J. Sierra valencia La Acequia Real del Júcar ha presentado alegaciones al Plan Hidrológico del Júcar en las que expresan su apoyo a la instauración de caudales ecológicos, aunque recuerdan que las previsiones del Gobierno para el río valenciano provocaría una pérdida de garantías a los regantes que debe estar condicionada a una indemnización.
«En ocasiones, los caudales ambientales objetivo necesarios para para alcanzar un régimen natural de los ríos serán difíciles de alcanzar» y añaden que antes hay que valorar los costes y los beneficios de llegar a esos objetivos. «Hay objetivos «deseables» desde el punto de vista ambiental. Hay objetivos «alcanzables» considerando el conjunto de intereses de la sociedad, el interés general», añaden
Los regantes insisten en que los caudales ecológicos no pueden ser una «restricción» previa a la asignación de caudales a los distintos usuarios. Existen, «derechos preexistentes» y aunque admiten que el Gobierno puede reasignar estos recursos la revisión concesional debe ir unida a una indemnización económica que compense los «daños» provocados.
La Acequia Real del Júcar apunta a una posible reclamación de indemnizaciones si se altera el caudal ecológico aguas abajo de Antella, actualmente de 1 metro cúbico por segundo y que el Gobierno cree necesario aumentar a 1,8 m3/segundo, muy por debajo a su vez de las expectativas ecologistas.
Proponen restaurar este tramo fluvial para alcanzar un buen estado ambiental sin aumentar el metro cúbico actual y piden que se contemple la posibilidad de reducir incluso esta caudal cuando las aportaciones del río Sellent, aguas abajo, «permitan garantizar un caudal mínimo en el puente de Gabarda».

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El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció que próximamente se realizarán «importantes reformas estructurales de carácter normativo», entre las que figura la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas y un anteproyecto de ley relativo al ciclo integral del agua urbana, con el que se pretende regular de manera conjunta el abastecimiento, el saneamiento y la depuración del agua de uso urbano. Durante la inauguración de la jornada «La gestión del agua en España. Presente y retos de futuro», el ministro añadió que en los próximos meses se reformará el texto refundido de la Ley de Aguas de modo que establezca un marco económico financiero para dotar de «recursos suficientes» al conjunto del sistema del agua en España.
Para ello, explicó que el Ministerio ha constituido un grupo de trabajo para analizar las necesidades de la financiación del sector del agua y para revisar el actual régimen económico-financiero del agua, sobre todo teniendo en cuenta las fuentes no convencionales, que son la reutilización y la desalación.
Así, añadió que las conclusiones que extraiga ese grupo servirán para sentar las bases con las que «garantizar la sostenibilidad y el equilibrio del sector en el marco de un sistema nacional del agua y ha añadido que esto, en definitiva «desembocará» en la futura reforma de la Ley de Aguas.
El ministro repasó la situación de la política de aguas, de la planificación hidrológica y de las deficiencias e «incumplimientos» de España con la Unión Europea en esta materia y, sobre todo, en depuración de aguas. En este contexto, ha apuntado las necesidades de inversión actuales y futuras y el presupuesto del Gobierno para este año.
Respecto al anteproyecto de Ley relativo al ciclo integral del agua urbana, Arias Cañete justificó su necesidad en que su uso es necesario que haya «transparencia, claridad y seguridad» tanto para los usuarios como para los gestores, «sean después públicos o privados».
Por ello, subrayó que quiere tramitar dicho anteproyecto con la máxima participación y transparencia y contando con la colaboración de comunidades autónomas, entidades locales, consumidores y usuarios.
Asimismo, estima que el gran pacto del agua dará origen a una política hidráulica de largo plazo y ha puesto de ejemplo el acuerdo alcanzado «muy laboriosamente» entre las comunidades dependientes del Tajo y del Segura que da seguridad jurídica al elevar a rango de ley las reglas de explotación, librando la gestión de la «discrecionalidad de decisiones políticas a veces arbitrarias».
Finalmente, vaticinó que la nueva política de aguas se caracterizará por abordar la gestión del sistema nacional del agua e incluirá todas las necesidades con las soluciones técnicas viables económicamente. «Lo cual nos va a llevar a impulsar importantes reformas estructurales de carácter normativo», concluyó el ministro.

«Hay que integrar las desaladoras en el sistema de abastecimiento»

Arias Cañete manifestó que en materia de política hidráulica «lo responsable» es diseñar como integrar las desaladoras en el sistema de abastecimiento «de una forma sensata», teniendo en cuenta hasta dónde pueden llegar los usuarios, programar transiciones de un sistema a otro y buscando ámbitos colaboración. «Solo podremos trabajar con éxito si buscamos consensos y logramos acuerdos. Hay que contar con un respaldo social, territorial y político que permita construir un gran pacto nacional del agua».

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El mapa de los diferentes sistemas que forman parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)ya no solo de color verde, porque, poco a poco, la han ido saliendo manchas de colores amarillos y anaranjados,
Esto significa que ya hay sistemas y subsistemas que se encuentran en situación alerta o prealerta por sequía. Y algunas de ellas están en Castilla-La Mancha, de acuerdo al último informe del Plan de Actuaciones en Situación de Alerta y Eventual Sequía (PES) dado a conocer recientemente por el organismo de cuenca.

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La concejala de Medio Ambiente, Rosa González de la Aleja, dio a conocer las alegaciones que el Ayuntamiento de la ciudad presentará al borrador del Plan Hidrológico del Júcar (PHJ), cuyo plazo de presentación finaliza el próximo viernes, en las que solicitará que se elimine la referencia que se hace al Convenio de Alarcón y la no aplicación de éste, al mismo tiempo que pedirá la revisión del acuerdo, «teniendo siempre en consideración que esta ciudad debe ser parte firmante del mismo». Asimismo, la concejala dijo que en las alegaciones también establecen la necesaria garantía del abastecimiento a la ciudad y a su área de influencia y se posicionan en contra de cualquier tipo de gravamen, canon o tarifa que se pueda establecer distinto del que con carácter general se indica en la Ley de Aguas destinado a la conservación, mantenimiento y amortización de las infraestructuras hidráulicas utilizadas por los beneficiarios de las mismas. Insistió en que elConsistorio está en contra de cualquier tarifa que se pudiera imponer al Ayuntamiento en momentos de sequía y recordó que, como ya han manifestado en reiteradas ocasiones, la sentencia delSupremo que obliga a la institución municipal a pagar, aunque es legal, «no es justa».
En las alegaciones al Plan del Júcar, el Consistorio albaceteño también dispone protección contra las inundaciones en las áreas habitables y solicita, dada la urgencia y la necesidad de las infraestructuras que persiguen evitar las inundaciones, la reducción del plazo establecido en el Plan, que se alarga hasta el año 2022, proponiendo su ejecución en el más pronto ejercicio presupuestario. En este sentido, también piden que se incluyan medidas de adecuación del Canal de María Cristina para evitar la inundación provocada por el río Balazote, reseñó González de la Aleja.
El Ayuntamiento de Albacete también solicita la modernización de los regadíos con la puesta en marcha de las infraestructuras de la sustitución de bombeos, entendiendo que «tienen una finalidad ambiental y de interés general».
Más información en edición impresa.

Las alegaciones formuladas por elAyuntamiento de la capital albaceteña al borrador delPlan Hidrológico del Júcar se aprobarán en un PlenoExtraordinario, que se celebrará mañana jueves a partir de las seis de la tarde, justo un día antes de que expire el plazo para la presentación de éstas. Así lo manifestó la concejala de Medio Ambiente, Rosa González de laAleja, quien recordó que la alcaldesa de la ciudad, Carmen Bayod, se reunió con los colectivos afectados el pasado 16 de enero en el despacho de Alcaldía, donde pudieron debatir y consensuar posturas, y reseñó que ya se les ha remitido a todos el documento definitivo. La concejala aseguró que las alegaciones formuladas han sido fruto de las sugerencias y consideraciones remitidas por los colectivos afectados.
Pese a que las alegaciones delAyuntamiento van en una dirección similar a las de la Mesa delAgua -formada por la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Asaja, UPA, el Centro Regional de Estudios del Agua, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA), la Unión de Consumidores, CCOO, UGT, IU y PSOE-, la concejala explicó que votaron en contra de la moción que los grupos municipales de la oposición presentaron en el pasado Pleno Ordinario de enero, la cual incluía las demandas de los colectivos que integran esta Mesa, porque «contenía cosas que no eran legales, como por ejemplo la referencia que hacían al tema de la demarcación». En este sentido, Rosa González de la Aleja explicó que no se puede definir la demarcación porque hay dos cuestiones de ilegalidad que se planteraron y que elTribunal Supremo dictó en contra.
Preguntada por los periodistas sobre el recorrido que tendrán las alegaciones delAyuntamiento de la ciudad, en cuanto a que el Gobierno central y los de Albacete y Valencia están gobernados por el Partido Popular, Rosa González de la Aleja declaró que «por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y delAyuntamiento de la ciudad estamos apoyando a Albacete y su abastecimiento, y trabajando en esa línea creo que se están defendiendo de manera correcta los intereses del agua de la ciudad».
Más información en edición impresa.

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Información de precios lonja de Albacete (ITAP):

http://www.itap.es/inicio/lonja/

Información de precios lonjas de CLM (AELMO):

http://www.aelmo.org/index.php?option=com_content&view=category&id=13&Itemid=106

Servicio de Asesoramiento de riegos (SARA):http://www.itap.es/inicio/riegos/servicio-de-asesoramiento-de-riegos/

Otros servicios del ITAP: http://www.itap.es/inicio/itap/servicios/

El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Agricultura¹, Alimentación y Medio Ambiente² y las cinco Comunidades Autónomas de las cuencas del Tajo, Segura y Júcar (Extremadura, Comunidad de Madrid³, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia⁴) permitirá culminar la planificación hidrológica de España⁵ con el máximo consenso y aportará estabilidad al acueducto Tajo-Segura.

El acuerdo plasma una política seria y responsable en materia de agua, con medidas que garantizan la sostenibilidad del sistema, con el consenso entre las partes y apostando por la complementariedad de las fuentes de abastecimiento, en lugar de la exclusión.

El acuerdo no fue posible con el anterior Gobierno Socialista⁶, que utilizó el agua como elemento de enfrentamiento entre las Comunidades Autónomas, no como elemento de solidaridad.

El acuerdo, con rango de Ley, aporta estabilidad al Trasvase Tajo- Segura, tras 35 años de funcionamiento. Con él se evitan las presiones coyunturales en la toma de decisiones, se introducen normas para dotar de transparencia a los trasvases intercuencas, se garantizan las necesidades de las cuencas cedentes y se facilita la utilización de las infraestructuras, la cesión de derechos y la preferencia de las cuencas cedentes con carácter general.

Se establece una reserva de 400 hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera del Tajo, por debajo de la cual no se autorizan trasvases. Al mismo tiempo, se acometerán un gran número de obras que van a mejorar el funcionamiento de la capacidad de almacenamiento, de laminación y de regulación.

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Nueve organizaciones andaluzas han acordado unir fuerzas de cara a la movilización del próximo 26 de febrero contra la subida de los costes eléctricos: organizaciones regionales de regantes Feragua y Areda, las provinciales Coreca (Cádiz), Corehu (Huelva) y Feral (Almería), las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, y Grupo Remolachero. En una reunión convocada por Feragua, según ha informado en un comunicado, representantes de estas organizaciones han cerrado hoy los detalles sobre su participación en esta movilización y han acordado trabajar con sus respectivas bases para lograr una gran convocatoria en el acto de protesta previsto ante la sede de la Delegación del Gobierno en Sevilla, el próximo 26 de febrero. Por su parte, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) cree que la nueva subida de la tarifa eléctrica decretada por el Gobierno deja a los pozos de riego en una situación límite.

    En la reunión de la capital sevillana han participado Margarita Bustamante (Feragua), Miguel López (COAG), Agustín Rodríguez (UPA); Eduardo Martín (Asaja), José Antonio Fernández (Federación de Regantes de Almería, FERAL); y David Moreno (Grupo Remolachero).

    La movilización del regadío en Andalucía se desarrollará de manera sincronizada con la del resto del regadío nacional.

    Coordinadas por Fenacore, según ha precisado, se celebrarán concentraciones simultáneas ante las diferentes delegaciones de gobierno regionales, convocadas por las comunidades de regantes de cada territorio.

Los pozos de riego en una situación límite en Valencia

   Por su parte, AVA-ASAJA denuncia que el nuevo incremento de la tarifa eléctrica decretado por el Gobierno el pasado 31 de enero supone un nuevo mazazo para la estabilidad económica de cientos de pozos de riego en la Comunitat Valenciana, hasta el punto de situar a muchos de ellos en una situación límite que compromete seriamente su futuro, de acuerdo con el análisis efectuado por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA).

    En este sentido, hay que tener en cuenta que esta nueva subida, que oscila entre un 2,6% y un 2,7%, se suma al desmesurado incremento del término de potencia para entidades de riego –nada menos que de un 125%– impuesto por el Ejecutivo central el pasado 1 de agosto.

    El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, califica esta medida de “disparatada” y agrega que “a partir de ahora los agricultores soportamos el precio de la energía eléctrica más caro de toda Europa y eso es una barbaridad que carece de toda lógica”.

    El máximo responsable de esta organización agraria advierte, además, de las graves consecuencias que la decisión del Gobierno en esta materia va a tener sobre la competitividad de la agricultura valenciana: “muchas entidades de riego, que son uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta el tejido agrario valenciano, -agrega- no van a poder soportar ese sobrecoste y van a terminar cerrando. Todo ello, va a traducirse a su vez en un aumento de la destrucción de empleo en el sector y en un mayor abandono de tierras de cultivo”.

   Sólo el gasto directo en electricidad, sin tener en cuenta el resto de los desembolsos económicos que lleva aparejada la actividad de riego, supone más del 12% del total del coste de producción en la citricultura.

    Ante esta nueva subida de las tarifas eléctricas, AVA-ASAJA y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) participarán el próximo día 26 de febrero en una concentración de protesta que se celebrará frente a la subdelegación del Gobierno en Valencia.

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Mantenimiento del presupuesto,  mantenimiento del apoyo a sectores que corrían riesgo de quedarse excluidos y respaldo preferente a los agricultores y ganaderos que de verdad viven del campo. Estos son los tres motivos por los que la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, hizo ayer una valoración positiva del acuerdo de la semana pasada entre las autonomías sobre aplicación de la nueva PAC y del que dio cuenta ayer en rueda de prensa, en la Delegación de la Junta en Albacete para informar sobre los resultados de la negociación sobre la aplicación de la Política Agraria Común en España.
De acuerdo a los datos aportados por la consejera, la ‘ficha financiera’ de la nueva PACpara la Albacete es de 909 millones de euros, una cifra prácticamente idéntica a la Política Agraria Comúnaún vigente. Pero esta vez hay una condición nueva: que al menos el 20 por ciento de sus ingresos agrarios procedan de la venta de productos agrícolas o ganaderos, «con lo que se evita que personas o entidades ajenas a la actividad agraria perciban ayudas, o que el cien por cien de los ingresos de una explotación sean ayudas».
Por último, destacó que, gracias al mantenimiento de las llamadas ‘ayudas acopladas’,  unos 10.918 beneficiarios albacetenses mantendrán unas ayudas que, en la versión inicial de la nueva PAC, iban a perder.
En lo tocante a la obligación de  acreditar que, al menos, el 20 por ciento de los ingresos procedan de ventas de productos agrícolas o ganaderos y, a preguntas de los medios, la consejera estimó que hay unos 7.000 beneficiarios en Castilla-La Mancha que deberán justificar «si son agricultores activos de verdad», por lo que se  les pedirá que acrediten si entran o, no, dentro de esta categoría.
No obstante, Soriano puntualizó que se trata de una cifra aproximada «porque habrá quién podrá acreditarlo, y quién no, por lo que la cifra podría variar». En todo caso, avanzó que la aplicación de esta medida evitará que, en el futuro, haya entidades deportivas, empresas de transporte y, en general, personas físicas o jurídicas ni vinculadas al campo que cobren de la PAC.
Durante su comparecencia, Soriano señaló que, cuando se hizo cargo de la Consejería, en lo tocante a las negociaciones de la PAC, lo que se encontró fue «un desastre total, porque el texto que se había negociado bajo los gobiernos de Zapatero y Barreda dejaba al campo, especialmente a la ganadería, en una situación auténticamente desastrosa», de forma que, en muchos aspectos, hubo que negociar casi desde cero.
De acuerdo a sus cálculos, de haber prosperado las propuestas  que había sobre la mesa, había numerosos perceptores de ayudas que hubiesen debido conformarse «con el 50 por ciento de las ayudas que venían percibiendo», lo que hubiese abocado al cierre a numerosas explotaciones de la región.

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Bayod empleó la mayoría plenaria del PP para tumbar la moción presentada de forma conjunta por PSOE e IU, en la que se instaba al Ayuntamiento a apoyar las alegaciones presentadas por la Mesa del Agua al Plan del Júcar¹

Carmen Bayod² empleó este jueves la mayoría plenaria del PP para tumbar las alegaciones presentadas por la Mesa del Agua a un Plan del Júcar profundamente injusto y lesivo para los intereses de la ciudad de Albacete³, rechazando la moción presentada, en este sentido, de forma conjunta por los grupos municipales del PSOE e IU.

El concejal del Grupo Municipal Socialista, responsable de la defensa de la moción, Ramón Sotos⁴, se dirigió a la alcaldesa con el objetivo de que recapacitara sobre la importancia de que la ciudad se presentara unida en la defensa de sus intereses.

Para lo que, expuso, un requisito imprescindible era que los tres grupos municipales se mostrarán unidos. De ahí la importancia, subrayó, de apoyar y asumir las alegaciones confeccionadas por la Mesa del Agua, en la que están representados la Federación de Asociaciones de Vecinos⁵, la Unión de Consumidores, las organizaciones agrarias UPA y ASAJA, los sindicatos CCOO y UGT, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, la UCLM, el Centro Regional de Estudios⁶ sobre el Agua, PSOE e IU y expertos de reconocido prestigio en el ámbito de legislación hídrica.

Es decir, precisó, este órgano, de conformación heterogénea, representa a diferentes sectores y colectivos de la ciudad, unidos por un único interés, la defensa de los derechos de Albacete en la redacción del nuevo Plan del Júcar.

Por este motivo, durante la exposición de la moción, el concejal socialista ofreció en reiteradas ocasiones a Carmen Bayod que si para lograr el ejercicio de unidad necesario para dar la batalla en la definición del nuevo marco legal para el río Júcar⁷ era necesario retirar la moción y sustituirla por una declaración institucional para apoyar las alegaciones de la Mesa del Agua no dudaría en hacerlo.

Toda vez que Carmen Bayod no recogió el guante y desechó esta posibilidad, Ramón Sotos defendió que las alegaciones parten de la motivación de que “Albacete necesita otro Plan del Júcar, pues este perjudica nuestro desarrollo sostenibl

Un Plan con profundos desequilibrios territoriales

Entre los muchos defectos e injusticias que contempla el actual borrador del Plan del Júcar, “se trata de un marco legal muy desequilibrado territorialmente, pues no tiene en cuenta que el 75% del curso del río Júcar transita por Castilla-La Mancha y tan solo el 25% por la Comunidad Valenciana. No solo no se prima a nuestra Región en los órganos decisorios sobre la gestión del río, sino que resulta a la inversa. Todo el poder en los órganos de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar⁸ recae sobre la Comunidad Valenciana”, aseveró el edil socialista.

Sotos también argumentó que el nuevo marco legal “no es sostenible ni ambientalmente ni económicamente”. En lo que concierne a su sostenibilidad medioambiental, Sotos aludió a que debería garantizarse el caudal ecológico del río, incluso en tiempos de sequía, algo que no ocurre en el actual borrador.

Asimismo, Sotos abogó por la necesidad de que las actuaciones para prevenir las inundaciones que forman parte, en forma de de anexo, del Plan, deben adelantarse en el tiempo y figurar la financiación contemplada por el Estado para este fin; deben quedar incluidas todas las actuaciones previstas; y también debe incorporar la recuperación de todas las lagunas como balsas de laminación, una actuación que afectaría a las lagunas naturales de Acequión, El Salobral, Ojos de San Jorge, La Estacadilla, Hoya⁹ Vacas y otras de carácter artificial.

En lo que respecta a la insostenibilidad económica del proyecto, Ramón Sotos adujo que si el texto contempla unas reducciones de recursos subterráneos hasta el año 2027 del 20%, en compensación, la Mesa del Agua ha propuesto que, antes que los trasvases con destino a otras cuencas se pongan los medios para sustituir esa reducción de aguas subterráneas por aguas superficiales.

En este punto, el concejal del PSOE informó que en la última reunión de la Mesa del Agua se acordó solicitar a la Universidad de Castilla-La Mancha¹⁰ la elaboración de un informe para analizar la repercusión económica y las pérdida de empleos que acarrearía la posible reducción de regadíos en los cultivos de Albacete, un municipio que en la actualidad posee 40.000 hectáreas de esta naturaleza, destinadas, primordialmente, a cultivos sociales, como son el ajo, la cebolla, otras verduras y hortalizas para congelado y la recuperación del azafrán.

A esto se suma, prosiguió, que “socialmente, representa un atropello el convenio de Alarcón, sobre todo tras la sentencia del Tribunal Supremo¹¹ que obliga a la ciudadanía de Albacete a pagar a los regantes valencianos por el agua que consumió del Júcar la ciudad en los años de sequía comprendidos en 2005 y 2008 un tarifa extraordinaria de 1.087.000 euros y que, ahora, el Plan del Júcar elevará al rango de Ley”.

De ahí que Ramos Sotos, como consensuó la Mesa del Agua, se mostrase partidario, y en este sentido instó al Equipo de Gobierno de Carmen Bayod¹², de solicitar la creación de un convenio entre Castilla-La Mancha y el resto de usuarios del río Júcar, que “nos garantice una reserva para abastecimiento y financiación para la sustitución de bombeos”, explicó Sotos, que añadió que, “paralelamente, debemos apostar por la negociación política para resolver la sentencia, buscando una vía que permita eximir a la ciudad del pago de ese millón de euros a los regantes valencianos”.

Por todo ello, el concejal socialista concluyó aseverando que “este Plan lo tenemos que parar, recuperando la unidad. Si Cospedal y Bayod lideran a la sociedad en Castilla-La Mancha y en Albacete y se oponen a este Plan, el Gobierno de España¹³ no seguirá adelante con este Plan del Júcar tan negativo e injusto para Albacete y nuestra Región, por cuestiones territoriales, ambientales, sociales y económicas”.

Lamentablemente, las razones y argumentos expuestos por Ramón Sotos no evitaron que Carmen Bayod y sus concejales emplearan su mayoría plenaria para tumbar esta moción, en la que tan solo se instaba a la alcaldesa a hacer suyas las alegaciones elaboradas por la Mesa del Agua y a buscar una solución política que evite el injusto pago para la ciudad de más de un millón de euros a los regantes del Júcar. Lo que evidencia, concluyó Sotos, “que Cospedal y Bayod están más pendientes y preocupadas por el río Manzanares que por el Júcar, por sus intereses personales en Madrid¹⁴, que no por la defensa de los intereses de los albaceteños y los castellano-manchegos”.

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