Feragua ha demandado un procedimiento único y más claro en todo el territorio nacional para la legalización de balsas ubicadas en terrenos privados, y ha calificado la situación actual de la legislación sobre balsas como un “auténtico guirigay de pautas y exigencias muy distintas que sólo favorece el descontrol que existe en la actualidad”. Frente a esta situación, la presidenta de los regantes andaluces ha exigido unidad de criterios en todo el territorio nacional no sólo para la tramitación y legalización de estas balsas, sino también para la evaluación de sus riesgos y para el establecimiento de exigencias de control a los regantes. Además de esta dispersión de normas y criterios, Margarita Bustamante ha criticado duramente el grado de exigencia de estas normas, que a su juicio es el factor clave que está detrás de la situación generalizada de falta de regularización de las balsas privadas. “

   En su opinión, “el grado de exigencia de la norma sobre balsas hoy es tal, y tan inalcanzable para las balsas particulares que, al final, no se avanza con ellas. “¿No sería mejor empezar, me refiero a las balsas, por algo menos ambicioso e ir avanzando poco a poco?”, se preguntó Margarita Bustamante, para quien, con un planteamiento menos exigente “al menos, iríamos poniendo orden poco a poco; y no como ahora, que tenemos muy poco regularizado”.

    Feragua ha trasladado por ello a las administraciones que una flexibilización de la norma y una adaptación más realista a los diferentes tipos de balsas y a sus necesidades de control, favorecerían la regularización y puesta en orden de estas infraestructuras, que considera cruciales para el regadío modernizado. Y, en este sentido, ha pedido a los dirigentes públicos que busquen un equilibrio aceptable entre lo que es exigible y lo que es soportable económicamente por el titular de una balsa y se pongan de acuerdo para establecer criterios comunes en todas las cuencas.

    “La agricultura actual necesita de garantía del recurso agua para ser competitiva y junto a los grandes embalses de regulación que gestionan los Organismos de Cuenca para acumular reservas y laminar avenidas, las balsas o micropresas que gestionan las Comunidades de Regantes o los propios regantes, son pieza clave en la modernización de nuestros regadíos, y por tanto en el desarrollo socioeconómico de nuestra actividad productora de alimentes sanos y de calidad”, ha señalado la presidenta de Feragua, para quienes las administraciones no están prestando suficiente atención a estas infraestructuras, “y deberían hacerlo, unificando y flexibilización exigencias, favoreciendo la tramitación e incentivando con fondos públicos su ejecución, pues son infraestructuras complementarías a los grandes embalses, que también juegan un importante papel tanto en la regulación como en la laminación de avenidas, y por tanto fundamentales para un regadío sostenible y competitivo, generador de empleo y riqueza en España”.

La Asociación de Regantes de la Cuenca del Duero, Ferduero, cuyo vicepresidente es José Miguel Domínguez, presidente de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes Virgen del Aviso con sede en Moraleja del Vino, ha constituido una comisión encargada de crear una central de compras de energía para abaratar el recibo de las comunidades de regantes modernizadas. Se trata de conseguir una contratación conjunta de la electricidad, en principio con las catorce comunidades que funcionan con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa).

En todo caso los regante estudiaran la situación de cada comunidad para estudiar la fórmula de contratación que más conviene en cada caso. La central de compras se debería extender a las 113 asociaciones de regantes, o al menos las que pudieran estar interesadas.

Hay una posibilidad abierta para las comunidades que realizaron más recientemente la modernización del regadío, como es el caso de Toro, ya que cuentan con la tecnología de telecontrol, que permite gestionar el consumo de energía eléctrica y conocerlo casi al instante, con lo cual tienen la posibilidad de entrar en las subastas diarias de compra de energía en el mercado internacional.

En el caso de comunidades como Virgen del Aviso con sede en Moraleja del Vino o el Canal de San Frontis en la capital, al no disponer de telecontrol, irían a una fórmula de compra centralizada a través de Ferduero con lo que esperan lograr unos costes energéticos más ajustados. «Virgen el Aviso tiene la tarifa eléctrica ahora a través de Seiasa y hay variación de precio dependiendo del momento del día en que se riegue. Por ejemplo de ocho de la tarde a seis de la mañana el precio del kilovatio sale a seis euros, pero durante el día puede ascender hasta casi el triple, 17 céntimos», indica Carlos Macías Laperal, presidente de la Comunidad Virgen del Aviso.

En principio la comisión, formada por técnicos, tiene la misión de establecer cuántas de las 113 comunidades están interesadas en formar parte de la central de compras.

Posteriormente se estudiarán los contratos, potencias y consumos de dos de los tres últimos años de cada comunidad y se contratarán los servicios de una empresa de gestión energética antes de dar el último paso, que será la negociación y firma de los contrato.

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha afirmado hoy que, tras 30 años de peleas por el agua sin conseguir nada a cambio, el borrador del plan del Tajo contiene «hitos históricos» para la comunidad autónoma logrados «sin grandes alharacas», sin peleas y «sin insultar a nadie».

Cospedal, en una entrevista en Castilla-La Mancha Televisión, ha apostado por proteger y defender algo «tan valioso» como lo logrado en ese borrador, que incluye por primera vez un caudal mínimo en Talavera de la Reina y eleva la reserva de la cabecera del Tajo a 400 hectómetros cúbicos.

La jefa del Ejecutivo castellanomanchego ha recordado que el expresidente José Bono ya consideró «histórico» establecer una reserva de 240 hectómetros y ha manifestado que subirla a 400 no entraba «ni en el mejor de los sueños» de los castellanomanchegos.

Cospedal ha subrayado la importancia de que el borrador garantice el agua para sustentar el desarrollo económico de Castilla-La Mancha y ha destacado que se ha logrado «sin grandes alharacas», sin «grandes peleas políticas» y «sin tener que insultar».

Todo lo contrario de lo que ha ocurrido en los treinta años anteriores, ha dicho la presidenta del Gobierno castellanomanchego, quien ha lamentado que sus antecesores pasaran tantos años «hablando muchísimo del agua, peleando con otras comunidades autónomas» y, sin embargo, no sacaran «nada» a cambio.

El Partido Castellano cree que este decreto del Gobierno “es manifiestamente perjudicial para los intereses de Cuenca y Albacete, pues supone prorrogar el incumplimiento de sentencias judiciales emitidas hace lustro»

Por vocesdecuenca.es

La agrupación en Cuenca del Partido Castellano (PCAS) quiere denunciar públicamente que el Ministerio de Medio Ambiente que dirige Arias Cañete aprobó el pasado 13 de abril un real decreto que permite mantener a la Generalidad valenciana el control en la gestión del río Júcar frente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Así se desprende del texto que establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo de Agua de la Demarcación (sic) Hidrográfica del Júcar publicado el pasado día 13 de abril en el Boletín Oficial del Estado, y así lo celebra la prensa valenciana que asegura que “el Consell aún controla la gestión del Júcar”, gracias a ese decreto, si bien de forma provisional pero esencial, y que “el Gobierno prorroga la influencia de la Generalidad sobre el río Júcar”.

Los castellanistas consideramos que este decreto del Gobierno “es manifiestamente perjudicial para los intereses de las dos provincias castellanas afectadas, Cuenca y Albacete, pues supone prorrogar el incumplimiento de sentencias judiciales emitidas hace lustros, y darle un nuevo respiro a la Comunidad Valenciana, que afrontará el nuevo Plan Hidrológico del Júcar con el mismo e injustificado peso político que ahora, lo que será demoledor para Castilla”, pues en el mismo se contemplará el reparto de agua para regadíos así como la sepultura definitiva de las 60.000 hectáreas de regadío que el propio Estado declaró de interés general hace décadas en La Manchuela conquense y albacetense y que siguen sin desarrollarse por presiones valencianas.

En el Partido Castellano (PCAS) quiere alertar que el documento mantiene el statu quo político actual, “ignorando nuevamente las sentencias, que permite mayoría valenciana por un solo vocal, si bien consagra la provisionalidad que dura ya años y que consideramos es una nueva afrenta y desprecio hacia el interior castellano y a las propias resoluciones de los tribunales”.

Para entender cuál es el problema, los castellanistas recuerdan que en Valencia se acuñó el término ‘demarcación del Júcar’ en lugar del habitual en todas partes de ‘confederación o cuenca del Júcar’, “pues se pretende mantener en la cuenca del Júcar a multitud de ríos independientes y no afluentes del Júcar, así como territorios que nada tienen que ver con el mismo”. La cuenca hidrográfica del Júcar incluye, tan solo, tierras de Cuenca y Albacete, así como el sur de la provincia de Valencia. No incluye ni la Albufera, ni Valencia capital (por donde transcurre el Turia) ni el norte de la provincia valenciana ni Castellón o el sur de Tarragona, como tampoco la provincia de Alicante, todas ellas si incluidas en el concepto demarcación. El objetivo de añadir territorios a la ‘demarcación’ Júcar que no son de la cuenca hidrográfica del Júcar “es político, dado que añadiendo población se consigue el control del río, de una importancia económica extraordinaria para ambas regiones, y que de otra forma no sería posible pues correspondería a los castellanos la mayoría en la Confederación, incluso con criterios demográficos”.

Con todo, el decreto incorpora una disposición transitoria que fija la hoja de ruta para poner fin a esa provisionalidad que mantiene los “inaceptables privilegios de los valencianos, pero los castellanistas alertamos de que ese pretendido fin es posterior a la elaboración del Plan Hidrológico del Júcar (donde quedará ya todo decidido), por lo que las consecuencias para Castilla serán irreversibles ya que nuestros intereses serán decididos y subyugados por los valencianos”.

Frente a todo ello, en el Partido Castellano (PCAS) queremos dejar claro que no nos basta con que “se gestionen por separado los ríos que como el Júcar, el Turia o el Palancia son independientes, o con que se transfieran a las autonomías las cuencas intracomunitarias, sino que cada región debe gestionar su tramo de los ríos comunes y adaptarse a lo que tiene”.

Por último, el Partido Castellano (PCAS) quiere alertar que una vez elaborado el Plan Hidrológico del Júcar, junto con el resto de planes hidrológicos, se elaborará el Plan Hidrológico Nacional, por lo que en éste “quedarán viciados y cercenados de origen los intereses castellanos, y los castellanistas nos tememos que una vez más, se ignorarán los regadíos que en su día fueron declarados de interés general por el Estado en La Manchuela y que los castellanistas reclamamos se construyan de una vez por todas”.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció ayer en Villena, donde asistió a una reunión con la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, que el Consell defenderá ante el Gobierno que la «permanencia» del trasvase Júcar-Vinalopó «quede garantizada», y subrayó que se trata de una infraestructura hídrica «estratégica que posibilita un uso sostenible del agua», y a la recuperación de la toma de Cortes de Pallás, en lugar de la Marquesa.En su intervención en el encuentro, destacó que el trasvase «es un ejemplo» de distribución «solidaria y eficiente» del agua «para satisfacer» las necesidades de los regantes. «Es una infraestructura hídrica estratégica que posibilita un uso sostenible del agua y es una gran garantía para el futuro de una agricultura rentable», enfatizó Fabra, que ha tardado dos semanas a pronunciarse públicamente, tras revelar este periódico las intencione del Ministerio de Agricultura de excluir de la futura demarcación hidrográfica del Júcar las comarcas de l´Alacantí y la Marina Baixa, lo que significará la ruptura del trasvase.»Para nuestros campos el agua es un factor clave en cantidad, calidad y precio para asegurar el futuro y seguir generando prosperidad y empleo», recalcó. Finalmente, Fabra señaló que la Generalitat está «en plena colaboración» con la Confederación del Júcar «para que se llegue a un acuerdo viable y definitivo, que permita a las comarcas alicantinas del Vinalopó, l’Alacantí y la Marina Baja recibir el agua prevista en las condiciones de calidad y precio adecuadas».

Reunión en Madrid
Por su parte, el secretario de Estado de Agua, Federico Ramos y la directora general, Liliana Ardiles, colaboradores directos del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, se comprometieron a su vez el martes con la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó, a buscar una solución que evite el bloqueo del trasvase, amenazado gravemente en estos momentos por el proyecto del Ministerio, impulsado por la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de excluir a las comarcas de l´Alacantí y la Marina Baixa, de la futura demarcación hidrográfica del Júcar.
Ramos y Ardiles se reunieron el pasado martes con una delegación de los regantes y usuarios alicantinos en Madrid para intentar calmar los ánimos, tras el incendio que ha provocado en la Junta Central, apoyada por la Diputación, el decreto en el que se perfila el nuevo mapa de las demarcaciones hidrográficas, con la creación de las denominadas Cuencas Internas de la Comunidad Valenciana, que dejaría en manos de la Generalitat comarcas sin ríos. Iniciativa que, además, daría el control del Júcar a Castilla-La Mancha, tal como han advertido los regantes y la Universidad de Alicante, dejando herido de muerte al trasvase Júcar-Vinalopó e, incluso, al abastecimiento de la propia ciudad de Valencia, cuyo suministro depende de un trasvase Júcar-Turia. La Junta expresó su malestar y recibió noticias tranquilizadoras, pero también un mensaje claro en Madrid. Desde el Ministerio se les trasladó su sorpresa porque reaccionen ahora de esta manera, cuando, según Agricultura, la tramitación del decreto de demarcaciones se realizó con el visto bueno de la que entonces era consellera, primero del Consell de Camps y después del de Alberto Fabra, Maritina Hernández. Por otro lado, el Ministerio reiteró que no pone pegas siempre a la toma de Cortes que haya acuerdo con la Acequia Real.

 El retraso en la aprobación de los planes de cuenca cuesta 200.000 euros diarios de multa, según explicó ante el Consejo del Agua el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Miguel Ángel Ródenas. A esta cantidad hay que sumar la sanción de 100 millones que ya ha impuesto la Unión Europea al Gobierno de España por haber incumplido los plazos de aprobación de los planes de cuenca, algunos de cuales llevan ya cinco años de retraso.Sin embargo, las sanciones de Bruselas, que cada mes representa la escalofriante cifra de seis millones, no evitarán que la aprobación definitiva del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura se retrase al menos otros ocho meses. Tras la aprobación del Consejo del Agua se reunirá la Comisión de Planificación de la CHS para elaborar el borrador y se abrirá un plazo de exposición pública de seis meses, lo que impedirá que el nuevo Plan pueda quedar definitivamente aprobado antes de final de año. La tramitación obligará además a someter el plan a la aprobación del Consejo Nacional del Agua y del Consejo de Estado, según precisó Ródenas.

Año 2008
«Es muy importante que saquemos adelante el plan, porque llevamos un retraso de cinco años», indicó Ródenas. El presidente de la CHS recordó que la planificación de las cuencas españolas debía estar concluida en el año 2008, «pero estuvo parada mucho tiempo».
El inevitable encaje entre los planes del Segura y del Tajo ha impedido sacarlos adelante hasta que se ha alcanzado un acuerdo entre las comunidades autónomas de Murcia y de Valencia con Castilla-La Mancha que permite mantener el trasvase del Tajo, aunque establece nuevas limitaciones, al elevar de 240 a 400 las reservas mínimas necesarias para que se pueda desembalsar agua de Entrepeñas y Buendía. Los intentos de Castilla-La Mancha por reducir al máximo los trasvases llevaron a la Confederación del Tajo a redactar un plan hidrológico frustrado hace varios años que sentenciaba las aportaciones al Segura, lo que obligó a reiniciar el proceso. También la CHS presentó un documento hace un par de años que fue rechazado por el Consejo del Agua.

Los embalses de los diferentes sistemas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que suministran agua a la Comunitat Valenciana acumulan con fecha 30 de abril 1.895,4 hectómetros cúbicos (Hm3), el 56,6 % de su capacidad, tras el aumento de 34,4 Hm3 respecto a la semana anterior.

El mayor incremento se ha registrado en el sistema Júcar (Alarcón, Contreras y Tous), con 24,9 Hm3 más, según ha informado la CHJ en un comunicado.

El sistema Júcar tiene embalsados 1.362 Hm3, el 58 % de su capacidad; el Turia, 132,1 Hm3, el 44,8 %; el Mijares, 109,7 Hm3, el 58,9 %; Marina Baja, 24,3 Hm3, el 84,2 %; Palancia, 5 hectómetros, el 82,7 %; Cenia, 10,3, el 93,6 %; Serpis, 23, el 86,9 %; y otros embalses, 228,7 hectómetros, el 51,5 %.

Respecto al año anterior, la reserva de los embalses de la CHJ ha crecido en 103,9 hectómetros, mientras que en la media de los diez años también es superior a fecha de hoy, en 584,3 Hm3.

La Secretaría de Seguridad del Ministerio del Interior ha empezado a estudiar una serie de medidas para prevenir los robos en las explotaciones agrícolas y ganaderas, entre las que destaca la elaboración de un mapa de cultivos.
El objetivo del mismo es permitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado identificar en cada momento dónde se emplazan los cultivos y cuál es el estado de maduración para su recolección, de manera que puedan priorizar la vigilancia sobre las explotaciones. La Comunidad Valenciana será la primera en contar con esta herramienta tecnológica, aunque podría extenderse al resto del territorio nacional a la vista de los resultados.

Peticiones de Asaja. A principios de mes, el presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, pidió al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, incluir dentro de la reforma del Código Penal propuestas contra los robos en el campo, un mayor castigo. Pese a que la petición ha recibido el apoyo inicial del Gobierno, Asaja todavía no ha recibido ninguna contestación del Ministerio, según confirmaron fuentes del sindicato a La Tribuna.
Barato y los responsables autonómicos de Asaja se reunieron con el titular de Justicia y el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en Madrid, para pedirles actuaciones ante la «alarmante situación» por el incremento de robos en las explotaciones rurales.

Medidas adoptadas. La Secretaría de Estado de Interior ya ha decidido adoptar un paquete de medidas para hacer frente a esta oleada de robos, entre las que destaca la promoción de reuniones periódicas entre los responsables policiales y representantes de las asociaciones agrarias en cada municipio, y la puesta en marcha Planes Municipales de lucha contra la delincuencia en el ámbito rural.
Además, se impulsarán e intensificarán las inspecciones periódicas en los lugares de venta de productos hortofrutícolas y, en el marco del Plan Nacional contra el Robo de Cobre que el Ministerio del Interior tiene previsto aprobar próximamente, se acentuarán las inspecciones que la Guardia Civil realiza en los lugares de venta de residuos metálicos, así como el control de las obligaciones de las empresas gestoras de residuos.
La Guardia Civil puso en marcha en 2011 el Plan contra las Sustracciones en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas con el objetivo de poner en marcha dispositivos específicos para reducir la actividad delictiva, que ha permitido concentrar unidades en las zonas críticas y confeccionar  mapas delincuenciales, con áreas críticas y puntos clave.
Asimismo, se han intensificado las reuniones con los colectivos afectados y se han articulado mecanismos rápidos de comunicación, se han elaborado informes sobre el modus operandi y perfiles criminológicos y, finalmente, se ha involucrado a diversas especialidades de la Guardia Civil como el Servicio de Proteceprona) para vigilancia y persecución; el Servicio Aéreo para controlar grandes extensiones; la Agrupación de Tráfico para ofrecer información sobre vehículos sospechosos; y la Agrupación de Reserva y Seguridad para intensificar controles y tareas de vigilancia.

El Esquema de Temas Importantes (ETI) de la cuenca del Segura, que es el documento que relaciona los asuntos importantes en materia de agua que deben ser recogidos en el Plan Hidrológico del Segura, ha sido aprobado con el voto favorable del 98 por ciento de los asistentes al Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Segura.

   Esto quiere decir que han votado a favor 83 de los 84 asistentes, incluido el director de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Aquilino Iniesta, y ha salido adelante con el único voto en contra de Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, representado por Julia Martínez.

   El acto ha sido oficiado por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Miguel Ángel Ródenas, y estaban convocados 84 representantes de las administraciones públicas estatal, autonómicas y locales, así como usuarios y asociaciones en defensa de intereses medioambientales, económicos y sociales.

   Según ha declarado Ródenas a los medios de comunicación tras la reunión, el visto bueno al ETI «nos anima a avanzar rápidamente en el paso siguiente, que es el borrador del Plan Hidrológico de la cuenca que queremos presentar cuanto antes con las ideas que se han plasmado ya».

   Ródenas ha admitido que el Esquema de Temas Importantes de la cuenca del Segura tiene referencias al Tajo, pero «en aquellas cosas que son referencias de leyes o datos que están recogidos. Se trata de cosas que están ahora mismo en negociación».

   Asimismo, ha reconocido que el ETI incluía algún párrafo «que no era afortunado, que estaba fuera de lugar, porque no es objeto del Esquema hablar de futuro, sino simplemente hablar de la situación en la cuenca del Segura».

   Tras ser aprobado el ETI, la CHS presentará cuanto antes a información pública el proyecto de borrador de Plan Hidrológico de la cuenca del Segura y, a continuación, habrá un plazo de seis meses para que todo el mundo pueda informar, opinar e introducir alegaciones.

   Finalmente, una comisión de planificación que irá analizando todas las cuestiones para que su manejo sea más sencillo en el Consejo del Agua, que será el encargado de someter el documento al último examen. El Plan Hidrológico tendrá que ser analizado finalmente por el Consejo Nacional del Agua y al Consejo de Estado, por lo que conlleva una tramitación «larga».

   Al ser preguntado por la influencia de la previsión de caudales trasvasables desde el Tajo, Ródenas ha aclarado que el ETI es «una lista de problemas que hay en la cuenca del Segura», con el fin de que el Plan Hidrológico los desarrolle.

   El problema más importante, explica, es el «mantenimiento del regadío, de toda la riqueza creada y los puestos de trabajo que supone su actividad». Esto, a su juicio, tiene que ser recogido y estudiado en el plan de cuenca.

   Ha recordado que la aprobación del Plan Hidrográfico lleva cinco años de retraso. Cabe recordar que el retraso de la planificación de las cuencas a nivel nacional se ha traducido en una multa de 100 millones de euros por parte de la Unión Europea al Estado español, a lo que hay que sumar 200.000 euros diarios de penalización.

DÉFICIT DE LA CUENCA DEL SEGURA

   Ródenas ha señalado que el ETI no reconoce las necesidades del regadío, sino que se trata de un asunto que debe recoger el Plan de cuenca. «Nos interesa que el Plan se apruebe cuanto antes, porque hay que llevárselo cuanto al Gobierno de España», ha señalado.

   De momento, el presidente de la CHS ha señalado que el ETI no recoge el déficit de la cuenca del Segura, sino que aparecerá en el borrador del proyecto de Plan Hidrológico de cuenca.

   Ha achacado la «confusión» a este respecto a que el anterior ETI «fue más allá de su contenido y se intentó hacer un avance del Plan donde se incluyeron unos déficits».

   En este caso, ha dicho que el déficit se conocerá cuando el Plan de la cuenca esté presentado en información pública, y la intención es que sea «cuanto antes».