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Puig aceptaría cambiar el Estatut para proteger el Júcar

J. SIERRA VALENCIA El PSPV está dispuesto a apoyar la reforma del Estatut renunciando a la gestión de los ríos intracomunitarios si con ello garantiza los derechos de los regantes tradicionales del Júcar sobre las aguas de este río, según trasladó ayer el secretario general de los socialistas valencianos Ximo Puig al presidente de la Acequia Real del Júcar y de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, José Manuel García de la Cuadra, en una reunión celebrada en la sede de la ARJ.

Según fuentes socialistas, el partido ha abierto un proceso interno de debate que podría derivar en una «redefinición» de su política hídrica y en la que puede enmarcarse una reforma del Estatut que en su versión actual y en lo relativo al agua fue pactada por el secretario general socialista Joan Ignasi Pla y el expresidente de la Generalitat Francisco Camps.

Los regantes del Júcar y con ellos la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana (Fecoreva), han pedido abierta e insistentemente al Consell de la Generalitat que cambie el Estatut renunciando a estas competencias en favor del Estado. De este modo se garantizan, dicen, una gestión unitaria por parte del Estado de toda la cuenca hidrográfica del Júcar «ahora amenazada». El Consell se muestra reacio a esta posibilidad.

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, aseguró ayer que los valencianos «no vamos a perder nuestra capacidad de decisión sobre el Júcar». En este sentido destacó que «Cospedal está humillando permanentemente a Fabra y a la Comunitat Valenciana, algo que es intolerable, porque el agua de la que estamos hablando no es una cuestión que afecte únicamente a los regantes, sino a todos los valencianos».
«Por este motivo los socialistas no apoyaremos ninguna medida que nos quite capacidad de decisión sobre el Júcar», subrayó.

Puig, acompañado por el secretario de Agricultura y Agua del PSPV-PSOE, Francisco Rodríguez Mulero, añadió que el agua «no puede estar en la agenda política en función de los intereses partidistas del PP». En este sentido, apuntó que «durante mucho años, el agua fue una bandera fundamental de confrontación, una bandera de victimismo que no ha aportado nada positivo para acabar con el verdadero problema, que es tener agua asegurada para todos los ciudadanos y para nuestros sectores productivos para siempre, que es lo que los socialistas hemos pedido siempre».

La diputada de EUPV en las Corts, Esther López Barceló, manifestó ayer que el Real Decreto de Demarcación Hidrográfica del Júcar es una «auténtica chapuza totalmente recurrible». En su opinión, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, es un «irresponsable» por presentar un texto «fruto de la improvisación que incluye argumentaciones que ya les han tumbado los tribunales en ocasiones anteriores».

Según Barceló, el Real Decreto «solo aspira a mantener provisionalmente el status quo actual de la Demarcación del Júcar, sin dar respuesta a los conflictos». En su opinión, el Real Decreto «evita en todo momento discutir la delimitación de la demarcación, y establecer qué ríos son competencia autonómica de Castilla-La Mancha y cuáles del País Valencià» y que «ambos están obligados por la legalidad vigente a asumir sus competencias en sus ríos internos».

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ASAJA: ‘El campo es el sector que mejor está aguantando la crisis’

El presidente de la Asociación Agraria Asaja, José Pérez Cuenca, ofreció ayer un balance sobre el año agrario y ganadero 2012 en la provincia de Albacete. A su parecer y según los resultados, se trata de un año que ha estado condicionado por la sequía, «ha sido un lastre que hemos tenido ahí y que nos ha agobiado a todos, nos ha hecho daño tanto en los cultivos leñosos como en el cereal, ha sido posiblemente el año más seco en varias décadas».

 También hizo referencia Pérez Cuenca al año hídrico que acaba de comenzar, «es más benévolo, ha llovido bien y la sementera ha sido buena, posiblemente se trate de la mejor sementera desde hace años, algo que ha beneficiado a la poca oliva que había, haciéndola enrgordar y por tanto mejorando su calidad».

 El presidente de Asaja explicó que en 2012 la cosecha del cereal descendió un 30% con respecto al año anterior que fue «un años más o menos normal».

 En cuanto a los cultivos de regadío, en 2012, la media subió. Según Pérez Cuenca «poder sacar los cultivos adelante ha supuesto mucho coste debido a los altos costes de producción».

 La uva de vinificación también ha mermado un 30 o un 40% según Pérez Cuenca. La producción varió dependiendo de la zona; la Manchuela y la zona Mancha fueron las más castigadas por el cielo, el calor y la sequía. Sin embargo, según el balance de Asaja, toda la zona de Fuenteálamo y Montealegre ha tenido una cosecha «más bien alta».

 Indicaba Pérez Cuenca que la producción de las leguminosas ha sido «un desastre», con una disminución de la producción del 60%.

 Por otro lado, las hortalizas tuvieron una cosecha normal «porque dependen más del agua».

 En otros asuntos, Pérez Cuenca apuntó que se trata de un año «bueno en precios» sobre todo en el cultivo de la uva de vinificación, «el precio ha sido muy bueno, se ha vendido ya todo».

 Los precios más irregulares y que peor han funcionado han sido los de las frutas frescas.

Con respecto al aceite, el precio «se ha regulado». En opinión del presidente de Asaja » el aceite tiene un precio que cubre bien los costos de producción».

 El sector más desfavorecido en este año 2012 ha sido la ganadería que ya viene sufriendo desde hace años debido sobre todo al precio del cereal. El problema más grave, según el presidente de Asaja, es que, «la carne del cordero esta barata y la leche también y además dispone de pocas ayudas y las que tiene son tardías y escasas». «Si no ponemos remedio, la ganadería tradiccional tiende a desaparecer», añadió.

 Desde la Asociación, durante este año, se ha trabajado mucho en la globalización de los mercados, «estamos haciendo todo lo posible por aglutinar más mercancías y las producciones e intentar sobre todo que a través de las cooperativas se vaya aglutinando la producción y haya una oferta mayor», indicó Pérez Cuenca.

 Aunque el campo está sufriendo dificultades para salir adelante, Pérez Cuenca señaló que es algo a lo que «ya están acostumbrados». «A este sector no lo agobia tanto la crisis. Vamos aguantando como podemos pero el campo tiene esta facilidad para aguantar estas cosas porque ya le viene arrastrado de siempre», apuntó.

 Por último José Pérez Cuenca matizó algunos de los problemas a los que se ha enfrentado y sigue enfrentándose este sector como son los robos en las explotaciones, «esto no se acaba determinar, llevamos varios años luchando pero por el momento no se ha erradicado el problema».

 Entre los problemas que sufre este sector destacó también Pérez Cuenca la plantación ilegal de marihuana en los cultivos de regadío y la ley de tasas, «se están cobrando tasas a todo lo que se menea, es un abuso porque ya pagamos mucho por muchos sitios».

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USUJ: ´Hay una confiscación de las aguas del embalse de Alarcón´

El Ayuntamiento de Albacete se niega a pagar por el uso del agua almacenada en Alarcón.

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Juan Valero de Palma.

Juan Valero de Palma. 

¿A qué se refiere el Ministerio de Agricultura con la especial problemática del abastecimiento de Albacete?
El abastecimiento de Albacete no tiene ningún problema de calidad, de cantidad ni de garantía gracias al Plan Hidrológico del Júcar y al Convenio de Alarcón.

Pues no lo parece…
La única «problemática especial» surge cuando desde el Ayuntamiento de Albacete, de forma irresponsable, se politiza y territorializa la aplicación de la Ley de Aguas, del Plan Hidrológico del Júcar, del Convenio del Embalse de Alarcón y de las resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar que le facilitan el uso de las aguas del Júcar.

Insumisos ¿y también morosos?
El Plan Hidrológico del Júcar y el Convenio de Alarcón son los que permiten al Ayuntamiento de Albacete usar las aguas del Júcar a razón de siete milésimas de euro por metro cúbico y se niega a pagarlas. Se le han suministrado más de 148 millones de metros cúbicos en 11 años de los que 29 estaban reservados a los regantes de USUJ. La primera liquidación de la Confederación Hidrográfica del Júcar la recurrieron. Ahora ni las contestan.

¿En Valencia pagan?
Al menos 46 ayuntamientos con concesión en vigor han pagado y no consta que hayan tenido ninguna «problemática especial» en aplicar en su beneficio lo que dice el PHJ y el Convenio de Alarcón.

¿Y eso les indigna?
Los incumplimientos del ayuntamiento albaceteño y la no gestión de cobro de los costes de sustitución que representan la cesión de esos caudales suponen una confiscación de los derechos de USUJ sobre las aguas del embalse de Alarcón, una expropiación de hecho y sin indemnización.

¿Un voto particular y luego?
Si no se resuelve este tema, si no se cumple el Plan Hidrológico vigente, no se dan las condiciones para aprobar por consenso el nuevo Plan Hidrológico del Júcar. El ministerio pierde toda su autoridad como administración hidráulica que vela por los intereses generales al hacer prevalecer intereses localistas y politizados.

Ambigüedad
¿Tiene idea de quién ha colado la alusión al problema de Albacete?
 «No lo sabemos, pero nosotros queremos confiar en un ministerio fuerte y objetivo, capaz de actuar, con pleno sometimiento a la ley y al derecho, como un instrumento adecuado para resolver los conflictos y que apoya las resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar y no a quien las incumple».

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El PSPV afirma que Rajoy y Cospedal “han vuelto a dejar a Fabra a los pies de los caballos con el Júcar”

El PSPV-PSOE, en boca del secretario de Agricultura y Agua, Francisco Rodríguez Mulero, ha afirmado hoy que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, han vuelto a dejar “a los pies de los caballos a Alberto Fabra en el tema del Júcar”. El responsable socialista ha realizado estas declaraciones tras la decisión del Gobierno, en concreto del ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, de aceptar las peticiones de Cospedal, favoreciendo a este territorio en la gestión hídrica del Júcar.

Ante este hecho, Mulero ha denunciado que Fabra y el PP “vuelven a dar la espalda a los valencianos, porque el Júcar es la arteria principal que mantiene la economía valenciana y sostiene recursos fundamentales desde el punto de vista medioambiental como la albufera”. “Frente a la pasividad de Fabra, los socialistas estamos en permanente contacto con los afectados y, de hecho, el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, se reunirá mañana mismo en la sede del partido con los representantes de Usuarios del Júcar (Usuj) para trasladarles el compromiso de los socialistas con sus reivindicaciones y cerrar un calendario de acciones para solucionar el problema”, ha apuntado.

Mulero ha insistido además en que “Fabra está dando la espalda a los usuarios del Júcar quienes, en reiteradas ocasiones, le han trasladado sus preocupaciones y él ha preferido mirar hacia otro lado”. Para Rodríguez Mulero “cada día observamos con indignación más muestras del nulo peso que el PPCV tiene en el conjunto de su partido y, por desgracia, en este Gobierno, desde donde nos ningunean constantemente ante la pasividad de Fabra”. De hecho, ha remarcado que el presidente “está enfrascado todos los días en los casos de corrupción que salpican a su partido e intentando convertir en noticia una simple reunión con sus consellers, cuando eso no es más que la rutina que conlleva su cargo”.

Rodríguez Mulero ha destacado que la decisión de Rajoy “supone un duro varapalo para los intereses de la Comunitat Valenciana, cediendo a las presiones de Cospedal y ninguneando a un Fabra que es incapaz de defender lo nuestro”. Finalmente, ha querido también recordar que Rajoy “no ha sido capaz de aprobar el plan de cuenca del Júcar, lo que impide que sepamos con certeza hasta cuándo tenemos garantizada la disponibilidad del agua”.

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Embalses del Júcar están al 40,8% de su capacidad y los del Segura al 50,8%

Los embalses de la cuenca del Júcar se encuentran al 40,8 de su capacidad, siete décimas más que la semana pasada, mientras que los del Segura están al 50,8%, siete décimas más que hace siete días.

En España, la reserva hidráulica se encuentra al 56 % de su capacidad total, con 30.969 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa un aumento de 97 hectómetros cúbicos, un 0,2 % con respecto a los niveles de la semana anterior, informa el Ministerio de Medio Ambiente en una nota.

Las cuencas con menor porcentaje de agua embalsada son las del Duero, 36,5%; Júcar, 40,8%; Tajo, 41,4%, y Segura, 50,8%.

Las mayores variaciones se han registrado entre la cuenca del Ebro que ha perdido 14 hectómetros cúbicos y la cuenca del Duero que ha ganado 39 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional dándose la máxima en la ciudad de Vigo (Galicia) donde se han recogido 36 litros por metro cuadrado.

El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua embalsada:

Cuenca Capacidad Situación actual Agua Embalsada

===== ========= ================ ==============

Cantábrico 633 444 70,1 %

Miño-Sil 3.030 1.730 57,1 %

Galicia Costa 684 495 72,4 %

CCII País Vasco 21 19 90,5 %

Duero 7.507 2.739 36,5 %

Tajo 11.012 4.555 41,4 %

Guadiana 8.635 5.795 67,1 %

C. Atl. Andaluc. 1.880 1.404 74,7 %

Guadalquivir 8.101 5.926 73,2 %

C.Medt. Andaluc. 1.177 854 72,6 %

Segura 1.141 580 50,8 %

Júcar 3.336 1.361 40,8 %

Ebro 7.493 4.695 62,7 %

CCII Cataluña 677 372 54,9 %

============= ===== ===== ========

TOTAL 55.327 30.969 56 %

EFE

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El Gobierno prevé mantener la unidad de la cuenca del Júcar

El conflicto en torno a los límites territoriales de la cuenca del Júcar, por cuyo control pugnan desde hace años la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, entra en una fase decisiva. El decreto que debe definir el ámbito de gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está pendiente de las alegaciones a un borrador que sortea la polémica por la vía de dejar las cosas, básicamente, como están.

El ministerio que dirige Miguel Arias Cañete prevé mantener la unidad del territorio y los ríos que gestiona actualmente la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), pero de manera “provisional” hasta que ambas comunidades asuman la transferencia efectiva de sus cauces internos. Una situación provisional a la que, al menos de momento, el decreto no se pone límite. 

Los estatutos de autonomía de las dos comunidades en conflicto contemplan el control de los cauces intracomunitarios, que son los que nacen y mueren en su territorio, pero ninguna ha asumido esa competencia. La transferencia de esos cauces a los gobiernos autonómicos cambiaría los límites de la CHJ y el peso de ambas autonomías en la planificación hidrológica. De ahí el conflicto.

La polémica se remonta a una sentencia del Tribunal Supremo de 2004 que anuló buena parte del plan hidrológico del Júcar porque el Estado solo debía controlar los ríos intercomunitarios, que recorren más de una autonomía, y no los internos de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. La ejecución del fallo se aplazó a la redacción de un nuevo plan hidrológico del Júcar que al final se ha atascado, entre otros motivos, porque no se ha definido el territorio que debe abarcar.

La Generalitat ha insistido en que se mantuviera la gestión unitaria actual, mientras que Castilla-La Mancha ha pedido que la Comunidad Valenciana se haga cargo de sus ríos, lo que daría a la Junta castellanomanchega mayor representación y peso en los órganos de decisión de la CHJ y el principal río, el Júcar.

El ministerio se acoge a varias sentencias en torno al problema de las demarcaciones hidrográficas para concluir que la CHJ puede gestionar de manera provisional los ríos intracomunitarios mientras no se produzca una transferencia efectiva de «funciones y servicios» a las comunidades autónomas. El borrador del decreto destaca que «así se ha venido efectuando la planificación y gestión de esas cuencas, en virtud de criterios hidrológicos y de utilización racional» del ag

Cambiar el Estatuto de Autonomía

Al mantenerse la situación actual, la Comunidad Valenciana seguirá con más representantes en los órganos de gestión de la CHJ. En la nueva demarcación, el 50% del territorio será valenciano y su población representará el 90% del ámbito de la CHJ.

No obstante, la defensa de la «tradicional» gestión conjunta de las aguas dentro de la CHJ ha llevado a los regantes valencianos a pedir a la Generalitat que cambie el Estatuto de Autonomía y renuncie a las competencias sobre los ríos internos. Una petición que han reiterado ahora porque consideran que resolvería esa «adscripción provisional» de los cauces que hace el ministerio y permitiría mantener una planificación del agua «con criterios hidrológicos y de utilización racional de los recursos».

Los usuarios del Júcar, además, han presentado alegaciones al último borrador del decreto para solicitar que se suprima la mención a la «problemática» del abastecimiento de Albacete, ya que consideran que la ciudad «no tiene ningún problema de calidad, de cantidad ni de garantía» del agua.

Juan Valero de Palma, secretario general de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), destaca que el actual plan hidrológico del Júcar y el convenio de Alarcón, que regula el uso de las aguas de ese embalse construido por los regantes valencianos, permiten a Albacete utilizar aguas del Júcar para evitar la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental. Pero el convenio sobre el pantano de Alarcón exige el pago a los regantes valencianos de 0,007 euros por metro cúbico, un pago con el que Albacete no cumple, según USUJ, que cifra la deuda más de un millón de euros.

Los regantes históricos del Júcar consideran así que la referencia al abastecimiento de Albacete debe suprimirse y que el ministerio debe velar «por los intereses generales» y evitar «intereses localistas y politizados».

A la Generalitat valenciana tampoco le gusta que se destaquen unos abastecimientos sobre otros, por lo que en sus alegaciones «para mejorar el texto» pide que se eliminen referencias a la regulación de las aguas porque, a su juicio, deben reservarse esas cuestiones para el plan hidrológico del Júcar. En relación con la petición de los regantes de cambiar el Estatuto de Autonomía, fuentes de la Generalitat desechan esa posibilidad. Apuntan que la vía «para garantizar que el agua llegue a todas partes» es la de los pactos, no la de la reforma del Estatuto.

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La Generalitat rechaza el plan del Júcar que le da mayor poder a De Cospedal

La Generalitat y los regantes alicantinos -éstos representados por un compañero de la Acequia Real del Júcar- han trasladado al Ministerio de Agricultura sus votos en contra del borrador que ha preparado el Gobierno sobre las nuevas demarcaciones hidrográficas, y en el que se aumentas las competencias hídricas del gobierno de Castilla-La Mancha sobre la cuenca del Júcar. Un control que podría tener en el futuro consecuencias letales para la provincia, como el recorte de caudal de agua a trasvasar al Vinalopó, l´Alacantí y la Marina Baixa.
El Consell recuerda en sus alegaciones el carácter intercomunitario de la cuenca (geográficamente pertenece a Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana), apoyándose en una sentencia a favor del Tribunal Supremo del 11 de septiembre de 2011, y rechaza, por tanto, el intento de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal de que, en base al endorreísmo (agua que nace y muere en una misma zona) de algunas bolsas importantes de la cuenca del Júcar, ésta podría declararse intracomunitaria (un mismo territorio), lo que le daría, prácticamente, el control absoluto del agua el Júcar.
Consell y agricultores discrepan además, de la composición del consejo del agua en la futura demarcación del Júcar, que De Cospedal quiere que se decida en base a territorio y no a población. Es decir, tumbar el intento de que Castilla-La Mancha siente un mayor número de miembros en la mesa donde se toman las decisiones en base a contar en su territorio con mayor superficie de cuenca. La Generalitat sostiene que la balanza debe inclinarse hacia la Comunidad Valenciana al tener más población dependiente del agua del Júcar, lo que contradice la postura de De Cospedal, que exige que las cuentas se hagan en base a la tierra.
El Consell planea, por otra parte, en sus alegaciones al borrador del decreto, que la Confederación Hidrográfica del Júcar debe comprender el territorio de las cuencas intercomunitarias y, provisionalmente, en tanto se efectúa el correspondiente traspaso de funciones y servicios en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, el territorio de las cuencas y zonas endorreicas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha, «comprendidas entre la margen izquierda de la Gola del Segura en su desembocadura y la desembocadura del río Cenia, incluida su cuenca», según recoge la documentación a la que ha tenido acceso al periódico.
En cuanto al término Demarcación Hidrográfica del Júcar, las alegaciones del Consell plantean lo mismo que para la Confederación, añadiendo las aguas costeras que tienen como límite la costa de los términos municipales de Elche y Guardamar del Segura, y como límite norte la línea que pasa por el extremo meridional de la playa de Alcanar.
El borrador sí devuelve, en principio, a la Comunidad Valenciana la mayoría en el consejo de agua del Júcar, ya que representa el 50% de territorio y más del 90% de la población. No obstante, en sus alegaciones, el Consell advierte de que los usuarios sólo tienen 28 asientos en un consejo de 85 miembros. «Debe comprobarse si esto cumple con el mínimo de un tercio prescrito por la ley. Si se aumenta en un vocal, nuestra propuesta sería que fuera para un representante del uso de aguas costeras, por ejemplo del sector pesquero», señala el documento remitido al ministro Cañete.

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Cañete acepta las tesis de Cospedal sobre el Júcar y pone contra las cuerdas el Estatut

Si la Generalitat ejerce la competencia sobre sus ríos perderá prevalencia en la gestión de su principal fuente de recursos hídricos

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 + «Hay una confiscación de las aguas del embalse de Alarcón».  Comunitat Valenciana

J. SIERRA VALENCIA El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que preside Miguel Arias Cañete ha tirado por la calle de enmedio en el conflicto abierto por el control del río Júcar por las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana y ha propuesto al Consejo Nacional del Agua un Real Decreto de Demarcación Hidrográfica en el Júcar que favorece en el fondo las tesis representadas por María Dolores de Cospedal y solo «provisionalmente» mantiene el esquema actual que da cierta prevalencia a los intereses valencianos.

La Generalitat Valenciana podría verse obligada a modificar su Estatut de Autonomía y renunciar explícitamente a sus competencias hídricas si no quiere poner en peligro la ligera ventaja que tiene en la gestión del Júcar. Los regantes tradicionales valencianos que usan las aguas de este río y la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat (Fecoreva) ya se lo han pedido abiertamente.

Falta por conocer —a lo largo del día de hoy se esperan reacciones— la posición del Gobierno valenciano.
El nuevo decreto de demarcación sortea el espinoso asunto de qué ríos y cuencas hidrográficas deben quedar adscritos a la «gestión única» de la Confederación Hidrográfica del Júcar y cuáles deben ser rescatados para la gestión autonómica por las comunidades de Castilla-la Mancha y Valencia reforzando la provisionalidad de la nueva delimitación.

Además de una cuestión geográfica, la mayor o menor porción de territorio y/o población que permanezca inscrita en la Confederación Hidrográfica del Júcar determina el peso de cada comunidad en la planificación hidráulica y la gestión de este río, el más importante para los valencianos por los recursos que atiende.

Además, mantener el estatus actual, permite, aunque solo provisionalmente, que el Júcar-Vinalopó sea un canal entre territorios del Júcar y no un trasvase entre distintas cuencas hidrográficas al aceptar que el Vinalopó-l’Alacantí es un sistema único de explotación. Castilla-La Mancha sostiene que la Comunitat Valenciana debe asumir imperativamente y «forzada» por sentencias del Tribunal Constitucional las competencias hídricas sobre las cuencas «intracomunitarias» de ríos que nacen y desembocan dentro de territorio valenciano. De este modo, gana peso y población —control— sobre el Júcar.

Desde la Generalitat Valenciana se ha argumentado que si finalmente asumía o se veía obligada a ejercer las competencias sobre estos ríos, Castilla-La Mancha, debería hacer lo propio sobre sus cuencas endorreícas—grandes extensiones de terreno situadas en Albacete sin un cauce definido y sin conexión con los ríos principales actualmente adscritas al Júcar. De este modo se mantendría el «status quo» actual, por lo que el Gobierno de María Dolores de Cospedal se niega a asumir cuencas cerradas como la de Pozo Hondo.

Salomónica pero menos
El Ministerio de Agricultura interpreta en el nuevo decreto propuesto al Consejo Nacional del Agua que la definición actual de la Demarcación Hidrográfica del Júcar «no incluye cuencas intercomunitarias de competencia estatal y cuencas intracomunitarias de competencia autonómica, puesto que estas últimas no lo son hasta que no se produzca el traspaso de funciones y servicios». Insiste así en la provisionalidad y ficción bajo la que se está elaborando el Plan de Cuenca del Júcar y abre la puerta a recursos judiciales, ya anunciados, provenientes de Castilla-La Mancha.

Además, el Real Decreto no incluye las cuencas endorreícas entre las que deben ser consideradas intracomunitarias y asumidas por las comunidades, por lo que en caso de traspaso competencial, la ventaja quedaría del lado de la vecina comunidad autónoma.

El «especial problema» de Albacete
La exposición de motivos del decreto de delimitación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar alude a «la especial problemática del abastecimiento de Albacete», un problema «inexistente», según los regantes valencianos, a los que ha indignado la inclusión —en el borrador previo no figuraba— de este párrafo que justifica en parte el voto particular que han presentado. El Ayuntamiento de Albacete no reconoce ni el plan del Júcar ni el convenio para la gestión del embalse de Alarcón y se niega a pagar por el suministro de aguas superficiales del río Júcar procedentes de este pantano pese a que al usarlas obliga a utilizar pozos, con agua mucho más cara, a los regantes valencianos que financiaron la construcción del gran embalse. j. s. valencia.

Continuar leyendoCañete acepta las tesis de Cospedal sobre el Júcar y pone contra las cuerdas el Estatut

Un representante de usuarios del Júcar pide que el Estatuto de la Comunitat permita la gestión conjunta de las cuencas

Presenta un voto particular contrario a la propuesta de decreto sobre funcionamiento del Consejo del Agua en la Demarcación del Júcar

VALENCIA, 8 (EUROPA PRESS)

José Manuel García de la Cuadra, vocal representante de los usuarios de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el Consejo Nacional del Agua, ha presentado un voto particular contrario a la propuesta de real decreto por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo de Agua, y por el que se modifican diversas normas relativas al ámbito y constitución de la Demarcación y de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Entre otros, el representante de los usuarios pide un cambio en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana porque la gestión y planificación de las cuencas intercomunitarias y de las cuencas intracomunitarias en la Confederación Hidrográfica del Júcar «se ha venido haciendo de manera conjunta tradicionalmente en base a criterios hidrológicos y de utilización racional del recurso», y considera que es éste «el modelo a seguir en el futuro».

Sin embargo, critica que en contra de los criterios hidrológicos y de utilización racional del recurso los Estatutos de Autonomía de la Comunidad Valenciana y de Castilla la Mancha «han entrado a regular en materia de aguas, asumiendo competencias sobre las cuencas intracomunitarias».

A su juicio, «la solución definitiva» pasa por modificar el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana para que esta gestión por el Estado de las Cuencas Intracomunitarias a través de la Demarcación Hidrográfica del Júcar «no sea provisional sino definitiva».

ABASTECIMIENTO EN ALBACETE

Por otro lado, García de la Cuadra alega que en la exposición de motivos del decreto se hace referencia a «la especial problemática del abastecimiento de Albacete», pero entiende que «no existe». «El abastecimiento de Albacete no tiene ningún problema de calidad, de cantidad ni de garantía, gracias al Plan Hidrológico del Júcar y al Convenio de Alarcón», asegura.

En esta línea, indica que «la única problemática especial surge cuando desde el Ayuntamiento de Albacete, de forma irresponsable, se politiza y territorializa la aplicación de la Ley de Aguas, del Plan Hidrológico del Júcar, del Convenio del Embalse de Alarcón y de las Resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar que le facilitan el uso de las aguas del Júcar».

Al respecto, explica que la aplicación del Plan Hidrológico del Júcar y de este convenio que le permite utilizar las aguas del Júcar le supone al Ayuntamiento de Albacete «siete milésimas de euro por metro cúbico y se niega a pagarlas», y añade que «se le han suministrado más de 148 millones de metros cúbicos en los once años que viene utilizando las aguas superficiales del Júcar».

El vocal subraya que quiere confiar en un Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente «fuerte y objetivo, capaz de actuar, con pleno sometimiento a la ley y al derecho, como instrumento adecuado para resolver los conflictos y que apoya las fesoluciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar y no a quien las incumple».

Así, considera que «si se hace una referencia especial en este decreto a un abastecimiento que se coloca al margen del Estado de Derecho al incumplir el Plan Hidrológico del Júcar, el Convenio del Embalse de Alarcón, las Resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar y las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pierde toda su autoridad como administración hidráulica que vela por los intereses generales al hacer prevalecer intereses localistas y politizados».

«Si no se resuelve este tema, si no se cumple el Plan Hidrológico vigente, no se dan las condiciones para aprobar por consenso el nuevo Plan Hidrológico del Júcar», destaca.

MÁS REPRESENTANTES DE LOS USUARIOS

Por otro lado, José Manuel García de la Cuadra indica en su voto particular que el número de representantes de los usuarios en el Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar debe ser 29 y no 28 porque la Ley de Aguas establece que «la representación de los usuarios no será inferior al tercio del total de vocales».

También señala que el número de representantes de los usuarios en la Comisión de Planificación Hidrológica debe ser 13 y no 11 de acuerdo con la legislación de aguas.

Asimismo, el vocal expresa su apoyo a la disposición final segunda que refuerza la presencia de los usuarios en la Junta de Gobierno del Organismo de Cuenca, incrementando el número de representantes de regadío en la Junta de Gobierno, «dada su importancia y su heterogeneidad en cuanto al origen del recurso».

No obstante, señala que este incremento de los usuarios «no se debe hacer en ningún caso condicionando la libre elección entre todos sus representantes en función del origen del recurso como podría llegar a sugerir la exposición de Motivos». «Esta referencia de la Exposición de Motivos a los representantes de aguas subterráneas debe entenderse como la justificación del aumento de los representantes de los regantes», subraya.

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La Ley para la Mejora de la Cadana Alimentaria era una de los grandes proyectos de Arias Cañete.

“Mazazo neoliberal” a los productores agrarios españoles

Una de las leyes estrella con la que el Ministro de Agricultura,Miguel Arias Cañete, había ilusionado al sector agroalimentario español fue la ‘Ley para la Mejora de la Cadena Alimentaria’, con la que pretendía poner coto a los abusos de la gran distribución y el fin de algunas prácticas denunciadas por las organizaciones agrícolas cuya consecuencia final era la bajada de los precios para el productor, estaría en peligro tras recibir un informe negativo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

Según publicaban algunos medios digitales, el pasado 19 de diciembre la CNC habría aprobado un informe rebatiendo los principales puntos del caballo de batalla de Miguel Arias Cañete contra la distribución y podría ser publicado en las próximas fechas.A pesar de que el organismo encargado de regular el buen funcionamiento del mercado reconoce los desequilibrios entre los productores y la distribución, considera que éste no es un fallo del mercado sino una característica inherente que además contribuye a la mejora de la competencia y del sector productor al verse obligados a tener que dar respuesta a esta situación de desventaja mediante la innovación y el dinamismo por “lo que no resulta deseable constreñir este juego desde la intervención pública”, señala la CNC en su informe según los digitales.

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La Ley para la Mejora de la Cadana Alimentaria era una de los grandes proyectos de Arias Cañete.

Los principales puntosAunque la redacción del Anteproyecto de Ley se basó precisamente en un informe de Competencia de 2011 en el que se alertaba del peligro que suponía que tan solo cuatro operadores controlaran el 60 por ciento del canal de venta, en esta ocasión consideran que ‘el remedio puede ser peor que la enfermedad’ dado que las soluciones que propone el Ministerio provoque efectos más negativos que los que se pretenden corregir y además éstos afecten tanto a la insdustria como a los consumidores.Muchas de las prácticas que se pretenden perseguir con la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria ya están recogidas en el ordenamiento jurídico bajo la tipología de competencia desleal por lo que se podría caer en una sobreregulación que contribuiría a “una burocratización de las relaciones comerciales”.Otro de los puntos que contemplaba la ley era dotar al Ministerio de un régimen sancionador con el que actuar al detectarse prácticas abusibas por algunas de las partes a lo que la CNC ha contestado que este aspecto está sujeto al derecho mercantil y es éste el que tiene que regularlo.Inseguridad jurídicaEsta duplicidad de actuaciones podría derivar en una inseguridad jurídica para las partes actuantes que podría romper la unidad del mercado al aplicarse de distinta manera en función del ámbito territorial en el que se dé.Además la Cominisón Nacional de la Competencia insta a mirar hacia la Unión Europea en tanto que desde estas instancias ya se ha anunciado una revisión de las normas de comercio que podrían obligara reformar la ley nacional si no va en el mismo sentido que la legislación comunitaria.

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