ABC / TOLEDO

Día 18/10/2012

Representantes de laConsejería de Fomento, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, han mantenido un encuentro en Albacete para desbloquear y reconfigurar la actuación de la segunda fase de sustitución de bombeos, mediante la cual se utilizan aguas superficiales para conseguir el equilibrio medioambiental del río Júcar y el acuífero de la Mancha Oriental.

En este encuentro se han dado los primeros pasos para poner en marcha una actuación que llevaba años paralizada, y que ha sido una preocupación desde el primer momento para el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Los representantes de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Paco Belmonte y Herminio Molina, han trasladado al director de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Aquilino Iniesta, su satisfacción y agradecimiento tras ver que el proceso se pone en marcha gracias a la intervención y celeridad que el Gobierno regional ha dispuesto en este asunto, y que ha realizado las gestiones oportunas para que esta obra, anunciada continuamente por el Gobierno socialista pero que nunca vio la luz, comience en unos meses. Por su parte, la presidenta de la Confederación del Júcar, María Ángeles Ureña, considera también esta obra como prioritaria.

Para acometer esta segunda fase de la sustitución de bombeos de la Mancha Oriental es necesario llevar a cabo la construcción de estructuras tales como tuberías y balsas de regulación, para lo que se cuenta con un presupuesto inicial que supera los 100 millones de euros.

En esta reunión se han sentado las bases para redefinir las obras de un modo más concreto, así como para especificar el marco económico financiero de la misma. Aprovechando el encuentro, también se han tratado otros temas de interés común, como el futuro Plan de Demarcación y cuestiones relativas a abastecimientos.

 El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha expresado el compromiso de España, Francia e Italia de conformar un frente común en el marco de las negociaciones para la reforma de la PAC, “desde la racionalidad, los argumentos, las propuestas, para configurar una Política Agraria Común que se adapte a la realidad de nuestros países”.

Tras mantener una reunión con los ministros de Agricultura de Italia, Mario Catania, y de Francia, Stephane Le Foll hoy en Roma, en la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), donde se encuentra para participar en los actos con motivo del Día Mundial de la Alimentación, Arias Cañete ha resaltado la relevancia de que estos tres países, “los países agrarios más grandes de la Unión Europea”, tengan una posición común en el marco del proceso de negociación de la Política Agraria Común.

En especial, el ministro ha valorado la coincidencia en considerar la propuesta presupuestaria que ha hecho la Comisión como el “mínimo admisible”, y ha resaltado el compromiso de estos países para defender un presupuesto suficiente para la PAC.

Miguel Arias Cañete ha afirmado el compromiso de estos tres países en el sistema de aplicación de la reforma, “reclamando flexibilidad para adaptar la reforma a las agriculturas de nuestros diferentes países”. Además, “también reclamamos que se mantengan los derechos de limitación de plantaciones en el viñedo, para evitar crisis de superproducción en la Unión Europea”, ha añadido.

Al mismo tiempo, tenemos el compromiso de defender la participación de los productores agrarios en la cadena agroalimentaria, “buscando mayor equilibrio y dotando a las organizaciones de productores y a las interprofesiones de mayor fuerza para poder participar en los procesos de concentración de la oferta y la negociación en una cadena alimentaria que, en la Unión Europea, tiene fuertes desequilibrios”.

Firmeza en defensa de los Programas de Alimentos

Por otro lado, el titular de Agricultura ha expresado la voluntad política “firme” de estos tres países de seguir manteniendo los programas de alimentos para los más desfavorecidos. Arias Cañete considera que mantener este programa está “muy justificado”, y ha expresado la necesidad de que en las futuras perspectivas financieras (2014-2020) se recoja “una línea clara” para apoyar a las personas más desfavorecidas en la Unión Europea. Se trata, ha dicho el ministro, de unos “programas de éxito, bien gestionados y de enorme eficacia para paliar situaciones de extrema necesidad”.

En este sentido, la Comisión Europea aprobó el pasado juevesel Reglamento por el que se establece la asignación correspondiente al Plan 2013 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas de la Unión Europea. El nuevo Reglamento otorga a España 85,6 millones de euros para la compra de nuevos alimentos que, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), repartirá gratuitamente entre cerca de 2 millones de personas necesitadas.

Los recursos asignados en el Plan 2013 suponen un incremento de 5 millones de euros con respecto a los asignados en el Plan del año 2012. Con esta asignación se asegura la continuidad del Plan de ayuda alimentaria un año más y permitirá enlazar con el actual Plan 2012, que se inició en el mes de junio y que finalizará en enero de 2013 con la distribución de más de 67 millones de kilos de alimentos.

Las alegaciones de Asaja piden también que se garantice un precio asumible para el agua de regadío, por debajo de los 0,20 euros

D. MARTÍNEZ / ALICANTE

Día 17/10/2012

Convertir el recurso a los trasvases como política hídrica en una cuestión de ámbito europeo. Ese es el objetivo que se han fijado los agricultores alicantinos en la negociación de la futura Política Agraria Común (PAC) que redacta Bruselas, y que debería entrar en vigor a partir de 2014.

Según explicó a ABC el presidente del sindicato agrario Asaja-Alicante, Eladio Aniorte, los agricultores han pactado con la Generalitat Valenciana el contenido de la aportación de la Comunidad al debate de la PAC. En dicho documento, entre otras cuestiones, se abordará la necesidad de mantener la unidad de cuenca, de recurrir a los trasvases para realizar aportes a las cuencas deficitarias, y de que el agua para uso agrícola tenga un precio asumible para los usuarios.

Aniorte explicó que la intención de los agricultores alicantinos es que «no se pierda el espíritu de los trasvases». Aunque la coyuntura económica imposibilite acometer este tipo de infraestructuras a corto plazo, el objetivo es que «cuando se supere la crisis y sea económicamente posible, se recupere la idea de acometer trasvases». Si bien el presidente de Asaja-Alicante no lo citó expresamente, uno de esos trasvases sería el del Ebro, derogado en 2004 por el primer Gobierno de Zapatero.

Especular con el agua

Los agricultores alicantinos también aspiran a que el precio del agua no se dispare con el aumento de los costes energéticos. De hecho, «la PAC hace mucho hincapié en la eficiencia y la reducción de costes», según Aniorte. En este sentido, cabe recordar que la Mancomunidad de Canales del Taibilla -de la que forman parte una treintena de municipios de la provincia y varias comunidades de regantes- acaba de aprobar un aumento en el recibo del agua del 9,5% (que para el consumidor final puede ser de debido al incremento de la factura eléctrica y la excesiva dependencia de la desalación.

«Hay quien está especulando con el precio del agua», señala Aniorte en referencia a algunas comunidades de regantes, «y esa es una práctica que puede llevar a que desaparezcan muchos cultivos».

Según Asaja-Alicante, el precio que permite que el agua sea asumible para el regadío es de 0,2 euros por metro cúbico -el mismo que se paga por el trasvase Tajo-Segura, por ejemplo-. Sin embargo, el agua procedente de la desalación se eleva hasta 0,5 euros en la mayoría de los casos. Asimismo, el caudal procedente del desembalse del Júcar-Vinalopó (los cinco hectómetros enviados en pruebas en 2010, y que se han repartido ahora para vaciar la balsa de San Diego y proceder a su reparación), aunque se ha pagado a Acuamed a 0,18 euros por metro, podría alcanzar también los 0,45 euros a precio de mercado, dado el elevado coste energético de la transferencia. De hecho, Aniorte denuncia que algunas comunidades de regantes beneficiarias del desembalse están efectivamente vendiendo el agua a ese precio para sufragar las infraestructuras que han acometido en los últimos años.

Ayudas directas

La propuesta de los agricultores y el Consell para una PAC que «solo defiende la agricultura continental, pero no la mediterránea», según Aniorte, aporta otras consideraciones relativas al modelo de cultivo que se sigue en la Comunidad. Según el citado documento, «las ayudas directas al agricultor son un complemento a la remuneración del mercado». No obstante, «con el sistema que se está trabajando [en la PAC] no serán aplicables a las condiciones de producción de la Comunidad Valenciana».

En este sentido, Asaja y el Consell reclaman que dichas ayudas sean «para todos los agricultores activos», a partir de aquellos que cultiven «una superficie mínima de una hectárea» -en el anexo de la PAC, se fija una superficie mínima de dos hectáreas para el caso de España-. Según los agricultores, el importe de dicha ayuda «debería establecerse en base a la productividad de la tierra», y no solo por superficie.

Asimismo, el texto rechaza que se imponga a los agricultores nuevas exigencias para optar a dichas ayudas, como la diversificación del cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes y los objetivos ecológicos. A juicio de Asaja, estas condiciones no pueden aplicarse a la mayoría de explotaciones agrícolas de la Comunidad.

TERESA JUAN-MOMPÓ ALZIRA «La continuidad del Xúquer hasta el mar está en peligro en los últimos catorce kilómetros de recorrido», denuncia Xúquer Viu. Esta pasada semana, miembros de este colectivo han observado que «por el Assut de Cullera -situado entre Sueca y Fortaleny- a 14 kilómetros del mar, no ha pasado ni gota de agua, lo que ha provocado un descenso del nivel del río a la otra parte del azud de casi un metro».
«No es que por el río no bajara agua, sino que al no estar fijados los caudales ecológicos el agua se deriva de manera íntegra por las acequias dejando el río seco», explica el portavoz de Xúquer Viu, Paco Sanz. El Xúquer, subraya, «en realidad traía agua como para poder atender su conectividad con el mar, pero la ausencia de caudales ecológicos y la falta de respeto hacia el río han hecho que, como ha pasado en repetidas ocasiones, se sacrifique dejándolo completamente seco».
Sanz culpa de esta situación, que «raramente» se había producido antes (hasta cuando menos agua ha pasado, una fina lámina ha cubierto el muro del azud, asegura) a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), «que es la que debe garantizar que el río llegue al mar y no que su curso acabo a 14 kilómetros de su desembocadura». El hecho de que todavía no se haya aprobado el Plan de Cuenca del Xúquer impide la regulación de los caudales ecológicos para este río, lo que en la práctica -y ante la «falta de control de la CHJ»- permite a las acequias chupar cuanto quieren del río, lamenta Sanz, quien recuerda que recientemente la Unión Europea ha condenado a España por no haber aprobado los nuevos planes de cuenca, entre ellos el del Xúquer, incumpliendo así la Directiva Marco del Agua. «El Plan del Xúquer, que debe fijar los caudales ecológicos, es el más tardío del estado Español, y tendría que haberse aprobado el 22 de diciembre de 2009. El Xúquer ha pasado de cuenca piloto a furgón de cola en vía muerta con respecto a la planificación hidrológica», apostilla Sanz.
Mientras tanto, deplora, «la situación de los ríos, acuíferos, zonas húmedas y ecosistemas dependientes continúa empeorando, agravada por la sequía que estamos pasando y por la carencia de capacidad y voluntad política». Las lluvias del viernes hicieron que ayer a media mañana el agua volviera a discurrir por la pared del azud. Pero Sanz está «seguro de que en las próximas semanas se repetirá la situación».

Los consejeros de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Madrid tuvieron una reunión el pasado verano para tratar de acercar posturas sobre el plan de cuenca del Tajo y el futuro del Trasvase Tajo-Segura que implica a las cuatro comunidades autónomas, según ha podido saber este diario. Dicho documento sufre un bloqueo político y es la pieza principal de la nueva planificación hidrológica nacional, por lo que requiere de un acuerdo territorial.

Los futuros caudales ambientales del Tajo es uno de los puntos más sensibles. El consejero murciano Antonio Cerdá planteó que los planes de cuenca deben ser homogéneos y sobre esa base deben aplicarse los caudales ambientales, para que no haya más en un sitio que en otro. Un aumento del caudal ecológico en el alto y medio Tajo implica una disminución de los excedentes para enviar a la cuenca del Segura. Asimismo, en el encuentro se abordó la contaminación de las aguas del Tajo a su paso por Toledo con el objetivo de que se mejore la depuración con las inversiones necesarias. La postura de los gobiernos de Murcia y Valencia es que no se debe diluir la contaminación aumentando el caudal del río con mayores desembalses de la cabecera. Recordaron que esto no es posible tanto a nivel técnico como legal.

Cospedal: «Buenas noticias»

Los cuatro consejeros estuvieron de acuerdo en que «el problema es de todos» y que urge diseñar la nueva planificación, lo cual pasa por «reanudar» la tramitación del plan del Tajo y de otras demarcaciones, como la del Segura. El consejero Antonio Cerdá señala que dicha reunión fue una toma de contacto y que no se profundizó en más asuntos clave, como el cambio de las reglas de explotación del Tajo-Segura o la construcción de otro acueducto desde Extremadura. El proyecto de este segundo canal fue reconocido oficialmente por el anterior director general del Agua, Juan Urbano.

El consejero cree que lo prioritario es que se produzcan avances a partir de este mismo mes. Cerdá indica que no se ha planteado aumentar la dotación anual del Trasvase, fijada por ley en un máximo de 600 hectómetros cúbicos en origen (540 en destino). El Tribunal Superior de Justicia de la UE acaba de condenar al Reino de España por los tres años de retrasos con los planes de cuenca. En su defensa, el Gobierno aludió a la complejidad del sistema jurídico e institucional existente en España y, en concreto, al reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas.

El consejero portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, expresó el jueves su esperanza y convencimiento de que «muy pronto habrá buenas noticias» para su comunidad en relación con el río Tajo, informa Efe. A propósito del desembalse de 101,7 hectómetros aprobados para las necesidades de la cuenca del Segura de este trimestre, añadió que su región tendrá «la situación resuelta desde el punto de vista de la planificación» del Tajo.

Dijo que el Gobierno de el Gobierno de María Dolores de Cospedal tiene dos cosas claras: «Si hoy se habla de esto (del Trasvase) es porque hasta hoy no han cambiado las cosas, ya que durante muchos años hubo gobiernos socialistas en la región y en España que no hicieron nada más que ahondar en el desastre con demagogia e inoperancia». El segundo punto, añadió, es que la planificación hidrológica tiene que ser nacional, integral.

El PSOE habla de «atraco»

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en las Cortes castellano-manchegas una iniciativa con la que pretende que el Gobierno de María Dolores de Cospedal promueva un cambio en la ley que regula el Trasvase Tajo-Segura y lograr así que «no se produzcan episodios» como el del miércoles, cuando se aprobó una derivación de agua de 101 hectómetros, de los que «más de 70» son para el regadío.

El parlamentario socialista José Molina ha señalado que el Gobierno debe aclarar su postura, y que se debe modificar una ley que «después de 30 años permite que se produzca este auténtico atraco al agua». «No podemos seguir asistiendo a este espectáculo que supone esquilmar el río Tajo», ha aseverado. Para los socialistas castellano-manchegos, se debe duplicar el caudal del Tajo y no trasvasar por debajo de los 400 hectómetros almacenados en Entrepeñas y Buendía (ahora son 250). Son las líneas que no se deben pasar, ha recalcado Molina. Duplicar el caudal del Tajo en Aranjuez supone restar unos 190 hectómetros anuales a los volúmenes trasvasables.

Con una misa en la catedral oficiada por el obispo de la diócesis albaceteña, Ciriaco Benavente, daban ayer comienzo los festejos de la Guardia Civil en honor de su Patrona, la Virgen del Pilar, y que tuvieron su continuidad con un acto en la Comandancia, bajo presidencia del teniente coronel jefe de la Comandancia, Pedro Blanco, y con la asistencia de autoridades judiciales, militares y policiales, además de civiles, entre ellas, el consejero de Educación, Marcial Marín, la alcaldesa, Carmen Bayod, el delegado de la Junta en la provincia, Javier Cuenca, y el subdelegado del Gobierno, Federico Pozuelo, entre otros.
El acto como tal empezó con la consiguiente revista de las fuerzas presentes por parte de Blanco y de Pozuelo, para a continuación procederse, por un lado, a la imposición de Cruces a seis efectivos, cinco de ellos de la Benemérita y el sexto del Cuerpo Nacional de Policía, y por otro, a la entrega de metopas a dos guardias civiles que han pasado a la situación de reserva en el presente año, y de diplomas como menciones honoríficas a dos representantes de la seguridad privada.
 No faltó tampoco ni la entrega de placas conmemorativas a tres veteranos, todos ellos, mayores de 80 años de edad, ni el homenaje a los caídos, ni el toque de oración y ni el himno de la Guardia Civil. Para el final se dejó el tradicional desfile con participación tanto de medios humanos como materiales y   que tiene lugar ante la puerta de la Comandancia

Este verano el Levante ha apurado al máximo la disponibilidad de agua que se aprobó en julio para el trasvase del Tajo-Segura. A comienzos del periodo estival la Comisión de Explotación del Acueduto estableció que como mucho se podría sacar de Entrepeñas y Buendía un total de 114 hectómetros cúbicos. Tres meses después, el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación confirma que han sido 114 los hectómetros cúbicos derivados entre julio y septiembre. Es decir, que el Levante se ha llevado el 100% del agua disponible.
Es probablemente la primera vez que ocurre un hecho así desde que se cambió el sistema de regulación de los trasvases. A diferencia de como se hacía antes, ahora se fija una disponibilidad para periodos largos de tiempo. Es un ‘tope’ al que no se tiene por qué llegar, porque luego se va trasvasando en función de las necesidades de abastecimiento y regadío de la zona del Segura. En la primera mitad del año, por ejemplo, se aprobó una disponibilidad de 228 hectómetros cúbicos, pero luego se derivó menos. En total se trasvasaron 197 hectómetros entre enero y junio de 2012. Es decir, que el Segura ‘perdonó’ 31 hectómetros al Tajo.
Quizá la falta de lluvias de este verano ha hecho que esta vez el Levante no haya desaprovechado ni un hectómetro cúbico de lo autorizado por la Comisión de Explotación del Acueducto. De esta forma, juntando los 197 hectómetros derivados en el primer semestre del año y los 114 de los meses de julio, agosto y septiembre, en lo que va de 2012, el Segura ya se ha llevado 311 hectómetros del Tajo. Y todavía puede llevarse más, porque esta misma semana, la Comisión de Explotación del Acueducto ha fijado una disponibilidad de 101,7 hectómetros hasta el mes de diciembre. De ese volumen total, la mayoría de los hectómetros se utilizarían para regar (72 hectómetros), mientras que 29,7 se destinarían a abastecimiento.
La polémica en torno al trasvase ha existido y existirá siempre, pero la falta de precipitaciones lo complica todo aún más. Y es que, mientras  las necesidades del Levante aumentan, las reservas de los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía se merman. A comienzos de julio, estos dos pantanos acumulaban 818 hectómetros cúbicos. Tres meses después, la falta de lluvias, la evaporación y el trasvase han hecho que Entrepeñas y Buendía hayan perdido 227 hectómetros. Ahora acumulan 591 hectómetros que no suponen ni una tercera parte de su capacidad.
Las lluvias de finales de septiembre no han podido todavía compensar la sequía del resto del año. La última semana subieron sólo un hectómetro después de nueve meses de caída.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en las Cortes una iniciativa con la que pretende que el Gobierno de Cospedal promueva un cambio en la ley que regula el trasvase Tajo-Segura y lograr así que «no se produzcan episodios» como el de este miércoles, cuando se aprobó una derivación de agua de 101 hectómetros cúbicos, de los que «más de 70» son para regadío. Así lo anunció el parlamentario del PSOE José Molina, que señaló que su grupo, a través de una interpelación, busca que el Gobierno comparezca «para aclarar su postura» en relación al trasvase y se vote una resolución para modificar una ley que «después de 30 años permite que se produzca este auténtico atraco al agua».

En cuanto al trasvase aprobado, Molina lamentó que el Ejecutivo regional «no haya dicho todavía ni media palabra» para oponerse a esta nueva derivación de agua, lo que coincide con la postura de los regantes murcianos que, según el socialista, han reconocido que se ha producido «un cambio de actitud de los representantes castellano-manchegos, que antes se oponían tajantemente al agua para riego y sólo aceptaban el agua para beber».

Por su parte, el secretario regional de los populares, Vicente Tirado, aseguró ayer que «el Partido Popular es solución y el PSOE problemas para el agua» mientras que el consejero portavoz, Leandro Esteban, manifestó su convencimiento de que la situación en materia de agua «pronto cambiará con buenas noticias para Castilla-La Mancha». Añadió que espera que muy pronto la Región tenga «la situación resuelta desde el punto de vista de la planificación» del Tajo.

Desde Izquierda Unida calificaron de «irresponsable» para la cabecera del Tajo la aprobación del nuevo trasvase y pidió al Gobierno regional «que cumpla con la normativa europea». El coordinador regional de IU, Daniel Martínez, señaló «que es el momento de que el Gobierno regional tome medidas valientes cumpliendo con los compromisos y la normativa europea»,

Plan de cuenca

Por otra parte, el grupo popular en el Senado desestimó ayer la moción presentada por los socialistas solicitando que se presente de forma inmediata el Plan de la Cuenca del Tajo y que se alcancen los objetivos ambientales fijados en la Directiva Marco del Agua.

El senador socialista por Guadalajara, Jesús Alique, que fue el encargado de defender la moción ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, aseguró que las llaves del agua deben estar en buenas manos y apeló a la cordura y al buen juicio para que el Gobierno presente el plan.