agua, «para que procure los consensos y alcance los acuerdos entre todos los usuarios afectados», según afirmaban ayer en una nota.

La Generalitat Valenciana pide la mediación del Ministerio de Agricultura para que «el regadío y los abastecimientos del Vinalopó, Alacantí y Marina Baixa reciban el agua necesaria para estos usos (abastecimiento y regadío) en condiciones de calidad, así como financieramente viables y económicamente asumibles», según rezaba ayer el comunicado oficial.

Las posturas de agricultores alicantinos y valencianos son diametralmente opuesta y la Administración se encuentra en una encrucijada. El propio Císcar, en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, afirmaba que la Generalitat no se posicionará en este conflicto: «Si se producen dos posiciones antagónicas entre dos comunidades de regantes, no podemos recoger la de todos, con lo que lo que hacemos es no recoger», advirtió.

En la misma comparecencia, Císcar, exalcalde de Teulada, subrayó el «problema de carencia muy grave» de agua» que existe en el sistema Vinalopó-Alacantí y Marina Baixa, por lo que instó a las dos partes a «buscar la mejor solución», pero sin decantarse por ninguna, aunque matizó que una potabilizadora para poder utilizar el caudal del azud de la Marquesa parece una solución «muy cara», lo que podría entenderse como un guiño a las posiciones alicantinas.

El también portavoz del Consell señaló que la solución «debe pasar por agua para regadío y abastecimiento» y por que el agua que llegue lo haga «en cantidad suficiente», que sea «de calidad» y a un precio «que se pueda asumir» para que los trasvases sean «operativos».

Las cosas como están

Por el momento, la Conselleria de Agricultura ha apoyado a la Junta del Vinalopó, l´Alacantí y el Consorcio de Aguas de La Marina Baixa en su planteamiento de que hasta que no exista una solución definitiva para los abastecimientos y regadíos del Vinalopó, Alacantí y Marina Baja, las asignaciones de aguas subterráneas deben ajustarse a los derechos existentes. Esto permite que se mantengan las actuales condiciones hasta que no se resuelvan las alegaciones al nuevo plan de cuenca del Júcar, cuyo plazo de presentación terminó ayer.

La Conselleria de Agricultura sí que ha admitido como propias algunas alegaciones que han formulado usuarios del Júcar, aunque referidas a la canalización al Turia, los bombeos desde el embalse de Alarcón, suministro para los municipios de la Ribera del Júcar y abastecimiento para la Albufera de Valencia.

El PSPV también ha presentado sus propias alegaciones al nuevo plan de cuenca del Júcar, aunque el portavoz de Infraestructuras y Medio Ambiente en Les Corts del partido, Francesc Signes, no se refirió a la polémica abierta entre regantes alicantinos y valencianos. Su partido sí apoyó en el Pleno de la Diputación Provincial de Alicante el cambio de toma propuesto por la Mesa del Agua, como también hizo el Partido Popular.

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El área de Obras Públicas y Desarrollo Sostenible centró de nuevo buena parte del debate político en el transcurso del último Pleno de la Diputación Provincial de Albacete¹, habida cuenta del grado de ejecución de los llamados ‘planes provinciales’ y del Plan Especial de Financiación Municipal anunciado por el equipo de Gobierno. Fue el punto relacionado con la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de 2014 y 2015, aprobado con la abstención de los diputados socialistas, el que enfrentó a los dos grupos políticos representados en la institución, especialmente tras la denuncia del portavoz socialista, Agustín Moreno2

Rechazada la aportación para el convento de Los Franciscanos

El vicepresidente de la Diputación y alcalde de Hellín³ por el Partido Popular⁴, Manuel Mínguez⁵, se unió a los diputados socialistas en la propuesta de que la Diputación destine 150.000 euros a la rehabilitación del Convento de los Franciscanos del municipio hellinero. La moción fue rechazada con el voto en contra del resto de diputados ‘populares’ y solicitaba que la institución provincial se haga cargo de la reparación de la cubierta de este emblemático edificio del siglo XV. Fue el viceportavoz del Grupo Socialista, Ramón García⁶, el encargado de defender esta propuesta encaminada a la conservación de un edificio “aunque la posición del Partido Popular es vergonzosa y patética y si esta moción no sale adelante es por esa posición y me da igual si al alcalde de Hellín³ se le permite la libertad de voto o no porque la propuesta es en beneficio de los vecinos de Hellín”.

García acusó al equipo de Gobierno ‘popular’ en Hellín de haber “desmantelado por completo” el edificio y de no hacer nada por su recuperación. “No estoy pidiendo ninguna locura, no estoy pidiendo nada que no se pueda hacer”, insistió el viceportavoz, quien recordó que fueron los gobiernos del Partido Socialista⁷ los que impulsaron actuaciones para el mantenimiento del convento.

No a la moción contra la reforma del aborto

Tampoco salió adelante la moción socialista que solicitaba la “retirada inmediata” de la reforma de la Ley del Aborto impulsada por el Gobierno de España⁸ y, más concretamente, por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón⁹. Para la diputada socialista Josefina Navarrete¹⁰, “al PP no le gusta que el PSOE traiga una moción sobre este tema como ya demostraron en una iniciativa anterior en este sentido”. Navarrete justificó la presentación de la propuesta en la representatividad de los diputados “a todos los vecinos y vecinas de la provincia de Albacete, y ninguno somos ajenos a esto porque en la provincia de Albacete también se producen abortos”. La diputada defendió la continuidad de la ley anterior “porque con ella las mujeres han sido atendidas de la manera más equitativa y más segura”, y porque “la ley vigente es de salud sexual y reproductiva y tiene un marcado carácter preventivo”. “LO que hace la reforma”, dijo, “es retrotraernos a situaciones preconstitucionales”, concluyó.

El PP también se opone a las alegaciones de la Mesa del Agua

Por último, los votos en contra del Grupo Popular sirvieron para rechazar la moción socialista de alegaciones al Plan Hidrológico del Júcar, cuyo contenido seguía la línea de las pretensiones de la Mesa del Agua de la capital albaceteña. Agustín Moreno recordó que hay 61 municipios albaceteños afectados por este Plan y criticó el posicionamiento del Partido Popular “por no asumir ninguna de las peticiones de la Mesa del Agua porque la defensa de los intereses de Albacete no va a estar representada en las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Albacete”. Por ello, lamentó que la Diputación tampoco se sume a esas demandas “pese a que estamos obligados a defender los intereses de la provincia”.

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