Consideran que Castilla-La Mancha recibirá "40 millones de euros menos" de fondos europeos

   TOLEDO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) –

   Unos 600 agricultores y ganaderos de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) Castilla-La Mancha participarán el próximo martes 21 de enero en la concentración que la organización a nivel nacional ha convocado frente al Ministerio de Agricultora contra la aprobación definitiva de la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en España.

   Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, junto con los secretarios generales de Albacete, Julián Martínez; de Cuenca, Javier Moya; de Guadalajara, Cipriano Ramiro, y de Toledo, Elisa Fernández.

   Morcillo ha explicado que la movilización se ha organizado coincidiendo con la celebración, el próximo martes y miércoles, 21 y 22 de enero, de la Sectorial de agricultora, donde el ministro de Agricultora, Miguel Arias Cañete, y los consejeros en esta materia de cada comunidad autónoma «quieren cerrar definitivamente la aplicación de la nueva PAC».

   «El día 22 si se llega a un acuerdo será político y nos venderán que todo está bien y que nadie pierde», ha afirmado Julián Morcillo, quien ha señalado que harán saber a los representantes políticos que «otra PAC es posible y que las ayudas deben ir dirigidas a quien trabaja y a quien produce».

    Desde UPA Castilla-La Mancha consideran que esta aprobación será un «acuerdo cómodo para los representantes políticos» porque «no se ha tenido en cuenta a los agricultores y ganaderos» en las mesas de trabajo organizadas desde el Ministerio en los últimos meses. No obstante, morcillo ha anunciado que el ministro ha citado a las organizaciones agrarias el 20 de enero para participar en el Consejo Asesor Agrario.

   Asimismo, el secretario de UPA Castilla-La Mancha ha recordado que con esta reforma se producirá «un receso y una disminución de los fondos» que se van a destinar para el sector. De esta manera, ha afirmado que en la Comunidad Autónoma habrá una disminución del 13 por ciento de las ayudas europeas, lo que a su juicio y sin datos oficiales, podría tratarse de «40 millones de euros menos».

CRÍTICAS DE UPA A LA PAC

   En este contexto el representante de UPA a nivel regional, que ha recordado algunas de las reivindicaciones a esta nueva reforma, ha comentado que «los que van a salir perjudicados son los agricultores y ganaderos profesionales y productivos», ya que «se ha perdido una oportunidad histórica para legitimar a quien realmente trabaja en el campo».

   En este punto ha hecho referencia a las palabras del director general del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Fernando Miranda, quien, según Julián Morcillo, ha afirmado que «va a haber agricultores que pierdan más de un 30 por ciento del nivel de ayudas que actualmente están recibiendo».

   Así pues, se ha mostrado contrario con la convergencia interna que se va a realizar a nivel europeo puesto que en España «no se ha querido hacer esa reconversión entre regiones». «Si eso se hubiera producido, Castilla-La Mancha podría haber salido beneficiada porque la ayuda media es de 211 euros por hectáreas, mientras que en el resto de España es de 277 euros», ha subrayado.

   Morcillo también ha criticado el «titubeo» de Arias Cañete a la hora de el fijar el presupuesto para las ayudas acopladas por ser «la única forma» de poder atender al sector ganadero. «Se hablaba de ir al máximo, a un 15 por ciento y en cambio ahora la propuesta del Ministerio se queda en 11,79 por ciento», ha dicho.

   Finalmente, ha apuntado que desconocen lo que ocurrirá con el Programa de Desarrollo Rural en la región y que con esta reforma «insolidaria» en sectores como la frutas y hortalizas o el viñedo «habrá agricultores que van a percibir las ayudas y otros que no», ha concluido.

ENLACE A NOTICIA: http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-600-agricultores-upa-lm-participaran-concentracion-contra-pac-proximo-21-enero-madrid-20140113131116.html

Europa Press

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete Ramón Sotos ha pedido a la alcaldesa de la ciudad, Carmen Bayod, que «asuma su responsabilidad» y trabaje para evitar que se apruebe un Plan del Júcar que tachan de «injusto» para la ciudad.

«Si se aprueba finalmente el Plan del Júcar, tal y como figura actualmente en su borrador inicial, Carmen Bayod debe asumir su responsabilidad, situarse al frente de la reivindicación y liderar la Mesa del Agua. Es la hora de la política y la alcaldesa no puede continuar rehuyendo su responsabilidad», ha señalado el edil.

Asimismo, el concejal socialista ha mostrado su preocupación por lo «mucho que estarán disfrutando en la Comunidad Valenciana por la falta de unidad en Albacete para defender nuestro derecho a agua para beber sin tener que pagar sobrecostes ni tarifas extraordinarias», ha informado el PSOE en nota de prensa.

Según Sotos, en las últimas declaraciones públicas realizadas por Bayod en relación a este proceso, se «incurrió en numerosas falsedades y aún más imprecisiones, propias de una persona indocumentada», lo que considera «un lujo que no se puede permitir la alcaldesa de una ciudad como Albacete».

En este punto, el edil del PSOE ha recordado a Bayod que «es falso que el PSOE y el expresidente de Castilla-La Mancha José Bono suscribieran el Convenio de Alarcón, sino que fueron el exministro de Medio Ambiente de Aznar, Jaume Matas, y los regantes de la Acequia Real del Júcar e Iberdrola (USUJ)».

Contra el cobro de un sobreprecio

En respuesta a la acusación de la alcaldesa sobre que «este concejal no hizo nada en 2005», Sotos ha explicado que, precisamente, «en calidad de representante del Ayuntamiento de Albacete», él «se opuso a la decisión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar de cobrar un sobreprecio a la ciudad de Albacete, por el agua que consume en tiempos de sequía».

«Lo paramos entonces, desde la política, consiguiendo solucionar dos tercios del problema y que Iberdrola renunciara a su pretensión oficial de cobrar a la ciudad 2,1 millones de euros. No pudimos hacer lo mismo con los regantes valencianos y, por eso, recurrimos al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, después al de la Comunidad Valenciana, finalmente al Supremo y, por último, interpusimos un recurso de Casación ante este Tribunal», ha indicado.

Sin embargo, el pasado 5 de diciembre el Supremo se pronunció y rechazó este recurso de casación y, en consecuencia, «Albacete tendrá que pagar 1.087.000 euros a los regantes valencianos por el agua que consumió en la sequía de 2005 procedente del Pantano de Alarcón», según ha explicado Sotos.

«Es el momento de que Carmen Bayod se dirija a la presidenta de la región y número dos nacional de su Partido, María Dolores de Cospedal, y solucionen políticamente este conflicto, que supone una injusticia para Albacete», ha aseverado el socialista.

Por último, Sotos ha afirmado que «la Mesa del Agua aún espera que Bayod lidere sus reivindicaciones» y conseguir así que el Gobierno de España asuma esos 1,1 millones de euros que reclaman los regantes valencianos y se negocie un nuevo Plan del Júcar con el que se levante la hipoteca del convenio de Alarcón que aparece en el Plan del Júcar, «que es el que obliga a pagar ese sobreprecio por el agua que consuma la ciudad en tiempos de sequía».

ENLACE A NOTICIA: http://www.iagua.es/noticias/planificacion/14/01/14/el-psoe-de-albacete-pide-que-se-levante-la-hipoteca-del-convenio-de-alarcon-que-aparece-en-el-pl

EFE 13/01/2014

La directora general del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Liana Ardiles, ha insistido hoy en que la postura de este organismo es cerrar el ciclo de planificación hidrológica antes de debatir otras alternativas como los trasvases.

Un ciclo que se quiere concluir este año y tras el que se pondrán sobre la mesa todas las opciones técnicas viables y necesarias para buscar el consenso dentro del Pacto Nacional del Agua, para elevarlas al Plan Hidrológico Nacional, según ha destacado hoy Ardiles a los medios antes de inaugurar en Zaragoza la conferencia anual de la Oficina de la Década del Agua dedicada al agua y a energía.

«Un binomio -ha dicho- en el que España tiene mucho que decir» y ha puesto como ejemplo los 55.000 hectómetros cúbicos de agua almacenada», el «cuarenta por ciento de volumen hidroeléctrico».

La directora general del Agua del MAGRAMA ha destacado la importancia de debatir esta materia en un país como el de España «sometido a situaciones de estrés crónico y a abundancia también crónica» porque pasa de «situaciones de escasez a situaciones de avenidas» y con un consenso «amplio» en materia de agua.

Preguntada por la posibilidad de abrir la puerta a un trasvase del Ebro como insinuó la semana pasada la presidenta de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal, Ardiles ha insistido en que el objetivo del Ministerio es cerrar el ciclo de planificación con la aprobación de todos los planes de cuenca».

«A partir de ahí se empezará a dialogar en ese Pacto Nacional del Agua, base de elaboración del Plan Hidrológico Nacional» con el fin de resolver cuestiones que «a lo largo de la historia se han puesto de manifiesto» como el abastecimiento a la población, la seguridad alimentaria mediante proyectos de modernización de regadíos y la apuesta por el desarrollo sostenible

«Revisar los planes de cuenca significa abrir la puerta a consensuar con mayor rigor aquellos aspectos que todavía no han sido capaces de cerrarse y abrir la puerta a la participación» con el objetivo de que el agua se reparta con «seguridad, equidad y sostenibilidad», ha señalado Ardiles.

Respecto a la finalización de las concesiones con las empresas hidroeléctricas, la directora general del MAGRAMA ha informado de que el objetivo del Ministerio es analizar todas las alternativas para volver a sacar a concesión los saltos de agua o que lo explote cada organismo de cuenca en función de «lo qué es mejor para la ciudadanía».

ENLACE A NOTICIA:                                  http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/magrama-defiende-cerrar-ciclo-planificacion-antes-decidir-trasvases_912453.html

A primeros de diciembre, el Tribunal Supremo¹ dictaba una sentencia por la cual, el Ayuntamiento de Albacete² debe abonar a la Unión Sindical de Usuarios del Júcar -USUJ- por el uso para abastecimiento humano de aguas superficiales de ese río en tiempos de sequía. La indemnización a la que hay que hacer frente asciende a un millón de euros (más intereses) tal y como ha informado, en rueda de prensa, Juan Marcos Molina³. El portavoz del Partido Popular⁴ en Albacete se ha referido a esa sentencia y, en general, a toda la polémica que, en las últimas semanas, está rodeando al Plan Hidrológico del Júcar (cuyo borrador está, en estos momentos, en fase de alegaciones). Molina ha apuntado al origen del conflicto y ha mostrado la posición del Grupo Popular de Albacete al respecto.

El portavoz del Partido Popular en Albacete, Juan Marcos Molina, ha manifestado ante los medios de comunicación la postura de su Grupo con respecto a la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la indemnización a la que la ciudad ha de hacer frente por el consumo de agua superficial del Júcar, y lo ha hecho partiendo de dos ideas esenciales: la de “mostrar un apoyo total y absoluto a la alcaldesa de Albacete por la lucha y la defensa que está haciendo de los intereses de la ciudad en este asunto”, y la de “dar gracias a Cospedal por el trabajo que la Junta de Comunidades de Castilla⁵-la Mancha está haciendo en relación al borrador del nuevo Plan Hidrográfico del Júcar⁶”, ha dicho el dirigente del PP

Juan Marcos Molina se ha remontado en el tiempo para explicar diversas cuestiones directamente relacionadas con esta postura del Supremo que confirma la sentencia emitida ya el 19 de febrero de 2010 fijando el derecho de la Unión Sindical de Usuarios del Júcar -USUJ- a percibir dinero por el uso del agua superficial de ese río en tiempos de sequía. El portavoz `popular´ ha indicado que la cifra a pagar asciende “al millón de euros, más intereses”; ha manifestado por qué el PP albaceteño considera la sentencia “injusta” y ha ratificado el mensaje de la alcaldesa Bayod que habla del estudio que se está haciendo de las distintas posibilidades jurídicas que pueda haber para revertir esta situación.

Molina ha mostrado su malestar ante muchas de las cosas que, asegura, se vienen diciendo estos días al respecto “por parte, sobre todo, del PSOE” -ha dicho el dirigente del PP-. Y lo ha intentado aclarar partiendo del mensaje de que “esto viene de muy atrás”, y remontándose nuevamente en el tiempo: primero, para explicar que, en el Plan del Júcar⁷ de 1998, se recogía una reserva de agua para el abastecimiento de Albacete de un metro cúbico por segundo pero que, la utilización del embalse de Alarcón, quedaba supeditada a la firma de un convenio que llegó el 23 de julio de 2001 -ha recordado- “con gobiernos del PSOE”.

Así, el portavoz del PP en Albacete ha asegurado que “fue Bono quien, en su día, suscribió este Convenio como presidente de Castilla-la Mancha; lo aplaudió y lo calificó de histórico para la región”. Molina ha criticado también que el Partido Socialista⁸ no impugnase en su día dicho Convenio (como, ha asegurado, establece también la sentencia del Supremo); ha recordado que “el acto administrativo que fija y determina la cantidad a abonar a los regantes de Valencia⁹ es de mayo de 2005, ya con Zapatero en el Gobierno”; y ha recalcado que es totalmente incierto que Albacete “tenga la obligación de pago por el consumo humano del agua superficial del Júcar en tiempos de sequía a causa del actual borrador del Plan Hidrográfico del Júcar, como se quiere hacer creer ya que, esto, viene de 2001 con ese Convenio que así lo estableció y que firmó el PSOE” , ha reiterado.

Por el contrario, el portavoz del PP albaceteño ha manifestado que el actual borrador del nuevo Plan del Júcar “es un avance en muchas cuestiones”. Por ejemplo, ha detallado que el nuevo documento en trámite “establece no ya una reserva como hasta ahora, sino una asignación de 24 hectómetros cúbicos de agua al año; mejora la dotación de agua en Castilla-la Mancha en 14 hectómetros cúbicos de agua al año a costa de 200 hectómetros cúbicos de agua menos que, anualmente, recibirá la Comunidad Valenciana; y dedica 60 millones de euros para acometer sin demora la segunda fase de la sustitución de bombeos para favorecer a los regantes de Albacete desde este mismo año 2014”, ha resaltado.

Molina ha ratificado que, en esta cuestión, “la sintonía entre el PP regional y el albaceteño es total”; ha anunciado que “el estudio jurídico con el combatir la sentencia está avanzado, y pronto tendremos más detalles al respecto” y, al hablar del por qué el PP no está presente en la postura común que ha adoptado la Mesa Municipal del Agua, recuerda que “se ha invitado a todos los colectivos a enviar sus alegaciones”, y critica la “actitud desleal” del PSOE municipal en el asunto.

Finalmente, un contundente Juan Marcos Molina ha subrayado que “no se podrá exigir a Albacete nada más ni nada diferente a lo que se le exige al resto de municipios de España¹⁰ para el abastecimiento de agua”.

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El portavoz del Partido Popular de Albacete¹, Juan Marcos Molina², ha hecho referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo³ que desestima el recurso de casación que el Ayuntamiento de Albacete presentó contra la Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de fecha del 19 de febrero de 2010. Así, ha explicado que la Sentencia del TSJ de CV fijó una compensación a favor de la Unión Sindical de Usuarios del Júcar por la utilización de agua para el abastecimiento del municipio de Albacete en tiempos de escasez, por debajo de la reserva mínima prevista en el Convenio de Alarcón.

En este sentido, Juan Marcos Molina ha subrayado que la Sentencia “condena al Ayuntamiento de Albacete, y con ello a los ciudadanos de nuestra ciudad, a pagar una indemnización de un millón de euros mas los intereses a los regantes valencianos”, por lo que ha comentado que “se trata de una sentencia injusta”.

Asimismo, el portavoz del PP de Albacete ha manifestado el apoyo del Partido tanto a la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod⁴, como al Gobierno Regional⁵ por luchar y defender los intereses de los albaceteños. En este sentido, Molina ha señalado que el Gobierno municipal ha encargado un estudio a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Albacete para analizar todas las alternativas legales posibles para combatir la citada Sentencia, avanzando que probablemente estará terminado a lo largo de esta semana y que será la propia alcaldesa quien informe de ello.

Con todo, Molina ha informado que “el Tribunal se pronuncia ahora pero el problema lo creó el Partido Socialista⁶ de Bono el 23 de julio de 2001 cuando aplaudió y apadrinó la firma del Convenio de Alarcón”. Así, ha subrayado que la propia STS pone de manifiesto que el origen de la compensación económica a la USUJ está en el Plan Hidrológico del Júcar⁷ del año 1998, vigente en la actualidad.

Según Molina, dicho Plan recoge una reserva de agua para el abastecimiento de Albacete de un metro cúbico por segundo pero supeditaba la utilización del embalse de Alarcón a la firma del convenio específico. “Y ese Convenio se firmó el 23 de julio de 2001 en un acto público presidido por el entonces presidente de la JCCM⁸, José Bono⁹” ha anunciado.

De este modo, el portavoz del PP recuerda que la defensa de los intereses de CLM¹⁰ y Albacete en aquel momento le correspondía al Partido Socialista de Castilla-La Mancha¹¹ y de Albacete y, sin embargo, “firmaron y aplaudieron el Convenio y nos lo presentaron como un hecho histórico. El mismo Convenio que ahora obliga a los albaceteños a pagar más de un millón de euros a los regantes valencianos”.

Así, ha resaltado que el acto administrativo que fija la obligación de pago para Albacete sobre la base del Convenio de Alarcón data del 29 de mayo de 2005, es decir, durante la etapa de Zapatero.

Por todo ello, Juan Marcos Molina ha recalcado que “es rotundamente falso que la obligación de pago para Albacete por el uso del agua del Júcar en tiempos de sequía tenga su origen en el borrador del Plan Hidrológico del Júcar como quieren hacernos creer desde el Partido Socialista”.

Con respecto a esto, Molina ha reiterado que el nuevo Plan Hidrológico del Júcar “establece, no una reserva, sino una asignación de 24 hectómetros cúbicos al año, es decir, 24.000 millones de litros de agua superficial anuales, con lo que Albacete pasará de tener una expectativa a tener una concesión concreta, lo que sin duda supone un importante avance”.

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El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete¹ Ramón Sotos ha pedido a la alcaldesa de la ciudad, Carmen Bayod², que “asuma su responsabilidad” y trabaje para evitar que se apruebe un Plan del Júcar³ que tachan de “injusto” para la ciudad.

“Si se aprueba finalmente el Plan del Júcar, tal y como figura actualmente en su borrador inicial, Carmen Bayod debe asumir su responsabilidad, situarse al frente de la reivindicación y liderar la Mesa del Agua. Es la hora de la política y la alcaldesa no puede continuar rehuyendo su responsabilidad”, ha señalado el edil.

Asimismo, el concejal socialista ha mostrado su preocupación por lo “mucho que estarán disfrutando en la Comunidad Valenciana por la falta de unidad en Albacete para defender nuestro derecho a agua para beber sin tener que pagar sobrecostes ni tarifas extraordinarias”, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Según Sotos, en las últimas declaraciones públicas realizadas por Bayod en relación a este proceso, se “incurrió en numerosas falsedades y aún más imprecisiones, propias de una persona indocumentada”, lo que considera “un lujo que no se puede permitir la alcaldesa de una ciudad como Albacete”.

En este punto, el edil del PSOE ha recordado a Bayod que “es falso que el PSOE y el expresidente de Castilla-La Mancha José Bono⁴ suscribieran el Convenio de Alarcón, sino que fueron el exministro de Medio Ambiente de Aznar⁵, Jaume Matas, y los regantes de la Acequia Real del Júcar e Iberdrola6

CONTRA EL COBRO DE UN SOBREPRECIO

En respuesta a la acusación de la alcaldesa sobre que “este concejal no hizo nada en 2005”, Sotos ha explicado que, precisamente, “en calidad de representante del Ayuntamiento de Albacete⁷”, él “se opuso a la decisión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar⁸ de cobrar un sobreprecio a la ciudad de Albacete, por el agua que consume en tiempos de sequía”.

“Lo paramos entonces, desde la política, consiguiendo solucionar dos tercios del problema y que Iberdrola renunciara a su pretensión oficial de cobrar a la ciudad 2,1 millones de euros. No pudimos hacer lo mismo con los regantes valencianos y, por eso, recurrimos al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha⁹, después al de la Comunidad Valenciana, finalmente al Supremo y, por último, interpusimos un recurso de Casación ante este Tribunal”, ha indicado.

Sin embargo, el pasado 5 de diciembre el Supremo se pronunció y rechazó este recurso de casación y, en consecuencia, “Albacete tendrá que pagar 1.087.000 euros a los regantes valencianos por el agua que consumió en la sequía de 2005 procedente del Pantano de Alarcón¹⁰”, según ha explicado Sotos.

“Es el momento de que Carmen Bayod se dirija a la presidenta de la región y número dos nacional de su Partido, María Dolores de Cospedal¹¹, y solucionen políticamente este conflicto, que supone una injusticia para Albacete”, ha aseverado el socialista.

Por último, Sotos ha afirmado que “la Mesa del Agua aún espera que Bayod lidere sus reivindicaciones” y conseguir así que el Gobierno de España¹² asuma esos 1,1 millones de euros que reclaman los regantes valencianos y se negocie un nuevo Plan del Júcar con el que se levante¹³ la hipoteca del convenio de Alarcón que aparece en el Plan del Júcar, “que es el que obliga a pagar ese sobreprecio por el agua que consuma la ciudad en tiempos de sequía”.

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Las declaraciones de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, realizadas en el marco del encuentro con periodistas llevado a cabo durante la pasada semana en Toledo a favor de impulsar el trasvase del Ebro han generado el rechazo en Aragón.

Tanto Gobierno como oposición aragonesas han salido a la palestras para criticar de manera unánime las palabras de Cospedal en las que afirmaba que se mostraba favorable a trasvasar aguas del Ebro. «Si sobra agua, a mi no me parece mal que la aprovechen otros. Es más, me parece un disparate que no la aprovechen otros. Igual que me parece una barbaridad que no se puede hacer (el trasvase) en otros ríos de España, singularmente en el Ebro. Pienso lo mismo del Ebro que del Tajo, no voy a decir en un sitio una cosa y en otro otra distinta», apuntó la presidenta de Castilla-La Mancha.

De esta manera, el Gobierno de Aragón presidido por la ‘popular’ Luisa Fernanda Rudi, emitió un comunicado en el que expresa «su rechazo a cualquier trasvase del Ebro» y reitera que es el propio Estatuto de Autonomía «el que limita cualquier transferencia de agua y el que recoge una reserva hidráulica para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hectómetros cúbicos».

ENLACE A NOTICIA: http://www.lavozdeltajo.com/noticia/11434/Actualidad/Aragon-se-enfrenta-a-Cospedal-por-el-Ebro.html

ENLACE A NOTICIA: http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=93960

En 2013 el apoyo de la Consejería ha fomentado que se aseguren 540.000 hectáreas de cultivos herbáceos extensivos o la producción de 4 millones de animales Los agricultores y ganaderos de la región han percibido 24,2 millones de euros en indemnizaciones por los 63.674 siniestros declarados en 2013

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano¹, ha afirmado que el Gobierno regional va a mantener su firme compromiso y apoyo económico a la contratación de seguros agrarios. Así, ha anunciado unas ayudas del Ejecutivo de Cospedal de 4,4 millones de euros para el Plan 2014, incrementando de esta manera la partida con respecto al pasado año, que se situó en 4,3 millones.

Lo ha avanzado esta mañana en Toledo² a la reunión de la Comisión Territorial de Seguros Agrarios -a la que ha acudido también el director de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)- compuesta por representantes de la Consejería de Agricultura³, las organizaciones agrarias, cooperativas, Agroseguro, ENESA, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y el Consorcio de Compensación de Seguros.

Soriano ha afirmado que los seguros agrarios “son la forma más efectiva de evitar graves pérdidas a los productores y garantizar su renta” y, por eso, en el Plan 2013 -que se extiende hasta mediados del año 2014- la Consejería de Agricultura ha mantenido la cofinanciación en todas las líneas e incluso la ha ampliado en otras, como las ganaderas.

De cara al Plan 2014, la titular de Agricultura refrenda el compromiso del Gobierno de María Dolores Cospedal⁴ con los seguros agrarios, con la aportación de 4,4 millones en un contexto de fuertes reducciones cuando no eliminación de las ayudas en el resto de comunidades autónomas, lo que le ha valido el reconocimiento del sector agrario regional.

Alto nivel de contratación en el Plan 2013

María Luisa Soriano ha avanzado algunas cifras del Plan 2013, como que en ganadería se han asegurado las producciones de más de 4 millones de animales, o que el Seguro de Retirada y Destrucción de Cadáveres ha dado cobertura hasta el momento a 16 millones de cabezas de ganado, cantidad que se espera duplicará al final del ejercicio.

En las líneas agrícolas, ha destacado las casi 540.000 hectáreas aseguradas de cultivos herbáceos extensivos, las 100.000 hectáreas de uva de vinificación o las más de 1.500 hectáreas de frutales, así como las 1.050 pólizas contratadas en hortalizas.

24,2 millones en compensaciones económicas

La consejera de Agricultura ha subrayado que la contratación de seguros ha permitido que en 2013 los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha percibiesen más de 24,2 millones de euros en indemnizaciones por los siniestros que sufrieron sus explotaciones o su ganado.

Los sectores que han recibido mayores indemnizaciones han sido la uva de vinificación, con 9,4 millones; los cereales de invierno, con 3,8 millones; el brócoli y la lechuga, con 1,1 millones; y la ganadería, con 1 millón de euros.

Estas indemnizaciones fueron el resultado de las pérdidas provocadas por 63.674 siniestros declarados en 2013 en la región, que han afectado a 170.235 hectáreas y a 48.308 animales.

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Los balances del pasado ejercicio 2013 se detienen, esta vez, en el ámbito de la Agricultura y la Ganadería de Castilla-la Mancha. Para ello, el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca les ofrece la siguiente entrevista realizada, vía telefónica, al secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos -UPA- en nuestra región. Julián Morcillo¹ arroja los principales detalles de lo que el pasado ejercicio ha significado para el sector agrícola y ganadero, refiriéndose a cuestiones tan importantes como los precios, las nuevas leyes, la nueva Política Agraria Comunitaria -PAC- o el siempre polémico asunto del agua. Una interesante conversación que les invitamos a escuchar, al completo y cuando deseen, a través del archivo de audio enlazado a este texto.