Madrid/Valencia, 29 ene (EFE).- Los embalses de la cuenca del Júcar se encuentran al 41,8 de su capacidad, cuatro décimas más que la semana pasada, mientras que los del Segura están al 55,3%, 2,5 puntos más que hace siete días.

La reserva hidráulica se encuentra al 62,4 % de su capacidad y en conjunto suma 34.528 hectómetros cúbicos de agua, lo que representa un aumento del 3,5 % en relación a la semana anterior, informa hoy el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La del Júcar es la cuenca con menor porcentaje de agua embalsada (41,8%), seguida de la del Duero (43%), Tajo (47,1%), CCII Cataluña (53,5%) y Segura (55,3%).

Las mayores variaciones se han registrado en la cuenca mediterránea andaluza, con una reducción de cuatro hectómetros cúbicos, y en la del Guadalquivir, con un incremento de 448 hectómetros cúbicos.

Las máximas precipitaciones, que han sido abundantes en toda la península, se han registrado en San Sebastián con 104 litros por metro cuadrado.

El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua embalsada:

Cuenca Capacidad Situación actual Agua Embalsada

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Cantábrico 633 572 90,4 %

Miño-Sil 3.030 2.376 78,4 %

Galicia Costa 684 580 84,8 %

CCII País Vasco 21 20 95,2 %

Duero 7.507 3.219 43,0 %

Tajo 11.012 5.185 47,1 %

Guadiana 8.635 6.238 72,2 %

C. Atl. Andaluc. 1.880 1.514 80,5 %

Guadalquivir 8.101 6.439 79,5 %

C.Medt. Andaluc. 1.177 858 72,9 %

Segura 1.141 631 55,3 %

Júcar 3.336 1.393 41,8 %

Ebro 7.493 5.131 68,5 %

CCII Cataluña 677 362 53,5 %

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TOTAL 55.328 30.969 62, 4%

EFE

Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha ha advertido que en la próxima reforma de la Política Agraria Común la región se juega unos 140 millones de euros. Esto es casi el 14 por ciento de los aproximadamente 1.000 millones de euros de ayudas de la UE que llegan al campo regional cada año, y el porcentaje que quiere reducir la Comisión Europea. Por eso, el director general de la unión regional de cooperativas agrarias, José Luis Rojas, hizo ayer un llamamiento a que tal reducción no se haga efectiva.
Rojas recordó que una reducción de la PAC no sólo afectará a sus perceptores directos, los titulares de las aproximadamente 150.000 explotaciones agrícolas y ganaderas de la región, sino también a las cooperativas y demás empresas transformadoras y comercializadoras de esta producción. Estas empresas, recordó el directivo de las cooperativas, han dado un importante salto hacia la exportación, con la consiguiente traducción en empleos, que puede perderse por la austeridad mal entendida de las autoridades de la Comisión Europea.
Rojas también recordó el papel de la PAC a la hora de asegurar a los consumidores un suministro de alimentos de calidad y, sobre todo, asequible, que puede verse afectado si se reduce el papel moderador de costes que cumplen las subvenciones agrarias. Aquí desmintió el gran gasto que a la PAC suelen atribuir sus detractores. Así  recordó que las ayudas agrarias sólo suponen el uno por ciento de los presupuestos sumados de la Unión Europea y sus estados miembros.

Cumbre decisiva. Rojas explicó que las organizaciones europeas de cooperativas y de organizaciones agrarias han dirigido cartas a los presidentes de Gobierno, de la UE, incluido el español Mariano Rajoy, recordando el perjuicio que una reducción de ayudas causaría a los 26 millones de europeos que ahora viven de la producción agrícola y ganadera. «Una reducción presupuestaria aumentará el desempleo», profetizó pensando en regiones de fuerte base agraria como Castilla-La Mancha.
Por su parte, la técnico de las cooperativas regionales Nuria Villanueva comentó que para el diseño futuro de la nueva PAC será  decisiva una cumbre de gobiernos europeos prevista para el siete y ocho de febrero. Si hubiera un acuerdo, la nueva reforma podría entrar en vigor el año que viene.

El Ejecutivo también ha aprobado la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación con el objetivo de reconocer el talento de los investigadores, impulsar el liderazgo empresarial en I+D+i e incrementar la competitividad de la economía.

El Consejo de Ministros ha aprobado medidas para asegurar el equilibrio económico del sistema eléctrico en 2013 sin perjudicar a los consumidores mediante un aumento de la tarifa de la luz.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría¹, ha explicado que los costes del sistema eléctrico han sufrido un incremento creciente en los últimos meses y en paralelo se ha producido una reducción de los ingresos por la caída de la demanda: “Más costes y menos demanda hacen necesaria la adopción de medidas urgentes para evitar una subida que afectaría a la factura”.

Para ello, ha aprobado un Real Decreto-ley que modifica el sistema de retribución de las actividades reguladas y la fórmula de retribución a las instalaciones del régimen especial, que permitirá dar estabilidad a la previsión de costes del sistema y ahorrar entre 600 y 800 millones de euros anual

Cambio en la actualización de los costes

El Ministro de de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria², ha explicado que en la actualidad la retribución por las actividades reguladas como el transporte, la distribución los costes extrapeninsulares o el régimen especial se actualiza tomando como referencia el Índice de Precios al Consumo (IPC).

Para evitar que estas actualizaciones tengan en cuenta elementos ajenos al sistema eléctrico, como el incremento del IVA o el de los alimentos no elaborados, la retribución se actualizará con el IPC a impuestos constantes, es decir, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos. La medida supone un ahorro estimado de unos 337 millones de euros anuales.

Fórmula única de retribución a las instalaciones de régimen especial

El Real Decreto-ley aprobado hoy establece que la retribución de todas las instalaciones de régimen especial se lleve a cabo bajo la fórmula de tarifa regulada salvo que el titular de la instalación decida percibir solamente el precio del mercado (sin prima). Este sistema de tarifa regulada establece un precio fijo a percibir por la instalación.

La medida trata de evitar la volatilidad de las estimaciones en los costes y tiene un ahorro estimado de entre 250 a 500 millones de euros dependiendo del precio de mercado.

Crédito extraordinario para las energías renovables

El Gobierno también ha analizado un Anteproyecto de Ley para conceder un crédito extraordinario de 2.200 millones de euros con el fin de hacer frente a los posibles desfases que a lo largo de 2013 puedan aparecer en los ingresos y costes del sistema.

El objetivo, según ha subrayado el ministro, es equilibrar el sistema eléctrico y que en 2013 el déficit tarifario sea cero.

Ciencia, Tecnología e Innovación

El Ejecutivo ha aprobado la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación y el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación . Ambos documentos “constituyen la espina dorsal del sistema de ciencia y tecnología en los próximos años”, según ha destacado el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos³.

Los dos planes se han elaborado recogiendo las aportaciones del sector de la investigación y de las diferentes administraciones públicas. De Guindos ha señalado que se han recibido más de 1.400 sugerencias y muchas de ellas se han incorporado.

Mientras la Estrategia 2013-2020 contiene los objetivos, reformas y medidas que deben abordarse en todo el ámbito de la I+D+i para potenciar su crecimiento e impacto, el Plan 2013-2016 concreta exclusivamente las actuaciones de la Administración General del Estado, estableciendo las prioridades científico-técnicas y sociales y la distribución de los recursos.

Objetivos de ambos planes

Luis de Guindos ha explicado que el Gobierno quiere que las personas se incorporen al sistema de ciencia y tecnología en España por su talento y que se favorezca su empleabilidad. Además, ambos planes se caracterizan por la excelencia. Para alcanzarla habrá concurrencia entre los proyectos, una evaluación externa de los recursos que se invierten en los mismos, de acuerdo con estándares internacionales, y la revisión de los resultados será continua.

El ministro también ha señalado que el Ejecutivo apoya la I+D+i empresarial, y especialmente de las PYMES, a través de todos los procesos de colaboración público privadas.

Los dos planes también tienen como finalidad que la ciencia y la tecnología se se pongan al servicio del ciudadano. Para ello se identifican una serie de retos establecidos en el programa europeo del Horizonte 2020, que se han considerado prioritarios desde el punto de vista social.

Luis de Guindos ha reiterado que el Gobierno trata de primar los mejores proyectos, en concurrencia, con transparencia, favorecer la cooperación público-privada y que eso sea rentable desde el punto de vista social y económico, ha reiterado.

El ministro ha anunciado que los documentos aprobados hoy se presentarán en el Congreso el próximo 11 de febrero. “Se pone de manifiesto la voluntad del Gobierno de utilizar la politica de ciencia y tecnología como una palanca fundamental a la hora de modificar nuestro modelo económico”, ha dicho.

Publicidad y comunicación institucional

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2013 que prevé una inversión de 33 millones de euros, lo que representa una reducción del 6,5 por 100 respecto a la planificación del pasado año, según ha destacado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La promoción de hábitos saludables y seguros, los derechos sociales y el apoyo a las nuevas tecnologías son los objetivos prioritarios de las campañas institucionales en 2013.

El Plan recoge información detallada de cada una de las 44 campañas institucionales, 17 menos que el año pasado, y se pone a disposición de las asociaciones del sector y de los ciudadanos, de acuerdo con el principio de transparencia del Gobierno, a través de la web de La Moncloa .

Por otra parte, el Gobierno también ha aprobado el Plan General de Publicaciones Oficiales de la Administración⁴ General del Estado para el año 2013 . La vicepresidenta ha apuntado el plan tiene un coste máximo de 10 millones de euros y prevé unos ingresos de cuatro millones.

Otros acuerdos

• Informe sobre el anteproyecto de Ley que suspende dos artículos de la vigente Ley de Poder Judicial
• Acordado solicitar al presidente del Gobierno la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra Decreto Ley de Cataluña en materia de horarios comerciales

Asuntos de actualidad

Preguntada por las repercusiones que podrían tener para el Ejecutivo las informaciones difundidas en los últimos días sobre las cuentas del Partido Popular⁵, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reiterado que “esta mesa es la mesa del Gobierno” y “hay que diferenciar muy claramente los planos”. Se ha remitido a los comunicados y declaraciones de los dirigentes de la formación y, en particular, a las que tiene previsto hacer Mariano Rajoy el sábado, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional⁶ del partido.

Sobre el presidente ha señalado que lleva doce años trabajando con él en el Gobierno y en la oposición y “siempre he visto una conducta ejemplar, siempre ha dado ejemplo de una vida recta al servicio público”.

El Ejecutivo, ha señalado la vicepresidenta “goza de una gran estabilidad parlamentaria” y sigue adoptando reformas. “Estamos plenamente dedicados a esas tareas”.

También se ha mostrado partidaria de que los partidos políticos hablen de su financiación: “El Gobierno vería con buenos ojos que así se hiciera”. “Bienvenidas sean las propuestas. Los que nos dedicamos a esto somos los primeros interesados en que se llegue hasta el final” en la delimitación de responsabilidades, ha dicho.

Respecto al pacto por la transparencia y contra la corrupción y la propia Ley de Transparencia, -a la que ha definido como “un antídoto contra la corrupción”- se ha mostrado partidaria de hablar con todos, también con el Partido Socialista⁷, y de trabajar para llegar a un acuerdo, “eso sería bueno”.

Por su parte, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha recalcado que, en sus reuniones con responsables económicos extranjeros, no ha constatado que estas informaciones hayan tenido “un impacto significativo ni en el mercado de bonos ni en el de otros indicadores”, y ha insistido en que el Gobierno “está comprometido en devolver a España a la senda del crecimiento”.

 El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha iniciado el procedimiento de participación pública del borrador de Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

 Esta modificación tiene por objetivos reforzar los aspectos preventivos de la Ley y simplificar el trámite administrativo del procedimiento de constitución de la garantía financiera obligatoria.

La experiencia adquirida durante estos años de aplicación de la Ley, ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los aspectos preventivos de la misma, para lo cual se considera necesario el uso de los análisis de riesgos ambientales como herramienta de minimización y gestión del riesgo ambiental. De este modo, la realización de análisis de riesgos ambientales no se limita a la determinación de la cuantía de la garantía financiera, pudiéndose aplicar por parte de todos aquellos operadores interesados en conocer y minimizar el riesgo de ocasionar daños medioambientales de su actividad.

 Por otro lado, también se ha identificado la necesidad de simplificar ciertos aspectos de su aplicación, tanto para los operadores económicos, como para las administraciones públicas, sin que ello suponga una disminución del objeto de la ley que es regular la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños ambientales.

Con las modificaciones propuestas, se agiliza el procedimiento para la determinación de la garantía financiera, siendo el operador obligado a constituir una garantía financiera, quien determine su cuantía a partir de la realización del análisis de riesgos de su actividad y quien comunique a la autoridad competente la constitución de la misma.

 Asimismo, se van a introducir otros cambios necesarios en el capitulo IV, debido a la necesidad de adaptar las disposiciones relativas al Fondo de Compensación de daños ambientales. Además, el anteproyecto de Ley plantea otras modificaciones necesarias en el capítulo V sobre infracciones y sanciones y en el capítulo VI sobre normas aplicables a los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental. También se adaptan otros aspectos de la Ley a la redacción de la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental.

 El plazo para el envío de comentarios a este anteproyecto de Ley finaliza el 11 de febrero de 2013.

Lun, 04/02/2013

EFE

La superficie de regadío en España se incrementó en un 1,4 % en 2012, hasta un total de 3.522.616 hectáreas, con lo que se mantuvo la tendencia al alza registrada desde 2006, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El sistema de riego que más se ha extendido en 2012 ha sido el de aspersión, con un 8,7 % más hasta 541.150 hectáreas.

También ha aumentado la superficie con riego automotriz, con el 4,4 % más hasta 297.149 hectáreas, y localizado, con 0,3 % más hasta 1.662.847 hectáreas.

Por el contrario, ha descendido un 1,1 % el riego por gravedad, con 1.020.406 hectáreas.

Desde 2004, año que toma como referencia el Ministerio para el informe, se destaca que el riego localizado ha sido el que más se ha extendido en los últimos años, con 465.382 hectáreas nuevas.

El automotriz, a su vez, se incrementó en un 14 % con respecto al periodo 2004-2001.

Por comunidades autónomas, Andalucía lidera la superficie de regadío nacional, con 1.026.808 hectáreas, el 29,15 % del total.

A continuación se sitúan Castilla La Mancha y Castilla y León, con 497.556 y 425.122 hectáreas respectivamente, más del 14 y el 12 % del total estatal, y Aragón, con 379.511 hectáreas, el 10,77 % del global.

Por tipos de riego, Andalucía concentra cerca de la mitad del riego localizado, con el 45,42 % del total, mientras que el de aspersión se encuentra sobre todo en Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón y Andalucía, que suman el 77 % del total estatal.

El automotriz se localiza principalmente en Castilla y León, con el 42,60 % del total, y Castilla La Mancha, con el 29,38 %, mientras que el de gravedad se encuentra más disperso entre diferentes comunidades.

Por cultivos, los cereales concentran el 28,2 % de la superficie regada, con 994.753 hectáreas.

A continuación se sitúa el olivar, con el 20,8 % del total y 731.025 hectáreas; el viñedo, con 334.240 hectáreas (el 9,5 %) ; los cítricos, con 286.590 hectáreas (el 8,1 %), y el resto de frutales, con 255.846 hectáreas, (el 7,3 %).

En relación con la superficie total de producción, los cítricos y las hortalizas son los que hacen un mayor uso del regadío, ya que éste representa el 93,7 % y el 91,7 % del total sembrado, respectivamente.

Especialistas de 20 países en economía del agua de todo el mundo se reunirán en la Universidad de Alcalá entre el 6 y el 8 de febrero, en una iniciativa que forma parte del Proyecto EPI Water, financiado por la Unión Europea.

Este proyecto tiene como objetivo hacer propuestas de instrumentos económicos que sirvan para enfrentar los grandes retos de la gestión del agua como son la escasez, los riesgos crecientes de sequías e inundaciones, la degradación de la calidad de las fuentes de agua y el cambio climático.

Además de un foro académico en el que, especialistas de más de 20 países, presentarán propuestas concretas para mejorar la gestión del agua en Europa, la Conferencia será una plataforma de dialogo entre la investigación, las instancias de decisión política, los usuarios y las organizaciones de defensa del medio ambiente a nivel Europeo.

La Conferencia ha sido organizada por el Instituto IMDEA Agua y el Grupo de Economía Ambiental de la Universidad de Alcalá. El Comité organizador está dirigido por el profesor Carlos Mario Gómez de la Universidad de Alcalá y Coordinado por Gonzalo de la Cámara, Investigador de IMDEA Agua.

• Más información sobre el Proyecto EPI Water
• Información sobre el Proyecto en España

En la sentencia se recuerda que la Constitución atribuye al Estado la competencia en materia de legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos en las cuencas intercomunitarias y que «no puede considerarse el uso del agua como un privilegio económico o social ni como una discriminación para las cuencas cedentes».

Asimismo apunta que al Estado corresponde ponderar los intereses de las cuencas cedentes y cesionarias para, atendiendo el principio de solidaridad interterritorial y de equilibrio económico entre las diversas partes del territorio español, fijar el contenido y alcance de las tarifas» por la explotación del trasvase Concluye que la reducción de la tarifa no puede calificarse de insolidaria.

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad que interpuso la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra los artículos 89 y 90 de la Ley 24/2001. Ésta modificaba la regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura y sustituía en la forma de cálculo de la tarifa de conducción de las aguas excedentarias trasvasadas desde la cuenca del Tajo a la del Segura, la aportación consistente en el ‘coste de las obras’ por el de ‘amortización de coste de las obras’.

Igualmente sustituía el valor del ‘coste total de las obras’ para el cálculo de la tarifa, el ‘coste de las obras’ por la de amortización del coste de las obras’ en la actualización bianual de la tarifa y añadía una precisión a la utilización del acueducto para el aprovechamiento, dentro de la provincia de Albacete, de los recursos subterráneos existentes.

Además incorporaba un nuevo apartado referente a la forma de cálculo de la tarifa a abonar por los beneficiarios de las aguas derivadas a la cuenta alta del Guadiana, a través del acueducto, por el uso del tramo que utilicen de esa infraestructura, según se desprende de la sentencia dictada.

Al respecto, en el recurso presentado el representante de la Junta de Comunidades señalaba que estos artículos afectaban a la regulación jurídica del trasvase Tajo-Segura, contenida en la Ley de 1980 y de 1995 y que se vulneraba el principio de seguridad jurídica, al introducirse esas modificaciones en una ley llamada vulgarmente «de acompañamiento» a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Además, denunciaba la vulneración de la prohibición de arbitrariedad, con lo que la compensación económica a la cuenca cedente es «decreciente» en el tiempo y «llamada a desaparecer» en el mismo momento en que se haya amortizado la inversión inicial, «en la medida que la disminución de la tarifa de conducción del agua y la supresión del mecanismo de compensación propicia una utilización no racional de los recursos naturales».

De esta manera, indicaba el letrado del Consejo de Gobierno castellano-manchego que se produce una disminución tarifaria para los destinatarios del trasvase, «con correlativa disminución de los recursos de las comunidades autónomas de la cuenca cedente y un aumento de tarifas para los regantes afectados por las filtraciones del túnel del Talave». Un trato, añadía, «desigual» entre todos los beneficiarios por las compensaciones provenientes de los distintos trasvases.

Concluía su escrito de alegaciones denunciando la vulneración del principio de solidaridad y equilibrio interterritorial por la nueva regulación, «al suprimir los preceptos impugnados las compensaciones que debería recibir la Región por la imposibilidad del uso de los recursos naturales presentes en la propia Comunidad, e imponer el pago por la restitución de caudales de agua perdidos, no trasvasables».

Por su parte, el abogado del Estado sostenía que la finalidad de estas leyes de modificar otras para contribuir a alcanzar determinados objetivos de política económica, «es totalmente lícita».

Con relación a la supuesta infracción del principio de solidaridad, el abogado del Estado indicaba que el hecho de que una medida cause una disminución, «exigua», de ingresos a una comunidad «no puede calificarse de infractora», pues, desde el punto de vista contrario, «las comunidades receptoras del agua pueden justificar el sacrificio que hace la de Castilla-La Mancha en nombre de solidaridad y de la justicia y adecuación del equilibrio interterritorial», ya que «la solidaridad entre comunidades autónomas puede entrañar sacrificios de unas a favor de otras, tanto más cuando se trata del agua, un bien de dominio público nacional».

Sin embargo, agregaba el letrado, que la Región no concreta la disminución económica de los ingresos que le causa la medida, ni detalla porqué el sacrificio que hace resulta insolidario o generador de un desequilibrio económico interterritorial», tampoco porqué la compensación a los beneficiarios por las aguas infiltradas en el túnel de Talave puede considerarse injusta.

Para el representante del Senado la cuestión de la técnica legislativa no tenía conexión con la posible invalidez constitucional de la norma. Por lo que el Alto Tribunal comunica que no le corresponde a la jurisdicción constitucional pronunciarse sobre la perfección técnica de las leyes, al tiempo que apunta que no se aprecia que los preceptos cuestionados establezcan discriminación de ningún tipo.

En consecuencia, el Tribunal Constitucional señala que no puede tacharse de arbitraria una norma «que persigue una finalidad razonable y que no se muestra desprovista de todo fundamento, aunque pueda legítimamente discreparse de la concreta solución adoptada».

Por último recuerda a Castilla-La Mancha que el agua es un «recurso esencial» de carácter «unitario e integrante de un mismo ciclo hidrológico», de manera que «corresponde al legislador estatal en exclusiva la potestad para excluir genéricamente del tráfico jurídico privado las aguas continentales y para integrarlas en el dominio público del Estado». Y añade que «la redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias es una materia cuya regulación corresponde en exclusiva a la legislación estatal».

J. SIERRA VALENCIA La adaptación de los sistemas de gestión del agua del Júcar al nuevo escenario marcado por el cambio climático tendrá un coste millonario difícil de evaluar. Sin embargo, no hacer nada tiene un sobrecoste definido: 107 millones de euros. Al menos ese es el cálculo del «análisis hidroeconómico» realizado por Alvar Escrivà i Bou como trabajo final del Master en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).
El autor ha utilizado el estado de conocimiento más actual sobre el previsible impacto del cambio climático a nivel regional desarrollando una metodología propia para definir y analizar posteriormente posibles estrategias de adaptación.
Nadie discute, y así se recoge en el trabajo, que se van a producir «importantes disminuciones de los recursos en las cuenca mediterráneas, con importantes impactos ambientales, económicos y sociales». La novedad del trabajo estriba en el cálculo de los resultados que tendrá el coste de la escasez de recursos asociado a los déficits de demanda en entornos de gran importancia económica y social como la producción hidroeléctrica en el Júcar, la economía agrícola asociada a los regadíos tradicionales de la Ribera, al canal Júcar-Turia y al abastecimiento de Valencia y Sagunto.
En los tres escenarios temporales: el corto (2011 – 2040), el medio plazo (2041 – 2070), y el largo plazo (2071 – 2100), el cálculo mes a mes arroja un significativo descenso de las garantías para atender las que han sido las demandas históricas de este río y las estimadas para ese periodo. Este descenso de las garantías, con algunos altibajos en el medio plazo, es especialmente acusado en el largo plazo, cuando alcanza entre un 40 y un 50 por ciento. Dicho de otro modo, un de cada dos meses no habría recursos suficientes para atender la demanda actual. Caería el volumen de agua almacenada en los embalses y el caudal turbinado en las centrales hidroeléctricas.
En el corto plazo, el coste de la escasez alcanzaría un valor promedio anual de 30,6 millones, de los que las demandas hidroeléctricas representan 22,4 millones.
A medio plazo aumenta el coste de escasez hasta 45,514 millones, siendo los regadíos y los abastecimientos, por este orden, los más perjudicados. A partir del año 2071-el largo plazo- los costes de la escasez se dispararían hasta alcanzar una cifra próxima a los 107,3 millones de euros (90,6 si no se incluyen los usos hidroeléctricos). Algunos regadíos como el canal Júcar-Turia, serían prácticamente inviables si tienen que asumir esos costes.
Entre las estrategias de adaptación, la investigación propone como más eficaces una mejora en la eficiencia en los riesgos tradicionales del Júcar, una disminución de la demanda en la Mancha Oriental, el cambio en la asignación de prioridades y los mercados del agua.