La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha asegurado que el nuevo presupuesto comunitario y la cantidad que recoge para la reforma de la Política Agraria Común (PAC) permitirá mantener la renta de agricultores y ganaderos hasta el año 2020. Soriano intervino en el Foro COPE Castilla-La Mancha con una ponencia titulada ‘La política agraria del Gobierno de Castilla-La Mancha en el contexto nacional y europeo’.

Recortes

Afirmó que el sector agroalimentario de Castilla-La Mancha debe estar tranquilo porque, a pesar de un ambiente de recortes europeos, España ha sabido mantener un presupuesto que permitirá atender el sector. La consejera de Agricultura comentó que Castilla-La Mancha está «muy satisfecha» por las negociaciones que ha hecho el Gobierno de España para defender el presupuesto.

La defensa de este presupuesto, dijo, «permite dar estabilidad al campo de España en el horizonte hasta 2020», si bien, precisó, ahora queda otra parte importante que es la reforma de la propia PAC. En este sentido, aseguró que el documento inicial que existe debe reformarse puesto que incluye aspectos que quedan por solucionar como «el que hace referencia al número de hectáreas elegibles».

«Estamos trabajando con el Ministerio para poder atender esta situación y que tengamos una PAC que permita la flexibilidad que necesita cada uno de los Estados miembro para así poder adaptarla a las condiciones que cada país tiene y atender la diversidad de ecosistemas que existen en cada una de las regiones», señaló Soriano.

La consejera de Agricultura resaltó la apuesta del Gobierno regional por el sector agroalimentario y consideró «fundamental» para su futuro desarrollo el que la Región cuente con una «economía resuelta».

Por eso, valoró que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya sido capaz de conseguir la estabilidad en las cuentas públicas a la vez que atender los servicios sociales básicos, lo que también permitirá atender sectores tan importantes como la agricultura y la ganadería.

Soriano señaló que la política agroalimentaria del Gobierno de Castilla-La Mancha pasa por apostar y defender la mejora de las explotaciones agrarias para que sean más rentables y competitivas, y también lograr la internacionalización de las industrias agroalimentarias, mejorar los canales de comercialización y lograr una Administración cercana a los ciudadanos.

El Tribunal Constitucional (TC) desestimó el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno de Murcia presentó contra el real decreto-ley del 18 de junio del 2004 que modificó la ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y derogó el trasvase del Ebro.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que el Ejecutivo murciano «no ha aportado ninguna razón» que justifique que el Gobierno central utilizó indebidamente esta vía legislativa o que incurriera en un caso de arbitrariedad de los poderes públicos. La pasada semana ya ocurrió lo mismo con otro recurso presentado por la Comunidad Valenciana.

Para el Gobierno murciano, ese decreto-ley vulneraba la Constitución porque no existían razones de urgencia para aprobarlo e infringía el principio de interdicción de la arbitrariedad de la administración pública.

Murcia expuso también que «se había vulnerado el derecho de participación desde la perspectiva del principio de lealtad institucional», al considerar que el PHN «funciona como un todo unitario interrelacionado que afecta a todo el territorio».

Asimismo, expuso que «el respeto a las competencias autonómicas y el principio de buena fe obligan a respetar ese derecho de participación en la elaboración de decisiones del Estado que hayan de ejercer una influencia decisiva en la esfera competencial autonómica».

La sentencia que desestima el recurso reconoce la validez del requisito de extraordinaria y urgente necesidad, «sin entrar a valorar la bondad técnica de las medidas aprobadas ni su oportunidad e idoneidad para paliar las deficiencias hídricas que han aquejado secularmente a las cuencas mediterráneas, juicios que no compete formular» al TC.

No encuentro manera más adecuada de comenzar mi colaboración en este blog que lanzando a los lectores dos preguntas: ¿cómo se explica que una cuestión tan relevante como la planificación hidrológica y la gobernanza del agua no avance con la agilidad deseada? y, la más inquietante, ¿para cuándo las necesarias obras de regulación?…

Digo necesarias porque España, sin estas obras, no podría disponer de más del 8% del agua de lluvia, porcentaje que supera el 42% en Europa; o dicho de otra manera: gracias a los embalses y trasvases hemos conseguido un nivel de regulación de más del 45%, con la diferencia de que Europa sí ha continuado realizando embalses para aumentar las garantías de agua.

Esta “cuasi parálisis hidráulica” amenaza nuestras producciones agrarias, que están perdiendo competitividad a pasos agigantados

Esta “cuasi parálisis hidráulica” amenaza nuestras producciones agrarias, que están perdiendo competitividad a pasos agigantados, ya no sólo por el brusco aumento de los costes de producción que las hace mucho menos rentables, sino por las denominadas guerras del agua.

Por todos es bien sabido cómo la presión de las autonomías ha propiciado conflictos territoriales injustificados por el reparto de agua, dificultando y en muchos casos impidiendo la aprobación de los planes hidrológicos de las cuencas y, en consecuencia, la ejecución del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y sus correspondientes obras de regulación.

También es verdad que la complejidad de los diferentes planes hidrológicos de cuenca no contribuye a acelerar la aprobación de estos planes por la excesiva cuantificación de caudales que refleja y que sin duda sería necesario simplicar; pero lo que sí es indiscutible es que si la Administración Central no aplica con firmeza la legislación ya existente en materia de aguas la continuidad del sector puede peligrar.

Claramente, esta firmeza a la hora de tomar las riendas de la política de aguas pasa por atribuir a las propias Confederaciones Hidrográficas, coordinadas con usuarios y autonomías, la cuantificación de las demandas y la determinación de los caudales ecológicos de las cuencas intercomunitarias de acuerdo a criterios técnicos, y no dejarlo en manos de las autonomías que actúan de acuerdo a criterios políticos y arbitrarios.

Como parece que no tendremos una solución a corto plazo, una respuesta a la sequía podría ser flexibilizar los contratos de cesión temporal de derechos del uso del agua

Como parece que no tendremos una solución a corto plazo, una respuesta a la sequía podría ser flexibilizar los contratos de cesión temporal de derechos del uso del agua. En esta medida encontraríamos una manera de disminuir los efectos negativos de la ausencia de lluvias, al convertirse en una alternativa ágil a la falta de embalses y trasvases en las cuencas menos reguladas.

Lo cierto es que, sea como fuere, hay que tomar medidas. Todos sabemos que en un país como el nuestro, con una pluviometría tan inestable, no podemos vivir pendientes del cielo para ver si llueve o hace sol. Insisto: las obras de regulación son una auténtica necesidad aunque ya no estén de moda.

Con estas infraestructuras se evitarían los daños producidos por las lluvias torrenciales, cada vez más frecuentes por las consecuencias del cambio climático; también permitirían almacenar el agua para utilizarla en los periodos de sequía que, por este mismo motivo, también serán cada vez más duraderos.

En definitiva, el impacto negativo del cambio climático será mínimo en las cuencas hidrográficas que tengan el mayor grado de regulación. Esto es una realidad.
 

Las dos cuencas hidrográficas más importantes para la provincia de Albacete, Júcar y Segura, así como la del Tajo, cuyo trasvase también cruza tierras albaceteñas, se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno de la nación.
Así lo reconoció en la última Comisión de Medio Ambiente del Senado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, quien señaló que estos dos primeros planes «son los que mayor dificultad están presentando» aunque también dejó claro que la fecha límite de diciembre de 2013 se tiene que respetar, so pena de sufrir fuertes sanciones económicas por parte de la UE.
Recordar que los planes de cuenca vigentes se aprobaron, en su totalidad, a finales de los años 90 y que la Directiva Marco del Agua de la UEestablece que debían estar todos revisados, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2009, hace ya más de tres años.

(Más información en la edición impresa)

La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, declaró ayer en Ciudad Real que el cobro de las ayudas de la PAC está garantizado hasta el año 2020. En un foro sobre la política agraria en Castilla-La Mancha, a preguntas de los medios, Soriano señaló que pese al recorte en los Presupuestos de la Unión Europea, España ha logrado mantener su cuota para la agricultura para los próximos 6 años. Esto, dijo, garantiza que las ayudas se seguirán manteniendo en el mismo nivel que se han estado repartiendo hasta ahora.
Soriano recordó que las ayudas de la PAC suponen un importante porcentaje de la renta de los agricultores y ganaderos, en particular, en comunidades como Castilla-La Mancha.
En este sentido, señaló que esta renta mantendrá su nivel durante los próximos años.
Por otro lado, destacó la importancia de que la Junta de Comunidades haya cumplido con el objetivo de déficit marcado por el Gobierno nacional y la UE, a lo que añadió que el equilibrio en las cuentas «es una condición indispensable para fijar las bases de una política agraria estable y duradera y mantener las ayudas al sector agroalimentario».
Sostuvo que para aplicar las políticas que queremos para el sector agroalimentario «es fundamental cuadrar las cuentas públicas con una visión a largo plazo, no sólo para atender los servicios sociales básicos, como estamos haciendo, sino también para afrontar los retos de un sector tan importante para Castilla-La Mancha como es el de la agricultura y la ganadería».
 «El cumplimiento del déficit por parte del Gobierno de Cospedal permite generar confianza en los mercados para que abran el grifo de la financiación a las empresas y cooperativas agroalimentarias; acabar con el alto nivel de endeudamiento; y posibilitar que se mantengan las inversiones públicas regionales en el sector», explicó.

Efectivos del Equipo de Investigación de la Compañía de la Guardia Civil de Albacete, procedieron a la detención de P.F.A. y de L.M.F.E, ambos de 54 años de edad y vecinos de Albacete, como presuntos autores de un delito contra el patrimonio cometido en El Ballestero.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 24 de febrero, en una finca del término municipal de la citada localidad, siendo denunciado ante la Guardia Civil al día siguiente de su comisión.

En su denuncia, el dueño de una explotación agrícola ponía en conocimiento de la Guardia Civil el supuesto hurto de aperos agrícolas (algunos de ellos muy antiguos), piezas de motores de tractores y maquinaria para trabajos de campo, valorando todo ello en 9.300 euros.

Las gestiones llevadas a cabo por efectivos del Equipo de Investigación de la Compañía de Albacete, fructificaron días más tarde a la comisión del hecho delictivo, recuperándose la práctica totalidad del material sustraído en un centro gestor de residuos de un conocido polígono industrial de esta capital. El material recuperado fue reconocido como propio por su legal propietario y denunciante, al cual se le hizo entrega en calidad de deposito.

Las pesquisas policiales realizadas tras la recuperación de dichos efectos culminaron con la identificación y posterior detención de los autores materiales del hurto.

La actuación se enmarca dentro de los servicios preventivos que efectúa la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en relación al ‘Plan contra las sustracciones en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas’.

Los detenidos contaban con un amplio historial de antecedentes por la comisión de hechos delictivos de similares características.

El Ayuntamiento de Albacete está a la espera de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) le entregue las obras terminadas del mirador y rehabilitación del depósito de agua de la Fiesta del Árbol.

La concejal de Medio Ambiente, Rosa González de la Aleja, explicó ayer en rueda de prensa que, tal y como avanzó recientemente ‘La Verdad’, la Confederación Hidrográfica del Júcar no ha entregado todavía estas obras, recepción que está prevista para el verano de este año, siempre y cuando el Ayuntamiento solucione con la CHJ algunos «escollos» como el arreglo de uno de los accesos al parque de la Fiesta del Árbol, deteriorado por la entrada y salida constante de camiones.

Solo solucionando estas deficiencias, el Ayuntamiento se pondrá a disposición de la Confederación para recepcionar el remodelado depósito de agua de la Fiesta del Árbol, donde se ha habilitado un mirador cubierto desde el que se divisa toda la ciudad. González de la Aleja añadió por último que, mientras tanto, el Ayuntamiento está estudiando cómo ceder la gestión de este recurso, ya que su coste anual de mantenimiento «es muy elevado».