La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha realizado un nuevo pago para reestructuración y reconversión de viñedo, por valor de 7,4 millones de euros, que han actuado sobre 1.566 hectáreas y de los que se han beneficiado 528 viticultores de la región.

Esta cantidad se suma a los 50 millones de euros que la Junta había abonado hasta el momento, por lo que lo que el pago desde que comenzó la campaña actual -el pasado 16 de octubre- se eleva a 57,4 millones de euros, que han servido para hacer más competitivas 9.262 hectáreas de viñedo hasta el momento, ha informado hoy la Junta.

Castilla-La Mancha cuenta con una partida inicial para este año vitícola de 65,6 millones, fondos que la consejería pretende aumentar acelerando la resolución de expedientes y los pagos, con el fin de optar a nuevas partidas no utilizadas por otras regiones.

De hecho, en poco más de seis meses de campaña se han abonado más del 87 por ciento de los fondos adjudicados, han precisado las mismas fuentes.

Por provincias, para este nuevo pago, Cuenca cuenta con 144 beneficiarios, que han recibido 1,85 millones y han reconvertido 326 hectáreas; Ciudad Real con 134 beneficiarios (2,2 millones y 551 hectáreas); Toledo con 127 beneficiarios (1,5 millones y 324 hectáreas); y Albacete con 123 beneficiarios (1,8 millones y 364 hectáreas).

La Consejería de Agricultura decidió ampliar un año el plazo de reestructuración de esta campaña, que en principio finalizaba el 31 de julio de 2013 y que prolongará hasta la misma fecha del próximo año 2014.

Dicha decisión, ha recordado el Gobierno regional, se tomó ante la petición del sector, debido a la escasez en los viveros de uvas airén y macabeo.

El ETI ha recibido el visto bueno casi unánime, con la única excepción de la asociación Ecologistas en Acción de la Región de Murcia

El Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Segura, constituido hoy en Murcia, ha informado favorablemente el Esquema de Temas Importantes (ETI) de la cuenca del Segura. Este documento recoge los asuntos principales en materia de agua que deben ser contemplados en el nuevo Plan Hidrológico de la cuenca del Segura. El ETI ha recibido el visto bueno casi unánime del Consejo del Agua, con la única excepción de la asociación Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, que votó en contra.

El Esquema de Temas Importantes ha sido elaborado por la Confederación Hidrográfica del Segura tras un proceso de consulta pública y participación. Entre otros asuntos, destaca la necesidad de mantener el regadío existente de la cuenca del Segura, dado su alto valor social, económico y medioambiental. También incide en la importancia de compatibilizar los intereses del sector agrícola con la protección y recuperación de los valores naturales de la cuenca.

El documento identifica 43 problemas, que deben ser abordados y resueltos por el futuro Plan de Cuenca. Los temas importantes se pueden agrupar en siete grandes asuntos:

– Mantenimiento del valor económico, social y ambiental asociado a las superficies regables.

– Falta de garantía de recursos hídricos e infradotación de cultivos.

– Sobreexplotación de acuíferos.

– Calidad de aguas subterráneas y superficiales.

– Mantenimiento de los caudales ambientales.

– Coste del agua desalinizada.

– Defensa contra avenidas y falta de regulación.

El Consejo del Agua está formado por 84 miembros que representan a las todas las administraciones públicas competentes (estatal, comunidades autónomas y entidades locales), a los usuarios, así como a las organizaciones y asociaciones defensoras de intereses ambientales, económicos y sociales.

La aprobación del ETI abre el camino para la próxima elaboración del borrador del Plan Hidrológico del Segura, que debe resolver los problemas de agua de la cuenca del Segura.

El Gobierno ha reducido los módulos agrarios del IRPF 2012 para los agricultores y ganaderos que hayan sufrido daños en sus explotaciones por circunstancias excepcionales, según la Orden Ministerial HAP/660/2013, publicada en el BOE el martes, 23 de abril.

Las declaraciones del IRPF que se presenten podrán acogerse a las nuevas condiciones que recogen las propuestas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de ajuste en la presión fiscal para agricultores y ganaderos.

El plazo de presentación de la declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2012 comenzó el 24 de abril para aquellas que se presenten vía telemática y comenzará el 6 de mayo para las presentadas por otros medios.

El régimen de estimación objetiva agraria (o de módulos) del IRPF es el utilizado de manera mayoritaria entre los agricultores y ganaderos. Las reducciones de módulos aprobadas se traducen en una disminución proporcional de la base imponible derivada de los rendimientos de actividad agraria, y por tanto, del resultado de la declaración del IRPF.

•     -productos del olivo: de 0,32 a 0,18 (-44%)
•     -Bovino de leche: 0,32 a 0,16 (-50%)
•     -Cunicultura: de 0,13 a 0,07 (-50%)
•     -Ovino y caprino de leche: de 0,26  a 0,18 (-30%)
•     -Ovino y caprino de carne extensivos: de 0,13 a 0,09 (-30%)
• -Apicultura: de 0,26 a 0,20 (-23%)

El índice corrector por piensos adquiridos a terceros, aplicable cuando readquieren fuera de la explotación piensos y otros productos que supongan más del 50% del importe de los consumidos, se reduce, excepcionalmente, a 0,65 para todas las actividades ganaderas (incluyendo las explotaciones intensivas de ganado porcino de carne y avicultura y las de bovino de carne). En el actual contexto de altos precios de los productos de alimentación animal, esta reducción permitirá por tanto disminuir en un 35% la base imponible de todas las explotaciones que utilicen mayoritariamente piensos adquiridos.

La principal incidencia climatológica del año 2012 ha sido la sequía que, originada por la falta de precipitaciones desde el mes de septiembre de 2011 hasta abril de 2012 en gran parte del país ha ocasionado graves pérdidas tanto en el sector ganadero, como en la mayoría de los cultivos de invierno.

El efecto de la sequía ha sido especialmente grave en el caso de las producciones olivareras, con caídas de rendimiento históricas, por ello se ha determinado la necesidad de una reducción del índice de rendimiento neto de los productos del olivo generalizado para toda España.

En la provincia de Albacete en todos los términos municipales se reduce el índice de rendimiento neto en leguminosas.

En los términos municipales de Navas de Jorquera y Cenizate que sufrieron especialmente daños por la tormenta de granizo del 28 de mayo de 2012, se reducen los índices en cereales, frutos secos, y uva.

En la Comarca de la Manchuela, salvo Cenizate y Navas de Jorquera se reducen los de uva para vino, tanto D.O como sin D.O.

Finalmente, es destacable que la Orden Ministerial EHA/3257/2011, de 21 de noviembre, establece en su disposición adicional primera una reducción de un 5% del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva para 2012. Se trata de una medida extraordinaria de carácter horizontal que afecta a la totalidad de los agricultores y ganaderos que tributen en estimación objetiva, cuyo efecto es, por tanto, mayor que cualquier reducción de módulos específicos.

José Manuel de las Heras como Coordinador de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos tras mantener una reunión de trabajo interna en su organización ha trasladado al Ministerio de Agricultura, que en esta nueva etapa, en la que se está produciendo un nuevo impulso en la planificación hidrológica, «no se dejen las necesidades de la agricultura y ganadería en segundo lugar». Según señala en una nota, esta planificación hidrológica se inició con la elaboración de los planes de cada Demarcación Hidrográfica y culminará con la presentación del Plan Hidrológico Nacional, que lleva varios años de retraso con respecto a los plazos establecidos por la Unión Europea.

   De las Heras recuerda que aunque es cierto  que los Planes de Cuenca deberían haber estado culminados por el Gobierno anterior en el 2009, se hace necesario un importante impulso en esta nueva etapa, tanto por el retraso existente en la planificación como porque los problemas y las expectativas de solución son grandes en el sector.

    Por eso recuera que el ministro Miguel Arias Cañete, se comprometió a dar un importante impulso a la planificación hidrológica y a dejar para finales del año en curso, la planificación de todas las cuencas competencia del Estado presentada (estas cuencas o demarcaciones hidrográficas son las que se circunscriben a más de una comunidad autónoma).

    En este sentido, la Unión de Uniones recuerda  tras el reciente informe favorable del Consejo Nacional del Agua al Plan del Duero, la previsible aprobación del Plan del Ebro para este verano («una de las más complejas»)  y la apertura de consultas en el Plan de Cuenca del Tajo,» hacen necesario tener muy en cuenta en estos momentos los intereses agroalimentarios presentes y de futuro. Además del derecho al uso del agua “para beber” de los ciudadanos,  existen otros usos que aun siendo legítimos, no tienen porque priorizarse frente a los usos agrarios, como son los usos industriales, los  de generación de energía o los de ocio (campos de golf, parques acuáticos etc)».

Demandas del sector agrario

    De las Heras considera que el  Estado debe contar más con los agricultores y ganaderos en temas de gestión hídrica y ha demandado el cumplimiento de varios ejes  fundamentales en la planificación hidrológica, a juicio de su organización. En este entido ha presentado un plan en el que ser ecoje que «exista una planificación bien definida, que se cumpla en el tiempo y que permita a los agricultores y ganaderos contar con un horizonte claro para sus inversiones y planificación de cultivos».

    Asimismo piden que «se tenga en cuenta en todo momento de la planificación  la importancia económica social y medioambiental del regadío;  ya que es ahí donde se genera la mayor parte de la producción agraria, del empleo en el medio rural y de las exportaciones.Lo que debe tenerse en cuenta también a nivel presupuestario»., así como que «cuente con que la  organización Unión de Uniones va a apostar por un regadío responsable y sostenible,  para que este pueda mantenerse en el tiempo».

   Por eso, la Organización «demanda  a las administraciones un mayor esfuerzo en depuración de las aguas residuales, tanto de las industrias como de  las zonas urbanas, ya que el objetivo de tener ríos, pantanos y acuíferos  limpios con  aguas saludables contribuye, y mucho, a que en los regadíos se  produzcan  alimentos saludables para nosotros y  los animales que en muchos casos forman parte también de la cadena alimentaria».

    Por último, pero que tienen  relación con la  gestión hídrica y de conservación de la naturaleza, de las Heras ha dicho “se hace imprescindible incorporar de forma activa y permanente a los agricultores y ganaderos en el debate y en las acciones de conservación  de la naturaleza, tanto en general como en  la Red Natura 2000  en particular”,  ya que añadió “los agricultores y ganaderos somos los que realmente estamos en el medio rural y gestionamos una buena parte del mismo”.

Feragua ha demandado un procedimiento único y más claro en todo el territorio nacional para la legalización de balsas ubicadas en terrenos privados, y ha calificado la situación actual de la legislación sobre balsas como un “auténtico guirigay de pautas y exigencias muy distintas que sólo favorece el descontrol que existe en la actualidad”. Frente a esta situación, la presidenta de los regantes andaluces ha exigido unidad de criterios en todo el territorio nacional no sólo para la tramitación y legalización de estas balsas, sino también para la evaluación de sus riesgos y para el establecimiento de exigencias de control a los regantes. Además de esta dispersión de normas y criterios, Margarita Bustamante ha criticado duramente el grado de exigencia de estas normas, que a su juicio es el factor clave que está detrás de la situación generalizada de falta de regularización de las balsas privadas. “

   En su opinión, “el grado de exigencia de la norma sobre balsas hoy es tal, y tan inalcanzable para las balsas particulares que, al final, no se avanza con ellas. “¿No sería mejor empezar, me refiero a las balsas, por algo menos ambicioso e ir avanzando poco a poco?”, se preguntó Margarita Bustamante, para quien, con un planteamiento menos exigente “al menos, iríamos poniendo orden poco a poco; y no como ahora, que tenemos muy poco regularizado”.

    Feragua ha trasladado por ello a las administraciones que una flexibilización de la norma y una adaptación más realista a los diferentes tipos de balsas y a sus necesidades de control, favorecerían la regularización y puesta en orden de estas infraestructuras, que considera cruciales para el regadío modernizado. Y, en este sentido, ha pedido a los dirigentes públicos que busquen un equilibrio aceptable entre lo que es exigible y lo que es soportable económicamente por el titular de una balsa y se pongan de acuerdo para establecer criterios comunes en todas las cuencas.

    “La agricultura actual necesita de garantía del recurso agua para ser competitiva y junto a los grandes embalses de regulación que gestionan los Organismos de Cuenca para acumular reservas y laminar avenidas, las balsas o micropresas que gestionan las Comunidades de Regantes o los propios regantes, son pieza clave en la modernización de nuestros regadíos, y por tanto en el desarrollo socioeconómico de nuestra actividad productora de alimentes sanos y de calidad”, ha señalado la presidenta de Feragua, para quienes las administraciones no están prestando suficiente atención a estas infraestructuras, “y deberían hacerlo, unificando y flexibilización exigencias, favoreciendo la tramitación e incentivando con fondos públicos su ejecución, pues son infraestructuras complementarías a los grandes embalses, que también juegan un importante papel tanto en la regulación como en la laminación de avenidas, y por tanto fundamentales para un regadío sostenible y competitivo, generador de empleo y riqueza en España”.

La Asociación de Regantes de la Cuenca del Duero, Ferduero, cuyo vicepresidente es José Miguel Domínguez, presidente de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes Virgen del Aviso con sede en Moraleja del Vino, ha constituido una comisión encargada de crear una central de compras de energía para abaratar el recibo de las comunidades de regantes modernizadas. Se trata de conseguir una contratación conjunta de la electricidad, en principio con las catorce comunidades que funcionan con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa).

En todo caso los regante estudiaran la situación de cada comunidad para estudiar la fórmula de contratación que más conviene en cada caso. La central de compras se debería extender a las 113 asociaciones de regantes, o al menos las que pudieran estar interesadas.

Hay una posibilidad abierta para las comunidades que realizaron más recientemente la modernización del regadío, como es el caso de Toro, ya que cuentan con la tecnología de telecontrol, que permite gestionar el consumo de energía eléctrica y conocerlo casi al instante, con lo cual tienen la posibilidad de entrar en las subastas diarias de compra de energía en el mercado internacional.

En el caso de comunidades como Virgen del Aviso con sede en Moraleja del Vino o el Canal de San Frontis en la capital, al no disponer de telecontrol, irían a una fórmula de compra centralizada a través de Ferduero con lo que esperan lograr unos costes energéticos más ajustados. «Virgen el Aviso tiene la tarifa eléctrica ahora a través de Seiasa y hay variación de precio dependiendo del momento del día en que se riegue. Por ejemplo de ocho de la tarde a seis de la mañana el precio del kilovatio sale a seis euros, pero durante el día puede ascender hasta casi el triple, 17 céntimos», indica Carlos Macías Laperal, presidente de la Comunidad Virgen del Aviso.

En principio la comisión, formada por técnicos, tiene la misión de establecer cuántas de las 113 comunidades están interesadas en formar parte de la central de compras.

Posteriormente se estudiarán los contratos, potencias y consumos de dos de los tres últimos años de cada comunidad y se contratarán los servicios de una empresa de gestión energética antes de dar el último paso, que será la negociación y firma de los contrato.

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha afirmado hoy que, tras 30 años de peleas por el agua sin conseguir nada a cambio, el borrador del plan del Tajo contiene «hitos históricos» para la comunidad autónoma logrados «sin grandes alharacas», sin peleas y «sin insultar a nadie».

Cospedal, en una entrevista en Castilla-La Mancha Televisión, ha apostado por proteger y defender algo «tan valioso» como lo logrado en ese borrador, que incluye por primera vez un caudal mínimo en Talavera de la Reina y eleva la reserva de la cabecera del Tajo a 400 hectómetros cúbicos.

La jefa del Ejecutivo castellanomanchego ha recordado que el expresidente José Bono ya consideró «histórico» establecer una reserva de 240 hectómetros y ha manifestado que subirla a 400 no entraba «ni en el mejor de los sueños» de los castellanomanchegos.

Cospedal ha subrayado la importancia de que el borrador garantice el agua para sustentar el desarrollo económico de Castilla-La Mancha y ha destacado que se ha logrado «sin grandes alharacas», sin «grandes peleas políticas» y «sin tener que insultar».

Todo lo contrario de lo que ha ocurrido en los treinta años anteriores, ha dicho la presidenta del Gobierno castellanomanchego, quien ha lamentado que sus antecesores pasaran tantos años «hablando muchísimo del agua, peleando con otras comunidades autónomas» y, sin embargo, no sacaran «nada» a cambio.

El Partido Castellano cree que este decreto del Gobierno “es manifiestamente perjudicial para los intereses de Cuenca y Albacete, pues supone prorrogar el incumplimiento de sentencias judiciales emitidas hace lustro»

Por vocesdecuenca.es

La agrupación en Cuenca del Partido Castellano (PCAS) quiere denunciar públicamente que el Ministerio de Medio Ambiente que dirige Arias Cañete aprobó el pasado 13 de abril un real decreto que permite mantener a la Generalidad valenciana el control en la gestión del río Júcar frente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Así se desprende del texto que establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo de Agua de la Demarcación (sic) Hidrográfica del Júcar publicado el pasado día 13 de abril en el Boletín Oficial del Estado, y así lo celebra la prensa valenciana que asegura que “el Consell aún controla la gestión del Júcar”, gracias a ese decreto, si bien de forma provisional pero esencial, y que “el Gobierno prorroga la influencia de la Generalidad sobre el río Júcar”.

Los castellanistas consideramos que este decreto del Gobierno “es manifiestamente perjudicial para los intereses de las dos provincias castellanas afectadas, Cuenca y Albacete, pues supone prorrogar el incumplimiento de sentencias judiciales emitidas hace lustros, y darle un nuevo respiro a la Comunidad Valenciana, que afrontará el nuevo Plan Hidrológico del Júcar con el mismo e injustificado peso político que ahora, lo que será demoledor para Castilla”, pues en el mismo se contemplará el reparto de agua para regadíos así como la sepultura definitiva de las 60.000 hectáreas de regadío que el propio Estado declaró de interés general hace décadas en La Manchuela conquense y albacetense y que siguen sin desarrollarse por presiones valencianas.

En el Partido Castellano (PCAS) quiere alertar que el documento mantiene el statu quo político actual, “ignorando nuevamente las sentencias, que permite mayoría valenciana por un solo vocal, si bien consagra la provisionalidad que dura ya años y que consideramos es una nueva afrenta y desprecio hacia el interior castellano y a las propias resoluciones de los tribunales”.

Para entender cuál es el problema, los castellanistas recuerdan que en Valencia se acuñó el término ‘demarcación del Júcar’ en lugar del habitual en todas partes de ‘confederación o cuenca del Júcar’, “pues se pretende mantener en la cuenca del Júcar a multitud de ríos independientes y no afluentes del Júcar, así como territorios que nada tienen que ver con el mismo”. La cuenca hidrográfica del Júcar incluye, tan solo, tierras de Cuenca y Albacete, así como el sur de la provincia de Valencia. No incluye ni la Albufera, ni Valencia capital (por donde transcurre el Turia) ni el norte de la provincia valenciana ni Castellón o el sur de Tarragona, como tampoco la provincia de Alicante, todas ellas si incluidas en el concepto demarcación. El objetivo de añadir territorios a la ‘demarcación’ Júcar que no son de la cuenca hidrográfica del Júcar “es político, dado que añadiendo población se consigue el control del río, de una importancia económica extraordinaria para ambas regiones, y que de otra forma no sería posible pues correspondería a los castellanos la mayoría en la Confederación, incluso con criterios demográficos”.

Con todo, el decreto incorpora una disposición transitoria que fija la hoja de ruta para poner fin a esa provisionalidad que mantiene los “inaceptables privilegios de los valencianos, pero los castellanistas alertamos de que ese pretendido fin es posterior a la elaboración del Plan Hidrológico del Júcar (donde quedará ya todo decidido), por lo que las consecuencias para Castilla serán irreversibles ya que nuestros intereses serán decididos y subyugados por los valencianos”.

Frente a todo ello, en el Partido Castellano (PCAS) queremos dejar claro que no nos basta con que “se gestionen por separado los ríos que como el Júcar, el Turia o el Palancia son independientes, o con que se transfieran a las autonomías las cuencas intracomunitarias, sino que cada región debe gestionar su tramo de los ríos comunes y adaptarse a lo que tiene”.

Por último, el Partido Castellano (PCAS) quiere alertar que una vez elaborado el Plan Hidrológico del Júcar, junto con el resto de planes hidrológicos, se elaborará el Plan Hidrológico Nacional, por lo que en éste “quedarán viciados y cercenados de origen los intereses castellanos, y los castellanistas nos tememos que una vez más, se ignorarán los regadíos que en su día fueron declarados de interés general por el Estado en La Manchuela y que los castellanistas reclamamos se construyan de una vez por todas”.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció ayer en Villena, donde asistió a una reunión con la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, que el Consell defenderá ante el Gobierno que la «permanencia» del trasvase Júcar-Vinalopó «quede garantizada», y subrayó que se trata de una infraestructura hídrica «estratégica que posibilita un uso sostenible del agua», y a la recuperación de la toma de Cortes de Pallás, en lugar de la Marquesa.En su intervención en el encuentro, destacó que el trasvase «es un ejemplo» de distribución «solidaria y eficiente» del agua «para satisfacer» las necesidades de los regantes. «Es una infraestructura hídrica estratégica que posibilita un uso sostenible del agua y es una gran garantía para el futuro de una agricultura rentable», enfatizó Fabra, que ha tardado dos semanas a pronunciarse públicamente, tras revelar este periódico las intencione del Ministerio de Agricultura de excluir de la futura demarcación hidrográfica del Júcar las comarcas de l´Alacantí y la Marina Baixa, lo que significará la ruptura del trasvase.»Para nuestros campos el agua es un factor clave en cantidad, calidad y precio para asegurar el futuro y seguir generando prosperidad y empleo», recalcó. Finalmente, Fabra señaló que la Generalitat está «en plena colaboración» con la Confederación del Júcar «para que se llegue a un acuerdo viable y definitivo, que permita a las comarcas alicantinas del Vinalopó, l’Alacantí y la Marina Baja recibir el agua prevista en las condiciones de calidad y precio adecuadas».

Reunión en Madrid
Por su parte, el secretario de Estado de Agua, Federico Ramos y la directora general, Liliana Ardiles, colaboradores directos del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, se comprometieron a su vez el martes con la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó, a buscar una solución que evite el bloqueo del trasvase, amenazado gravemente en estos momentos por el proyecto del Ministerio, impulsado por la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de excluir a las comarcas de l´Alacantí y la Marina Baixa, de la futura demarcación hidrográfica del Júcar.
Ramos y Ardiles se reunieron el pasado martes con una delegación de los regantes y usuarios alicantinos en Madrid para intentar calmar los ánimos, tras el incendio que ha provocado en la Junta Central, apoyada por la Diputación, el decreto en el que se perfila el nuevo mapa de las demarcaciones hidrográficas, con la creación de las denominadas Cuencas Internas de la Comunidad Valenciana, que dejaría en manos de la Generalitat comarcas sin ríos. Iniciativa que, además, daría el control del Júcar a Castilla-La Mancha, tal como han advertido los regantes y la Universidad de Alicante, dejando herido de muerte al trasvase Júcar-Vinalopó e, incluso, al abastecimiento de la propia ciudad de Valencia, cuyo suministro depende de un trasvase Júcar-Turia. La Junta expresó su malestar y recibió noticias tranquilizadoras, pero también un mensaje claro en Madrid. Desde el Ministerio se les trasladó su sorpresa porque reaccionen ahora de esta manera, cuando, según Agricultura, la tramitación del decreto de demarcaciones se realizó con el visto bueno de la que entonces era consellera, primero del Consell de Camps y después del de Alberto Fabra, Maritina Hernández. Por otro lado, el Ministerio reiteró que no pone pegas siempre a la toma de Cortes que haya acuerdo con la Acequia Real.