La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha logrado no sólo mantener las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) para la región sino incrementarlas 100 millones de euros, después de dos intensos días de negociaciones con el Ministerio de Agricultura.
Tras la finalización de la reunión, María Luisa Soriano reconoció su satisfacción por el resultado final de la negociación, después de consolidar una ficha financiera de unos 1000 millones de euros más para Castilla-La Mancha, y añadió: «Percibiremos 100 millones de euros más porque hemos consolidado los derechos de pago básico para el viñedo».
«Estamos -dijo- muy satisfechos y pendiente del resultado definitivo de lo que será la ficha financiera para el desarrollo rural, que lo sabremos en el mes de septiembre u octubre, pero de momento los criterios será que recibamos una cantidad semejante a la que estamos percibiendo».
La titular de Agricultura subrayó que el objetivo era potenciar la agricultura activa y lograr que perciban ayudas quien realmente tiene una agricultura y una ganadería activa, que creen empleo y, por lo tanto, riqueza.
Además, expresó su satisfacción después de que la Conferencia Sectorial haya acordado crear un Programa de Desarrollo Rural nacional, que impulse la integración de las cooperativas de ámbito superautonómico, y agregó: «En Castilla-La Mancha una de las líneas fuertes será la integración de las cooperativas a nivel autonómico».

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El ministro de Agricultura, Alimentación  y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguró ayer que España contará con una política agraria de carácter nacional, idéntica en todo el territorio.
Tras finalizar la Conferencia Sectorial de Agricultura, que acordó los aspectos fundamentales de la aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), Arias Cañete destacó que se ha establecido que el régimen de pago básico se aplicará de acuerdo con el modelo de regionalización que propondrá el Ministerio.
El modelo parte de la distribución de los importes de esta nueva ayuda por comarcas agrarias, teniendo en cuenta los importes percibidos en las mismas y la tipología de los niveles de la intensidad de ayuda.
Para ello, se considerarán cuatro tipos de superficie en cada comarca: tierras de cultivo de secano, cultivos de regadío, cultivos permanentes y pastos. «El objetivo de este modelo de regionalización es minimizar los efectos de la convergencia interna de las ayudas y evitar transferencias de importes entre agricultores, ganaderos y territorios», añadió.
Para el desarrollo de este modelo, se creará un grupo de alto nivel permanente, que empezará sus trabajos en la primera semana de septiembre.

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La Plataforma en Defensa del Tajo y el Alberche, aseguró que España incumple varias directivas europeas en el Tajo

La Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina denunció que España incumple varias directivas europeas en la gestión del Tajo y va a tener problemas para justificarse ante Europa.

En rueda de prensa, Miguel Ángel Sánchez, uno de los portavoces de la Plataforma, aseguró que la Comisión Europea tiene las herramientas suficientes para obligar a España a que cumpla los planes de cuenca y el objetivo de la Plataforma es demostrar que se están incumpliendo varias directivas europeas, relativas al Plan de Cuenca del Tajo, a la calidad de las aguas y a hábitats de aves.

En este sentido, Sánchez explicó que su incumplimiento podría suponer para España «cuantiosas multas económicas» de decenas e, incluso, cientos de millones de euros.

A su juicio, Talavera sigue siendo «el eje sobre el que pivota la gestión del Tajo». Por ello, entre las acciones que la Plataforma va a promover en los próximos meses está elevar una queja a la Comisión Europea para denunciar la situación en la que se encuentra el río.

Además, tienen previsto presentar sus alegaciones al Plan de Cuenca durante la segunda quincena de agosto, en las que reclamarán 20 metros cúbicos por segundo del Tajo y el Alberche a su paso por la ciudad.

De otro lado, desde la Plataforma mostró su indignación ante la falta de apoyo de las administraciones local y regional en las reuniones de participación en el borrador del Plan de Cuenca, así como en el Consejo del Agua y la Comisión de Planificación.

En los últimos meses se llevó a cabo un total de nueve reuniones, siete en Madrid, una en Cáceres y otra en Talavera de la Reina, para estudiar el borrador del plan de Cuenca y en ninguna de ellas ha estado representado el Ayuntamiento de Talavera y el Gobierno de Castilla-La Mancha.

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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente creará cinco grupos de trabajo para definir el modelo de aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) 2014-2020, unos 50.000 millones de euros, avanzó a Efeagro el secretario general de COAG, Miguel Blanco. Los grupos se encargarán de definir el nuevo modelo sobre: definición de agricultor activo; modelo de regionalización y convergencia; incorporación de viñedo y frutas y hortalizas; ayudas acopladas y qué sectores incluir y, por último, sobre posible trasvase de fondos del segundo pilar (desarrollo rural que deberían cofinanciar comunidades autónomas) al primero de ayudas directas. Así lo ha apuntado Blanco a Efeagro tras participar este martes día 23, junto a UPA y ASAJA, en la reunión del Comité Asesor Agrario, que estuvo presidido por el ministro, Miguel Arias Cañete, un día antes de que este último se encuentre con los responsables de agricultura regionales.

   Sobre el desarrollo del modelo que se aplicará en España, el dirigente agrario constata que «esto está todavía en una negociación incipiente» y que «va a ser muy difícil que pueda haber un acuerdo político del Gobierno con las comunidades autónomas en julio».

Un acuerdo político casi imposible en julio

    Y es que ahora «se abre el debate y la discusión o negociación a determinados grupos de trabajo, que bajo nuestro punto de vista es positivo», ha puntualizado Blanco.

    Concreta que los nuevos grupos de trabajo tendrán que analizar en septiembre los asuntos sobre los que hay un desacuerdo más profundo, por lo que el debate sobre la PAC seguirá en próximos meses.

    Reconoce que los puntos donde hay mayor desacuerdo hacen referencia a la definición de agricultor activo, la incorporación de nuevos productores al viñedo y hortalizas y a qué ámbitos se permite seguir recibiendo ayudas acopladas (vinculadas a la producción) en el nuevo sistema de la PAC, en el que se prima a la hectárea.

    También debe negociarse un posible trasvase de fondos de desarrollo rural al primer pilar para atender necesidades de zonas desfavorecidas, por ejemplo, o qué porcentaje de fondos se reserva a los jóvenes agricultores para que haya relevo generacional, si un 2% como pide COAG, o en menor porcentaje como algunas regiones piden.

La definición de agricultor activo, en el eje de todas las discusiones

    En cambio, sí hay más consenso sobre la limitación de superficies para evitar que los agricultores pierdan fondos y también sobre el régimen especial que apoya a los pequeños perceptores.

    En este contexto, COAG reclama que «no aceptaremos que se sigan cobrando ayudas de la PAC de manera indiscriminada como ahora», pero este objetivo no se conseguirá -añade- si no hay una adecuada definición de agricultor «activo».

     En su opinión, éstos deben ser aquellos que al menos obtengan el 25 % de sus ingresos de la agricultura y, además, coticen a la seguridad social agraria como profesionales de este sector.

    En todo caso, desde COAG afirman que el Ministerio deja claro que habrá una «aplicación nacional» de la PAC, pero haciéndolo compatible con un sistema de regionalización que permita mantener aproximadamente los mismos cheques regionales actuales.

UPA no lo ve nada claro y cree que el debate está "muy verde"

    Ramos ha recordado que hay «partes muy importantes» de la aplicación de la nueva PAC 2014-2020 que quedan abiertas y que analizarán distintos grupos técnicos de expertos que el Ministerio se ha comprometido -matiza- en crear.

    Entre los temas que aún quedan abiertos, el dirigente agrario apunta que «no hay definición» aún para el «agricultor activo» -aquél que se considerará prioritario para recibir los pagos-. «Para UPA deben ser los perceptores cuyos ingresos procedentes de la agricultura representen más del 25 % del total», agrega Ramos.

    Destaca Ramos que hay «muchas dudas» aún sobre la mesa entre Gobierno y comunidades sobre si debe permitirse pasar fondos del segundo pilar (del desarrollo rural que, además, exige cofinanciación autonómica) al primero (ayuda al agricultor) para atender necesidades de zonas desfavorecidas, por ejemplo.

Diferencias sobre los pagos acoplados

    También hay diferencias en cuanto a los sectores que deban recibir pagos «acoplados» o vinculados a la necesidad de producir, un sistema que conviviría con el nuevo sistema que impulsa la nueva PAC, basado en las ayudas por la hectárea hasta 2020.

    Unas ayudas asociadas que UPA cree imprescindibles para sectores como la ganadería y el lácteo, los cultivos industriales o para impulsar cultivos «protéicos» que sirvan para alimentar el ganado con menores costes y menor dependencia como ahora de la importación.

    Otro de los debates abiertos -añade Ramos- es si deben incluirse en el nuevo sistema de ayudas de la PAC a los agricultores que entren en el cultivo del viñedo y de las frutas y hortalizas, una posibilidad que UPA sí exige aunque, según agrega, el Ministerio no comparte al asegurar que implicaría recortar a otros productores. «Nosotros creemos que hay que sacar dinero de los perceptores que no son agricultores activos» realmente, añade el dirigente agrario.

    Ramos asegura que en septiembre continuarán las conversaciones entre Gobierno, comunidades autónomas y sector agrario. «Creo que tendrán problemas con algunas comunidades autónomas porque algunas dicen ya que no aceptarán un cheque menor al que perciben en la actualidad», afirma Ramos.

ASAJA cree que hay tiempo para hacer "las cosa ordenadas"

    Para Pedro Barato existen una serie de temas lo suficiente importantes para que haya un consenso como el del «agricultor activo, el presupuesto para el vino, las zonas específicas de montaña, si se va a pagar del primer pilar o si se va a producir transferencia del segundo pilar».

    Una serie de cuestiones que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado en la reunión dy que «nosotros así lo consideramos». Por ello se crearán comisiones el próximo mes de septiembre para intentar clarificar todo lo que es la aplicación de la PAC. En su opinión «lo que el agricultor quiere que se le diga todavía no es posible».

    Respecto a la Conferencia Sectorial que se celebrará esta semana entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas para debatir el modelo de aplicación de la PAC, Barato considera que al igual que ha pasado con las organizaciones agrarias habrá cosas en las que haya acuerdo y otras en las que se crearán grupos de trabajo para llegar a un consenso «lo más amplio posible».

Finalmente, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha afirmado a Efeagro que las comisiones que se crearán en septiembre para clarificar la aplicación de la Política Agraria Común (PAC), dan un tiempo para «hacer las cosas ordenadas y que los temas se puedan ir terminando».Por su parte, el secretario general de la organización agraria UPA, Lorenzo Ramos, ve aún «muy verde» el acuerdo político entre Gobierno y comunidades autónomas para la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en España y mucho menos que se zanje en conferencia sectorial de esta semana.

Resulta muy curioso, pero en unos momentos trascendentales para el territorio valenciano, durante los que se está diseñando el futuro de la planificación hidrológica de los ríos fundamentales, es ruidosamente patente el silencio del Consell. Quizás ocurra que las personas que, al frente del Consell, deben tener criterio, desde el President Fabra al irrelevante Director General del Agua, pasando por el Conseller Císcar, son unos incompetentes. O, tal vez, teman, todos, importunar a sus mayores en Génova. Pero lo más probable es que este atronador silencio e inactividad se deba a ambas cosas: a la incompetencia y a la falta de responsabilidad y coraje.
 No nos engañemos: Fabra es un muñeco político; no tiene capacidad suficiente para desarrollar ideas propias. Pero sobre todo no tiene la suficiente autonomía ni capacidad para defender los intereses valencianos. Y el equipo que ha puesto al frente del departamento de agua es patético, empezando por el Conseller «para todo» Císcar e incluyendo al personaje probablemente más incapaz, el Director General del Agua, José Alberto Comos, antaño alborotador desde la Fundación Agua y Progreso el cual, ya saben, recibió el puesto como premio a los servicios prestados.
 Resulta que en estos tres meses pasados han sido aprobados tres importantes documentos para el devenir de la Comunitat Valenciana. Uno de ellos se refiere a la aprobación del borrador del Plan Hidrológico del Tajo que, si nadie lo remedia, condena a la desaparición al Trasvase Tajo-Segura. El otro es la aprobación del Decreto por el que se establece, entre otras cosas, la delimitación geográfica de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, que a nadie gusta y que destroza la posición integradora de la «unidad de cuenca». Además, no se plantean, por el momento, soluciones a la falta de concesión de agua para beber, a los habitantes de la Ribera. Así pues, en ambos casos los intereses valencianos salen muy, pero que muy, malparados.
Además, el pasado 4 de julio el Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Ebro aprobó el borrador del Plan Hidrológico del Ebro. Al día siguiente fue también aprobado por el Comité de Autoridades Competentes y, en ambos órganos, la Generalitat tiene representación con voz y voto. En ambos órganos, el voto del PP valenciano fue favorable. Y, ¿qué es lo que «no» contempla el borrador de Plan aprobado?: precisamente el Trasvase del Ebro. El PP Valenciano votó a favor de eliminar la posibilidad de realizar el trasvase del Ebro. Esto es muy serio y nos estamos jugando nuestra tranquilidad en materia de agua para los próximos quince años; pero al parecer Fabra y el PP siguen jugando a la ignorancia y al despiste, intentando mantener rédito electoral con el «mantra» de que ellos son los únicos defensores del agua.
¿Para cuándo una verdadera política valenciana que aborde los problemas del agua en nuestro territorio? La respuesta la ofrece nuestra alternativa progresista, la del PSPV.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.levante-emv.com/opinion/2013/07/23/agua-hay-alguien/1018827.html

• Han recibido la factura para abonar 87.300 euros por las obras de mejora en el Trasvase
• Recurrirán la medida que les obliga a pagar 2,5 millones de euros en unos 25 años

Como un jarro de agua fría ha caído la noticia sobre los regantes de Los Llanos. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha remitido a la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) y a las nueve comunidades de esta zona regable albaceteña una factura de 87.300 euros. La primera de los próximos 25 años hasta completar un importe total de 2,5 millones de euros.

El órgano de cuenca exige este pago por las obras que llevó a cabo el Ministerio de Medio Ambiente en 2010

El órgano de cuenca exige este pago por las obras que llevó a cabo el Ministerio de Medio Ambiente en 2010 para mejorar la infraestructura del trasvase Tajo-Segura, utilizado para canalizar el agua correspondiente a la primera fase de sustitución de bombeos en Los Llanos. Unas obras que en ningún momento, tal y como apuntan tanto desde la JCRMO como desde la comunidad de segundo grado Los Llanos que aglutina a las nueve comunidades de regantes afectadas, nadie les notificó que tendrían que abonar. El problema afecta a unas 900 familias que cultivan unas 6.800 hectáreas en Los Llanos.

Al llegar la notificación de cobro esta misma semana la sorpresa y el enfado entre los regantes, que presentaron un recurso de reposición el año pasado ante la CHJ contra este pago y al que todavía no han recibido respuesta, han sido mayúsculos. Y es que, en primer lugar, esperaban que la administración respondiese y, en segundo, confiaban en que la factura no llegaría hasta final de año como sucede con las tarifas que pagan al organismo de cuenca. No entienden que no haya habido margen ni tan siquiera para el diálogo, argumenta el secretario de la JCRMO, Herminio Molina.

Pero advierten desde ya que no se rendirán y que llegarán hasta donde sea necesario para no tener que asumir los costes de unas obras que no les corresponden. Eso sí, para evitar otros perjuicios a posteriori los responsables de las comunidades afectadas y de la JCRMO han decidió formalizar el pago mediante un aval bancario y, paralelamente, recurrir la decisión de la CHJ. «No tenemos más remedio que hacerlo así para evitar luego males mayores», se lamenta el presidente de la comunidad Los Llanos, Juan Marcos Jiménez.

Peticiones

Desde que conocieron la decisión de la CHJ de repercutirles el importe de estas obras, medida que comunicó vía Boletín Oficial de la Provincia (BOP) incluyendo los costes en las tarifas de utilización del agua y en el canon de regulación de para 2013, desde las comunidades de regantes y desde la propia JCRMO no han cesado de pedir que se atiendan sus razones. Para ello desde finales del año pasado se han reunido con los responsables de las consejerías de Agricultura y de Fomento: con la presidenta de la Confederación, María Ángeles Ureña; con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos; y con representantes municipales.

Las obras que en su momento, cuando se inauguraron el 1 julio de 2010, se celebraban por las mejoras que suponían, hoy amenazan con hipotecar a los regantes. «Son 25 años de pago. Menuda herencia le vamos a dejar a nuestros hijos», reflexiona Jiménez. Ni él, ni el resto de representantes de las comunidades, ni los propios regantes, entienden por qué tienen que pagar las actuaciones que el Ministerio decidió llevar a cabo.

Problemas

El secretario de la JCRMO recuerda que los trabajos de acondicionamiento se desarrollaron para subsanar algunos problemas que surgieron en las infraestructuras utilizadas para poder captar los 39,4 hectómetros correspondientes a la primera fase de la sustitución de bombeos. Esa primera fase, para dejar de extraer agua del acuífero y utilizar aguas superficiales, fue ejecutada por la Junta de Comunidades en su día.

Cuando se detectaron los problemas para poder tomar los recursos de la sustitución, se decidió que las obras las acometería por la vía de emergencia el Ministerio de Medio Ambiente. «Tres años después de que estén en funcionamiento se pide que se paguen», critica Molina insistiendo en que la administración, aunque el Gobierno haya cambiado en este tiempo, debe cumplir el compromiso adquirido con los usuarios.

También recuerda que Los Llanos está incluida como zona de interés social en el Plan Hidrológico del Júcar (PHJ) aún en vigor. Para los regantes lo que está claro es que la responsabilidad es de las administraciones que actuaron para solventar los problemas o deficiencias de una actuación anterior, es decir de las obras de sustitución de bombeos.

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http://www.diarioab.com/index.php/actualidad-2/economia/264-los-regantes-exigen-al-gobierno-que-cumpla-su-compromiso-con-los-llanos

La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha pagado 1,1 millones de euros en ayudas para la modernización de explotaciones agrarias y otros 1,1 millones para el sector avícola de producción de huevos.
La ayuda a la modernización -cofinanciada por la Junta, el Ministerio y la UE- permitirá la puesta en marcha de 109 planes de mejora. Con estos fondos el Gobierno regional avanza en su defensa de la modernización del sector agrario de Castilla-La Mancha.
Por su lado, la ayuda al sector avícola de producción de huevos es para 6 beneficiarios de la provincia de Toledo.

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El Gobierno central parece que quiere tomar algo más distancia con el Levante en materia de agua.  En sendas respuestas parlamentarias sobre el Memorándum que se firmó hace unos meses con Murcia y Valencia sobre el trasvase   (sin contar con Castilla- La Mancha), el Ejecutivo dice ahora que «el Memorándum de Entendimiento no es excluyente, sino que asienta las bases de un foro de diálogo y análisis sobre la gestión del agua al que, en este caso concreto, están invitadas toda las comunidades autónomas de la cuenca del Tajo y del Segura».
En concreto, en respuesta al líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, y al diputado socialista Gabriel Echávarri, el Gobierno asegura que este documento es «una muestra» de voluntad para alcanzar acuerdos en materia de agua desde «el diálogo, la colaboración y la cooperación».
El citado acuerdo se firmó en la sede del Ministerio de Agricultura, sin medios gráficos ni prensa y, según fuentes del departamento que dirige Miguel Arias Cañete, tan sólo persigue crear un foro de debate y análisis para hablar de la gestión del agua, integrando a todas las partes y también para que sus propuestas sean tenidas en cuenta e incorporar las que mejor convengan.
No obstante, el Partido Socialista cree que el objetivo real del mismo es «perpetuar» el trasvase «en condiciones más favorables para los regantes del levante español» y, por este motivo, y por la exclusión de la Junta de Castilla- La Mancha, exigió en su momento del Gobierno una aclaración del alcance y objetivos del mismo.
Ahora, el Gobierno reconoce en sus respuestas parlamentarias que el «grupo de trabajo» constituido por el Ministerio y los dos gobiernos autónomos, deberá elevar a la Administración General del Estado los resultados de sus estudios y análisis, con una propuesta motivada de las posibles actuaciones a realizar para su consideración y, en su caso, puesta en marcha conforme a la normativa vigente.
La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, no acudió en abril a la cita en el Ministerio para firmar este documento. Un gesto del Gobierno regional que venía a recordar al Ministerio y al levante que lo único que obliga jurídicamente es lo que se publica en el BOE. Y lo publicado hasta el momento es el borrador del Plan de Cuenca del Tajo, en fase de alegaciones.