La letra pequeña del memorándum en defensa del Tajo-Segura, firmado esta semana por el Ministerio de Agricultura y las comunidades de Murcia y Valencia, podría traer consigo un ataque directo hacia los intereses de Castilla-La Mancha. En concreto, el séptimo punto del documento al que ha tenido acceso La Tribuna plantea la «posible derogación de la disposición adicional primera de la ley 11/2005», es decir, de la ley del PSOE que modificó el Plan Hidrológico de José María Aznar. Una normativa que, en este punto exacto, permite «que Castilla-La Mancha pueda utilizar también el agua y la infraestructura del Acueducto Tajo-Segura», además de apuntar la «revisión a futuro» de los volúmenes trasvasables desde la cabecera del Tajo.
Otra propuesta que también podría suponer un giro radical en el actual status quo del agua, es el requerimiento de una revisión de la legislación actual «con la finalidad de mejorar los procedimientos de cesión de derechos, buscando la satisfacción de todos los interés y ámbitos competenciales afectados». Aquí, las plataformas en defensa del Tajo ven clara la intención del Levante de permitir la compra de derechos de uso de agua del Tajo por regantes del Segura. Derechos de agua que, como dicen, se irían directamente desde la cabecera del río a la tubería hacía el Levante. Lo consideran «un fraude de ley» en toda regla.

cambiar las reglas. Asimismo, este memorándum sentaría las bases para una «adaptación» de la Ley de Regulación del Régimen Económico de la Explotación del Tajo-Segura, fechada en 1980. Y es que, como dice el documento manejado por este diario, el objetivo no es otro que «el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y de una actividad agraria segura y sostenible». Un objetivo, aseguran, «estratégico y socioeconómico de primer orden para el Estado, cuya permanencia debe quedar garantizada».
En este sentido, llama la atención la demanda de actualizar también las reglas de explotación del trasvase al Segura, «conforme a las nuevas determinaciones de la planificación hidrológica del Tajo». El Levante requiere al Ministerio la revisión anual de estos «mecanismos de aplicación autonómica» para garantizarse para sí el agua del Tajo tanto en situación «de alerta» (sequías) como ordinarias. O lo que es lo mismo, siempre que lo requiera.
 Esta posible revisión anual de las reglas del trasvase podría, de facto, anular cualquier mejora para el río generada por el nuevo plan de cuenca del Tajo, que previsiblemente se aprobará a final de año.
Demandas todas que el Levante justifica en la «potencial variación de volúmenes» trasvasados y en el hecho «de que se superpongan a una situación ya de por sí desfavorable, caracterizada por la precariedad de los aprovechamientos para riego, y por las incertidumbres que como consecuencia del aumento natural de las demandas del Tajo, de la reducción de aportaciones de cabecera y de los posibles efectos del cambio climático, se generarán tanto a corto como a largo plazo».
Cabe recordar que este acuerdo fue suscrito el pasado martes en Madrid por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y los consejeros de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, José Císcar y Antonio Cerdá respectivamente. El Gobierno de Castilla-La Mancha no acudió a la citada reunión ni ratificó con su firma las demandas del Levante.

Grupo de trabajo. A partir de ahora, se ha constituido un grupo de trabajo coordinado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) e integrado por representantes del departamento y de las comunidades autónomas firmantes (Comunidad Valenciana y Región de Murcia). Según Francisco Ramos, en este foro de debate y análisis se hablará de la gestión del agua, y sus propuestas «serán tenidas en cuenta e incorporadas las que mejor convengan».
Las propuestas serán entregadas en un plazo máximo de tres meses, tras la firma de este Memorándum, a la Administración General del Estado, que tendrá el mismo período de tiempo para iniciar la tramitación de las actuaciones que corresponde a la vista de las propuestas que se realicen.

Alejandro Alonso, coordinador del grupo de parlamentarios nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha, ha exigido hoy al Gobierno de Castilla-La Mancha que deje de hacer seguidismo y aplaudir al Gobierno central y defienda los intereses de los agricultores y ganaderos para evitar que nuestra región no pierda ni un solo euro de los 1.000 millones que recibe cada año de la Política Agraria Común (PAC), impedir la reducción lineal del 5% de las ayudas que perciben todos los agricultores y hacer todo lo posible para que el viñedo no deje de recibir 200 millones de euros en concepto de ayudas por superficie elegible.

El diputado socialista ha mostrado su preocupación por el silencio con el que el Gobierno de María Dolores de Cospedal está recibiendo importantes decisiones en las que nuestra región se juega mucho y que afectarán muy negativamente a la supervivencia de las explotaciones agrícolas y ganaderas de Castilla-La Mancha.

En concreto, Alejandro Alonso ha señalado que, cuando se sabe ya que el presupuesto comunitario para la PAC se reduce un 13% respecto a lo que se percibía hasta ahora, digan lo que digan el ministro y la consejera de Agricultura, el Gobierno de Castilla-La Mancha deberían dejar de hacer seguidismo y aplaudir al Gobierno de Rajoy, y sentarse a negociar con fuerza como lo están haciendo los gobiernos de Andalucía y Castilla y León.

En este sentido, Alonso ha pedido que “si como dicen el ministro y la consejera de Agricultura España va a recibir más fondos que hasta ahora, no creo que tengan inconveniente en firmar un documento que asegure que Castilla-La Mancha recibirá por lo menos 1.000 millones de euros, como hasta ahora”.

Además, el diputado socialista se ha sorprendido de la pasividad con la que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha acogido otras dos decisiones que son gravísimas, injustas e insolidarias para el campo castellano-manchego.

Alonso se ha referido a que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha aceptado sin más la exclusión del viñedo entre las superficies elegibles que perciben ayuda por hectárea, “porque esta decisión supone, lisa y llanamente, que Castilla-La Mancha deje de percibir 200 millones de euros”.

El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso de los Diputados ha dicho también que el PSOE no aceptará la reducción lineal a todos los agricultores del 5% de sus ayudas propuesta por la Comisión Europa que se aplicará en 2014, y ha pedido al ministro de Agricultura que se ponga a trabajar para impedir una medida que “es injusta, insolidaria y que no tiene ninguna justificación”.

Alejandro Alonso ha pedido a los gobiernos central y autonómico que, cuando ya está claro que habrá menos dinero para el campo y nuevas reglas que perjudicarán el reparto de esas ayudas, se pongan a trabajar, sean más activos y más inteligentes o el resultado será más mucho más perjudicial para la agricultura y ganadería de nuestra región.

El PSOE de Talavera anunció que creará un grupo que se encargará de presentar alegaciones contra el memorándum, que “perpetua el trasvase Tajo-Segura y da a los regantes murcianos unos derechos al agua que jamás antes habían tenido y se los quitan a los talaveranos”, así como al Plan de Cuenca del Tajo, “si Lago no hace frente común para la ciudad”, según explicó el secretario general del PSOE local, José Gutiérrez, en la Asamblea Ordinaria del PSOE tras un año de la elección de la actual ejecutiva. Esta comisión estará constituida por miembros del partidos y dos ajenos al grupo.

El socialista aprovechó para calificar los casi dos años de Gobierno de Gonzalo Lago en Talavera como “de retroceso, de recortes y muy malos para la ciudad”. Entre sus argumentos, Gutiérrez recordó el “desgaste” de la educación pública, con más de 300 nuevos docentes en paro, y el “destrozo” en la sanidad, con cierres en centros de salud y de centros de día. También se refirió a los 15.222 parados que aguanta Talavera, de los que 6.000 no cobran ninguna prestación por desempleo y más de 4.100 familias tienen a todos sus miembros en el paro. En la misma línea, el secretario dijo que también se constituirá una mesa sectorial abierta a colectivos relacionados con la sanidad y el bienestar social por el “deterioro” que están sufriendo los servicios públicos y sociales.

Finalmente, se refirió acerca de la posible desaparición de las tres EATIM de Talavera y defendió a Talavera La Nueva, El Casar y Gamonal, por la reforma prevista sobre las administraciones locales.

Gutiérrez dijo que el alcalde, Gonzalo Lago, “no levanta la voz y se conforma” con las directrices del PP y criticó que todos los proyectos para la ciudad están en fase de “estudio de viabilidad”, como el área logística, el área metropolitana o el convenio de transportes con Madrid.

 El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, ha abogado este viernes por suprimir las empresas públicas que actúan como intermediarios en la gestión de las obras hidráulicas, ya que encarecen «innecesariamente» los costes de gestión del agua a los usuarios, según informó la federación en un comunicado.  

   Andrés del Campo señaló que una vez cumplido el objetivo para el que estas empresas de capital público se crearon, carece de sentido perpetuarse en el tiempo, máxime cuando ya existen corporaciones competentes y cualificadas para ello.

   Fenacore recuerda que deben ser las demarcaciones hidrográficas las únicas que se hagan cargo de la gestión de las obras de regulación, mientras que las comunidades de regantes deben hacer lo propio con la explotación de las obras de modernización de regadíos, evitando así duplicidades competenciales.

   «Por una mera razón de reducción de costes y eficacia, habría que terminar con la subcontratación de estas empresas públicas que fueron  constituidas en las últimas décadas con el cometido de gestionar o financiar nuevas infraestructuras hidráulicas; un cometido ya  terminado y que no tiene sentido mantener, máxime con la sequía presupuestaria de las Administraciones», señaló el directivo.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, aboga por flexibilizar la cesión temporal de derechos del uso del agua entre las cuencas del Tajo al Segura, para que los usuarios puedan disponer de recursos garantizados en épocas de sequía o de déficit de agua.
La propuesta de Fenacore se centra en reducir los trámites a un contrato entre organismos de cuenca, que facilitaría su puesta en práctica, en lugar de desarrollar una ley específica para llevar adelante el trasvase como sería necesario en la actualidad.
«De esta forma, en un contexto en el que afrontar la ejecución de trasvases exigiría una normativa específica, encendiendo todo tipo de tensiones políticas y territoriales, apostar por esta medida temporal evitaría una guerra del agua entre regantes de la cuenca cedente y receptora, en un momento además en el que los objetivos de déficit público hacen inviable acometer nuevas inversiones en obras de regulación», asegura esta asociación.
Además, recuerda que los trasvases se topan ahora mismo con una dificultad añadida por el aumento previsto del nivel de los caudales ecológicos, agua mínima necesaria para preservar los hábitats naturales, como ocurre en el caso del Tajo, dificultando así que pueda abastecer de forma permanente a la cuenca del Segura.
No obstante, para Fenacore, la construcción sostenible de embalses y trasvases intercuencas allí donde sea necesario sigue siendo una gran asignatura pendiente y la «mejor solución», junto a los bancos de agua, la alternancia de aguas superficiales y subterráneas, entre otras, para regular los efectos de la sequía cíclica que sufre España.

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ve «poco sensato» que los municipios ribereños y las plataformas de defensa del Tajo estudien denunciar el borrador del plan de cuenca de ese río y ha dicho que eso sería «recurrir contra los intereses de Castilla-La Mancha»

Ha argumentado que, entre otros avances, en ese borrador se ha conseguido una reserva estratégica del doble de hectómetros cúbicos, hasta los 400, además de devolver el río a Talavera y establecer nuevos caudales ecológicos o aumentar los existentes.

Esteban ha respondido así, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones, hoy de los responsables de los municipios ribereños y las plataformas de defensa del Tajo, que han dicho que estudian denunciar en Bruselas el borrador del plan de cuenca del Tajo y el memorando firmado por el Gobierno central, Murcia y Valencia.

El consejero portavoz se ha preguntado por qué se quiere recurrir algo que es «eminentemente bueno» para Castilla-La Mancha y ha considerado que eso es, precisamente, «recurrir contra los intereses de Castilla-La Mancha, y ha insistido en que le sorprende por qué recurren una medida que sube al doble la reserva estratégica y no lo hicieron antes, cuando era la mitad.

Respecto al memorando, ha afirmado que respetan cualquier opinión, pero ha precisado que «el plan de cuenca está publicado en el Boletín Oficial del Estado y es el que determina el régimen jurídico que establece agua para Castilla-La Mancha».

«Por tanto, para mí es lo sustancial, sin quitarle la importancia adjetiva que pueda tener la otra cuestión», ha asegurado.

Y sobre la propuesta de trasvase del Tajo al Segura para el segundo semestre, ha señalado que «en principio lo que hay es una propuesta» y habrá que ver cual es la decisión final que se adopta.

En cualquier caso, ha reiterado que el Gobierno de Castilla-La Mancha «siempre tendrá una actitud vigilante, constructiva y solidaria», sobre todo vigilante para que se cumpla la legislación y, si esta no se cumple, ha recordado que el Gobierno ha recurrido a los tribunales de justicia para intentar hacer valer sus derechos. EFE

El Boletín Oficial del Estado ha publicado información sobre la paralización de las obras de la tubería manchega. Preguntada por este asunto, la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, recordó ayer que esta obra tiene como objetivo el abastecimiento de los municipios de La Mancha y por tanto no tiene nada que ver con el regadío, puesto que es agua para abastecimiento.
De todos modos, Soriano reconoció que es una obra que está sufriendo un «gran retraso», recordando que en principio iba a tener una parte de financiación europea de hasta el 75%.
En este sentido, la titular de Agricultura indicó que la actuación del anterior gobierno socialista en esta materia «impidió, al paralizar el Plan Hidrológico Nacional, que España pudiera recibir ese porcentaje».
Añadió que esta obra debería estar ya finalizada hace más de tres años, por lo que culpó al gobierno socialista anterior de no poder contar con la financiación europea.
Sin embargo, Soriano dijo que el gobierno actual está terminando casi el 50% de la infraestructura, y por esa falta de financiación «tendrá que desarrollarse en función de las posibilidades económicas». En este punto, reiteró que «el PSOE frenó esta obra y por eso no se terminó».

memorándum y trasvase. En otro orden de cosas, el portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, volvió a referirse al memorándum firmado por los gobiernos del Levante y el Ministerio del ramo, reiterando una vez más que desde Castilla-La Mancha respetan cualquier opinión o estudio que quiera realizarse, pero hizo especial hincapié en que el plan de cuenca está publicado en el Boletín Oficial del Estado y «es el que determina el régimen jurídico».
Asimismo, preguntado por el último trasvase propuesto por la comisión de explotación, aclaró que es una propuesta y por tanto tendrá que verse el resultado final. Y de todos modos, aseguró que Castilla-La Mancha siempre tiene una actitud «solidaria» pero estará «vigilante».

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, consideró «factibles» las propuestas de reforma del Código Penal propuestas por el sindicato agrario Asaja para combatir los robos en las explotaciones agrarias y ganaderos, entre las que destaca la pena de prisión de 6 a 18 meses para las personas que sustraigan productos por valor superior a los 100 euros, según se informó La Tribuna en fuentes presentes en la reunión.
El presidente de Asaja, Pedro Barato, se reunió el miércoles con los titulares de Justicia y Agricultura, para agravar estos delitos en la futura reforma del Código Penal. En la actualidad, el anteproyecto está siendo debatido en la actualidad en el Consejo de Estado, antes de ser remitido al Congreso de los Diputados para el inicio de su tramitación parlamentaria.
Según las fuentes consultadas, Ruiz Gallardón se comprometió a responder por escrito, en 15 días, a las demandas de la organización agraria, a través de Arias Cañete, aunque está «muy de acuerdo» con demandas de Asaja relativas a un mayor castigo de la «multirreincidencia» o con la posibilidad de que se incluyan «no sólo los robos», sino los daños producidos en las explotaciones agrícolas o ganaderas en la tipificación de las penas. Así, el Ministerio de Justicia estudiará la posibilidad de incluir un artículo en el nuevo Código Penal para que se especifique como agravante los robos que se produzcan en las zonas que estén fuera de áreas habitadas o poblaciones, «vinculadas con las explotaciones agrarias y ganaderas».

Tres años de prisión. En estos casos, las penas por robo, con independencia de su cuantía, podrían llegar hasta los tres años de prisión. No obstante, el departamento que dirige Gallardón está estudiando esta medida para que la pena tenga relación con la cuantificación de lo robado y con los daños colaterales que se produzcan en el acto delictivo.
De igual modo, Gallardón también se mostró favorable a la propuesta de agravar los delitos de las personas multirreincidentes, de aquellas otras las personas y empresas receptivas de los productos robados, así como los robos de cobre o suministro eléctrico, unos delitos que se han disparado en los últimos meses.
Por otra parte, Pedro Barato ha desvelado que los titulares de Interior y de Agricultora hablarán con el de Interior, Jorge Fernández Díaz, para «incentivar» una protección por parte de las fuerzas de seguridad en áreas rurales. “La situación es muy «alarmante y ha habido muertes por robar un móvil y 50 euros», afirmó tras la reunión. La última muerte se produjo en Cheste (Valencia) a finales de marzo, cuando un vigilante de naranjos falleció de un disparo en un enfrentamiento con un supuesto ladrón. En 2011 murió un pastor en Cinco Casas (Ciudad Real). «Cuando va a empezar una campaña en el campo -ya sea de melones o de cultivos permanentes, como los leñosos- y empieza el riego, ya estamos temblando», concluyó.
Asaja presentó a los titulares de Interior y Agricultura una propuesta de reforma del Código Penal, con ocho modificaciones, para agravar los hurtos en las explotaciones agrarias y ganaderas, entre las que figuraba restringir las medidas cautelares que se dictan para lograr la libertad provisional, especialmente en el caso de los delincuentes multirreindicentes o pagar lo robado como requisito previo a la suspensión de las penas privativas de libertad.

El Gobierno de Castilla-La Mancha adoptó ayer tres importantes decisiones en materia de agricultura. La consejera titular del ramo, María Luisa Soriano, explicó tras la reunión del Consejo de Gobierno que una de estas medidas supone la asignación de 39,4 millones de euros para nuevas actuaciones con la finalidad de diversificar la actividad económica en zonas rurales.
La presentación y desarrollo de estos proyectos se realizará a lo largo de los años 2013, 2014 y 2015, ya que están incluidos en el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 aunque la Unión Europea permite que se puedan desarrollar durante dos años más. Hasta ahora, añadió, los 29 grupos han contado con 96 millones de euros para llevar a cabo 958 proyectos desde el año 2007, permitiendo la creación de 541 nuevos puestos de trabajo y la consolidación de 410.
En segundo lugar, Soriano señaló que se ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas para la promoción del vino de Castilla-La Mancha. Se trata -dijo- de promocionar los vinos de esta tierra en países que no son de la Unión Europea, para lo cual las bodegas, cooperativas y consejos reguladores podrán presentar proyectos hasta el 25 de mayo.
En concreto, la consejera detalló que las ayudas cubrirán el 50% de los gastos para hacer promoción del vino, que tendrá que estar amparado por alguna figura de calidad (denominación de origen, identificación geográfica protegida o pago vitícola, así como marca colectiva de calidad o vinos que contengan una variedad de uva y esté indicado en la etiqueta).
Soriano confió en que en la próxima campaña de vino pueda mantenerse el presupuesto de más de 8 millones de euros, aunque se concretará en la conferencia sectorial, y en el marco de esta campaña se celebrará la Cumbre del Vino anunciada por Cospedal.
En tercer lugar , el Consejo de Gobierno aprobó un presupuesto de 600.0000 euros para ayudas al sector agroalimentario de cara al desarrollo de nuevos productos, técnicas o procesos innovadores.

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha contestado a las plataformas en defensa de los ríos Tajo y Alberche y a la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía que recurrir el Plan de Cuenca del Tajo sería «ir en contra de los intereses» de la región.

Así ha reaccionado Esteban tras la reunión del Consejo de Gobierno preguntado por las críticas de estas asociaciones y su intención de «estudiar» si recurren el Plan de Cuenca, ante lo que el portavoz ha dicho que sería «poco sensato recurrir contra haber conseguido el doble de reserva en la cabecera del Tajo, o contra el incremento de caudales ecológicos, o contra que Talavera recupere un río al que no se le esperaba, o a que se zanje de una vez la guerra del agua».

Esteban se ha referido además al Memorando firmado entre el Gobierno central y los gobiernos de Murcia y la Comunidad Valenciana, y ha aseverado que desde el Gobierno regional «se respeta cualquier estudio que pueda aportarse para mejorar, pero el Plan de Cuenca ya está publicado y es el que determina el régimen jurídico».

Preguntado por el trasvase de 228 hectómetros cúbicos aprobado la pasada semana por la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura, Esteban ha recalcado que «en principio es una propuesta» y «ya se verá qué es lo que se hace finalmente».

«Siempre vigilaremos constructiva y solidariamente para que se cumpla la legislación. Cuando se ha cumplido, se ha cumplido y, cuando no, se ha recurrido a los tribunales, que es lo que se hace en un estado de derecho», ha finalizado.