El director general de Infraestructura y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Miguel Cervantes, rechazó las «voces alarmistas» en torno a la nueva Política Agraria Común (PAC) que se está negociando en Europa, asegurando que, para Castilla-La Mancha, «la reforma no tiene por qué ser peor que la actual».

Cervantes participó ayer en la jornada ’50 años de la PAC en nuestros alimentos’, a la que asistió un centenar de alumnos y profesionales relacionados con el sector agrario en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete (ETSIA).

El representante de la Junta se mostró convencido de que las ayudas comunitarias seguirán llegando porque son un mecanismo «para garantizar el suministro de alimentos en cantidad y calidad suficiente». Asimismo, indicó que gracias a la PAC se consigue una actividad agrícola «respetuosa con el medio ambiente».

Castilla-La Mancha recibe en la actualidad, según recordó Cervantes, 1.100 millones de euros anuales en concepto de pagos directos y de ayudas al desarrollo rural, con cerca de 160.000 beneficiarios. A su juicio, el principal objetivo para la Región es «lograr que se apruebe un presupuesto global que no sea inferior al de los últimos siete años».

La incógnita sobre el dinero disponible e despejará muy pronto ya que a finales de este mes de noviembre se prevé que el Parlamento europeo dé «el visto bueno a la propuesta financiera», afirmó Cervantes, quien dijo que uno de los propósitos es reducir al máximo las diferencias entre países e incluso entre regiones a la hora de distribuir las ayudas.

Puso como ejemplo, en este sentido, el olivar castellano-manchego, que está recibiendo «unas ayudas por superficie bastante inferiores» a las de otras zonas productoras del territorio nacional como Andalucía.

En la inauguración de la jornada intervino el director de la ETSIA, Rodolfo Bernabéu, que abogó por la necesidad de canalizar los recursos hacia los productores y los territorios rurales y por «simplificar la PAC», reduciendo «su carga burocrática». Por parte de la UCLM también estuvo presente el vicerrector de Transferencia y Relaciones con Empresas, Pedro Carrión, quien indicó que la PAC «no es solo la ayuda que se da a los agricultores» sino que va más allá y supone «cuidar el medio ambiente y la seguridad alimentaria».

Posguerra

La directora general del Grupo Europa Agraria, Alicia Vives, impartió la ponencia de apertura, en la que trazó un recorrido por la historia de esta herramienta comunitaria que nació en 1957 «para incentivar la producción alimentaria en Europa, un continente roto y sumido en la pobreza tras las Segunda Guerra Mundial». Uno de los hitos de la PAC actual, en proceso de revisión para el periodo 2014-2020, llegó en 2003 con el llamado «desacoplamiento», que supuso la ruptura de la relación entre ayudas y producción, introduciendo el denominado ‘pago único’.

Dimas Rizzo, otro de los ponentes de la jornada, recordó que Alemania, Francia e Italia son los países que más recursos aportan a la PAC, mientras que España «es la segunda que más recibe en función de lo que contribuye».

Las entidades ecologistas Xúquer Viu, SEO/BirdLife, Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció y WWF-Valencia denunciaron ayer las «graves consecuencias» de los «incumplimientos acumulados» de la Directiva Marco del Agua en la demarcación del Júcar y de las condiciones del trasvase Júcar- Vinalopó que están permitiendo «una degradación continua del río, de los acuíferos y del parque natural de la Albufera».

Las organizaciones ecologistas realizaron estas críticas ante la visita del comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, a la Albufera, prevista para hoy. Al acto también asistirán el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, entre otros.

Las cinco entidades recordaron que el pasado octubre el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España por incumplir en un gran número de demarcaciones hidrográficas españolas los plazos establecidos por la Directiva Marco del Agua referidos a los nuevos planes hidrológicos (que debían de estar aprobados en diciembre de 2009).

Demarcación del Júcar

De todas las demarcaciones españolas «probablemente la que afecta al Júcar y la Albufera es la que se encuentra en una peor situación», lamentaron las entidades, que también detallaron que el proceso de planificación de la demarcación del Júcar se encuentra paralizado hasta que la delimitación territorial produzca.

En ausencia de un nuevo plan hidrológico elaborado de acuerdo con los objetivos de la directiva europea, se continúa aplicando el Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar aprobado en 1998, «que no contempla los objetivos ambientales ni obedece a sus principios rectores».

Así, este plan de 1998 «permite legalmente que los últimos 60 kilómetros del Júcar se puedan secar» y no incluye ninguna actuación de gestión sostenible del agua a largo plazo para garantizar la protección de los valores ecológicos de la Albufera.

Además, el ministro de Agricultura defiende reducir la diversificación de cultivos a dos por cada 20 hectáreas, un planteamiento que beneficiaría a Castilla-La Mancha

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha propuesto en la Comisión Europea reducir al 15 por ciento el porcentaje destinado al «greening», y limitar la diversificación de cultivos a dos por cada veinte hectáreas, un planteamiento que beneficiaría a Castilla-La Mancha.
En la última reunión del Consejo Consultivo de Política Agraria para Asuntos Comunitarios, la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, expresó su rechazo a la propuesta comunitaria para vincular la percepción del 30 por ciento de las ayudas a nuevos condicionantes ambientes, el llamado «greening», porque encarecerían la actividad de agricultores y ganaderos.
Concretamente, en la propuesta se establece que los estados miembros tienen que emplear este porcentaje de su presupuesto para conceder un pago anual por hectárea a los agricultores que observen un buen comportamiento medioambiental de la producción agraria, a través de un componente verde, consistente en la diversificación de cultivos, el mantenimiento de pastos permanente y la existencia de superficie de interés ecológico en las explotaciones.
Miguel Ángel Arias Cañete explicó esta semana en el Senado que la Comisión debe ser muy cuidadosa para que la configuración de este nuevo componente verde cumpla unas mínimas premisas, tales como asegurar que las prácticas que se establecen sean sencillas, se adapten a la diversidad productiva comunitaria, no afecten a la sostenibilidad económica de las explotaciones y no impliquen mayores cargas administrativas a los estados miembros.

Propuesta española. Para el titular de Agricultura, la propuesta de la Unión Europea se aleja de estas premisas y, por este motivo, es necesario una revisión de las medidas del «greening» para minimizar el efecto de tasa plana que ejercería el establecimiento de un pago uniforme desde el primer año de la aplicación de la reforma. «Esto último se alcanzaría limitando al 15 por ciento el porcentaje destinado a este componente, al tiempo que aplicando dicho porcentaje de manera individualizada, de manera que represente un porcentaje de los pagos a recibir por cada agricultor en línea con el modelo de convergencia por aproximación», afirmó.
Además, Cañete también subrayó que la propuesta de la Comisión respecto a la diversificación de cultivos y a la superficie de interés ecológico no es aplicable a una agricultura mediterránea como la española, con su actual diversidad de producciones, tanto agrarias como ganaderas, que posee.
La UE propone tener tres cultivos diferentes cuanto la tierra cultivada por el agricultor cubra más de tres hectáreas y que, al menos, un 7 por ciento de las hectáreas admisibles sea superficie de interés ecológico.
«La propuesta de la Comisión -dijo- no se ajusta a la realidad agraria de este país. España propone aumentar el umbral en ambos casos a 20 hectáreas, que la diversificación de cultivos se reduzca a dos cultivos y que el porcentaje de superficie de interés ecológico se reduzca a un 3 por ciento».
El ministro también explicó en la Cámara Alta que España defenderá en Bruselas que las infracciones y sanciones motivadas por el incumplimiento del «greening» se apliquen «única y exclusivamente» sobre este concepto y no afecte al pago básico.

Jóvenes agricultores. Finalmente, Arias Cañete respaldó la introducción de una ayuda obligatoria específica para los jóvenes agricultores al comienzo de sus actividades agrarias para facilitar su instalación inicial y el juste estructural de sus explotaciones.
Esta subvención se destinará a todos los agricultores de menos de 40 años que se instalen por primera vez como titulares de una explotación agraria, y se concederá como un pago anual durante un período máximo de cinco años.

Agricultores y ganaderos reconocen que, con la situación económica y el mercado internacional de la energía, poco se puede hacer para lograr bajar el precio del gasóleo B, pero piden al Gobierno políticas de ahorro y eficiencia energética para minimizar su impacto en la cuenta de resultados.

El gasóleo B o agrícola empezó el año rompiendo la barrera del euro por litro, cotización en la que se ha instalado a lo largo de los primeros diez meses del año, en una evolución que preocupa al conjunto del sector agrario porque afecta a su rentabilidad.

Hasta octubre, la media mensual de este combustible durante 2012 ha sido de 1,03 euros por litro, según se desprende de las estadísticas facilitadas por Cooperativas Agro-alimentarias, que realiza, desde hace años, una comparativa semanal con los precios de venta al público de todas las estaciones de servicio de gasóleo B.

Los datos recogidos por Efeagro muestran que nunca antes el sector primario había soportado unos precios tan elevados y durante tanto tiempo, y tanto en septiembre como en octubre ha registrado una media de 1,08 euros, si bien en muchas gasolineras el precio es todavía mayor.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) apuntan que desde que se alcanzó el último acuerdo sobre el gasóleo, en 2005, su precio medio se ha disparado un 72 %, mientras que informes de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) revelan que la subida en la última década ha sido del 130 %.

Según el citado estudio, los costes de producción alcanzaron en 2011 los 20.046 millones de euros en términos corrientes (+12,2 %) y uno de los capítulos de gasto que más se incrementó fue el de energía y lubricantes (+17,7 %), partida que supone casi el 10 % del total y de ella el 90 % se debe al gasóleo agrícola.

La preocupación de agricultores y ganaderos por la evolución del precio del gasóleo es más que evidente, ya que perjudica directamente a su cuenta de resultados, y al no poder repercutir este incremento de costes en el precio final de sus producciones le coloca en una situación complicada.

El técnico de suministros de Cooperativas Agro-alimentarias, Francisco García, ha reconocido a Efeagro la gran dificultad de que bajen estas cotizaciones, dada la coyuntura internacional, y a pesar de que los precios de los carburantes, antes de impuestos, son superiores a los de otros países europeos.

Opinión también compartida por el responsable técnico del departamento de Economía Agraria de COAG, Felipe Medina, y el técnico agrario de UPA Javier Alejandre.

Abogan por un uso más racional de la energía y más eficiente del gasóleo, porque aunque el sector ya está poniendo en práctica los resultados de investigaciones sobre esta cuestión, aún «es posible minimizar el uso (del gasóleo) sin que afecte a la producción», según García.

Cuando sube el gasóleo, termina repercutiendo en los fertilizantes, dos inputs «muy relevantes» que «complican los resultados de las explotaciones», según Alejandre, que también insiste en que es necesario buscar alternativas.

Medina asegura a Efeagro que una de las opciones más viables es que las explotaciones sean «más sostenibles», para ello aboga por la reconversión a energías renovables y que los productores generen la energía que consumen y se puedan desligar así de «los vaivenes» de los precios de la energía.

Señala que se precisa una visión «más a medio y largo plazo, no solo por el ahorro de combustibles, sino para disminuir el impacto de la huella de carbono» e ir hacia producciones más sostenibles, y recuerda que programas como el plan Renove (de maquinaria agrícola) se han quedado casi sin fondos.

Apuestan por «auditorías energéticas, que han dado buenos resultados», según Medina, ya que «las medidas de ahorro conseguidas en las explotaciones han sido más que patentes», subraya Alejandre.

El técnico de UPA explica a Efeagro que el consumo medio por hectárea oscila entre 80 y 90 litros, por lo que bajar ese consumo a 60 «es un paso importante y posible cambiando técnicas de cultivo, apostando por una buena puesta a punto de la maquinaria o aplicando medidas de ahorro».

Pero eso, «no se consigue de un día para otro», admite.

El sector primario reclama, por ello, la investigación necesaria para continuar con el asesoramiento a agricultores y ganaderos sobre medidas de ahorro y eficiencia energética.

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha advertido esta semana en el Senado que los agricultores podrían recibir un 50 por ciento menos de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) si, finalmente, la Comisión logra ampliar la superficie total potencialmente subvencionable incluida en el Sistema de Información geográfica de la PAC.
«El hecho de que en nuestro país haya una enorme diferencia entre el número total de hectáreas declaradas para el régimen único en el año 2009, que son de 21 millones, y la superficie total potencialmente subvencionable, que es de 38 millones, puede diluir sensiblemente la cuantía de los importes por hectáreas», afirmó.
«Es decir –continuó- las disposiciones de reforma de la Comisión permitirían que 38 millones de hectáreas se pudieran beneficiar del nuevo sistema de apoyos. La mayor parte de esa diferencia, hasta alcanzar los 38  millones de hectáreas, procede de pastos permanentes».
Por ello, el titular de Agricultura subrayó que es imprescindible para España poder limitar el número de hectáreas admisibles porque si se pasa de 21 a 38 millones y las ayudas con un pago uniforme, como quiere la Comisión, las subvenciones  que perciben los agricultores actualmente se diluyen «de una manera salvaje», es decir, «se reducirían en un 50 por ciento», y «bajaría desde los 229 euros hectárea hasta 125 euros hectárea».

Ayudas en CLM. Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Agricultura, del 2011, Castilla-La Mancha recibió 1.075 millones euros de la PAC: 847,3 millones del FEAGA, 20,3 millones de ayudas acopladas a ganadería bovina y 208,1 millones de programas para desarrollo rural.
En 2011, Castilla-La Mancha recibió un 13,7 por ciento del total de ayudas de la PAC en España, una proporción superior a la de su peso en el conjunto del sector agrario nacional y, los pagos medios por beneficiario, son ligeramente menores a la media nacional.
En concreto, en Castilla-La Mancha el número de beneficiarios por estas ayudas ascendió a 150.916 personas, con un valor medio de 4.448 euros, frente a los 4.996 euros que se recibe en el  conjunto de España.

Propuesta de la Comisión. La Comisión Europea ha planteado la desaparición del modelo histórico de pago único, actualmente en vigor, por un nuevo régimen de pago básico por hectárea admisible a disposición de los agricultores el primer año de aplicación del régimen, con el fin de garantizar una mejor distribución de la ayuda entre las tierras agrícolas de la Unión.
Arias Cañete reconoció durante su comparecencia en la Comisión del Senado que éste es uno de los problemas mayores a los que España debe enfrentarse en la reforma porque podría suponer trasvases muy importantes de ayudas entre sectores y territorios que producirían «graves desajustes» en las ayudas percibidas por los agricultores, hasta el punto de que podrían poner en riesgo la viabilidad de las explotaciones.
«Por lo tanto –dijo- no podemos apoyar esta propuesta y consideramos necesario plantear un mecanismo de aproximación, progresivo y limitado, para que el nivel de pagos directos sea ajustado a lo largo del período transitorio, siguiendo los mismos principios de la convergencia entre Estados miembros».
«Para España es imprescindible limitar el número de hectáreas admisibles que puedan entrar en el sistema, mediante el establecimiento de un período de referencia anterior a 2014. De esta forma, el nivel de apoyo podría mantenerse en un valor razonablemente similar al actual y se minimizaría la competencia entre agricultores y ganaderos», concluyó.

Apoyo internacional. La propuesta del Gobierno español, apoyada por Irlanda, Italia, Portugal, Dinamarca y Luxemburgo, tiene en cuenta la especificad de una parte importante de la ganadería española que, por la ausencia de tierra o por el sistema de tenencia de la misma, pudiera quedar desplazada del modelo si únicamente se contemplase la posibilidad de un pago por hectárea
La aportación presupuestaria para la PAC, que actualmente se recoge en el Marco Financiero Plurianual 2014-2020, y que mantiene la financiación de la PAC a nivel del 2013 con 317.700 millones de euros para el citado período, constituye un mínimo aceptable para España.

Los regantes del postrasvase Júcar-Vinalopó dan por hecho que el Gobierno central cambiará la toma de captación de agua del Júcar, desde el punto actual en el Azud de la Marquesa, cerca de la desembocadura, hasta Cortes de Pallás, en la cabecera del río para que el agua trasvasada «sea de calidad». El único problema que aprecian son los entre 60 y 70 millones que costaría la conexión porque el Consell «tiene ahora otras prioridades económicas».
A pesar de la confianza mostrada, la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó aprobó ayer reivindicar públicamente la toma en Cortes de Pallás en una reunión que se celebró, de manera extraordinaria, en la Sala del Consell del Ayuntamiento de Elche coincidiendo con la llegada de agua del Júcar al campo ilicitano. Y ello, justamente 592 años después de que se realizara la primera petición en este sentido en el año 1420.
El presidente de los usuarios, Andrés Martínez, preguntado por este medio, quiso dejar claro que se cuenta con el respaldo, para el cambio de la toma, del Gobierno Valenciano y del Gobierno central.
Sobre la primera administración afirmó que su postura «siempre ha sido la misma y en el mismo sentido, que el trasvase sea útil, con la toma en Cortes de Pallás y estar a nuestro lado; entiendo que no solo hay buenas palabras hacia nosotros».
Acerca del ejecutivo central indicó que, «hay voluntad de dialogo; el desembalse de hoy (por ayer) es para ello, abrir un diálogo vetado durante ochos años (por el PSOE)».
A pesar de este optimismo, Andrés Martínez, no acudió al acto que tuvo lugar en el embalse «conseller José Ramón García Antón» de Elche, que recibió por primera vez aguas procedentes del Júcar. La razón, según dijo, «es en señal de protesta al no tener el trasvase que nos merecemos».
En la Junta de Gobierno estuvieron presentes entre otros, la alcaldesa, Mercedes Alonso, el presidente de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura, Manuel Serrano, y el también miembro de esta entidad y presidente de la SAT San Enrique, Ángel Urbina, a la cual están destinados los recursos que llegaron ayer.
Todos coincidieron en calificar el día de ayer como «histórico». «Es una jornada histórica para Elche y el campo» aseguró la primer edil que subrayó que «hoy por fin, tras 592 años, recibimos agua del Júcar que debe ser de calidad y con un precio asequible para los agricultores, que es lo que no tenemos al no tomar el trasvase de agua desde Cortes de Pallás; la agricultura es un sector estratégico, por eso vamos a reivindicar lo que es justo (el cambio de la toma)».
Andrés Martínez aseguró que «se trata de una día muy importante para el Vinalopó y la provincia pero, por desgracia, no lo celebramos como nos gustaría porque en 2005 truncaron nuestra aspiraciones (el PSOE con el cambio de toma del Júcar)».
Por otro lado, Manuel Serrano, aseguró que, el cambio de toma «depende de la voluntad del Gobierno (del PP)» ya que de ello, «depende el éxito del trasvase Júcar-Vinalopó». Expuso además que «se deben tener en cuenta que el agua que recibimos la pagamos bien, pero sobre todo, el alto rendimiento se obtiene de ella mediante la agricultura».
Ángel Urbina calificó «de vergonzoso» en cambio de la toma que decidió el PSOE. «Hoy (por ayer) es un día de celebración, pero nuestro trasvase, el original, es desde Cortes de Pallás».

Los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha han percibido ya el 50% de las ayudas de pago único correspondientes al presente ejercicio, un adelanto que según informó el Gobierno regional «ya está en manos de los productores» y supone un importe de 264 millones de euros.

A esta cantidad se sumará un segundo anticipo de más de 20 millones de euros que se ingresará en pocas semanas, mientras que el resto de fondos del pago único se abonarán en el próximo mes de diciembre.

Las ayudas de pago único forman parte de las partidas correspondientes a la Política Agraria Común (PAC).

La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, desglosó ayer los pagos realizados en el último año agrícola, entre el 16 de octubre de 2011 y el 15 de octubre de este 2012. En este periodo, alrededor de 162.000 agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha han recibido 802,3 millones de euros del total de 946 millones de euros de la PAC que han llegado a la comunidad autónoma, cofinanciadas por la Unión Europea, el Ministerio y la Junta.

La mayor parte de los 946 millones de euros de ayudas al campo se ha destinado a agricultores, ganaderos y mercados (802,3 millones de euros) y una segunda partida (143,8 millones) ha ido al desarrollo rural, medio ambiente e industrias agroalimentarias.

De los 802,3 millones de euros para 162.000 agricultores, ganaderos y mercados, 623 millones han sido ayudas del pago único (a 134.884 beneficiarios) y otros 117,1 millones han ido al viñedo y, en concreto, 92,8 millones a la reestructuración de plantaciones.

Otras ayudas de este grupo han ido a la destilación de subproductos del vino, con 17,3 millones para nueve destiladoras; 4,6 millones de euros, para la promoción del vino, y 2,4 millones de euros por prima de arranque pendiente de campañas anteriores.

Se incluyen, asimismo, las ayudas de rotación de secano (18,3 millones), frutos de cáscara (12 millones), proteaginosas (5,1 millones) y semillas (algo más de un millón de euros).

En cuanto a la ganadería, se han pagado 13,6 millones de euros de ayudas a las vacas nodrizas, 4,4 millones para el sacrificio de bovino, 1,6 millones para ayudas al ovino y caprino de carne y algo menos de un millón de euros para el ovino y caprino de calidad.

Desarrollo rural

Respecto a los 143,8 millones de euros al desarrollo rural, 22 millones de euros son fondos propios de la Junta y el resto son cofinanciados por la Unión Europea y el Ministerio.

En este grupo se incluyen las ayudas a la forestación, tratamiento de montes y conservación del patrimonio rural (38 millones de euros); ayudas medioambientales, incluidas la agricultura y ganadería ecológica (35 millones), y ayudas a 187 industrias y cooperativas agroalimentarias (21,8 millones).

En cuanto a las ayudas a los emprendedores rurales, se han pagado 12,1 millones de euros y otros 10,9 millones para la modernización de explotaciones agrícolas y ganaderas e incorporación de jóvenes.

El Gobierno regional, que ayer no pudo facilitar a este periódico el importe que le corresponde a Albacete del anticipo de las ayudas que se ha hecho efectivo este mes, destacó «la excelente labor de los servicios técnicos» a la hora de abonar las ayudas europeas.

Según la consejera, estos servicios han sabido responder al «compromiso» adquirido desde el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal con el sector agrario «de simplificar los trámites y acelerar al máximo la percepción de ayudas, ya que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los agricultores, ganaderos y emprendedores del mundo rural».

«Pensamos que la administración debe ser al menos tan eficiente como lo son nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas, que nos sitúan como una de las grandes regiones agrarias de Europa, y ese objetivo de eficacia y diligencia es el que tratamos de alcanzar con nuestro trabajo», afirmó Soriano.

De cara a 2013, la consejera avanzó que ya están ultimados los trámites para abonar los siete millones de euros que corresponden a los ganaderos de la Región en concepto de prima a las vacas nodrizas, un proceso a expensas de que «lo permita la normativa comunitaria» en el mes de noviembre.

Por otra parte, en el total de 946 millones de euros correspondientes al último año también están incluidas «parte de las deudas que el Gobierno regional encontró al llegar y que proceden de ejercicios anteriores». Algunas, incluso, son de 2006, señaló la consejera, que criticó la gestión del anterior Ejecutivo socialista.

La provincia albaceteña recibió el año pasado 104,4 millones de euros de ayudas de pago único

Los motivos económicos han sido la causa esgrimida por la organización agraria Coag-Ir Castilla-La Mancha para acordar su disolución. El que ha sido, hasta ahora, su secretario general, Alfonso Marín, señaló que las razones de este decisión, adoptada el domingo en el transcurso de una asamblea general extraordinaria, se deben, en parte, a que la Junta de Comunidades «no ha ingresado ni un euro».

A ello se une la denuncia presentada por varios trabajadores por impagos. Este proceso ha desembocado, según explicó Marín, en el abono de entre 150.000 y 160.000 euros en concepto de indemnización y atrasos.

Marín lamentó que la organización desaparezca «de momento», aunque añadió que «hay gente muy buena que puede tirar del carro» en un futuro, informó Efe.

La decisión, que se atribuye a motivos «estrictamente económicos», se tomó el domingo en la asamblea que se celebró en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).

Coag-Ir Castilla-La Mancha acumula una trayectoria de más de 20 años en la Región. Los problemas, según la organización, se iniciaron a comienzos de 2012 «con los primeros retrasos en los pagos de la Junta de Comunidades». Este hecho afectó al abono de las nóminas de los cuatro trabajadores que la entidad tenía en plantilla.

En primavera estos trabajadores denunciaron por impagos y, poco después, el juzgado ordenó embargar las cuentas dejando a la organización «sin margen de maniobra». Debido a la situación de quiebra, la asamblea votó por unanimidad dar por finalizada esta etapa de Coag-Ir.

Las otras dos organizaciones agrarias con más peso en la Región, Asaja y UPA, señalaron ayer que la disolución de Coag-Ir es una «mala noticia» que se produce, además, en un momento de importantes desafíos para el sector agrario, como las negociaciones de la nueva PAC.

Adaptación

Julián Morcillo, secretario general de UPA Castilla-La Mancha, indicó que se pierde «una de las tres asociaciones con representación» en la comunidad autónoma. Añadió que las organizaciones agrarias han tenido que realizar «un esfuerzo de adaptación a los nuevos tiempos» y lamentó «la política de este Gobierno, que con sus recortes nos está haciendo paganos de la crisis».

A su juicio, «no es justo que se esté demonizando la actividad sindical» con menos presupuesto de la Administración pública, y afirmó que las organizaciones agrarias desempeñan un importante papel efectuando «todo tipo de trámites» para los agricultores como la solicitud de las ayudas comunitarias o el asesoramiento en prevención de riesgos laborales.

Por su parte, el presidente de Asaja Albacete, José Pérez Cuenca, lamentó la desaparición de Coag-ir Castilla-La Mancha indicando que las organizaciones que defienden los intereses de agricultores y ganaderos «siempre nos hemos llevado bien».

Para Pérez Cuenca, la situación económica está haciendo que resulte «complicado» para las entidades mantenerse, aunque se mostró partidario de que sean los socios los que se hagan cargo de las organizaciones con sus propias aportaciones.

Según el representante de Asaja Albacete, es clave que existan «organizaciones agrarias fuertes» y que el agricultor y ganadero «tengan posibilidad de elegir» entre ellas.

Hoy presentan las alegaciones contra las tarifas de la CHJ que les obligan a sufragar 2,5 millones por los trabajos para beneficiarse de la sustitución de bombeos

29.10.12 – 00:36 –

MERCEDES SÁNCHEZ | ALBACETE.

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No están dispuestos a asumir una factura que les hipotecaría. Y sobre todo no están dispuestos a hacerlo porque aseguran que nadie les advirtió que tendrían que sufragar el coste de las obras de mejora en la infraestructura del trasvase, en la zona de Los Llanos, que el Ministerio de Medio Ambiente finalizó en 2010.

La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) presentó ayer las alegaciones a las tarifas de utilización del agua y el canon de regulación para 2013 fijadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Las tarifas, publicadas el pasado 10 de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Albacete, establecían que el próximo año los regantes de la Mancha Oriental tendrían que abonar un total de 87.300 euros por dos actuaciones diferentes realizadas en el trasvase.

Las obras en cuestión se llevaron a cabo, tal y como explicó en la inauguración de las mismas el entonces presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, con el objetivo de mejorar la captación de agua correspondiente a la primera fase de sustitución de bombeos.

Los agricultores tenían dificultades para poder tomar el agua, captación que se hace utilizando para su conducción la infraestructura del trasvase, por dos cuestiones.

La primera de ellas es que las tomas de agua que se realizaron para la sustitución de bombeos se obstruían como consecuencia de la suciedad y de los elementos que arrastraba en ocasiones el trasvase.

El segundo problema detectado es que el caudal que discurría era insuficiente, ya que éste no se mantenía constante todo el tiempo. ¿La consecuencia? Esto provocaba serias dificultades para que el agua llegase hasta las tomas que la distribuyen.

Actuaciones

El Ministerio de Medio Ambiente llevó a cabo los trabajos necesarios para subsanar estos problemas realizando dos actuaciones por un importe cercano a los 2,5 millones de euros. Por una parte, se instalaron rejas automáticas en las tomas de riego y se realizaron otras mejoras y, por otra, aguas abajo de la pedanía de Los Anguijes, se construyó un aliviadero dentro del canal. La función de este aliviadero era mantener aguas arriba de forma constante una lámina de agua suficiente para posibilitar que llegase el caudal a cada una de las tomas de riego.

Desde la Junta Central de Regantes las alegaciones que se presentarán hoy ante la CHJ van en diferentes líneas. Entre otras cuestiones, se recuerda que las obras se realizaron para mejorar las que la Junta de Comunidades había llevado a cabo con anterioridad correspondientes a la sustitución de bombeos. Los regantes consideran que si aquel proyecto lo sufragó la Junta, estos trabajos deberían correr igualmente a cargo de la Administración regional. Y, ¿por qué argumentan esto? Porque las mejoras a llevar a cabo se requirieron para poder tomar en su totalidad el volumen de agua concedido en esa fase, hasta 39,4 hectómetros.

Insisten, por otra parte, en el carácter medioambiental de las obras que se efectuaron y que ahora el organismo de cuenca pretende que pague la Junta Central de Regantes. Y es, sostienen, que con la sustitución de bombeos, es decir al cambiar la extracción de aguas subterráneas por el uso de recursos superficiales beneficia al acuífero.

Paralelamente a la presentación de las alegaciones desde la comunidad de regantes Príncipe Felipe, una de las nueve que se beneficiaron de las obras en la zona de Los Llanos, paralelamente han iniciado una ronda de contactos con los representantes de la Junta en Albacete para explicarles a la situación a la que se podrían ver abocadas, durante unos 25 años, en torno a 900 familias. Es decir, el pago de una factura a la que no pueden hacer frente y que, consideran que no les corresponde.

«Nadie nos dijo que tuviéramos que pagar esas obras y lo preguntamos en más de una ocasión», se lamentaba ayer el presidente de la comunidad Príncipe de España, Juan Marcos Jiménez. Esta semana tienen previsto reunirse con el delegado de la Junta, Javier Cuenca, y con el responsable de los servicios periféricos de Agricultura. Ya lo han hecho con el de Fomento.