El Gobierno central tendrá finalizada la planificación de todas las cuencas hidrográficas en diciembre de 2013 y, tras ello, se iniciará un proceso de diálogo con las comunidades para presentar el nuevo Plan Hidrológico Nacional, que debía haberse terminado en 2009.

En la visita que realizó ayer a Valencia el comisario Potocnik transmitió a los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas de España la «urgencia» de acabar con los trabajos, según detalló el ministro Arias Cañete, quien también las dificultades que presentan algunas cuencas «que tienen un estrés hídrico muy importante, como la del Júcar o Segura».

No obstante, el ministro avanzó que el decreto de demarcación de la cuenca del Júcar «se va a aprobar dentro del mes de diciembre. Podremos cumplir con el calendario pactado con el comisario de que, a finales de 2013, tendremos todos los planes del Júcar resueltos junto con el resto de planes hidrológicos de las otras cuencas».

 El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, eludió ayer pronunciarse por las razones que impiden avanzar en la ordenación de los recursos del río Júcar-Plan Hidrológico- y se mantuvo firme en un calendario -diciembre de 2013- establecido por él tras su nombramiento y que supone un retraso de 4 años sobre el de la Comisión Europea.

Ante una pregunta de Levante-EMV sobre el aplazamiento ministerial de decisiones que afectan al Júcar y a la conservación de la Albufera -el Real Decreto que delimita la demarcación del Júcar- el ministro se limitó a anunciar el «compromiso» de que la normativa esté aprobada en diciembre de 2012 mientras que los planes hidrológicos no estarán disponibles hasta finales de 2013.

En el año 2000, la Comisión Europea decidió adoptar el modelo español de las Confederaciones Hidrográficas para ordenar los recursos hídricos de los ríos que atraviesan varios países y nombró a la cuenca del Júcar como «cuenca piloto» o ejemplo a seguir en todo el continente.

Doce años después, la cuenca del Júcar-ahora llamada demarcación- sigue sin contar con una asignación realista de los recursos disponibles -agua- y todos los conflictos latentes desde hace décadas siguen plenamente vigentes. De seguir la dinámica actual, la cuenca «piloto» será la última de Europa en disponer de una ordenación y la Comisión Europea se lo hará pagar al Gobierno español en forma de sanciones respaldadas por la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia Europeo del pasado 4 de octubre, que España ha recurrido

Ayer, el comisario europeo de Medio Ambiente Janez Potocnik viajó hasta Valencia con el hasta ahora esquivo ministro de Agricultura y Medio Ambiente Miguel Arias Cañete y trasladó en la sede del Júcar a todos los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas españolas que la voluntad de Europa es el cumplimiento estricto de la Directiva Marco del Agua. Esta posición de firmeza, en contraste con los aplazamientos del Gobierno, significa que los planes hidrológicos seguirán acumulando retrasos- y sanciones (deberían estar hechos desde diciembre de 2009- y que los ríos, acuíferos y el resto de las denominadas «masas de agua» deben de alcanzar el «buen estado» ecológico antes de 2015 sin excepciones o solo en casos debidamente justificados.

Sin cambios hasta diciembre
El ministro Miguel Arias Cañete aludió a la sentencia del Tribunal Supremo de 2004 que anulaba preceptos del plan del Júcar en vigor para justificar el retraso del actual. En una visita a la Albufera acompañado entre otros del comisario Janez Potocnik, de la alcaldesa de Valencia Rita Barberá;, la delegada del Gobierno Paula Sánchez de León y de la conselleras de Infraestructuras y Medio Ambiente, Isabel Bonig, y Agricultura, Maritina Hernández, Arias Cañete reconoció que la planificación hidrológica española «lleva mucho retraso», desde que en 2009 debería haber finalizado, pero aseguró que el ministerio hace «un gran esfuerzo por ponerla al día».

El ministro admitió que el comisario europeo les transmitió «la urgencia» de acabar con los trabajos y apeló a las dificultades que presentan las cuencas con «estrés hídrico» como la del Júcar o Segura», o las que como la del Tajo están obligadas a atender un trasvase. Preguntado por las desaladoras construidas-el comisario le emplazó hace unos meses a ponerlas en marcha- aseguró que se están «resolviendo problemas de conexión eléctrica» y buscando «tecnologías que abaraten el coste del agua». «Somos un gobierno responsable» y «si se han hecho inversiones en unas desaladoras», se podrán en funcionamiento porque en «situaciones de máxima sequía son absolutamente necesarias».

Barberá aspira a más fondos europeos y reivindica su inversión en la Albufera
Más de 80 millones invertidos en los últimos años; 8 proyectos Life puestos en marcha en colaboración con Europa y la propiedad sobre el lago y la Devesa fueron ayer la carta de presentación de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ante el Comisario Europeo de Medio Ambiente Janez Potocnik, a quién pidió su apoyo para la candidatura de la Albufera como Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad.

Potocnik matizó que la Albufera ya forma parte de la Red Europea Natura 2000 aunque añadió a continuación que no se opondría a estas peticiones si representan un mayor compromiso con la conservación y la biodiversidad.
Preguntado por futuras inversiones de la UE en La Albufera, Potocnik no comprometió cifras concretas pero recordó que en el pasado se han desarrollado muchos proyectos y que el dinero aportado por Europa «está en buenas manos y bien utilizado».

En este sentido el comisario animó a presentar nuevos proyectos y recordó que España es «muy competitiva» cuando se trata de obtener financiación para el medio ambiente. El comisario reconoció el fracaso de las políticas de conservación de la biodiversidad que la propia comisión admitía hace unos meses al confesarse incapaz de frenar la pérdida de especies y hábitats. Potocnik abogó por nuevas políticas que integren la agricultura, los bosques o la pesca en la protección de la biodiversidad.

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos del Campus de Albacete acogía ayer la jornada «50 años de la PAC en nuestros alimentos», que analizaba este medio siglo de la Política Agraria Comunitaria.

El principal objetivo de estas jornadas fue mostrar a los alumnos que cursan estudios relacionados con las diferentes especialidades agrarias, la importancia de la Política Agraria Comunitaria (PAC) en la unión Europea, no sólo como un compendio de ayudas o normal legales, sino también como un instrumento vertebrador del territorio, que vela por la producción de alimentos, la seguridad y la tradición alimentaria, además de por la preservación del medio ambiente.

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Prensa Agraria fueron las encargadas de acercar a toda la sociedad, la realidad que envuelve a una normativa comunitaria que es la única realmente común a todos los Estados miembros de la Unión Europea.

Se trata de unas jornadas que se llevarán a cabo en 16 ciudades de toda la geografía española y portuguesa hasta finales del mes de diciembre de este año. Aparte de Albacete, Badajoz, Madrid, Salamanca, Cartagena, Pamplona, Huesca, son algunos  de los lugares elegidos para la presentación de estas jornadas.

En la inauguración estuvieron presentes el vicerrector de Transferencia y Relaciones con Empresas, Pedro Carrión, el director de la Escuela, Rodolfo Bernabeu, la directora general del Grupo Europa Agraria, Alicia Vives, Dimas Rizzo, ingeniero agrónomo experto en la UE y el director general de Infraestructuras y Desarrollo Rural de la Junta, Miguel Cervantes que puntualizó algunas novedades para el próximo año, “se van a introducir algunas mejoras, tenemos la oportunidad de aportar sugerencias, enmiendas e ideas para que esta PAC sea más ágil, más eficaz y que contribuya a mejorar el desarrollo rural del nuestra región”.

Para Carrión se trata de, “unas jornadas muy importantes para el conocimiento de la historia de estos 50 años que han sido decisivos para el desarrollo nacional”.

En cuanto a la continuidad de la PAC, Cervantes apuntó que, “si va a continuar porque es el mecanismo que tiene Europa para garantizar el suministro de alimentos en cantidad y en calidad suficiente. Europa tiene que asegurarse que la agricultura de todos los países miembros, es capaz de proporcionar esos alimentos y que esa actividad productiva no sea un problema para el entorno.

Según indicó el director general, Castilla-La Mancha tiene su punto de mira en “conseguir que se apruebe un presupuesto global que no sea inferior al que ha sido en estos últimos siete años. Lo vamos a saber muy pronto porque a finales de este mes el Parlamento dará el visto buena a la propuesta financiera”.

Recordaba Cervantes la cantidad de ayudas que recibe la región, “anualmente estamos en torno a los 1.100 millones de euros anuales”.

El comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, ha efectuado este lunes, en su visita a España, una clara advertencia a las administraciones sobre la necesidad de mejorar la gestión del agua e incrementar su precio para el usuario final. «El precio del agua en España es barato en relación a la UE», dijo el comisario esloveno recordando que el grueso de su consumo se da en los usos agrícolas.

Así lo afirmó en un almuerzo con el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y en el que estuvieron también los consejeros autonómicos con competencias en materia de medio ambiente. Potocnik ha iniciado una visita a España para conocer las iniciativas emprendidas por las administraciones para resolver las infracciones a las normativas ambientales.

En este encuentro expresó su disposición a ayudar a España, que tiene condenas o expedientes por insuficiente depuración de las aguas residuales, falta de planificación hidrológica, contaminación del aire de las ciudades o gestión de residuos municipales. Además, sigue abierto el expediente contra España por la construcción del canal Segarra-Garrigues, y la UE sigue muy de cerca el cumplimiento de las recomendaciones para que se protejan las aves esteparias de la zona.

El comisario se mostró franco, exigente, pero a la vez dúctil sobre los numerosos contenciosos que mantienen España y la UE en relación a las infracciones ambientales. Sus manifestaciones indican que está dispuesto a negociar y a ser transparente, pero pidió que las administraciones españolas asuman también sus compromisos. 

Durante el almuerzo con los consejeros, el comisario expresó en esa reunión la necesidad de que España afronte su insuficiente depuración de las aguas residuales. No obstante, uno de los grandes litigios más importante es el relativo a los retrasos en que ha incurrido España por no haber elaborado la planificación hidrológica (debió hacer antes de que acabara el 2009) para recuperar los ecosistemas de los ríos españoles.

Las obras hidráulicas requerirán que los costos vayan siendo asumidos progresivamente por los usuarios (algo que ya se da sobradamente en Catalunya, en donde el canon del agua incorpora un cuatro tramo para consumos excesivos o suntuarios). Potocnik ha asegurado que España debe trabajar en el tratamiento de aguas residuales urbanas y la calidad del aire y plantearse la necesidad de introducir impuestos medioambientales.

El comisario valoró el apoyo de España a las energías renovables, hasta convertirse en un gran productor de energía eólica del mundo y un país «muy fuerte» en energía solar; al tiempo que ha reconocido que este apoyo no es el mismo en un contexto de crisis. Por ello, ha explicado que las elecciones son «duras» pero que es «bueno» que estas políticas sean «predecibles» y se establezcan a largo plazo.

«Creo que España es un país con una biodiversidad enorme, de la que tiene que estar orgullosa y que tiene que protegerla. España es un país que veo en muchos casos, cuando estamos discutiendo nuestras políticas europeas, como un país que da bastante apoyo a las cuestiones relacionadas con la preservación medioambiental, pero España es también un país que tiene retos específicos que no son exactamente los mismos que los de otros países», ha aseverado en un encuentro con medios en Madrid, informe Europa Press

En concreto, Potocnik ha mencionado la gestión de los recursos hídricos porque, según ha recordado, la «mayoría» del agua se usa en agricultura y, ante la escasez de esta, es de «máxima importancia» lograr mayor eficacia en su gestión. No obstante, ha indicado que España tiene un «nivel técnico muy alto» en este campo.

En relación con la situación actual, Potocnik ha subrayado que Europa se enfrenta a problemas de competitividad y que, aunque no hubiese una crisis económica, se enfrentaría a ellos porque el modelo de producción y consumo ya no sirve. Para lidiar con ellos, ha apostado por la innovación, la educación, la eficiencia en el uso de los recursos y la integración del medio ambiente en todas las políticas.

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El director general de Infraestructura y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Miguel Cervantes, rechazó las «voces alarmistas» en torno a la nueva Política Agraria Común (PAC) que se está negociando en Europa, asegurando que, para Castilla-La Mancha, «la reforma no tiene por qué ser peor que la actual».

Cervantes participó ayer en la jornada ’50 años de la PAC en nuestros alimentos’, a la que asistió un centenar de alumnos y profesionales relacionados con el sector agrario en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete (ETSIA).

El representante de la Junta se mostró convencido de que las ayudas comunitarias seguirán llegando porque son un mecanismo «para garantizar el suministro de alimentos en cantidad y calidad suficiente». Asimismo, indicó que gracias a la PAC se consigue una actividad agrícola «respetuosa con el medio ambiente».

Castilla-La Mancha recibe en la actualidad, según recordó Cervantes, 1.100 millones de euros anuales en concepto de pagos directos y de ayudas al desarrollo rural, con cerca de 160.000 beneficiarios. A su juicio, el principal objetivo para la Región es «lograr que se apruebe un presupuesto global que no sea inferior al de los últimos siete años».

La incógnita sobre el dinero disponible e despejará muy pronto ya que a finales de este mes de noviembre se prevé que el Parlamento europeo dé «el visto bueno a la propuesta financiera», afirmó Cervantes, quien dijo que uno de los propósitos es reducir al máximo las diferencias entre países e incluso entre regiones a la hora de distribuir las ayudas.

Puso como ejemplo, en este sentido, el olivar castellano-manchego, que está recibiendo «unas ayudas por superficie bastante inferiores» a las de otras zonas productoras del territorio nacional como Andalucía.

En la inauguración de la jornada intervino el director de la ETSIA, Rodolfo Bernabéu, que abogó por la necesidad de canalizar los recursos hacia los productores y los territorios rurales y por «simplificar la PAC», reduciendo «su carga burocrática». Por parte de la UCLM también estuvo presente el vicerrector de Transferencia y Relaciones con Empresas, Pedro Carrión, quien indicó que la PAC «no es solo la ayuda que se da a los agricultores» sino que va más allá y supone «cuidar el medio ambiente y la seguridad alimentaria».

Posguerra

La directora general del Grupo Europa Agraria, Alicia Vives, impartió la ponencia de apertura, en la que trazó un recorrido por la historia de esta herramienta comunitaria que nació en 1957 «para incentivar la producción alimentaria en Europa, un continente roto y sumido en la pobreza tras las Segunda Guerra Mundial». Uno de los hitos de la PAC actual, en proceso de revisión para el periodo 2014-2020, llegó en 2003 con el llamado «desacoplamiento», que supuso la ruptura de la relación entre ayudas y producción, introduciendo el denominado ‘pago único’.

Dimas Rizzo, otro de los ponentes de la jornada, recordó que Alemania, Francia e Italia son los países que más recursos aportan a la PAC, mientras que España «es la segunda que más recibe en función de lo que contribuye».

Las entidades ecologistas Xúquer Viu, SEO/BirdLife, Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció y WWF-Valencia denunciaron ayer las «graves consecuencias» de los «incumplimientos acumulados» de la Directiva Marco del Agua en la demarcación del Júcar y de las condiciones del trasvase Júcar- Vinalopó que están permitiendo «una degradación continua del río, de los acuíferos y del parque natural de la Albufera».

Las organizaciones ecologistas realizaron estas críticas ante la visita del comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, a la Albufera, prevista para hoy. Al acto también asistirán el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, entre otros.

Las cinco entidades recordaron que el pasado octubre el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España por incumplir en un gran número de demarcaciones hidrográficas españolas los plazos establecidos por la Directiva Marco del Agua referidos a los nuevos planes hidrológicos (que debían de estar aprobados en diciembre de 2009).

Demarcación del Júcar

De todas las demarcaciones españolas «probablemente la que afecta al Júcar y la Albufera es la que se encuentra en una peor situación», lamentaron las entidades, que también detallaron que el proceso de planificación de la demarcación del Júcar se encuentra paralizado hasta que la delimitación territorial produzca.

En ausencia de un nuevo plan hidrológico elaborado de acuerdo con los objetivos de la directiva europea, se continúa aplicando el Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar aprobado en 1998, «que no contempla los objetivos ambientales ni obedece a sus principios rectores».

Así, este plan de 1998 «permite legalmente que los últimos 60 kilómetros del Júcar se puedan secar» y no incluye ninguna actuación de gestión sostenible del agua a largo plazo para garantizar la protección de los valores ecológicos de la Albufera.

Además, el ministro de Agricultura defiende reducir la diversificación de cultivos a dos por cada 20 hectáreas, un planteamiento que beneficiaría a Castilla-La Mancha

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha propuesto en la Comisión Europea reducir al 15 por ciento el porcentaje destinado al «greening», y limitar la diversificación de cultivos a dos por cada veinte hectáreas, un planteamiento que beneficiaría a Castilla-La Mancha.
En la última reunión del Consejo Consultivo de Política Agraria para Asuntos Comunitarios, la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, expresó su rechazo a la propuesta comunitaria para vincular la percepción del 30 por ciento de las ayudas a nuevos condicionantes ambientes, el llamado «greening», porque encarecerían la actividad de agricultores y ganaderos.
Concretamente, en la propuesta se establece que los estados miembros tienen que emplear este porcentaje de su presupuesto para conceder un pago anual por hectárea a los agricultores que observen un buen comportamiento medioambiental de la producción agraria, a través de un componente verde, consistente en la diversificación de cultivos, el mantenimiento de pastos permanente y la existencia de superficie de interés ecológico en las explotaciones.
Miguel Ángel Arias Cañete explicó esta semana en el Senado que la Comisión debe ser muy cuidadosa para que la configuración de este nuevo componente verde cumpla unas mínimas premisas, tales como asegurar que las prácticas que se establecen sean sencillas, se adapten a la diversidad productiva comunitaria, no afecten a la sostenibilidad económica de las explotaciones y no impliquen mayores cargas administrativas a los estados miembros.

Propuesta española. Para el titular de Agricultura, la propuesta de la Unión Europea se aleja de estas premisas y, por este motivo, es necesario una revisión de las medidas del «greening» para minimizar el efecto de tasa plana que ejercería el establecimiento de un pago uniforme desde el primer año de la aplicación de la reforma. «Esto último se alcanzaría limitando al 15 por ciento el porcentaje destinado a este componente, al tiempo que aplicando dicho porcentaje de manera individualizada, de manera que represente un porcentaje de los pagos a recibir por cada agricultor en línea con el modelo de convergencia por aproximación», afirmó.
Además, Cañete también subrayó que la propuesta de la Comisión respecto a la diversificación de cultivos y a la superficie de interés ecológico no es aplicable a una agricultura mediterránea como la española, con su actual diversidad de producciones, tanto agrarias como ganaderas, que posee.
La UE propone tener tres cultivos diferentes cuanto la tierra cultivada por el agricultor cubra más de tres hectáreas y que, al menos, un 7 por ciento de las hectáreas admisibles sea superficie de interés ecológico.
«La propuesta de la Comisión -dijo- no se ajusta a la realidad agraria de este país. España propone aumentar el umbral en ambos casos a 20 hectáreas, que la diversificación de cultivos se reduzca a dos cultivos y que el porcentaje de superficie de interés ecológico se reduzca a un 3 por ciento».
El ministro también explicó en la Cámara Alta que España defenderá en Bruselas que las infracciones y sanciones motivadas por el incumplimiento del «greening» se apliquen «única y exclusivamente» sobre este concepto y no afecte al pago básico.

Jóvenes agricultores. Finalmente, Arias Cañete respaldó la introducción de una ayuda obligatoria específica para los jóvenes agricultores al comienzo de sus actividades agrarias para facilitar su instalación inicial y el juste estructural de sus explotaciones.
Esta subvención se destinará a todos los agricultores de menos de 40 años que se instalen por primera vez como titulares de una explotación agraria, y se concederá como un pago anual durante un período máximo de cinco años.

Agricultores y ganaderos reconocen que, con la situación económica y el mercado internacional de la energía, poco se puede hacer para lograr bajar el precio del gasóleo B, pero piden al Gobierno políticas de ahorro y eficiencia energética para minimizar su impacto en la cuenta de resultados.

El gasóleo B o agrícola empezó el año rompiendo la barrera del euro por litro, cotización en la que se ha instalado a lo largo de los primeros diez meses del año, en una evolución que preocupa al conjunto del sector agrario porque afecta a su rentabilidad.

Hasta octubre, la media mensual de este combustible durante 2012 ha sido de 1,03 euros por litro, según se desprende de las estadísticas facilitadas por Cooperativas Agro-alimentarias, que realiza, desde hace años, una comparativa semanal con los precios de venta al público de todas las estaciones de servicio de gasóleo B.

Los datos recogidos por Efeagro muestran que nunca antes el sector primario había soportado unos precios tan elevados y durante tanto tiempo, y tanto en septiembre como en octubre ha registrado una media de 1,08 euros, si bien en muchas gasolineras el precio es todavía mayor.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) apuntan que desde que se alcanzó el último acuerdo sobre el gasóleo, en 2005, su precio medio se ha disparado un 72 %, mientras que informes de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) revelan que la subida en la última década ha sido del 130 %.

Según el citado estudio, los costes de producción alcanzaron en 2011 los 20.046 millones de euros en términos corrientes (+12,2 %) y uno de los capítulos de gasto que más se incrementó fue el de energía y lubricantes (+17,7 %), partida que supone casi el 10 % del total y de ella el 90 % se debe al gasóleo agrícola.

La preocupación de agricultores y ganaderos por la evolución del precio del gasóleo es más que evidente, ya que perjudica directamente a su cuenta de resultados, y al no poder repercutir este incremento de costes en el precio final de sus producciones le coloca en una situación complicada.

El técnico de suministros de Cooperativas Agro-alimentarias, Francisco García, ha reconocido a Efeagro la gran dificultad de que bajen estas cotizaciones, dada la coyuntura internacional, y a pesar de que los precios de los carburantes, antes de impuestos, son superiores a los de otros países europeos.

Opinión también compartida por el responsable técnico del departamento de Economía Agraria de COAG, Felipe Medina, y el técnico agrario de UPA Javier Alejandre.

Abogan por un uso más racional de la energía y más eficiente del gasóleo, porque aunque el sector ya está poniendo en práctica los resultados de investigaciones sobre esta cuestión, aún «es posible minimizar el uso (del gasóleo) sin que afecte a la producción», según García.

Cuando sube el gasóleo, termina repercutiendo en los fertilizantes, dos inputs «muy relevantes» que «complican los resultados de las explotaciones», según Alejandre, que también insiste en que es necesario buscar alternativas.

Medina asegura a Efeagro que una de las opciones más viables es que las explotaciones sean «más sostenibles», para ello aboga por la reconversión a energías renovables y que los productores generen la energía que consumen y se puedan desligar así de «los vaivenes» de los precios de la energía.

Señala que se precisa una visión «más a medio y largo plazo, no solo por el ahorro de combustibles, sino para disminuir el impacto de la huella de carbono» e ir hacia producciones más sostenibles, y recuerda que programas como el plan Renove (de maquinaria agrícola) se han quedado casi sin fondos.

Apuestan por «auditorías energéticas, que han dado buenos resultados», según Medina, ya que «las medidas de ahorro conseguidas en las explotaciones han sido más que patentes», subraya Alejandre.

El técnico de UPA explica a Efeagro que el consumo medio por hectárea oscila entre 80 y 90 litros, por lo que bajar ese consumo a 60 «es un paso importante y posible cambiando técnicas de cultivo, apostando por una buena puesta a punto de la maquinaria o aplicando medidas de ahorro».

Pero eso, «no se consigue de un día para otro», admite.

El sector primario reclama, por ello, la investigación necesaria para continuar con el asesoramiento a agricultores y ganaderos sobre medidas de ahorro y eficiencia energética.