El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, ha abogado este viernes por «flexibilizar» la cesión temporal de derechos del uso del agua entre las cuencas del Tajo al Segura para que los usuarios «puedan disponer de recursos garantizados» en épocas de sequía o de déficit de agua.

   De esta forma, del Campo, en lugar de desarrollar una ley específica para llevar adelante el trasvase, apuesta por reducir los trámites a un contrato entre organismos de cuenca, lo cual entiende que «facilitaría su puesta en práctica».

   Para el dirigente de los regantes, estos acuerdos bilaterales –que contarían con un control de la Administración para garantizar los órdenes de preferencia de uso–, «se alzan hoy por hoy como la alternativa más ágil y efectiva para paliar la falta de embalses y trasvases en las demarcaciones menos reguladas».

   «Apostar por esta medida temporal evitaría una guerra del agua entre regantes de la cuenca cedente y receptora, en un momento además en el que los objetivos de déficit público hacen inviable acometer nuevas inversiones en obras de regulación», ha señalado en un comunicado.

   Además, afirma que los trasvases «se topan ahora mismo con una dificultad añadida» por el aumento previsto del nivel de los caudales ecológicos –agua mínima necesaria para preservar los hábitats naturales– como ocurre así en el caso del Tajo, «dificultando que pueda abastecer de forma permanente» a la cuenca del Segura.

   En opinión de la federación, flexibilizando la cesión temporal de derechos del agua «no sólo se eliminarían las tensiones autonómicas» por el reparto de agua sino que además se contribuiría a «agilizar» la aprobación de los diferentes planes de cuenca todavía pendientes. Asimismo, considera que permitiría llevar adelante «con más facilidad» el Plan Hidrológico Nacional, cuyo retraso ha originado ya distintas sanciones por parte de la Unión Europea.

   La federación también reitera los «beneficios inmediatos» para los usuarios de ambas cuencas, ya que, como contrapartida por ceder temporalmente agua a una cuenca deficitaria como es la del Segura, se obtendrían unos incentivos que podrían destinarse a modernizar regadíos en la cuenca cedente, con lo cual se utilizaría el agua con «mayor eficiencia».

   No obstante, para Fenacore, la construcción sostenible de embalses y trasvases intercuencas «allí donde sea necesario sigue siendo una gran asignatura pendiente y la mejor solución» –junto a los bancos de agua, la alternancia de aguas superficiales y subterráneas, entre otras– para regular los efectos de la sequía cíclica que sufre España.

La consejera de Agricultura de la Junta, María Luisa Soriano, valora el acuerdo presupuestario alcanzado en Bruselas, pues a su entender «abre un horizonte de estabilidad» para los agricultores y ganaderos de la región, tras «las negociaciones más duras y más difíciles» mantenidas en la UE.

Soriano felicita así al Gobierno central por el resultado de unas negociaciones que, según sus datos, han dado como resultado el mantenimiento para España de las ayudas directas a la agricultura en 35.000 millones de euros para el periodo 2014-2020, mientras que el presupuesto para el desarrollo rural superará los 8.300 millones para el mismo periodo, un 3 por ciento más que en el septenio 2007-2013.

«Contra lo que preveían los agoreros, España ha logrado mantener un presupuesto similar», señala la consejera , que recuerda que en la cumbre anterior se perdían ayudas para la Política Agraria Común (PAC) que rondaban el 17 por ciento, lo que para la región habría supuesto la pérdida de unos 170 millones de euros al año, y «se podría haber puesto en aprietos al sector agrario de la región».

“BRILLANTE NEGOCIACIÓN”
El portavoz adjunto del PP de C-LM y senador Miguel Ángel Rodríguez, también mostró su “satisfacción” por el resultado de la cumbre europea, ya que gracias a la “brillante negociación” del Gobierno y de Mariano Rajoy los acuerdos del Consejo Europeo son “buenos para Castilla-La Mancha”.

    A su entender, España seguirá “recibiendo más de lo que aporta y eso será bueno también para C-LM, para nuestros agricultores y para nuestros ganaderos”.

Cuatro asociaciones de productores de energías renovables han anunciado hoy que emprenderán acciones legales contra las últimas medidas aprobadas por el Gobierno para reducir su retribución, al considerar que alteran la seguridad jurídica.

Así lo han señalado hoy representantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) y la patronal termosolar (Protermosolar) en un encuentro con los medios de comunicación.

Sin embargo, las asociaciones no han aclarado si iniciarán las acciones de forma conjunta ni en qué instancia lo harán, ya que directamente solo pueden recurrir las liquidaciones definitivas de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que se publican aproximadamente dos años después de cerrarse cada ejercicio.

La otra opción, según han explicado, es conseguir el apoyo de una comunidad autónoma, cincuenta diputados o cincuenta senadores para que presenten un recurso de inconstitucionalidad contra las normativas.

Las asociaciones han pedido también que el real decreto aprobado el viernes por el Gobierno, por el que se cambió el método de actualizar y acogerse a las primas, se tramite como proyecto de ley con el objetivo de que pueda admitir modificaciones durante el proceso parlamentario.

El presidente de APPA, José Miguel Villarig, ha considerado que el último real decreto es «la guinda» a la «política de acoso y derribo contra las renovables» del Gobierno, al que ha acusado de «comprar todos los argumentos» a las grandes eléctricas.

Villarig ha criticado las últimas normativas, en especial la que obliga a las plantas renovables a optar entre una tarifa fija o el mercado, porque altera sus parámetros de retribución, que queda sujeta a criterios políticos.

«Nos sentimos estafados», ha apuntado, al tiempo que ha lamentado la falta de diálogo con el Gobierno y ha asegurado que, a la hora de ajustar costes, «solo se estudian las alternativas que vienen desde (la patronal de las grandes eléctricas) Unesa».

Por su parte, el presidente de Protermosolar, Luis Crespo, ha dicho que la aplicación de la ley de medidas fiscales para la generación eléctrica y el cambio en la normativa de primas supone reducir en un 33 % los ingresos de las plantas termosolares.

Ha considerado que de esta manera se reduce «retroactivamente la rentabilidad de las inversiones», lo que supone «una expropiación en toda regla» que lleva a los proyectos a «pérdidas» e incluso de quiebra.

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha asegurado que los pequeños productores están «en la ruina» tras ver reducida la retribución prevista inicialmente en un 40 %.

Por su parte, el director general de UNEF, José Donoso, ha señalado que, debido a los cambios en la regulación, los fondos internacionales han empezado a considerar las renovables españolas como «no elegibles» y ha estimado que los productores nacionales «se han convertido en rehenes de su propio Gobierno».

Las asociaciones han añadido que todas mantienen contactos con la Unión Europea para defender sus intereses y han alertado de que la quiebra de las plantas puede derivar en un problema financiero que sobrecargaría los balances de los bancos.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ya avanzó el pasado viernes que emprendería «todas las acciones legales a su alcance» contra el último real decreto del Gobierno, que considera que tiene un impacto en la retribución del sector de 300 millones de euros. EFECOM

Ecologistas en Acción ha pedido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que los nuevos planes hidrológicos de demarcación no contemplen nuevos embalses, trasvases, ni regadíos nuevos y que sí tengan en cuenta el mantenimiento de caudales ambientales y la creación de reservas naturales fluviales.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado a Europa Press el portavoz en materia de agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Baraja, tras reunirse este jueves con la directora general del Agua del MAGRAMA, Liana Ardiles, en el marco habitual de diálogo permanente de este departamento con los distintos colectivos.

En la reunión se han abordado los temas más importantes en materia de agua, como las mejoras que han supuesto el marco normativo o los avances en la planificación hidrológica.

Concretamente, Martín Barajas ha precisado que en la cita han hablado sobre el reglamento del dominio público hidráulico, de los planes hidrológicos de las demarcaciones; del incremento de los regadíos; de los caudales ambientales; de los efectos sobre el agua del fracking; de embalses que tienen previstos, como el de Biscarrues y el de Alcolea y, por último, sobre una presa que hay que demoler en la comunidad de Madrid en el río Aulencia (afluente del río Guadarrama) «porque tiene bastantes lodos tóxicos». «Hemos transmitido nuestra preocupación por algunos temas», ha añadido.

Concretamente, sobre el ‘fracking’ (método para extraer gas), han reclamado a Ardiles que lo impidan en las zonas donde hay acuíferos, porque según han advertido al Ministerio, se puede producir «una contaminación gravísima».

En este sentido, según el representante de Ecologistas en Acción, la directora general del Agua les ha trasladado que se ha creado un grupo de trabajo en el Ministerio con todas las Confederaciones Hidrográficas y las agencias de agua de las comunidades autónomas para abordar y estudiar este asunto y establecer «condicionantes limitativos al fracking».

Sobre esta iniciativa, Martín Barajas se ha felicitado porque partió de una propuesta de la organización en el Consejo Nacional del Agua. «Parece que lo han tenido en cuenta», ha concluido.

La inseguridad en el campo y la necesidad de que continúe la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para «luchar contra esta lacra» fue el principal asunto que los agricultores trataron con el subdelegado del Gobierno en Albacete, Federico Pozuelo, en la reunión celebrada recientemente en la localidad de Pozo Cañada.

Pozuelo mantuvo un encuentro en el Ayuntamiento del municipio con el presidente provincial de Asaja, José Pérez Cuenca, así como la gerente de la organización agraria, María José Ríos y otros representantes de la asociación en la zona, reunión a la que también asistió la alcaldesa de Pozo Cañada, Llanos Soria.

Según informó la Subdelegación, se abordaron «temas relativos a la situación actual de la agricultura» en la provincia albaceteña, incluyendo «la ola de robos que se están sufriendo», sobre todo de cobre en los sistemas de riego, lo que implica un importante daño económico. Pozuelo ofreció «todo el apoyo necesario» y expresó su intención de trasladar a a la Guardia Civil y la Policía Nacional la felicitación de Asaja Albacete por las «importantes operaciones y detenciones realizadas».

Un millar de agricultores y ganaderos de la Región, convocados por UPA Castilla-La Mancha, se sumó ayer a la protesta convocada por la organización agraria en Madrid para pedir al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una posición «firme y rotunda» que evite que España pierda un solo euro ante la nueva PAC que entrará en vigor en 2015.

El secretario general de UPA Albacete, Julián Martínez, señaló que «no se puede permitir bajo ningún concepto» una reducción del actual cheque agrícola, y trasladó la preocupación del sector por el hecho de que se produzca una merma de las ayudas comunitarias en el actual contexto de crisis, aumento de costes y bajos precios.

Cumbre europea

UPA, que ha convocado un calendario de movilizaciones en paralelo a las negociaciones para debatir el marco financiero de la UE en el periodo 2014-2020, en las que se enmarca la cumbre de jefes de Estado y de gobierno que se desarrolla hasta hoy viernes, cifra de 600 a 1.000 millones al año la posible pérdida a la que se enfrenta España con las propuestas que están sobre la mesa.

Con lemas como ‘¿Señor Cañete, estamos caducados?’, ‘No al desmantelamiento del campo’ o ‘Sin precios no hay futuro’, los manifestantes, llegados de toda la geografía nacional, pidieron al Gobierno de Mariano Rajoy que «pelee de verdad» por el interés del campo. El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, afirmó que España no solo podría perder el 20% de los fondos de la UE, sino también que las ayudas recalarán en «agricultores de sofá», como propietarios de fincas, ya que la UE primará la hectárea y no a los agricultores que realmente viven de la actividad agraria.

Fondos de cohesión

En declaraciones a los medios, aseguró que, tras viajar el miércoles a Bruselas y entrevistarse con representantes de la Comisión Europea, Eurocámara y sector agrícola de distintos países, la sensación de todos es que «España no está en primera fila de defensa de la PAC» y que, pese a lo que mantiene el ministro Miguel Arias Cañete, éste «parece tener más interés en defender los fondos de cohesión». «Que no nos mienta», reclamó el dirigente agrario.

El cheque agrícola de la PAC solo representa el 1% de los presupuestos de la UE, lo que supone un coste por día a cada contribuyente de tan sólo 30 céntimos, pese a que asegura alimentos seguros para 500 millones de europeos, mantiene el medio rural «vivo» y genera 27 millones de empleos directos, añadió el secretario general de UPA.

Ramos afirmó ser consciente de la situación de crisis actual, pero dijo que sería un error que la UE opte por recortar los fondos para agricultura cuando otras potencias competidoras las aumentan, como China (+130%), Brasil (60%) y Estados Unidos (+40%). «No podemos permitir que se recorte ni un solo euro» a los agricultores, defendió el secretario general, quien detalló que estos fondos son «imprescindibles» para evitar la desaparición de miles de explotaciones agrarias.

UPA inició el pasado 22 de noviembre las movilizaciones y defiende un paquete de medidas que, junto con el presupuesto de la PAC, incluye otras cuestiones como la necesidad de que apruebe una ley de la cadena alimentaria que resulte «realmente eficaz para los agricultores y ganaderos» y que «se deje de remilgos», según señaló Julián Martínez, ya que «parece que lo que se pretende es no molestar a las grandes empresas de distribución».

La exministra de Medio Ambiente critica que se hayan reducido las primas a las renovables cuando Alemania las impulsa

Sergi Pitarch Tras dejar el Congreso de los Diputados y entrar en el Consejo de Seguridad Nuclear , la exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, vuelve a saltar a la arena política con un artículo en el libro «No es economía, es ideología» (Deusto, 2012), que ya va por su segunda edición. Todavía recueda los duros años al frente del departamento que derogó el trasvase del Ebro, puso en vereda a los chiringuitos de la costa valenciana e impulsó las desaladoras. «Pese a que casi me tiraban piedras (bromea), la C. Valenciana y Murcia fueron las autonomías que más visité durante mi mandato», defiende.

La tesis de su artículo se resume en que la crisis se ha utilizado para frenar las políticas medioambientales. Revela que el impulsor de este «retroceso» en España fue el presidente Zapatero en su segunda legislatura.
De manera muy miope. Hay algunas cosas claras, como el recorte de las primas a las renovables que se producen durante el mandato de Miguel Sebastián como ministro de Industria. En el año largo del PP se ha profundizado en esa dirección, se ha desmantelado un sector que genera empleo.

Justo cuando Mariano Rajoy visita Alemania revelan que en un año han montado más placas solares que España en toda su historia. ¿No parece de locos?
Alemania tiene la mitad de horas de sol que España y tiene diez veces más potencia instalada de energía solar fotovoltaica.

¿Qué le sugiera la frase: «El agua de los ríos no se puede tirar al mar»?
Algo muy rancio, esa la idea de que el agua no tiene otra función que la estrictamente productiva. Es una afirmación que todavía hoy se utiliza, una prueba más de la falta de incorporación del conocimiento científico al ámbito de la política. Hemos tenido recientemente el debate de la Ley de Costas que ha puesto en evidencia que el actual Gobierno considera una estupidez el cambio climático. Se ha vendido la moto de que la Ley de Costas va a solucionar la crisis. Hay 600.000 casas sin vender.

Usted tuvo duros enfrentamientos con el Gobierno valenciano por la aplicación de la Ley de Costas…
Nos limitamos a aplicar una ley de 1988. Cuando llegué muchas provincias no tenían hecho ni el deslinde entre dominio público y privado.

En Valencia se le criticó mucho esta actitud. Ahora con perspectiva. ¿Cambiaría alguna de las decisiones que tomó?
Es imposible darle gusto a todo el mundo cuando las posiciones son distintas. El PP ha buscado el aplauso de personas que se han colocado fuera de la ley. Eso no crea empleo. La propia reforma de la Ley de Costas parece estar hecha a medida para contentar a personas muy determinadas.

El Constitucional ha avalado la derogación del Trasvase del Ebro ocho años después. ¿A buenas horas mangas verdes? Los votos que hubiera salvado.
Que la Justicia sea lenta comporta injusticia. Muchas veces esa lentitud hace que se pague por algo injustamente. Desde el punto de vista político, que una sentencia salga tan tarde para mi ha supuesto un coste. Pasa lo mismo con el «Algarrobico», que motivó un debate interno muy duro en el PSOE.

Dice uste en su artículo que el Tajo-Segura está sobredimensionado.
El Tajo-Segura se hizo en un momento en que las previsiones de lluvias eran mucho mayores. Con esas espectativas se generó una agricultura que ni en el mejor de los años podía ver satisfechas sus demandas. Se preveían 1.000 hectómetros cúbicos de caudal y el máximo fueron 600. Ahora los Gobiernos del PP se están dando cuenta que con el cambio climático se ha reducido el agua y se debe ser más restrictivo. Eso pone de manifiesto que por mi parte no había una negativa sectaria.

¿Cuál es la solución para el Tajo-Segura?
Tendrán que adaptarse a las normativas europeas y garantizar un caudal ecológico. Me alegro mucho de que pese a las grandes dificultades puestas por los gobiernos del PP, la práctica totalidad de las desaladoras está construidas o casi construidas.

Otro foco de conflicto en la Comunitat Valenciana. Las desaladoras.
Aquí tuve que pedir amparo al Constitucional para poder comenzar las obras en la planta de Torrevieja. Tuvimos muchas dificultades y eso ha significado retrasos, que obligan ahora al Gobierno a acelerar las obras para no perder fondos europeos.

Para usted Aznar es el padre de todos los males. Desde la liberalización del suelo al desdén por el cambio climático.
Fue la primera norma. El primer decreto ley de 1996 reducía el suelo que debía destinarse a VPO. Nada más llegar. De aquellos polvos estos lodos. Es muy evidente que ahí arrancó un problema y también es igualmente evidente que los gobiernos socialistas no fuimos capaces de detener a tiempo el estallido de la burbuja.

Resulta, según su tesis, que el «milagro económico español» fue «más ficticio que real».
Fui muy crítica entonces con el desarrollo inmobiliario y con el sobreendeudamiento de empresas y familias. En España, al contrario que en Grecia, la crisis tiene un origen privado, y eso lo podríamos haber evitado desde el Banco de España. Y todo lo que hemos conocido de la caída de las cajas indica que el Banco de España no se ejerció de una forma eficiente la supervisión.

¿Es usted una ecologista radical?
Estoy satisfecha de que se me considere una ecologista radical, porque el mundo se ha instalado en la insensatez radical. Estoy en la defensa radical del planeta. El modelo de los países ricos es injusto socialmente.

¿Apuesta por modificar impuestos antes que subirlos?
Si se redujeran los subsidios a los combustibles fósiles podríamos ayudar a la renovables.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, expresó ayer, en el Congreso de los Diputados, su frontal rechazo a la ayuda lineal por hectárea propuesta por Bruselas en la reforma de la PAC porque supondría el «hundimiento del sistema» agrícola y ganadero del país. «España solicita que la superficie sobre la que se aplique el nuevo sistema de ayudas pueda limitarse a aquella que ejerce una verdadera actividad agrícola y ganadera, evitando que superficies improductivas puedan recibir ahora pagos directos», afirmó.
Miguel Arias Cañete compareció ayer en la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja para exponer la situación de los debates de la reforma de la PAC que, previsiblemente, culminará en este semestre. El titular de Agricultura explicó que unas 21 millones de hectáreas en España cobran ahora de la PAC una media de 229 euros. De aprobarse el modelo propuesto por Bruselas, este número podría elevarse a 38 millones y la cuantía de ayudas a unos 118 euros por hectárea, disminuyendo drásticamente los fondos que reciben los agricultores y ganaderos.
Frente a esta propuesta, España pide que la aproximación de las ayudas no sea total, y que las pérdidas y ganancias a nivel de beneficiario puedan limitarse. Por ello, Arias Cañete señaló que la Convergencia debe llevar aparejada la limitación de las superficies elegibles a unas cifras similares a las utilizadas por la Comisión, en el cálculo de la Convergencia externa entre los Estados Miembros, lo que en el caso de España supone una cifra entorno a los 21 millones de hectáreas.
En este sentido, reconoció que un factor fundamental será la negociación del presupuesto. «España, junto con sus aliados, está liderando la defensa del presupuesto de la PAC», afirmó.

El ministro aseguró que «una reforma de la PAC como la que estamos abordando precisa de un presupuesto suficiente y, para lograrlo, el Gobierno continuará realizando todos los esfuerzos necesarios para que el Marco Financiero que se adopte mantenga el nivel de participación de España en el porcentaje de gasto global».

El PSOE no quiere que España pierda ni un euro

El portavoz de Agricultura del PSOE, Alejandro Alonso, subrayó durante su comparecencia en la comisión del Congreso que el presupuesto comunitario «marca todo», e instó al ministro que no respalde ningún acuerdo que implique una pérdida económica para España. «Ni un euro menos. España no puede renunciar ni a un solo euro de lo que procede de Bruselas, que asciende a unos 7.500 millones de euros», exclamó, para respaldar finalmente al Gobierno en su rechazo a la posibilidad de que se incremente en 17 millones el número de hectáreas que reciban ayudas de la PAC en España.

En defensa del sector agrario: política, precio y presupuesto’. Con este lema, el mismo con el que ya salieron a la calle el 22 de noviembre pasado en la capital albaceteña, más de un millar de agricultores y ganaderos castellano-manchegos pedirán mañana día 7, en Madrid, que se mantenga la cuantía de las ayudas comunitarias en la nueva PAC que se está negociando.

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Albacete, Julián Martínez, explicó ayer que los profesionales del campo no pueden permitirse «un reajuste a la baja de las subvenciones» ya que esa circunstancia pondría en jaque la rentabilidad futura de las explotaciones en un contexto de «disminución de la renta agraria y subida de los costes de producción».

La manifestación, convocada a nivel nacional por la organización agraria, supone un nuevo paso en las movilizaciones que comenzaron en noviembre de 2012 y que, en esta ocasión, coincide con el inicio de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la UE prevista para los días 7 y 8 de febrero, en la que se retomará el debate sobre el marco financiero para el periodo 2014-2020.

Martínez recordó que este presupuesto será el que regirá en la Política Agraria Común (PAC) para 2014, aunque la entrada en vigor de la nueva PAC no se producirá hasta un año más tarde.

UPA calcula que, de salir adelante la propuesta que en noviembre lanzó el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, «a medio camino entre la propuesta inicial y la planteada por Reino Unido y Alemania», Castilla-La Mancha perdería, «como mínimo», 4.000 millones de euros entre 2014 y 2020.