La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, pidió ayer que se incluya en el futuro reglamento que regulará la Política Agrícola Común (PAC) los últimos avances logrados en el proceso de negociación del Ministerio de Agricultura con las autoridades comunitarias.
Soriano realizó estas declaraciones en Madrid, poco después de participar en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, en el que el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas han preparado el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la UE. «España ha logrado cerrar de forma más que satisfactoria los aspectos que más nos preocupaban, como el presupuesto para el período 2020, la limitación de hectáreas con derecho a ayudas o la flexibilidad en las exigencias medioambientales», explicó.
En este sentido, la titular de Agricultura subrayó que el punto de partida de la negociación era realmente malo, porque la propuesta oficial que la Comisión Europea hizo a finales de 2011, ante la «pasividad» de los gobiernos socialistas de Zapatero y Barreda, significaba el desmantelamiento de buena parte del sector agrario de Castilla-La Mancha.
Además, a ello se le sumaba el interés de muchos países en rebajar de forma sustancial los presupuestos para el campo, y añadió: «Eso nos conducía a una combinación de fuerte recorte de fondos y medidas perjudiciales para las explotaciones, lo que habría desembocado en un fuerte receso para un sector económico tan importante en Castilla-la Mancha como el agroalimentario».
Pese a ello, dijo que España ha logrado avanzar muchas posiciones en el seno de la UE gracias al consenso político alcanzado entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas y, en segundo lugar, al esfuerzo negociador del Gobierno.

«un gran vuelco». «Ahora, lo que nos preocupa es que todo ello quede definitivamente reflejado en el nuevo reglamento de la PAC. Se ha dado un gran vuelco ya con las decisiones que se han ido adoptando, pero lo que nos interesa es que definitivamente la Comisión termine por aceptar las propuestas, especialmente aquellas que más nos preocupaban», agregó.
En este sentido, Soriano dijo que, por el momento, ya está despejada la deuda del marco financiero, la casi segura posibilidad de limitar el número de hectáreas elegibles y, finalmente, la flexibilidad en aplicación del ‘greening’, es decir, del pago verde, que era una de las principales preocupaciones de Castilla- La Mancha para que las explotaciones agrarias y ganaderas de la región no perdieran competitividad.
Pese a estos avances, reconoció su preocupación por el sector ganadero, especialmente la ganadería sin tierra, donde España está defendiendo un mayor presupuesto para este sector, aunque expresó su optimismo de que finalmente se alcanzará el objetivo.
«En principio, los agricultores y ganaderos de la región pueden estar tranquilos, siempre y cuando, todo esto se plasme. Ahora mismo, estamos en el principio del final de la negociación y Castilla- La Mancha va a seguir dando la batalla para que la reforma atienda a la singularidad de nuestro territorio. Estamos muy confiados en como están desarrollándose las negociaciones», concluyó.

Prácticamente una cosa ha tirado de la otra, como si estuvieran  unidas por un mismo hilo. El borrador del Plan del Tajo propone aumentar a 400 hectómetros la reserva en los embalses de cabecera del río, Entrepeñas y Buendía, lo que se conoce como umbral de emergencia. Por debajo de esos 400 hectómetros, por tanto, no se podría trasvasar agua por el Tajo-Segura. La normativa que ahora hay en vigor fija esa reserva en 240 hectómetros cúbicos, por lo que, si se aprueba el Plan se subiría en 160. Exactamente en el mismo volumen se incrementará lo que se conoce  como umbral de alerta, que se puede entender como el paso previo al umbral de emergencia. Se fija también con un nivel de almacenamiento en Entrepeñas y Buendía que va variando mes a mes. La consecuencia práctica es que si el agua almacenada baja de esa línea roja, la aprobación de un trasvase ya no sería competencia de la Comisión de Explotación del Acueducto, sino que sólo podría aprobarse en el seno del Consejo de Ministros.
Si el umbral de emergencia de 400 hectómetros es el mismo para todo el año, el umbral de alerta va cambiando de mes a mes. Es superior en los meses en los que se supone que hay más agua almacenada e inferior en los meses posteriores al verano. Octubre es el mes con el nivel más bajo. Por ejemplo, en la normativa actual se fijaba esta línea roja en 456 hectómetros. Sin embargo, en la que ahora propone el Plan del Tajo, se subiría a 616. Lo mismo ocurriría con el mes de junio, el que tiene un nivel más alto. Con la normativa actual la línea roja post-primavera está en 564 hectómetros. Sin embargo, el borrador del Plan del Tajo propone incrementarla a 724.
Con la normativa vigente, los embalses de cabecera no están por debajo del umbral de alerta desde enero de 2010. Sin embargo, con los nuevos umbrales que propone el Plan del Tajo, también se habría decretado la situación de alerta desde septiembre del año pasado  hasta hace un mes.  Es decir, según lo que indica el texto del borrador, los últimos trasvases aprobados al Segura tendrían que haber contado con el visto bueno del Consejo de Ministros. Las últimas lluvias harían que a partir de abril, los embalses de cabecera salgan de esta situación de alerta, incluso con los nuevos niveles. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Entrepeñas está ya por encima de los 350 hectómetros cúbicos, con lo que está al 44,5% de su capacidad. En el caso de Buendía, ya almacena cerca de 550 hectómetros  cúbicos y supera el 30% de su capacidad. Entre los dos se aproximan a los 900 hectómetros cúbicos.

Este sábado se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado lo referente a la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. En el texto se aprecian modificaciones en diversas normas relativas al ámbito y constitución de dicha demarcación hidrográfica y de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

En este sentido, incorpora entre las nuevas funciones, la de promover la información, consulta y participación pública en el proceso planificador. Respecto a la composición del Consejo del Agua de la demarcación el texto refundido de la Ley de Aguas prevé la inclusión, entre los nuevos vocales, de representantes de las entidades locales, de los servicios periféricos de costas, autoridades portuarias y capitanías marítimas y de asociaciones y organizaciones en defensa de intereses ambientales, económicos y sociales relacionados con el agua.

En cuanto al número y distribución de los representantes de las comunidades autónomas en el Consejo del Agua, la nueva regulación mantiene las determinaciones de que deben efectuarse en función del número de comunidades autónomas de la demarcación y de la superficie y población de las mismas incluidas en ella, con un mínimo de un representante por cada comunidad autónoma. Estos criterios se han aplicado considerando, en todo caso, que el número total de vocales del Consejo no dificulte gravemente su operatividad.

En atención a ello el número de vocales en el Consejo del Agua de la demarcación hidrográfica en representación de las comunidades autónomas, se establece como el existente en el anterior Consejo del Agua de la cuenca, con la incorporación añadida de un vocal para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En el artículo 2 se recogen, como funciones y atribuciones del Consejo del Agua de la demarcación la aprobación del Reglamento de la Planificación Hidrológica, así como otras atribuciones que asignaban al Consejo del Agua de la cuenca el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

En definitiva, este real decreto establece las directrices que deben observarse para la constitución del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, para así proceder al cumplimiento de las funciones y atribuciones que le otorga el texto refundido de la Ley de Aguas y demás normativa vigente.

josé luis garcía valencia El Real Decreto sobre la Demarcación Hidrográfica del Júcar elaborado por el Gobierno y que permite al Consell mantener el control sobre la gestión del río Júcar, aunque de forma «provisional», frente a Castilla la Mancha, no entusiasma a los regantes ni a la oposición. El secretario general de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), Juan Valero de Palma, cree que sólo con un cambio en el Estatut de autonomía puede terminarse con la incertidumbre.
«Hay que buscar soluciones definitivas», apunta, y reclama al presidente Fabra que «recoja el guante que le lanzan todos los regantes» para modificar la carta en lo referente a la gestión del agua.
El punto en conflicto sobre el que puede pivotar el futuro control del río son las «cuencas intracomunitarias», es decir, las de los ríos que nacen y mueren dentro de la autonomía, como el Palancia o el Serpis. El estatuto valenciano incluye como competencia propia la gestión de las cuencas intracomunitarias. De desarrollar esa capacidad, la C. Valenciana perdería peso dentro de la Demarcación del Júcar y, por tanto, el control del río en favor del Gobierno de Cospedal.
Para que la Generalitat se vea algún día obligada a asumir dichas cuencas por la vía legal, Valero de Palma reclama que, ahora que el PP maneja una propuesta de reforma de Estatut para rebajar el número de diputados en las Corts de 97 a 77, incorpore la cuestión hídrica. El objetivo sería cambiar el texto para que la competencia sobre cuencas intracomunitarias sea simplemente una posibilidad y no un imperativo dentro del Estatut.
Al margen de esto, Valero de Palma lamenta la mención en el Real Decreto a la «problemática» del «abastecimiento» de Albacete. «No hay problema de calidad, garantía ni abastecimiento allí. Es una concesión innecesaria a los que incumplen la ley y el consenso, no se merecen esa referencia», lamentan los regantes. En USUJ están especialmente molestos con Albacete, que no paga por el agua que toma del embalse de Alarcón.
Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente del PSPV en las Corts, Francesc Signes, opina que «este decreto es un cierre en falso que no deja clara la defensa de la valencianidad del Júcar». A su juicio, «demuestra el poco peso de Fabra ante Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. ¿El plan hidrológico del Júcar será ‘provisional’ como este decreto ley?».
«El documento pone en riesgo la pérdida de la mayoría de la Comunitat Valenciana dentro del Consejo del Agua mientras Castilla-la Mancha va consiguiendo sus objetivos». «Esta dejadez del Gobierno de España solo augura nuevos pleitos e inseguridad jurídica», vaticina

El Ministerio de Medio Ambiente de Arias Cañete ha aprobado un real decreto que, de forma «provisional», permite a la Generalitat mantener el control en la gestión del río Júcar frente al Gobierno de Castilla-La Mancha de María Dolores de Cospedal. Así se desprende del texto que establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo de Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado.El documento mantiene el statu quo actual, en el que la C. Valenciana tiene mayoría por un solo vocal, pero consagra la «provisionalidad» de esta situación. Para entenderlo, hay que recordar que el Estatuto valenciano dice que la Generalitat puede asumir la gestión de las cuencas intracomunitarias (las que nacen y mueren en territorio valenciano, como el Palancia), una competencia que no ha desarrollado. De hacerlo, esas cuencas saldrían de la Demarcación Hídrica del Júcar, por lo que el Consell perdería peso en representación y, por tanto, el control de la entidad que regula el principal río valenciano.El nuevo decreto dice que la Demarcación Hidrográfica del Júcar «comprende el territorio de las cuencas hidrográficas intercomunitarias y, provisionalmente, en tanto se efectúa el correspondiente traspaso de funciones […], el territorio de las cuentas hidrográficas intracomunitarias comprendido entre la margen izquierda de la Gola del Segura en su desembocadura y la desembocadura del Cenia, incluido su cuenca; y además la cuenca endorreica de Pozohondo».Con todo, el decreto incorpora una disposición transitoria que fija la hora de ruta para poner fin a esa «provisionalidad», en perjuicio de los intereses valencianos. Se trata de una concesión del ministerio a De Cospedal, que reclama que Valencia asuma las cuencas intracomunitarias, como dicen los tribunales. Así, el texto apunta que «la adscripción de cuencas intracomunitarias no traspasadas será provisional hasta tanto se produzca la transferencia de sus funciones». «A continuación», dice, «se procederá a revisar la delimitación del ámbito territorial de la demarcación hidrográfica del Júcar», y también se modificará «la composición de los órganos de gobierno, administración y cooperación». De este modo, el ministerio consagra lo que ahora sólo era una posibilidad: si el Consell desarrolla las competencias estatutarias en materia hídrica perderá el control sobre el Júcar.Este decreto del Gobierno supone un cierre en falso del conflicto, ya que perpetúa esa situación de «provisionalidad» desde hace lustros. Con todo, representa un respiro para la C. Valenciana, que afrontará el Plan Hidrológico del Júcar con el mismo peso que ahora.

La «problemática» de Albacete
Además de esto, tal como apuntaba en el borrador, el real decreto reconoce en su preámbulo la unidad de gestión del sistema Vinalopó-Alacantí, con lo que, mientras se mantenga el status actual, el Júcar-Vinalopó será solo un canal entre territorios de la demarcación Júcar.
También se mantiene la mención en la exposición de motivos a la «problemática» del «abastecimiento de Albacete». Con esta referencia, aunque no esté en el articulado, el Gobierno valida el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Albacete del convenio del pantano de Alarcón. Ese ayuntamiento se niega a pagar por el agua que utiliza del pantano, lo que encarece el agua que usan los regantes valencianos.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguró esta semana, en el Pleno del Congreso de los Diputados, que el 95% de las ayudas de la PAC han ido destinadas a agricultores o ganaderos profesionales que recibieron entre 5.000 y 50.000 euros por beneficiario.
Según el último informe del Ministerio de Agricultura sobre la aplicación de la PAC en el 2012, un total de 149.316 personas fueron beneficiadas de estas ayudas en Castilla-La Mancha, y percibieron una media de 4.645 euros.
En el caso de productores que obtuvieron pagos superiores, el ministro subrayó la importancia de las explotaciones grandes en la generación de empleo, y aseguró que este factor de la creación de puestos de trabajo se tendrá en cuenta a la hora de discutir en la UE la reducción de los apoyos a los grandes receptores de ayudas.
En respuesta a una interpelación de la diputada del Grupo Mixto-BNG, Olaia Fernández, el titular de Agricultura mostró su satisfacción por los resultados conseguidos para España en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE sobre la Reforma de la PAC, sobre todo teniendo en cuenta la propuesta «absolutamente negativa para España que había presentado la Comisión.
Entre los objetivos logrados, Arias Cañete destacó el que se lograra mantener las hectáreas elegibles actuales para alcanzar niveles altos de apoyo, la prórroga de las cuotas en la remolacha, y que sigan limitados los derechos de plantación del viñedo, entre otros objetivos, completó.

La letra pequeña del memorándum en defensa del Tajo-Segura, firmado esta semana por el Ministerio de Agricultura y las comunidades de Murcia y Valencia, podría traer consigo un ataque directo hacia los intereses de Castilla-La Mancha. En concreto, el séptimo punto del documento al que ha tenido acceso La Tribuna plantea la «posible derogación de la disposición adicional primera de la ley 11/2005», es decir, de la ley del PSOE que modificó el Plan Hidrológico de José María Aznar. Una normativa que, en este punto exacto, permite «que Castilla-La Mancha pueda utilizar también el agua y la infraestructura del Acueducto Tajo-Segura», además de apuntar la «revisión a futuro» de los volúmenes trasvasables desde la cabecera del Tajo.
Otra propuesta que también podría suponer un giro radical en el actual status quo del agua, es el requerimiento de una revisión de la legislación actual «con la finalidad de mejorar los procedimientos de cesión de derechos, buscando la satisfacción de todos los interés y ámbitos competenciales afectados». Aquí, las plataformas en defensa del Tajo ven clara la intención del Levante de permitir la compra de derechos de uso de agua del Tajo por regantes del Segura. Derechos de agua que, como dicen, se irían directamente desde la cabecera del río a la tubería hacía el Levante. Lo consideran «un fraude de ley» en toda regla.

cambiar las reglas. Asimismo, este memorándum sentaría las bases para una «adaptación» de la Ley de Regulación del Régimen Económico de la Explotación del Tajo-Segura, fechada en 1980. Y es que, como dice el documento manejado por este diario, el objetivo no es otro que «el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y de una actividad agraria segura y sostenible». Un objetivo, aseguran, «estratégico y socioeconómico de primer orden para el Estado, cuya permanencia debe quedar garantizada».
En este sentido, llama la atención la demanda de actualizar también las reglas de explotación del trasvase al Segura, «conforme a las nuevas determinaciones de la planificación hidrológica del Tajo». El Levante requiere al Ministerio la revisión anual de estos «mecanismos de aplicación autonómica» para garantizarse para sí el agua del Tajo tanto en situación «de alerta» (sequías) como ordinarias. O lo que es lo mismo, siempre que lo requiera.
 Esta posible revisión anual de las reglas del trasvase podría, de facto, anular cualquier mejora para el río generada por el nuevo plan de cuenca del Tajo, que previsiblemente se aprobará a final de año.
Demandas todas que el Levante justifica en la «potencial variación de volúmenes» trasvasados y en el hecho «de que se superpongan a una situación ya de por sí desfavorable, caracterizada por la precariedad de los aprovechamientos para riego, y por las incertidumbres que como consecuencia del aumento natural de las demandas del Tajo, de la reducción de aportaciones de cabecera y de los posibles efectos del cambio climático, se generarán tanto a corto como a largo plazo».
Cabe recordar que este acuerdo fue suscrito el pasado martes en Madrid por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y los consejeros de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, José Císcar y Antonio Cerdá respectivamente. El Gobierno de Castilla-La Mancha no acudió a la citada reunión ni ratificó con su firma las demandas del Levante.

Grupo de trabajo. A partir de ahora, se ha constituido un grupo de trabajo coordinado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) e integrado por representantes del departamento y de las comunidades autónomas firmantes (Comunidad Valenciana y Región de Murcia). Según Francisco Ramos, en este foro de debate y análisis se hablará de la gestión del agua, y sus propuestas «serán tenidas en cuenta e incorporadas las que mejor convengan».
Las propuestas serán entregadas en un plazo máximo de tres meses, tras la firma de este Memorándum, a la Administración General del Estado, que tendrá el mismo período de tiempo para iniciar la tramitación de las actuaciones que corresponde a la vista de las propuestas que se realicen.

Alejandro Alonso, coordinador del grupo de parlamentarios nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha, ha exigido hoy al Gobierno de Castilla-La Mancha que deje de hacer seguidismo y aplaudir al Gobierno central y defienda los intereses de los agricultores y ganaderos para evitar que nuestra región no pierda ni un solo euro de los 1.000 millones que recibe cada año de la Política Agraria Común (PAC), impedir la reducción lineal del 5% de las ayudas que perciben todos los agricultores y hacer todo lo posible para que el viñedo no deje de recibir 200 millones de euros en concepto de ayudas por superficie elegible.

El diputado socialista ha mostrado su preocupación por el silencio con el que el Gobierno de María Dolores de Cospedal está recibiendo importantes decisiones en las que nuestra región se juega mucho y que afectarán muy negativamente a la supervivencia de las explotaciones agrícolas y ganaderas de Castilla-La Mancha.

En concreto, Alejandro Alonso ha señalado que, cuando se sabe ya que el presupuesto comunitario para la PAC se reduce un 13% respecto a lo que se percibía hasta ahora, digan lo que digan el ministro y la consejera de Agricultura, el Gobierno de Castilla-La Mancha deberían dejar de hacer seguidismo y aplaudir al Gobierno de Rajoy, y sentarse a negociar con fuerza como lo están haciendo los gobiernos de Andalucía y Castilla y León.

En este sentido, Alonso ha pedido que “si como dicen el ministro y la consejera de Agricultura España va a recibir más fondos que hasta ahora, no creo que tengan inconveniente en firmar un documento que asegure que Castilla-La Mancha recibirá por lo menos 1.000 millones de euros, como hasta ahora”.

Además, el diputado socialista se ha sorprendido de la pasividad con la que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha acogido otras dos decisiones que son gravísimas, injustas e insolidarias para el campo castellano-manchego.

Alonso se ha referido a que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha aceptado sin más la exclusión del viñedo entre las superficies elegibles que perciben ayuda por hectárea, “porque esta decisión supone, lisa y llanamente, que Castilla-La Mancha deje de percibir 200 millones de euros”.

El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso de los Diputados ha dicho también que el PSOE no aceptará la reducción lineal a todos los agricultores del 5% de sus ayudas propuesta por la Comisión Europa que se aplicará en 2014, y ha pedido al ministro de Agricultura que se ponga a trabajar para impedir una medida que “es injusta, insolidaria y que no tiene ninguna justificación”.

Alejandro Alonso ha pedido a los gobiernos central y autonómico que, cuando ya está claro que habrá menos dinero para el campo y nuevas reglas que perjudicarán el reparto de esas ayudas, se pongan a trabajar, sean más activos y más inteligentes o el resultado será más mucho más perjudicial para la agricultura y ganadería de nuestra región.

El PSOE de Talavera anunció que creará un grupo que se encargará de presentar alegaciones contra el memorándum, que “perpetua el trasvase Tajo-Segura y da a los regantes murcianos unos derechos al agua que jamás antes habían tenido y se los quitan a los talaveranos”, así como al Plan de Cuenca del Tajo, “si Lago no hace frente común para la ciudad”, según explicó el secretario general del PSOE local, José Gutiérrez, en la Asamblea Ordinaria del PSOE tras un año de la elección de la actual ejecutiva. Esta comisión estará constituida por miembros del partidos y dos ajenos al grupo.

El socialista aprovechó para calificar los casi dos años de Gobierno de Gonzalo Lago en Talavera como “de retroceso, de recortes y muy malos para la ciudad”. Entre sus argumentos, Gutiérrez recordó el “desgaste” de la educación pública, con más de 300 nuevos docentes en paro, y el “destrozo” en la sanidad, con cierres en centros de salud y de centros de día. También se refirió a los 15.222 parados que aguanta Talavera, de los que 6.000 no cobran ninguna prestación por desempleo y más de 4.100 familias tienen a todos sus miembros en el paro. En la misma línea, el secretario dijo que también se constituirá una mesa sectorial abierta a colectivos relacionados con la sanidad y el bienestar social por el “deterioro” que están sufriendo los servicios públicos y sociales.

Finalmente, se refirió acerca de la posible desaparición de las tres EATIM de Talavera y defendió a Talavera La Nueva, El Casar y Gamonal, por la reforma prevista sobre las administraciones locales.

Gutiérrez dijo que el alcalde, Gonzalo Lago, “no levanta la voz y se conforma” con las directrices del PP y criticó que todos los proyectos para la ciudad están en fase de “estudio de viabilidad”, como el área logística, el área metropolitana o el convenio de transportes con Madrid.

 El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, ha abogado este viernes por suprimir las empresas públicas que actúan como intermediarios en la gestión de las obras hidráulicas, ya que encarecen «innecesariamente» los costes de gestión del agua a los usuarios, según informó la federación en un comunicado.  

   Andrés del Campo señaló que una vez cumplido el objetivo para el que estas empresas de capital público se crearon, carece de sentido perpetuarse en el tiempo, máxime cuando ya existen corporaciones competentes y cualificadas para ello.

   Fenacore recuerda que deben ser las demarcaciones hidrográficas las únicas que se hagan cargo de la gestión de las obras de regulación, mientras que las comunidades de regantes deben hacer lo propio con la explotación de las obras de modernización de regadíos, evitando así duplicidades competenciales.

   «Por una mera razón de reducción de costes y eficacia, habría que terminar con la subcontratación de estas empresas públicas que fueron  constituidas en las últimas décadas con el cometido de gestionar o financiar nuevas infraestructuras hidráulicas; un cometido ya  terminado y que no tiene sentido mantener, máxime con la sequía presupuestaria de las Administraciones», señaló el directivo.