Especialistas de 20 países en economía del agua de todo el mundo se reunirán en la Universidad de Alcalá entre el 6 y el 8 de febrero, en una iniciativa que forma parte del Proyecto EPI Water, financiado por la Unión Europea.

Este proyecto tiene como objetivo hacer propuestas de instrumentos económicos que sirvan para enfrentar los grandes retos de la gestión del agua como son la escasez, los riesgos crecientes de sequías e inundaciones, la degradación de la calidad de las fuentes de agua y el cambio climático.

Además de un foro académico en el que, especialistas de más de 20 países, presentarán propuestas concretas para mejorar la gestión del agua en Europa, la Conferencia será una plataforma de dialogo entre la investigación, las instancias de decisión política, los usuarios y las organizaciones de defensa del medio ambiente a nivel Europeo.

La Conferencia ha sido organizada por el Instituto IMDEA Agua y el Grupo de Economía Ambiental de la Universidad de Alcalá. El Comité organizador está dirigido por el profesor Carlos Mario Gómez de la Universidad de Alcalá y Coordinado por Gonzalo de la Cámara, Investigador de IMDEA Agua.

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En la sentencia se recuerda que la Constitución atribuye al Estado la competencia en materia de legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos en las cuencas intercomunitarias y que «no puede considerarse el uso del agua como un privilegio económico o social ni como una discriminación para las cuencas cedentes».

Asimismo apunta que al Estado corresponde ponderar los intereses de las cuencas cedentes y cesionarias para, atendiendo el principio de solidaridad interterritorial y de equilibrio económico entre las diversas partes del territorio español, fijar el contenido y alcance de las tarifas» por la explotación del trasvase Concluye que la reducción de la tarifa no puede calificarse de insolidaria.

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad que interpuso la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra los artículos 89 y 90 de la Ley 24/2001. Ésta modificaba la regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura y sustituía en la forma de cálculo de la tarifa de conducción de las aguas excedentarias trasvasadas desde la cuenca del Tajo a la del Segura, la aportación consistente en el ‘coste de las obras’ por el de ‘amortización de coste de las obras’.

Igualmente sustituía el valor del ‘coste total de las obras’ para el cálculo de la tarifa, el ‘coste de las obras’ por la de amortización del coste de las obras’ en la actualización bianual de la tarifa y añadía una precisión a la utilización del acueducto para el aprovechamiento, dentro de la provincia de Albacete, de los recursos subterráneos existentes.

Además incorporaba un nuevo apartado referente a la forma de cálculo de la tarifa a abonar por los beneficiarios de las aguas derivadas a la cuenta alta del Guadiana, a través del acueducto, por el uso del tramo que utilicen de esa infraestructura, según se desprende de la sentencia dictada.

Al respecto, en el recurso presentado el representante de la Junta de Comunidades señalaba que estos artículos afectaban a la regulación jurídica del trasvase Tajo-Segura, contenida en la Ley de 1980 y de 1995 y que se vulneraba el principio de seguridad jurídica, al introducirse esas modificaciones en una ley llamada vulgarmente «de acompañamiento» a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Además, denunciaba la vulneración de la prohibición de arbitrariedad, con lo que la compensación económica a la cuenca cedente es «decreciente» en el tiempo y «llamada a desaparecer» en el mismo momento en que se haya amortizado la inversión inicial, «en la medida que la disminución de la tarifa de conducción del agua y la supresión del mecanismo de compensación propicia una utilización no racional de los recursos naturales».

De esta manera, indicaba el letrado del Consejo de Gobierno castellano-manchego que se produce una disminución tarifaria para los destinatarios del trasvase, «con correlativa disminución de los recursos de las comunidades autónomas de la cuenca cedente y un aumento de tarifas para los regantes afectados por las filtraciones del túnel del Talave». Un trato, añadía, «desigual» entre todos los beneficiarios por las compensaciones provenientes de los distintos trasvases.

Concluía su escrito de alegaciones denunciando la vulneración del principio de solidaridad y equilibrio interterritorial por la nueva regulación, «al suprimir los preceptos impugnados las compensaciones que debería recibir la Región por la imposibilidad del uso de los recursos naturales presentes en la propia Comunidad, e imponer el pago por la restitución de caudales de agua perdidos, no trasvasables».

Por su parte, el abogado del Estado sostenía que la finalidad de estas leyes de modificar otras para contribuir a alcanzar determinados objetivos de política económica, «es totalmente lícita».

Con relación a la supuesta infracción del principio de solidaridad, el abogado del Estado indicaba que el hecho de que una medida cause una disminución, «exigua», de ingresos a una comunidad «no puede calificarse de infractora», pues, desde el punto de vista contrario, «las comunidades receptoras del agua pueden justificar el sacrificio que hace la de Castilla-La Mancha en nombre de solidaridad y de la justicia y adecuación del equilibrio interterritorial», ya que «la solidaridad entre comunidades autónomas puede entrañar sacrificios de unas a favor de otras, tanto más cuando se trata del agua, un bien de dominio público nacional».

Sin embargo, agregaba el letrado, que la Región no concreta la disminución económica de los ingresos que le causa la medida, ni detalla porqué el sacrificio que hace resulta insolidario o generador de un desequilibrio económico interterritorial», tampoco porqué la compensación a los beneficiarios por las aguas infiltradas en el túnel de Talave puede considerarse injusta.

Para el representante del Senado la cuestión de la técnica legislativa no tenía conexión con la posible invalidez constitucional de la norma. Por lo que el Alto Tribunal comunica que no le corresponde a la jurisdicción constitucional pronunciarse sobre la perfección técnica de las leyes, al tiempo que apunta que no se aprecia que los preceptos cuestionados establezcan discriminación de ningún tipo.

En consecuencia, el Tribunal Constitucional señala que no puede tacharse de arbitraria una norma «que persigue una finalidad razonable y que no se muestra desprovista de todo fundamento, aunque pueda legítimamente discreparse de la concreta solución adoptada».

Por último recuerda a Castilla-La Mancha que el agua es un «recurso esencial» de carácter «unitario e integrante de un mismo ciclo hidrológico», de manera que «corresponde al legislador estatal en exclusiva la potestad para excluir genéricamente del tráfico jurídico privado las aguas continentales y para integrarlas en el dominio público del Estado». Y añade que «la redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias es una materia cuya regulación corresponde en exclusiva a la legislación estatal».

J. SIERRA VALENCIA La adaptación de los sistemas de gestión del agua del Júcar al nuevo escenario marcado por el cambio climático tendrá un coste millonario difícil de evaluar. Sin embargo, no hacer nada tiene un sobrecoste definido: 107 millones de euros. Al menos ese es el cálculo del «análisis hidroeconómico» realizado por Alvar Escrivà i Bou como trabajo final del Master en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).
El autor ha utilizado el estado de conocimiento más actual sobre el previsible impacto del cambio climático a nivel regional desarrollando una metodología propia para definir y analizar posteriormente posibles estrategias de adaptación.
Nadie discute, y así se recoge en el trabajo, que se van a producir «importantes disminuciones de los recursos en las cuenca mediterráneas, con importantes impactos ambientales, económicos y sociales». La novedad del trabajo estriba en el cálculo de los resultados que tendrá el coste de la escasez de recursos asociado a los déficits de demanda en entornos de gran importancia económica y social como la producción hidroeléctrica en el Júcar, la economía agrícola asociada a los regadíos tradicionales de la Ribera, al canal Júcar-Turia y al abastecimiento de Valencia y Sagunto.
En los tres escenarios temporales: el corto (2011 – 2040), el medio plazo (2041 – 2070), y el largo plazo (2071 – 2100), el cálculo mes a mes arroja un significativo descenso de las garantías para atender las que han sido las demandas históricas de este río y las estimadas para ese periodo. Este descenso de las garantías, con algunos altibajos en el medio plazo, es especialmente acusado en el largo plazo, cuando alcanza entre un 40 y un 50 por ciento. Dicho de otro modo, un de cada dos meses no habría recursos suficientes para atender la demanda actual. Caería el volumen de agua almacenada en los embalses y el caudal turbinado en las centrales hidroeléctricas.
En el corto plazo, el coste de la escasez alcanzaría un valor promedio anual de 30,6 millones, de los que las demandas hidroeléctricas representan 22,4 millones.
A medio plazo aumenta el coste de escasez hasta 45,514 millones, siendo los regadíos y los abastecimientos, por este orden, los más perjudicados. A partir del año 2071-el largo plazo- los costes de la escasez se dispararían hasta alcanzar una cifra próxima a los 107,3 millones de euros (90,6 si no se incluyen los usos hidroeléctricos). Algunos regadíos como el canal Júcar-Turia, serían prácticamente inviables si tienen que asumir esos costes.
Entre las estrategias de adaptación, la investigación propone como más eficaces una mejora en la eficiencia en los riesgos tradicionales del Júcar, una disminución de la demanda en la Mancha Oriental, el cambio en la asignación de prioridades y los mercados del agua.

Madrid, 1 feb (EFEverde).- El Gobierno ha aprobado hoy una serie de medidas para contener los costes del sistema eléctrico y evitar así subidas en el recibo de la luz, unos cambios que han chocado con la oposición de las renovables, que las consideran un recorte retroactivo de su retribución que las condena a la insolvencia.

El Consejo de Ministros ha recortado hoy, a través de un real decreto, la retribución de las actividades reguladas y ha introducido cambios en el sistema de retribución del régimen especial (renovables y cogeneración), con los que pretende ahorrar entre 600 y 800 euros.

El primero de estos cambios supone cambiar el sistema de retribución de las actividades reguladas del sistema eléctrico, que incluyen el transporte, la distribución y las primas al régimen especial, entre otros conceptos.

Esta actualización se hacía conforme al IPC y, a partir de ahora, se realizará en base a la inflación subyacente -que no tiene en cuenta la evolución de los productos energéticos ni de los alimentos frescos- y a impuestos constantes.

Para el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, esta modificación no supone «cambiar las reglas del juego» sino racionalizar el modo en el que se actualizan dichas retribuciones.

Además de esto, el Gobierno ha modificado el sistema de retribución de las plantas acogidas al régimen especial, que hasta ahora podían elegir, generalmente cada año, si querían cobrar una tarifa regulada fija o el precio de mercado más una prima.

El nuevo método establece que todas las instalaciones del régimen especial recibirán una tarifa fija excepto aquellas que prefieran cobrar el precio de mercado (sin prima) y que, cualquiera que sea la opción elegida, no podrá cambiarse después.

Esta medida, con la que el Gobierno prevé ahorrar entre 250 y 500 millones de euros, evitará que los productores se acojan al mercado cuando el precio esté alto y a la tarifa cuando baje, lo que, según Soria, impactaba al alza en el recibo de la luz.

Además, el Gobierno ha remitido al Consejo de Estado un anteproyecto de ley de crédito extraordinario por valor de 2.200 millones de euros para hacer frente a los posibles desfases que se registren a lo largo de 2013 en relación a las primas al régimen especial, con el fin de que éstos no se traduzcan en subidas de la luz.

El anteproyecto, que prevé la concesión del crédito por el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Industria, tendrá que ser aprobado en el Consejo de Estado para después continuar su tramitación en las Cortes Generales para incorporarse a los Presupuestos Generales del Estado 2013.

Soria ha defendido que el objetivo del Gobierno es que el déficit sea «cero» este año para que «no se encarezca la tarifa eléctrica ni para los hogares ni para las empresas».

El sector de las renovables ha criticado estas medidas al considerar que suponen, en la práctica, un recorte de las primas que las condena a la insolvencia.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha cifrado en 300 millones el impacto que tendrán las medidas, que considera «inaceptables, y ha asegurado que emprenderá «todas las acciones legales a su alcance» porque «atentan claramente» contra el respeto de la rentabilidad razonable.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha rechazado el real decreto de hoy porque «empeora una situación ya dramática» para el sector y aumentará «el número de instalaciones condenadas a la insolvencia».

Por su parte, la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) ha criticado las medidas porque «constituyen nuevos pasos en la política de exterminio del sector» y ha apuntado que «el objetivo final de estas medidas no parece ser otro que hacer quebrar las plantas existentes».

La patronal termosolar, Protermosolar, ha denunciado que la modificación de primas aprobada hoy por el Gobierno pondrá a las plantas en una situación «peor que crítica» y es la puntilla de un conjunto de medidas que suponen la «expropiación forzosa del sector». EFEverde

Madrid, 1 feb (EFECOM).- La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) ha criticado las medidas aprobadas hoy por el Gobierno, que implican modificaciones en el sistema y la actualización de la retribución de las renovables, porque «constituyen nuevos pasos en la política de exterminio del sector».

En un comunicado, APPA considera que estos cambios suponen «un nuevo golpe al sector» y apunta que «el objetivo final de estas medidas no parece ser otro que hacer quebrar las plantas existentes».

El Gobierno ha aprobado hoy un real decreto por el que modifica el método de actualización de las primas del régimen especial (renovables y cogeneración), que a partir de ahora dejará de hacerse en base al IPC para hacerlo conforme a la inflación subyacente (excluidos los productos energéticos y los alimentos frescos) y a impuestos constantes.

Para APPA, esto supone «en la práctica que la retribución crezca por debajo del IPC».

Además, el real decreto establece que las plantas acogidas al régimen especial tendrán que optar por un único sistema de retribución, tarifa regulada o mercado, con lo que se excluye tanto la posibilidad de cobrar el mercado más una prima como de cambiar de un método a otro.

La asociación cree que esta medida obliga a las plantas a acogerse a una tarifa fija regulada, lo que las deja a merced de nuevos impuestos», que «tendrá que asumir de forma íntegra» al no poder repercutirlos a sus precios de venta. EFECOM

La Alcaldesa de Albacete Carmen Bayod¹ ha mantenido en la mañana de hoy una reunión de trabajo con la Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar² Mª Ángeles Ureña para tratar distintos temas urbanísticos, medioambientales y jurídicos relativos a la ciudad de Albacete.

La Presidenta de la Confederación, como viene siendo habitual, ha sido totalmente receptiva con los asuntos de la ciudad, algunos de ellos en vías de solución.

Tanto la Presidenta como la Alcaldesa de Albacete han manifestado la voluntad de seguir en esta línea de colaboración continua entre las dos instituciones.

La secretaria general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha presentado los principales argumentos defendidos por España en el marco de las negociaciones de la Reforma de la PAC en relación con los pagos directos y la OCM única. Ha sido en su intervención en la mesa redonda sobre ‘La PAC después de 2013’ que se ha celebrado en el marco del IX Congreso Nacional del Maíz en Lisboa. García Tejerina ha recordado que, en relación con los pagos directos, la propuesta de la Comisión plantea sustituir el actual modelo histórico de pago único por un régimen de pago básico por hectárea admisible, con derechos de pago uniformes en 2019, tras un periodo transitorio. Un cambio, ha señalado la secretaria general, que en el caso español “podría provocar trasvases significativos de ayudas entre productores, sectores y territorios, y producir graves desajustes en las ayudas percibidas, poniendo en riesgo la viabilidad de d

   En este ámbito García Tejerina ha señalado cómo desde el inicio de las negociaciones España ha defendido la necesidad de establecer un mecanismo de convergencia interna por aproximación, más progresivo y limitado en el tiempo, para tratar de limar las diferencias entre lo percibido con el modelo actual y con el nuevo”. También ha destacado el interés de España “de limitar el número de hectáreas admisibles que pueden entrar en el sistema de pago básico, mediante el establecimiento de un periodo de referencia anterior a 2014”.

    En relación con otra de las propuestas de la Comisión, como es la introducción de un componente verde o ‘greening’ obligatorio, para apoyar diversas prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, la secretaria general ha subrayado que para España es esencial que la propuesta se ajuste, “para que se tenga en cuenta la diversidad de producciones y la realidad agraria de los países mediterráneos”.

    En este sentido, ha añadido que “se considera imprescindible flexibilizar la propuesta de la Comisión sobre la diversificación de cultivos y el mantenimiento de las superficies de interés ecológico ya que, en muchos casos, las medidas propuestas no son aplicables a una agricultura mediterránea como la española”. 

    Por otro lado, y con respecto al mantenimiento de las superficies de interés ecológico, García Tejerina ha explicado que desde la posición española se propone “un umbral mínimo de 20 hectáreas, que se reduzca el porcentaje del 7% al 3%, y que se incluyan dentro de esta categoría y se reconozca el valor ambiental intrínseco de ciertos tipos de producciones agrarias”. En este apartado se incluirían las superficies en zonas Natura 2000, los cultivos permanentes, los cultivos bajo agua, los cultivos como las leguminosas o las superficies acogidas a medidas agroambientales.

    En relación con la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo por el que se crea la OCM única, la secretaria general ha puntualizado que “es preciso avanzar hacia la creación de una verdadera red de seguridad de protección de los mercados, que atienda a todos los productos con problemática similar”. En ésta línea, ha destacado los cereales, indicando que se reclama el mantenimiento de la intervención pública para trigo duro y sorgo, así como la apertura obligatoria del mecanismo de intervención en caso necesario. 

    También ha abogado por un mecanismo de revisión y actualización de los precios de referencia para todos los sectores y, cara a la protección de los mercados, ha resaltado la necesidad de seguir trabajando en la ampliación de las medidas excepcionales propuestas a todos los sectores sin excepción. “Dichas medidas deberían poder contar con una dotación financiera adecuada y ser los suficientemente flexibles para poder hacer frente a cualquier situación de crisis”, ha subrayado.

El libro “Water, Agriculture and the Environment in Spain: can we square the circle?”, editado por la Fundación Botín, se inspira en la afirmación de que los problemas del agua del mundo, en general, se deben a una mala gestión y no a su escasez física.

Las publicación, en la que ha participado 28 autores y 5 revisores internacionales, explora como esa tesis es aplicable a España, el país más árido de la Unión Europea. En ambos textos se analiza el concepto de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) en el caso español, considerando los dos grandes sistemas de valores que requiere esta gestión integrada: los cuantificables y los intangibles.

Descargar “Water, Agriculture and the Environment in Spain: can we square the circle?”

El PSOE presentará mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos contra la reforma fiscal en materia energética instando al Gobierno a derogar una norma que califican de «subterfugio recaudatorio» y que «atenta» contra las economías familiares y la competitividad de las empresas.

En este contexto, el responsable de ordenación del territorio y sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, ha reclamado una nueva ley en línea con la estrategia energética europea y en el marco de un acuerdo político y social lo más amplio posible.

Desde el PSOE consideran que todas las decisiones que ha adoptado el Gobierno no tienen un soporte estratégico común que las justifiquen, son «erráticas», carentes de sentido, «profundamente» equivocadas y «lesivas» tanto desde el punto de vista social, como económico y ambiental.

En opinión de los dirigentes socialistas, es imprescindible que el Gobierno ponga fin «a una carrera hacia ninguna parte», por lo que le solicitan que mantenga la tarifa de último recurso (TUR), que afecta a la mayor parte de los consumidores.

En caso contrario, ha señalado Morán, millones de familias sufrirán un «notable» incremento en su factura de la luz, lo que añadirá más incertidumbre e inseguridad a los españoles.

Por ello, han solicitado al Gobierno que derogue la moratoria para las renovables y que implemente un plan de apoyo al desarrollo de las energías renovables que permita a España retomar la senda de liderazgo que había alcanzado en el sector a nivel internacional. EFEverde